– ¿Esto lo sabe el ministro?   –pregunta el joven al policía que le está deteniendo.

Corre el otoño de 2014, un otoño extrañamente húmedo y cálido, casi tropical, que acompaña la desafección política en las calles. No ayuda la guerra abierta dentro del PP que, con su inveterada costumbre de medir la suciedad de sus trapos en la arena de la Audiencia Nacional, ha dejado los telediarios sembrados de casos de corrupción.

Apenas lo de siempre. Al comisario de policía José Manuel Villarejo le sigue costando seguir la vehemente recomendación de su primer jefe y mentor en el País Vasco, el conocido torturador José Sainz –que llegaría a la Subdirección General de Seguridad durante la transición– siempre parapetado sobre la máxima de que “hay que ser conocido, pero no famoso”. Al menos ahora se relame pensando en la pasta que dejan estas peleas en los grandes partidos, mientras dobla su apuesta por Cospe y por un tal López Hierro, un empresario apenas famoso pero que todo el mundo conoce, salvo en los juzgados cuando su nombre aparece en los sumarios, demasiado a menudo.

A finales de septiembre –mientras la sociedad española intenta superar la crisis aún estremecida de indignación por el último escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid–, la jefa del gabinete de la vicepresidencia del Gobierno presenta oficio a la Secretaría de Estado de Interior denunciando que un chaval se hace pasar por miembro de su Gabinete –el de la vicepresidenta Soraya Sainz de Santamaría– y como enlace entre el Gobierno y la Casa Real.

La Secretaría de Estado de Interior a cargo de Francisco Martínez –que aún no es famoso, pero ya es conocido como Chisco o Paco Bomba dentro de sus labores de enlace con la gente de Villarejo en ese atraco a las tres que –para disimular– ha bautizado como ‘Operación Cataluña’– tramita la petición directamente con el director adjunto operativo (DAO), el conocido Eugenio Pino, apenas un poco más famoso después de ser llamado a declarar por su participación en la ‘operación Kitchen’, el dispositivo de Villarejo y el Ministerio del Interior del PP para, presuntamente, robarle a Bárcenas los papeles que –siempre presuntamente– implican a Cospedal en una mordida de millones con Sacyr, a cambio de las basuras de Toledo.

Nicolás se dirige a una papelería para fabricar una documentación con el membrete del escudo real y la leyenda Gobierno de España firmada por el director del CNI

La investigación recaerá en el Grupo Operativo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En seguida, los policías apostados tras el operativo de vigilancia empezarán a observar cosas extrañas. Ven al muchacho saliendo del Hotel Villamagna –uno de los más caros de Madrid– acompañado de un varón de unos 70 años de edad que resulta ser un tal Francisco Javier Martínez de la Hidalga, un conocido exdirector de operaciones inmobiliarias del Banco de Santander vinculado a la familia Botín. Luego Nicolás se dirige a una papelería para –a través de una vulgar fotocopiadora– fabricar una documentación con el membrete del escudo real y la leyenda “Gobierno de España” firmada por el director del CNI, Félix Sanz Roldán. Poco después, Martínez de la Hidalga y Nicolás se dirigen a una sucursal de su antiguo banco para intentar vaciar la cuenta de la mujer del primero, pidiendo medio millón de euros en efectivo con la rocambolesca historia de que el chaval es el “ayudante de la Subsecretaría de Estado de Presidencia” y explicándole al director del banco que uno de sus socios había sobornado a un alto funcionario implicándolo en una falsa irregularidad fiscal, y que el Gobierno había decidido ayudarle.

Los policías no salen de su asombro. ¿Está estafando un muchacho, más bien con cara de panoli, a un alto directivo bancario con cuatro fotocopias? ¿O quién estafa a quién?

Martes 14 de octubre de 2014. A las diez menos cuarto de la mañana se lleva a cabo la detención de Nicolás. En el registro de su habitación se encuentran algunos informes policiales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), unas extrañas anotaciones manuscritas sobre el entonces comisario en activo José Manuel Villarejo y, ¡sorpresa!, un contrato de crédito con la Banca Nacional de Guinea por valor de casi veinte millones de euros, cuyo beneficiario resulta ser el propio Martínez De la Hidalga, el cual presta como aval una finca denominada La Alamedilla, en la provincia de Toledo.

