Raúl García, el experimentado jugador del Athletic, reabrió el debate sobre la discutida decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí, cuando antes de que comenzara la competición declaró que “para mí no tiene sentido que tengamos que irnos allí a disputar un partido que se tendría que jugar aquí. Tiene el sentido que todos sabemos que tiene, no hay mucho más recorrido que eso. El fútbol ha cambiado y ya no se piensa en el aficionado, ahora lo que importa es generar”. Bajo ese argumento, el de conseguir una suma económica importante de la que muchos se benefician, se esconde una premisa peligrosa. ¿Hasta dónde se debe ceder con tal de obtener unos millones?

Diversas organizaciones humanitarias internacionales y gran parte de la opinión pública tienen clara la respuesta. Nunca debería llegarse al punto de ayudar a blanquear un régimen que tiene un largo historial de carencias en el ámbito de los derechos humanos. Varios países del Golfo Pérsico han emprendido en los últimos años una política de adquirir los derechos de destacadas competiciones deportivas con tal de maquillar su reputación, dando una imagen de modernidad y apertura que no es la real. En Arabia Saudí, por ejemplo, se discrimina a las mujeres y la defensa de la igualdad de género ha costado a varias activistas ser condenadas por la justicia; el adulterio conlleva penas de flagelación; la homosexualidad se castiga con la cárcel; el ateísmo está prohibido; no hay libertad de información y se persigue a periodistas. En un hecho sin precedentes en la historia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 36 países condenaron en 2019 la situación de Arabia Saudí, denunciando “los continuos arrestos y detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos en el reino”. Un estudio del Foro Económico Mundial, que ofrece una imagen sobre el estado de los derechos de las mujeres en términos de política, economía y educación, colocó a Arabia Saudí en la posición 141 de un total de 149 países. 

Sin embargo, ante todas estas cuestiones, el fútbol español prefiere mirar para otro lado y pensar solo en los euros que va a ingresar. Que no son pocos. En concreto 40 millones cada año que la Supercopa se celebra en el país saudí. La mitad de esa cantidad está destinada para los cuatro equipos que compiten en el torneo y el resto se destina para las categorías no profesionales, es decir desde Primera RFEF hasta Tercera RFEF. Así, según datos de la Cadena SER, un club de Primera RFEF (la tercera categoría nacional) recibe gracias a la Supercopa unos 145.000 euros al año, un 325% más de lo que obtenía antes por este concepto. Un equipo de Segunda RFEF (la cuarta categoría) recibe 55.000 euros anuales, un 550% más de lo que lograba con anterioridad. Y a uno de Tercera RFEF le llegan 37.000 euros, que en algunos casos supone el 33% de su presupuesto anual. Si tanto la Federación como los clubes, los de élite y los modestos, salen ganando, y los jugadores, aunque haya algún caso como el de Raúl García que se cuestione el modelo, también se benefician de ello ya que ayuda a mantener sus altos salarios, ¿quién puede oponerse a ello?

El fútbol español prefiere mirar para otro lado y pensar en lo que va a ingresar: 40 millones cada año que la Supercopa se celebra en el país saudí

Habrá quién piense que el Gobierno, con el fin de dar ejemplo y promover la defensa y el respeto a los derechos humanos debería intervenir, bien directamente o a través del Consejo Superior de Deportes. No olvidemos que la Federación es un organismo que representa al país y que es de utilidad pública, si bien es cierto que se trata de una entidad asociativa privada y que en sus estatutos se recoge que tiene “plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y jurisdicción en los asuntos de su competencia”. Por ello seguramente el ejecutivo preferirá no interponerse en el asunto para no ser acusado de intervencionista.

Nos quedan los aficionados, seguramente los únicos que salen perdiendo. A ellos se les ha arrebatado la oportunidad de poder animar en su país a sus equipos. Y una asociación que los representa, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, FASFE, sí manifestó su punto de vista contrario a través de su portavoz, Emilio Abejón, en la última asamblea federativa. “Nos oponemos a que las competiciones españolas se disputen en el extranjero. Más aún en países con regímenes que atentan contra los derechos fundamentales. Nos referimos en particular a la Supercopa”. No parece que la voz del hincha del fútbol vaya a ser tenida en cuenta, una vez más. De hecho, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha decidido ampliar el acuerdo inicial, que era de tres temporadas, en siete años más, por lo que la Supercopa se celebrará en Arabia Saudí hasta 2029.

Rubiales defiende también su decisión de llevar la Supercopa a Arabia con el argumento de que impulsa la presencia de la mujer en los estadios

En su deseo de no molestar a la fuente de ese maná económico, los clubes incluso han hecho caso omiso a la petición de Amnistía Internacional, organización global que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, que envió antes del torneo a los cuatro equipos participantes este año unos brazaletes de color violeta para que los mostraran en los partidos como gesto en favor de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. El director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, señala que “el hecho de que la RFEF haya decidido colaborar en este lavado de imagen de las autoridades saudíes y que esté dispuesta a que la Supercopa de España se juegue en este país hasta 2029 supone un desprestigio para este torneo y para todo el fútbol español”. Amnistía destaca la contradicción que supone el compromiso en defensa de los derechos humanos que los clubes que han competido este año, Athletic Club, Real Madrid, Barcelona y Atlético, recogen en sus códigos éticos o en sus informes y planes de responsabilidad corporativa, y el hecho de acudir a competir a un país que presenta un déficit considerable en esta materia. Lo mismo se puede decir de una Federación Española, que ha declarado como “un pilar fundamental en su trabajo el compromiso de liderar la lucha contra la discriminación y de defender y proteger a la mujer”.

Rubiales defiende también su decisión de llevar la Supercopa a Arabia con el argumento de que impulsa la presencia de la mujer en los estadios (algo que estaba permitido desde 2018 aunque separadas de los hombres) y que han colaborado en el desarrollo de una liga femenina de fútbol local y en la formación de entrenadoras y árbitras. Nada que no estuviera ya previsto por las autoridades saudíes. A nadie se le escapa que el verdadero motivo de celebrar allí un torneo nacional es la importante cantidad económica que recibe la RFEF, gracias a la cual consigue mejorar su propia situación financiera y, además, ayudar a los clubes modestos. Una intención muy loable, aunque en este caso habría que decir aquello de que el fin no justifica los medios. En caso contrario, ¿qué será lo próximo? ¿La Final de Copa en Corea del Norte? ¿Un partido oficial de la selección absoluta en Catar? Si de lo que se trata es que paguen bien…