Anatomía es la ciencia que pone al descubierto y separa las partes de los seres vivos para estudiarlas y describirlas. El olvido consiste en no recordar o no pensar en hechos o circunstancias, sepultándolos bajo un manto, para tratar de ocultarlas. La amnesia, raíz de la que nace la palabra amnistía, es una patología del ser humano que afecta a su memoria y le borra el pasado. Cuando la enfermedad afecta a toda o una parte de la sociedad, puede provocar un sentimiento de indiferencia, peligroso para su estabilidad emocional y para los sentimientos irrenunciables que nos obligan a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. En nuestro país son muchos los intereses, de muy diversa índole, que tratan de impedir que se recobre la salud democrática poniendo al descubierto la tragedia que desencadenó un golpe militar contra la democracia con unas consecuencias sangrientas que es imposible borrar de la memoria. Por ello me parece oportuna una disección de los tiempos por los que hemos pasado, desde sus orígenes hasta el momento presente.  

I.- La noche en que se produce el golpe militar en Marruecos, el presidente del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrios, Gran Oriente de la Masonería española, llama al general Mola para ofrecerle el Ministerio de la Gobernación, con plenos poderes para revertir la situación y evitar la guerra civil. La respuesta fue la esperada. La petición llegaba tarde. Los golpistas pretendían aniquilar a los que consideraban como la anti España. Efectivamente, la maquinaria del exterminio no cesó durante el periodo de la contienda y en los primeros años de la posguerra.

II.- Terminado el periodo álgido de lo que Paul Preston bautiza como el Holocausto español, continúa la represión de los supervivientes que se mantuvieron fieles a sus convicciones democráticas y no tuvieron la oportunidad de exiliarse. Las libertades civiles propias de una sociedad democrática fueron sistemáticamente cercenadas y duramente reprimidas con asesinatos, torturas y privaciones de cualquier clase de derechos. Cualquier iniciativa para borrar con una amnistía los crímenes contra la humanidad que cometieron los vencedores choca con la cultura y sensibilidad de la comunidad internacional. Como dice el Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se trata de “atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”.

III.- Acortando los tiempos, llegamos al periodo que los politólogos denominan como el tardofranquismo. Las cárceles estaban repletas de condenados por el Tribunal de Orden Público y por Tribunales Militares por el simple hecho de haber ejercitado sus derechos de reunión, manifestación, libertad de expresión o sindicación. Ante la inminencia de la muerte de Franco, la oposición democrática comienza a integrarse en organizaciones como la Junta y la Plataforma democráticas, refundidas posteriormente en Coordinación Democrática, que cubre todo el espectro ideológico que configura una democracia. El grito reivindicativo de toda la oposición, no solamente de la izquierda como se está diciendo, era: Amnistía, libertad y Estatutos de Autonomía. La amnistía, como medida de gracia, solo podía concederla el régimen autoritario que había condenado a los demócratas. Resulta casi surrealista pensar que una democracia pueda amnistiar a los condenados por sus ideas y movilizaciones para derrocar la dictadura e instaurar la democracia.

IV.- Muerto Franco resultaba imposible continuar con un régimen dictatorial si queríamos incorporarnos a la incipiente Unión Europea. Comienza a diseñarse la Transición, para la que era necesario sacar de las cárceles a los demócratas. El primer paso lo da el Decreto de Indulto del 25 de noviembre de 1975, con motivo de la proclamación, según las leyes franquistas, de Juan Carlos de Borbón como Rey de España. Según su texto, se promulga a propuesta de los ministros de Justicia, del Ejército, de Marina y del Aire y previa deliberación del Consejo de Ministros. Se trata de un indulto general que incluye hasta la privación del permiso de conducir. También en este periodo de plena vigencia de la legalidad franquista, se promulga un Real Decreto-ley de 30 de julio de 1976 por el que se concede la primera amnistía. En su texto ya se mencionan los delitos de intencionalidad política y de opinión, excluyendo los que hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas. A los militares que formaban parte de la Unión Militar Democrática (UMD) no se les aplicó la amnistía total porque “podría afectar a la mejor organización y moral militar de las instituciones (sic)”.  