A los investigadores no les cuesta demasiado desenmarañar la red societaria para descubrir que, además de Martínez de la Hidalga, la sociedad propietaria de la finca –Hacienda La Alamedilla S.L.– ha tenido otros dueños. Aparece Adrián de la Joya, un conocido –pero no famoso– de los chanchullos del pijerío de Madrid, residente en Suiza, con sociedad en Luxemburgo y cuentas en Panamá, presunto blanqueador oficial de la zona oscura del Partido Popular –investigado sin ir más lejos por custodiar e intermediar –presuntamente– los dos millones de euros de la estafa de la construcción del Cercanías a Navalcarnero entre el compiyogui López Madrid, la constructora de su suegro –el marqués de Villar Mir– y la Comunidad de Madrid. De la Joya es un habitual de los más exclusivos saraosde Marbella y Madrid, más aún después de su matrimonio con la cuñada del ilustre traficante de armas Abdul Rahman El Assir, amigo del emérito y de sus amigos, que se encuentra en Gstaad, es decir, en paradero desconocido, desde que lo busca la justicia.

Mientras las redes sociales hacen memes y risas con el book que Nicolás ha ido colgando en las redes sociales (cual tarjeta de presentación de su particular tocomocho: aquí con Aznar, aquí con Esperanza Aguirre y Ana Rosa Quintana, aquí con Ana Botella, con Rajoy, con Rato, cenando con Arias Cañete, aquí departiendo con Arturo Fernández, dándole la mano al mismísimo Rey Felipe VI en el acto de su coronación), a los investigadores de la policía les cuesta creer lo que tienen delante. La denuncia –salida de la vicepresidencia de Soraya Sainz de Santamaría– muestra al eslabón más débil de la enorme cadena que sujeta lo más granado de la corrupción patria, algo así como una foto fija del engranaje delictivo que pulula entre los departamentos ministeriales de Rajoy, las sombras del IBEX, el pijerío madrileño y la banda policial y mediática de Villarejo.

Pero están equivocados… Es mucho más. Es, en realidad, un completo diorama de la historia subterránea de la España reciente, algo así como el piloto de esa tremenda serie negra que es Tándem, la causa que, tres años después, se estrenaría en la Audiencia Nacional sobre las andanzas de Villarejo y su troupe en el mundo de los poderosos y cuyas últimas temporadas están aún sin rodar.

Resulta que, además de Martínez de la Hidalga y De la Joya, la finca de La Alamedilla ha sido administrada por otras sociedades, algunas de ellas representadas por Fernando Pinedo –dedicado al enmarañamiento societario desde los tiempos de Mario Conde, representante de sucesivas sociedades y muy conocido –nunca famoso– en el ámbito de las gestoras inmobiliarias de unos bancos a reventar de bienes adjudicados, producto de los desahucios tras la crisis hipotecaria– y por Rafael Martín Sanz, concuñado, exconsejero de presidencia de Castilla-La Mancha y presunto testaferro de Mario Conde. Y resulta que se la compraron a Arturo Romaní –mano derecha de Conde–, pocas semanas después de su primera condena por el caso ‘Argenta Trust’, el procedimiento por el que Conde y Romaní distraían dinero del banco hacia una sociedad fantasma bajo su control.

Vamos, que los delincuentes pasan, pero las mafias permanecen… La verdad es que algo sabría de distraer aquel banquero que quiso ser presidente del Gobierno de la mano de Su Majestad emérita, del control de una entidad financiera y de Javier Calderón, el hombre de los servicios secretos, otro superviviente del franquismo –conocido pero no famoso– que no solo consiguió salir ileso de su papel como secretario general del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en el intento de golpe de Estado del 23F, sino que lograría ser recuperado por Aznar ni más ni menos que para dirigir la Casa.

Y es que, en efecto, Conde habría conseguido distraer algunos bienes a los embargos judiciales utilizando los mismos procedimientos con los que distraía dinero del banco: la finca –sin ninguna actividad productiva– lleva años utilizándose como garantía para una inopinada sucesión de préstamos hipotecarios cuya finalidad –los bancos no son tontos– solo puede ser la ejecución de operaciones de blanqueo. Más de diez millones de euros en créditos que nunca se devuelven. Préstamos que se novan, se pelotean, se pagan unos con otros mientras el dinero fluye entre Toledo y Mallorca, donde aflora como accionista nada menos que Antonio Eraso Campuzano, muy conocido –nada famoso– por sus “servicios financieros” a “particulares escogidos” y por los propios De la Joya y Martín Sanz desde los tiempos en que los tres compartieran aventuras en el caso de la estafa de Construcciones Atocha. ¡Qué importantes son los contactos! La familia, la buena sociedad, siempre tan necesaria para hacer negocios.

