Nacho Álvarez, el economista de referencia de Unidas Podemos desde que se fundó el partido morado en 2014, lleva ya dos años largos trabajando en un luminoso despacho del Ministerio de Derechos Sociales. Sosegado, más técnico que político –aunque tampoco rehuye la pelea ideológica–, Álvarez ha negociado con las ministras y ministros del PSOE todas las medidas que ha ido tomando el Gobierno para tratar de evitar lo que llama una “catástrofe social”. Ahora, con la pandemia controlada y el escudo social prolongado, el secretario de Estado asegura  a CTXT que el acuerdo para los Presupuestos Generales “blinda lo que queda de legislatura”, vaticina que la reforma laboral del PP se derogará antes de fin de año, y recuerda a sus compañeros del PSOE que los nuevos consensos internacionales y académicos recomiendan unas políticas fiscales progresivas, que graven “a las grandes fortunas y a las empresas”. Esta medida, añade, ayudaría a mitigar además la deslealtad fiscal de Madrid hacia el resto de Comunidades. 

El 4 de noviembre empieza el debate parlamentario sobre los presupuestos. ¿Qué escollos prevé que habrá para aprobarlos? 

De entrada yo diría que hay que ser optimistas. Estoy convencido de que vamos a tener presupuestos y de que vamos a poder reeditar la geometría parlamentaria que tuvimos el año pasado. Creo que estos Presupuestos Generales blindan lo que queda de legislatura y suponen un punto de inflexión que abre una nueva etapa de recuperación económica, de consolidación de la creación de empleo. Y yo diría incluso que nos permiten ir más allá y afrontar los retos estructurales que tenía nuestro país antes de la pandemia.  

¿Cuáles son esos retos?

Sin duda, el de convertir en estables derechos sociales que han sido desarrollados en el marco de la pandemia. El escudo social debe llegar para quedarse, y confiamos en que los Presupuestos Generales fortalezcan estos nuevos derechos. Pero además me parece que, más allá del enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno durante la pandemia, la ciudadanía nos va a poner nota por lo que suceda en los dos próximos años de legislatura. Y creo que lo que la ciudadanía demanda a este gobierno es una acción valiente, perder el complejo ante la derecha cavernaria. Estas cuentas plantean, en definitiva, una lucha entre la España que viene y la España del siglo pasado, que representan todavía el PP y Vox.  

Tenemos que reconstruir el contrato social que se llevaron por delante las políticas de austeridad

Las previsiones del FMI y el Banco de España han reducido los cálculos de crecimiento del Gobierno para este año y el que viene. ¿Cómo puede afectar esa rebaja?

Yo creo que la diferencia será de unas décimas abajo, unas décimas arriba. Lo que es relevante es la tasa de crecimiento y el año que viene va a ser muy sólida. Los datos sobre la recuperación del empleo son muy evidentes; también lo son los de la salida de las personas que todavía se encuentran en ERTE. Aunque hay solidez en la recuperación, el gobierno no puede dormirse en los laureles. Hay que seguir adoptando medidas ambiciosas para que esta política fiscal expansiva acompañe y apuntale no solo la recuperación, sino la reconstrucción, la refundación tras la pandemia. Después de una gran crisis toda sociedad necesita reencontrarse nuevamente y ese es el punto en el que está nuestro país. Tenemos que reconstruir el contrato social que se llevaron por delante las políticas de austeridad.  

Con el ingreso mínimo vital hubo muchas dificultades para que llegara a la gente. Ahora han hecho unas correcciones. ¿Pero cuál es la ambición del IMV? ¿No sería mejor caminar hacia una renta básica universal para refundar el contrato social?

Este es un gobierno que escucha a la ciudadanía y que toma nota de las cosas que hay que mejorar, pero las medidas que se han adoptado durante la pandemia han sido enormemente ambiciosas. El escudo social, el ingreso mínimo vital, han evitado una catástrofe social en términos de generación de pobreza y de crecimiento de la desigualdad. Que son perfectibles, sin duda. Y la prueba está en que acabamos de reformar el ingreso mínimo vital para que pueda llegar a más gente. En todo caso, cometeríamos un error pensando que toda la tarea redistributiva y de reducción de las desigualdades se la debemos fiar al Estado. Debemos avanzar hacia un mercado laboral que genere menos desigualdades y, por lo tanto, tenemos que cambiar las reglas laborales para que no sea necesario un ingreso mínimo vital de mayor amplitud, sino que el propio mercado de trabajo, gracias a la derogación de la reforma laboral del PP, sea un espacio que no genere tantas desigualdades. 

La derogación forma parte del acuerdo de Gobierno y Pedro Sánchez lo acaba de reiterar en el Congreso del PSOE, pero parece que la vicepresidenta Nadia Calviño no está por la labor. ¿Cree que se derogará finalmente?

Estoy convencido de que se va a derogar la reforma del Partido Popular: es un acuerdo alcanzado con Bruselas, que establece que a finales de 2021 esa derogación de la reforma debería estar lista. Y me complace ver cómo el presidente se suma a este compromiso. Me consta que en el diálogo social se trabaja con muchísima intensidad y confío en que esté lista antes de que acabe el año. 