La Ley de Memoria Histórica no se atrevió a declarar la nulidad radical de los juicios de la dictadura para evitar que pudiera abrirse la vía para reclamar la devolución de los bienes expoliados a los vencidos

V.- A partir de la Ley para la Reforma Política (4 de enero de 1977) se inicia la Transición y se convocan elecciones. Hasta su celebración, en junio de 1977, el Gobierno firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el 27 de julio de 1977. Su artículo 14 obligaba a declarar nulos todos los juicios del Tribunal de Orden Público y los Consejos de Guerra. Según el artículo 15.2 del Pacto, permanecen vigentes y son perseguibles aquellos actos que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los Principios Generales del Derecho reconocidos por la comunidad internacional. No dispongo de datos concretos pero me atrevo a aventurar que seguramente existía una predisposición para anular los juicios del Tribunal de Orden Público, pero los militares no toleraban que sus Consejos de Guerra fueran anulados por falta de garantías y por la arbitrariedad de sus decisiones. Hubo que esperar treinta años para que la ley de la Memoria Histórica de 26 de Diciembre de 2007 proclamase lo siguiente: “Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.  

VI.- Celebradas las elecciones democráticas, se constituye el Parlamento, surgido de la voluntad popular. No puedo entender los argumentos que justifican el disparate jurídico que supone que una ley democrática amnistíe a personas condenadas por ejercer las libertades cívicas y democráticas que, además habían salido de prisión por la amnistía de julio de 1976. La única variante que ofrece es incluir los delitos de sangre. Los redactores de este extraño texto exigen que la lucha por las libertades públicas o la reivindicación de autonomías de los pueblos de España se hayan realizado con intencionalidad política. ¿Qué otro móvil podría existir? Se equiparan los delitos de intencionalidad política a los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del Orden Público con motivo u ocasión de la investigación y la persecución de los actos incluidos en esta ley y los cometidos por los funcionarios y agentes del Orden Público contra el ejercicio de los derechos de las personas. No parece necesario mucho esfuerzo para entender que se estaba refiriendo a la Brigada Político-Social, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. 

VII.- La Ley de Memoria Histórica no se atrevió a declarar la nulidad radical de los juicios de la dictadura para evitar que pudiera abrirse la vía para reclamar la devolución de los bienes expoliados a los vencidos. La interpretación de los efectos de la Ley de Amnistía por todos nuestros órganos judiciales y el Tribunal Constitucional la convirtieron en una ley de punto final incompatible con los compromisos internacionales asumidos por España. Como muestra basta leer el contenido de la última resolución del Tribunal Constitucional. En el Auto 80/2021, de 15 de septiembre de 2021, se inadmite el Recurso de Amparo de Gerardo Iglesias, con tres votos disidentes. En síntesis considera que en España no hubo un plan de exterminio sistemático y generalizado de una parte de la población civil y que los delitos de torturas, en tanto que lesiones o delitos de funcionarios de escasa gravedad están prescritos (sic). Para no extendernos en exceso, resulta clamorosa la omisión de cualquier comentario sobre el párrafo final del artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en nuestro país tres meses antes de la Ley de Amnistía.

VIII.- No quedaba otra salida que colocar a los tribunales españoles ante el espejo de nuestra Constitución (Artículo 10.2) y las normas internacionales que sancionan los crímenes contra la humanidad. La enmienda introducida por el PSOE y UP abre una nueva vía que si no se tiene en cuenta merecerá el reproche de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su texto no deja lugar a dudas: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

IX.- Pretender pasar la esponja del olvido sobre la sangre derramada está generando un tumor en la convivencia democrática que me parece necesario extirpar. Por supuesto, también es necesario erradicar el rencor.

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José Antonio Martin Pallin. Abogado. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.