Los negocios… Una de las sociedades del entramado es dueña del chalet en la exclusiva zona de El Viso, el que aparece como domicilio en el DNI de Nicolás –uno de los documentos de identidad completamente legales y absolutamente falsos que logró hacerse en la comisaría de Ventas-Ciudad Lineal–, el mismo chalet donde un día Arturo –Fernández Álvarez, imputado en la trama Púnica, la organización delictiva presuntamente montada por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid para coordinar las comisiones por las adjudicaciones públicas de las administraciones que gobernaban– aparece durmiendo la siesta y al otro sirve de cuartel general de Sheldon Adelson para el trampantojo de Eurovegas, ese otro esperpento patrocinado por Esperanza Aguirre para entretenernos y de paso salvar las encarnadas cuentas anuales de Metrovacesa –la empresa inmobiliaria propiedad de los grandes bancos del país– y dar una alegría a los socios de José Luis Balbás, el cerebro de aquel tamayazo que la llevó a la presidencia de la Comunidad, precisamente para blindar un par de recalificaciones en marcha, incluida la de la finca La Rubia, en Alcorcón, donde se orquestó el rodaje de la película de Eurovegas.

Balbás, que hace meses utiliza a Francisco Nicolás para el menudeo parapolítico, se dedica ahora fundamentalmente a la intermediación con el régimen de Guinea Ecuatorial, cuyo presidente –Teodoro Obiang Nguema– es un buen cliente de Villarejo –viejo amigo de cuando la Político-Social, la pieza King del caso Tándem investiga las aventuras de esa colaboración– especialmente desde que las actividades de blanqueo del Gobierno ecuatoriano empiezan a ser demasiado evidentes para las policías española y francesa.

Casualidad o no, resulta que el supuesto último crédito de la finca de La Alamedilla –el que los investigadores encuentran en la habitación de Nicolás– se contrata supuestamente en la sucursal de la calle Serrano de Madrid con el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. Su lema: “el banco de todos”.

¿Pero cómo es posible que se haya permitido que un chaval de veinte años tenga acceso a una información que pone en peligro al sindicato unificado de la corrupción en España? ¿Y si le da por cantar? ¿Quién es ese pequeño Nicolás?

Le han expulsado del colegio –por intentar sobornar a una profesora que se niega a aprobarlo–, así que se entretiene con las primarias locales del PP, donde enseguida coge fama de tramposo

Francisco Nicolás Gómez Iglesias representa el perfil más aspiracional de una clase social que siempre creyó merecer más. Hijos y nietos de aquellos militares de medio pelo del franquismo, los que suplían sus muy magros salarios a base de pequeños privilegios, algunos contactos y un difuso reconocimiento social de cuya pérdida no se han logrado recuperar. El pequeño Nicolás pasará prácticamente de la piscina de bolas a los happenings de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) –el chiringuito de Aznar– y de ahí, sin solución de continuidad, a la noche pija madrileña del norte del distrito de Chamartín.

Con catorce años, su padrino –Luis Miguel Boto, concejal presidente de esa Junta Municipal– le lleva al acto que, con motivo del día de la Comunidad, celebran Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy en la Plaza del 2 de mayo. Con quince años ya es “relaciones públicas” de la discoteca Elite Light (la versión infantil de la conocida sala de fiestas Macumba en la Estación de Chamartín, propiedad de Miguel Ángel Flores, protegido del PP madrileño y tristemente famoso por la tragedia del Madrid Arena). Con 16 años ya trabaja en Liberata –la discoteca de moda del momento– lo que no le impide madrugar para acompañar a Rajoy a votar al colegio Bernadette de Aravaca, en las elecciones que por fin le darían la presidencia. Con 16 años asiste a la toma de posesión de su secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, al que conoce de sus aventuras por FAES. Además, le han expulsado del colegio –por intentar sobornar a una profesora que se niega a aprobarlo–, así que se entretiene con las primarias locales del PP, donde enseguida coge fama de tramposo. Poco después, se incorpora al equipo de campaña de Arturo Fernández y Lourdes Cavero en las elecciones para dirigir la Confederación Empresarial de Madrid. Dos buenos amigos, ella –casualmente– esposa del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González –otro daño colateral de los negocios de Villarejo–, el hombre que alquilaba áticos por teléfono y cuando se quería dar cuenta, ya los había comprado...