La Ley de Vivienda ha sido el punto clave del acuerdo de la coalición sobre los Presupuestos. Las críticas de la derecha y de los grandes tenedores eran esperables. Pero también hay quejas del Sindicato de Inquilinos, por ejemplo, y de las plataformas antidesahucios. ¿Usted está satisfecho con la ley?

A Unidas Podemos le gustaría ir más lejos de lo que permite el marco y los corsés de este gobierno de coalición. Pero, incluso así, esta ley de vivienda supone un cambio de paradigma muy importante. No sólo establece umbrales muy relevantes para impulsar el alquiler social, sino también unos mecanismos de regulación de precios, como existen en otros países de nuestro entorno, que van a permitir que en zonas tensionadas se puedan topar los alquileres o incluso que contemos con instrumentos fiscales para potenciar la bajada de precios. Quizá se podría haber ido más lejos en otro contexto, en otra situación de correlación de fuerzas, pero dadas las características de este gobierno, hay que estar satisfechos. 

Pero si son las comunidades autónomas y ayuntamientos los que al final tienen la potestad de aplicar o no la ley –Madrid ya ha dicho que no lo hará– ¿va a tener un efecto real? 

Lo que no puede ser es que queramos un Estado casi federal para algunas cosas y no para otras. Las competencias en materia de vivienda, en buena medida, recaen sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Estado tiene competencias de coordinación, que son las que estamos ejerciendo precisamente para dotar a los entes autonómicos y locales del instrumento necesario para reducir los precios. Si la Comunidad de Madrid tiene un proyecto que no pasa por facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, será su elección y tendrá que confrontarlo con las urnas llegado el momento.

A Unidas Podemos le gustaría ir más lejos de lo que permite el marco y los corsés de este gobierno de coalición 

Hablando de vivienda, se ha dicho que el bono de ayuda a los jóvenes fue una idea de Pedro Sánchez a última hora…

Bueno, la medida estuvo en un momento dado en la mesa de negociación. Nosotros lo que siempre planteamos es que tenía que desarrollarse si se hacía de forma coordinada con una ley de vivienda que permitiese establecer topes sobre la subida de los alquileres para evitar el posible efecto inflacionista de estas ayudas sobre algunos colectivos. Una vez que tenemos esto, ayudar a quien lo tiene más difícil para acceder a una vivienda, a los jóvenes, es una buena noticia.

Hablemos de las pensiones. El ministro Escrivá, quizá en un lapsus o en un acto fallido, habló de la jubilación a los 75 años. En fin, se ve que esa idea está ahí, rondando... ¿Usted comparte esa visión?  

El Gobierno no baraja en ningún caso una ampliación de la edad legal de jubilación. No la contempla, no está en ninguna mesa de diálogo ni, desde luego, está acordada con Bruselas. Los 35 diputados de Unidas Podemos nunca se prestarían a votar una reforma de esas características. Y creo que a este Gobierno hay que juzgarlo por sus hechos en materia de pensiones y no tanto por las declaraciones que unos u otros hagamos o dejemos de hacer. Y los hechos son claros. Se ha remitido al Congreso de los Diputados una reforma de pensiones que cambia la visión respecto de las dos últimas reformas de la última década. Se consagra la actualización de las pensiones con el IPC, y se deroga la reforma tan lesiva que hizo el PP en 2013, eliminando el factor de sostenibilidad que iba a suponer una merma muy importante sobre las prestaciones futuras.  

¿Pero será sostenible el sistema si no se amplía la edad del retiro?

La reforma no sólo atiende a la cuestión de la suficiencia de las pensiones; es necesario garantizar pensiones dignas. En España, cerca del 66 por ciento de las pensiones, dos tercios, son inferiores a 1.000 euros. Garantizar su suficiencia es clave. La reforma tiene una segunda pata que refuerza la sostenibilidad del sistema porque adopta medidas como sacar los gastos impropios de la caja de la Seguridad Social o propiciar incentivos para acercar la edad legal y la edad de jubilación. En todo caso, es evidente que para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, a este Gobierno le quedan medidas por adoptar. Es necesario destopar las bases máximas de cotización y avanzar en la lucha contra la precariedad.

Estos días se ha hablado de la posible creación de un fondo de pensiones público... 

En este momento está en fase de discusión y negociación dentro del gobierno y hay que dejar que las negociaciones avancen. En todo caso, el gobierno está comprometido no sólo con el sistema público de pensiones, sino con retirar los incentivos fiscales que han tenido los sistemas privados de pensiones durante los últimos años.

El economista del PSOE Manuel Escudero decía hace poco en este mismo medio que no es el momento de hacer una reforma fiscal, sino de distribuir bien los fondos europeos… ¿Qué opina?