Es obvio que Nicolás está conectado. Nadie sabe muy con quién ni por quién dentro del Partido, pero ya nota el respeto a su alrededor. Lo cierto es que está en todas partes, en las primeras filas de los actos, las que llevan nombre, las que se consiguen con resultados electorales, buenos padrinos o mejores codazos. Su momento de gloria llegará tras conseguir la invitación a la recepción del nuevo rey con motivo de su coronación. En un mundo de ambición, de prebostes y contactos, eso es demostrar poderío del de verdad... Y no, no es poco para un farsante de veinte años que ha tenido que aprobar la selectividad subcontratando el examen a un compañero... con otro DNI fake de la factoría de Ventas –Ciudad Lineal.

Es el momento también de su relación con José Luis Balbás, que patrocina candidatos a concejales en todos los ayuntamientos de la Comunidad. Nicolás se pone al servicio de cualquier pequeña corruptela –donde haga falta un nombre limpio y una cara dura– y a monetizar su relación con García-Legaz y con su mano derecha, Sergio Pérez Saiz –director del área internacional de la Secretaría de Estado de Comercio para temas internacionales– que llega al Gobierno tras cuatro años dirigiendo –vaya– la Oficina comercial de Guinea.

Nicolás tiene la información, Nicolás tiene la relación ¿por qué no vender a los interesados la intermediación? ¿Acaso no tiene los nombres, los números, el attrezzo y los coches oficiales? La corrupción siempre se puede permitir la ambigüedad con tal de contar con intermediarios decididos, los que saben lo que hay que pedir, lo que hay que ofrecer y lo que no se puede garantizar. Los tejemanejes se suceden: la empresa de autobuses ALSA en Asturias, el mercado La Isabela en Madrid... no es fácil saber si Nicolás es un estafador o un intermediario... y es, desde luego, imposible cuando denuncias y no pagas.

Pero ahora Nicolás está detenido. Asustado, le dice al inspector que le conduce ante el juez que si le ayuda a salir de este lío “habla con Obiang, con el que ya tiene un viaje previsto, para que le haga ministro”. Más asustados parecen estar sin embargo los otros. Mientras se presenta al pequeño Nicolás como un divertido ejemplar de pícaro español, los periodistas habituales empiezan a recibir “información” y a dar entretenidas y premiadas “exclusivas”. El resto –salvo las excepciones habituales– las repite sin más: a sus veinte años, Francisco Nicolás habría ideado un plan para estafar a la banca nacional guineana, engañando de paso a un ex alto directivo bancario, para poner una finca ruinosa de garantía en un préstamo de decenas de millones de euros.

No hay plataforma de streaming que te compre un guion tan malo…  pero quién sabe si ahí hubiera quedado la cosa si no fuera porque, para empezar, Martínez de la Hidalga se niega a acusar a Nicolás de ninguna estafa, dice que es una comisión por la venta de una finca y que del resto no sabe nada. Con la venia de su señoría, el juez instructor debió flipar. Y luego están los investigadores, que les ha dado por investigar… y aquello huele muy mal. La declaración de Martínez de La Hidalga y el silencio de Francisco Nicolás ante el juez –ahora se niega a declarar, intuyendo quizá la importancia de esperar antes de decir... si quieres que los de afuera no se desentiendan– ponen nervioso a Villarejo. Su teléfono empieza a gastar batería: esa misma mañana hablará repetidas veces con su socio Adrián de la Joya, con su tronco el comisario Enrique García Castaño, con su otro tronco el comisario principal José Luis Olivera, con Mauricio Casals –presidente adjunto de Atresmedia, de La Razón y amigo personal de De la Joya– y con el propio Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.

Los primeros intentos de desacreditar al jefe de Asuntos Internos –el comisario Marcelino Martín Blas– no parecen servir de gran cosa. Se trata de parar una investigación que puede dar resultados inminentes, y la larga historieta de la “guerra de los comisarios” vale para ocultar a la opinión pública las presiones políticas sobre los juzgados, pero no para detener una investigación en marcha. Hay que destruir la causa desde el principio.

En las entrevistas, Niicolás se muestra relajado con respecto a la causa judicial pendiente: el fiscal no me va a acusar, llega a declarar ante las cámaras

Lo primero, siendo Villarejo experto en grabaciones, es grabar –presuntamente– a los investigadores. Se trata de saber qué saben, que implicación tiene el CNI –bajo el mando de Soraya Sainz de Santamaría– y qué han descubierto en sus primeras investigaciones. Las pulsaciones de Villarejo se disparan al oír las palabras “finca” y “blanqueo”. Así que ahora la grabación servirá para –presuntamente– filtrarla a través de los periodistas habituales, que rápidamente se muestran muy escandalizados por el descuido y la mala praxis con la que todo se ha llevado a cabo. Lo segundo será personarse en la causa a través de su Asociación –llamada, ¡toma tú!, Transparencia y Justicia–  y pedir, primero, la nulidad de las actuaciones y comenzar, después, un tedioso proceso de filibusterismo judicial.

Pero la investigación sigue adelante. Villarejo decide que ha llegado el momento de ponerse serios. Hay mucho en juego. Decide convocar una reunión con la más alta plana policial y que el director adjunto de la Policía haga llamar al inspector que dirige la investigación, saltándose al comisario jefe de Asuntos Internos, Martín Blas. Se trata del inspector Rubén Eladio López Martínez, jefe del Grupo IX de Asuntos Internos, que hasta ese momento ha seguido una fulgurante carrera en el ámbito de los delitos económicos y las bandas criminales. En el despacho del DAO se encuentran el conocido –pero no famoso– inspector jefe Fuentes Gago –quien ya parece haberse convertido en el policía para todo del Partido Popular–, está García Castaño y el propio Villarejo. Eugenio Pino empieza anunciando el carácter secreto de esa reunión –el comisario jefe Martín Blas no se debe enterar–, pidiendo los detalles de una investigación aún secreta y recriminando al joven policía que en la investigación aparezca el nombre de alguien tan importante como es el comisario Villarejo. Además, le exige “silenciar” a la periodista Patricia López, la cual parece saber mucho y publicar demasiado sobre las tramas empresariales del caso.

Pero el inspector López sí habla con su jefe, el comisario Martín Blas. No solo no paralizan la investigación, sino que ponen en conocimiento del juez las presiones que están sufriendo. Villarejo no se arredra. Él también sabe hablar con el juez: va a verle y le dice que lo envía la dirección de la Policía para advertirle de que el caso está lleno de irregularidades, que van a cesar al comisario jefe de Asuntos Internos por dichas irregularidades y que él también debe deshacerse del equipo de investigadores si no quiere perder su prestigio y su tiempo. Sin embargo, el juez –Arturo Zamarriego Fernández, un juez castrense que lleva ya varios años como instructor en los juzgados de Plaza de Castilla– no lo ve claro, hace sus pesquisas y descubre que a Villarejo no lo ha enviado nadie. Pero no será el único espontáneo que se acerque al Juzgado: en los siguientes días, encabezados por Fuentes Gago –jefe de gabinete del DAO–, desfilarán por el despacho del juez una larga serie de policías ofreciendo su ayuda para la investigación. Y no, no faltarán políticos de relieve que se acerquen a aconsejarle también sobre la inoportunidad del caso.

El inspector López vuelve a ser llamado al despacho de Pino. La zanahoria o el palo. Hay que sacar al comisario Villarejo de este tema y cerrar esa investigación. El palo son las denuncias que ya se suceden: por revelación de secretos, falsedad documental y destrucción de pruebas. En los medios habituales los “periodistas” de Villarejo ya comentan sin cesar las “coacciones” de la policía a Nicolás y la “manipulación” de la causa. El comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, es fulminantemente cesado. Su sustituto, Francisco Javier Migueláñez, marcha ya camino del juzgado de Zamarriego para comunicarle que en Asuntos Internos van a cerrar la investigación...