Insisto en una idea que me parece clave: después de una gran crisis viene el momento en el que una sociedad debe reencontrarse, y en cierta forma, refundarse. Queremos reducir las desigualdades y no se puede avanzar en esa dirección sin derogar, primero, la reforma laboral del Partido Popular y generar un marco de redistribución en el mercado laboral que no engendre tanta inequidad. Y segundo, hace falta una reforma fiscal en profundidad. El Partido Socialista incorpora en sus programas electorales medidas que, a veces, tardan años en ver la luz. El año pasado alegó que el motivo era la pandemia; este año, que hay un grupo de expertos trabajando en la materia. Pero el Gobierno tiene un compromiso y el acuerdo de la coalición es tener una reforma fiscal en el año 2022.

¿Cuándo va a estar listo el informe del Comité de Expertos?

En los primeros meses del 2022 debería estar terminado. 

¿Incluirá una nueva tasa a los más ricos?

Revisar la fiscalidad a las grandes fortunas es uno de los objetivos, no sólo de Unidas Podemos, sino del propio acuerdo de coalición. 

De la derecha española, en este momento, yo no espero nada más que hostilidad y crispación

Las ministras Calviño y Montero descartan esta medida. Así lo han manifestado en varias ocasiones. Es como un anatema para ellas.

Unidas Podemos no va a dejar de insistir en este tema. Porque, además, el debate económico de los últimos años se ha ido modificando, se han ido generando nuevos consensos internacionales. Hoy son muchas las voces autorizadas, académicas e institucionales que señalan la importancia de gravar a las grandes fortunas. Si realmente queremos reducir la desigualdad en los países de la OCDE, no hay otra forma. 

Los presupuestos incorporan también la introducción de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las grandes compañías, pero esa medida solo va a aportar 400 millones de euros.  No es mucho... 

Es un primer paso, un suelo para impedir los mecanismos de elusión fiscal a las grandes empresas. En los próximos meses, habrá que evaluar cómo funciona de cara a la reforma fiscal de 2022. Veremos entonces si es necesario ir más allá. 

¿Cómo hacer entender a la gente que subir los impuestos solamente a unos pocos va en beneficio de muchos?

En este momento son muchas las personas, los académicos, y la propia Administración estadounidense que han cambiado claramente su orientación, que se dan cuenta de que, si queremos avanzar hacia una sociedad más equitativa, no sólo por motivos políticos, éticos o sociales, que también, sino por motivos de eficiencia económica, debemos de tener un instrumento fiscal que se parezca más a la fiscalidad de Eisenhower de los años 60 que a la de Thatcher de los años 80. 

¿Y cree que esta derecha española, la que tenemos ahora, tiene oídos para eso? ¿Le ve alguna capacidad de cambiar sus posiciones?

De la derecha española, en este momento, yo no espero nada más que hostilidad y crispación. Han utilizado la pandemia como una ocasión para derribar un gobierno y, por lo tanto, es difícil que se vayan a sentar a negociar cuestiones tan importantes para la sociedad y para las próximas décadas como estas medidas para reducir la desigualdad. En este momento, su proyecto político está secuestrado por la extrema derecha y por posiciones ultraliberales. Yo diría que es una posición ultramontana. La ley de la selva ha fracasado y los nuevos consensos económicos que se abren paso a nivel internacional van dejando orillada a la derecha española.

¿Y la derecha vasca? ¿Cree que aceptará un impuesto a las grandes fortunas? 

Hay un debate abierto. Yo creo que incluso el propio Gobierno vasco y la derecha vasca se han dado cuenta de que cuando en un país como España permitimos un paraíso fiscal como Madrid, se producen importantes movimientos de bases imponibles de ciudadanos que desfiscalizan las Haciendas de otros territorios, incluidas las forales. 

¿Hay dumping fiscal madrileño en España? 

Lo hay. 

¿Y tiene solución?

Yo creo que sí: un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto de patrimonio digno de tal nombre, debería tener un mínimo no bonificable para el conjunto del territorio. Y así se impondría en Madrid. 

Una última cosa. El ‘frente amplio’ del que habla la vicepresidenta Yolanda Díaz ¿cómo lo ve?, ¿posible?, ¿necesario?

Queda mucho tiempo para las elecciones. A veces, a las izquierdas les gusta tanto hablar sobre los frentes amplios o las candidaturas que se olvidan de gobernar. Ahora es momento de trabajar desde el Gobierno para seguir garantizando el cumplimiento del acuerdo de coalición y que lleguemos a 2023 con los deberes hechos, es decir, habiendo afrontado los retos que tenemos, porque la ciudadanía nos va a juzgar, sobre todo, por esta segunda mitad de la legislatura; y cuando llegue el momento electoral, habrá que abordar los debates que en materia de candidaturas tengan que ser abordados. 

Pero usted, que es fundador de Podemos, ¿ve con buenos ojos que el partido comparezca a las elecciones coaligado o asociado con otras fuerzas, como Más País por ejemplo?

Creo que este no es todavía el momento de hablar de siglas, ni de coaliciones. Yo soy de los que piensan que la unidad, la amplitud de miras y la posibilidad de crecer siempre son de suma importancia en política. Pero el crecimiento no necesariamente se cimenta en la agregación de siglas, sino en el desarrollo de proyectos con capacidad de irradiar ilusión, de actuar como un imán de voluntades. Ese es el camino emprendido por Yolanda Díaz, y en el que ahora volcamos nuestros esfuerzos.