Y es en ese momento, a la vista de los informes de los investigadores y de las reacciones del caso, cuando el juez toma una inesperada decisión en la lucha contra la corrupción policial: formar una comisión judicial que sustrae a los investigadores de la dependencia de sus mandos policiales. Una comisión que solo rendirá cuentas ante el propio juez y que les blinda: aunque los cesen de sus puestos o los echen de la unidad, permanecerán investigando.

Villarejo, Pino, García Castaño, Fuentes Gago y –muy especialmente– todos los conocidos de Nicolás pasan del miedo al pánico. ─ “A ver si por un chaval vamos a ir todos pa’lante” ─” Si es que quién con niños se acuesta, imputado se levanta”. Se intensifican las noticias en los medios, la “guerra de comisarios...” Pero los ataques de los “periodistas” habituales –que ya disparan al juez acusándolo de parcial, desinteresado y alcohólico– tampoco parecen funcionar. Menos, desde luego, que las piezas de algunos periodistas como Patricia López, Javier Ayuso o Carlos Bayo o la analista Pilar González de Lara, empeñados en apretar el gatillo del arma más letal en el mundo de la corrupción: hacer de Villarejo y sus correrías alguien famoso.

El fiscal San Román no solo se adhiere ahora a las tesis de la defensa de Nicolás, sino que pide el archivo de todas las actuaciones que implican al comisario Villarejo

Pero no es solo Villarejo. Hay demasiada gente conocida ahí. Perdido el control sobre la causa, sobre los investigadores, sobre el juez y sobre el relato, es el momento de moverse rápido. Villarejo pone en marcha la ‘operación Corinna’ –el comodín que puede librarle de todo mal– mientras se suceden las reuniones. Tras una de ellas, Villarejo anota en su agenda: “caña a Marcel y Rubén”. Siempre hay más medios, más recursos, más contactos. Periodistas, políticos, jueces y fiscales… La cosa se está poniendo fea. Es vida o muerte. En el verano de 2016 el juez acuerda la detención de Villarejo por obstrucción a la investigación judicial, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, cuando está todo listo para proceder, una llamada del fiscal Alfonso San Román al juez logra detener la operación. El propio inspector Rubén Eladio López recibe la llamada del juez Zamarriego abortando la detención. Lo cuenta el propio Villarejo en las conversaciones con su tronco García Castaño: “Si no llega a ser por el fiscal del número 2 ya estaba preparado el registro mío ¡eh! ¡Y la detención! ¡Acuérdate macho!”.

Y lo que vendrá luego también lo cuenta Villarejo, ni más ni menos que a la titular en ese momento del Ministerio de Defensa –y secretaria general del Partido Popular– María Dolores de Cospedal, tal cual aparece en el sumario de Kitchen: “No estoy nada preocupado por lo del pequeño Nicolás. El fiscal ya le va a meter al juez una prevaricación por delincuente”. 

Y no solo Villarejo está más tranquilo desde que lee el futuro. Nicolás vive su vida con despreocupación dispuesto a hacer algo –de dinero– en el mundo del famoseo y los reality shows. En las entrevistas se muestra relajado con respecto a la causa judicial pendiente: “el fiscal no me va a acusar”, llega a declarar ante las cámaras.

Casualidad o no, ambos tienen razón. El fiscal San Román no solo se adhiere ahora a las tesis de la defensa de Nicolás, sino que pide el archivo de todas las actuaciones que implican al comisario Villarejo. Días después ya pide también que se aparte a los policías de la comisión judicial porque a su juicio “carecen objetivamente de la necesaria y deseable imparcialidad”. La situación acaba con un agrio enfrentamiento entre el juez y el fiscal del caso, incluso sugiriendo éste en un duro escrito –al que inmediatamente “tienen acceso” los digitales habituales de Villarejo– la prevaricación del primero por no haber atendido las denuncias de Eugenio Pino contra los investigadores.

El juez tira la toalla. Sin terminar la instrucción, Zamarriego pide una plaza temporal en la Audiencia Provincial, una plaza que el Consejo General del Poder Judicial le concede inmediatamente. Como inmediatamente procede a nombrar a la jueza de Toledo Pilar Martínez Gamo al frente de la instrucción, cuyas primeras medidas serán disolver la comisión judicial, declarar que la investigación sobre la finca de La Alamedilla no tiene nada que ver con los sumarios y, por supuesto, cerrar la pieza secreta sobre las revelaciones de Villarejo a sus “periodistas”…

Lo han vuelto a hacer… Han vuelto a ganar. Villarejo se reúne con José Luis Olivera, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y apunta en su agenda: “Hay que aniquilar a Rubén y Marcel. Y a continuación añade: “Verse con Mauricio Casals el lunes”.

Dicho y hecho. La nueva jueza acusará a Rubén Eladio López de un delito de “retardo en la administración de justicia” y el nuevo DAO –nombrado por el nuevo ministro Juan Ignacio Zoido– ordenará la degradación de una comisión judicial que pasa de investigar la corrupción en España a hacer DNIs y vigilar calabozos. Mientras, la jueza Martínez Gamo recibirá la medalla al mérito policial del Ministerio del Interior a propuesta de la Brigada Provincial de Información de Madrid. Y no hace una semana que Francisco Migueláñez, el sustituto de Martín Blas –sorprendido unos meses después avisando, presuntamente, a García Castaño de su inminente detención en el caso Tándem, la causa cuya investigación ha estado dirigiendo– acaba de recibir del ministro Marlaska la medalla de plata al mérito policial.

Por contra, la querella presentada por el inspector López dormirá el sueño de los justos durante dos años en Plaza de Castilla, y así hubiera seguido si un recurso ante la Audiencia Provincial no la hubiera despertado de su letargo. La Audiencia ordena tomar declaración como investigados a la cúpula policial del PP, incluyendo a Eugenio Pino; su jefe de gabinete, Fuentes Gago; su sucesor, Florencio Villabona; el inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago; el propio Francisco Javier Migueláñez; y al comisario Villarejo. Todos son conocidos, pero solo Villarejo es famoso. Declararán también el pequeño Nicolás y los “periodistas” y directivos de los habituales medios de comunicación de Villarejo, la mayoría de los cuales ya están investigados en Kitchen.

Empate catastrófico.... Porque es volver a empezar. Como las hipotecas de La Alamedilla, la patada a seguir continúa… y el tiempo es el mejor remedio contra las deudas, ya sea con los bancos o con la justicia. Porque el olvido se lo lleva todo en un país sin memoria. Porque es sabido que solo la información libre y la política con mayúsculas –esa política que incluye la participación y el soporte de una sociedad civil atenta y organizada, a la que ahora es tan fácil hacer a un lado– es capaz de luchar contra las estructuras delictivas de gobernantes y poderosos.

Porque los gobernantes se suceden, pero permanecen las mismas estructuras en manos de los mismos policías. Porque la pregunta de Nicolás sigue vigente. Lleva ahí, sin respuesta, desde antes incluso de nacer el propio Nicolás, desde Rodolfo Martín Villa hasta Fernando Grande-Marlaska: “¿Esto lo sabe el ministro?”.

Porque los corruptos salen de la escena, pero su dinero sigue en el tablero de una interminable partida en la que siempre pierden los mismos, donde los hijos de los mismos jóvenes ambiciosos de ayer siguen apostándolo todo al bipartidismo, conscientes de que el camino que parte de las primarias municipales de un pueblo de Madrid puede acabar mañana en el consejo de administración de una eléctrica. Sólo hay que ver, oír y callar, hacer los recados de los que mandan y decirse a sí mismo –a las puertas de las elegantes discotecas del norte de Chamartín– que en eso consiste la democracia. Locales que van cambiando con la moda, que cambian sus rebuscados nombres y su llamativa decoración, pero en los que la gente de los reservados sigue siendo la misma, la que tiene contactos, la que es conocida –pero no famosa– por intermediar entre el poder económico y el político… Y ahí está el futuro, digámoslo claro: en la corrupción, en la ambigüedad, en las relaciones personales, en la protección de los partidos, de las estructuras económicas y policiales, en el silencio de los medios, en la ineficiencia de los juzgados.

En una sociedad que sigue –¡ay!– mirando el dedo de la corrupción y no las estructuras que la hacen rentable, condenando al protagonista sin entender la trama, mordiendo el anzuelo de las etiquetas, de las sentencias y de la puesta en escena de cada uno de sus villanos famosos, pero una sociedad que sigue sin poder saber nada de la cofradía no inscrita de los que abren paso a sus candidatos, financian a sus periodistas y tuercen las decisiones de sus gobiernos, siempre según dicten los mercados.

Ellos, apenas famosos. De sobra conocidos.