La covid-19 ha tenido efectos paradójicos sobre la población en situación administrativa irregular y la percepción que la sociedad tiene de ella. La extrema vulnerabilidad social y legal de este colectivo impidió su adecuada protección frente al contagio, disparó sus niveles de pobreza y les excluyó de algunas de las medidas más relevantes de protección social. Al mismo tiempo, el estado de emergencia puso de manifiesto el papel insustituible que estas trabajadoras y trabajadores cumplen en sectores esenciales de nuestra sociedad como la agricultura, los cuidados y el reparto a domicilio. 

Tal vez por estas razones, la sociedad española puede estar orgullosa de no haber respondido a la crisis con las mismas pulsiones xenófobas que hemos visto en lugares como el Reino Unido o el este de Europa. Un comportamiento social que, lamentablemente, no se ha extendido a nuestros líderes e instituciones. A pesar de la creciente demanda pública y de la iniciativa de algunas formaciones políticas, el Gobierno y los principales partidos del Parlamento se negaron en 2021 a ir más allá de algunas medidas limitadas de integración que ignoraban las aspiraciones amplias de la población sin papeles. 

Lamentaremos esta oportunidad perdida. El desafío de la inmigración irregular supera ya el medio millón de personas, según las estimaciones actualizadas que ofrecemos en este informe. La mayoría son mujeres. Una de cada cuatro son niños. Los números se acercan progresivamente al máximo histórico que conoció nuestro país a mediados de la primera década de este siglo, cuando se hizo necesaria una regularización extraordinaria de cerca de 550.000 ciudadanos extranjeros. Aquel proceso supuso un éxito, fruto del consenso entre agentes sociales –incluyendo organizaciones de migrantes–, la demanda de la ciudadanía y las necesidades del mercado de trabajo. 

Hoy es posible identificar en el contexto económico, político y social muchos de estos mismos elementos. Eso ha llevado a parte de nuestra sociedad a reclamar un nuevo proceso extraordinario de regularización. Durante los últimos meses hemos conocido medidas parciales en esta dirección, como la reforma del Reglamento de Extranjería para favorecer la integración de menores extutelados o la extensión de visados para trabajadores del sector agrario. Más recientemente, el Gobierno ha anunciado un proceso extraordinario para regularizar la situación de los ucranianos y ucranianas que se encuentran en nuestro país sin permiso legal, como muestra de solidaridad ante la agresión de Rusia. 

Estas medidas son apreciables y ayudarán mucho a algunos individuos, pero su alcance queda muy lejos de la magnitud del desafío al que hacemos frente. Una respuesta de amplio espectro se ajustaría mejor a una situación que ya hemos vivido en el pasado. 

Lo que sí demuestran es que no existe ningún impedimento formal a la regularización por parte de la UE, en contra de lo que han declarado algunos responsables políticos. Tampoco parece haber un impedimento social. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por la organización More in Common, una medida de este tipo sería apoyada por más del 70% de los ciudadanos españoles, distribuidos en un espectro amplio del abanico de ideologías, edades y lugar de residencia. Las razones son tan diversas como la propia sociedad. Para algunos, la posibilidad de vivir y prosperar en un país extranjero es un derecho inalienable del ser humano que ningún Estado puede cercenar. Para otros, la regularización permitiría proteger a algunos sectores de nuestra sociedad –como los niños y las trabajadoras en situación vulnerable– que sufren pobreza y explotación por el hecho de vivir sin papeles. Otros, en fin, ven en la regularización una oportunidad fiscal y un modo de equilibrar los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano que viva en nuestra sociedad.

Cada una de estas razones es respetable. Cada una cuenta.

Es hora de considerar seriamente esta posibilidad. Por esa razón, más de medio millar de organizaciones sociales, empresariales, eclesiales, sindicales, académicas y políticas de nuestro país nos hemos unido alrededor de la campaña Esenciales, que promueve una iniciativa legislativa popular (ILP) que fuerce al Congreso de los Diputados a debatir la pertinencia y los contenidos de una regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular. Hacen falta 500.000 firmas para sacar de la sombra a 500.000 seres humanos.

Los argumentos de este nuevo informe (disponible en este enlace) son una contribución a esta iniciativa, de cuyo grupo promotor forma parte la Fundación porCausa. En ellos es posible encontrar una batería de razones éticas y prácticas que permiten pensar que la regularización es una idea razonable, pertinente y urgente. La primera es que este asunto ha adquirido ya una envergadura alarmante y no tiene ningún viso de reducirse en los próximos años; la segunda apela a la decencia colectiva, la vigencia del Estado de derecho y la obligación de proteger a quienes se encuentran en una situación vulnerable; la tercera explica por qué la regularización constituye una verdadera oportunidad para nuestra economía y para la sostenibilidad del Estado de bienestar; la cuarta argumenta los beneficios de una medida de este tipo para proteger la seguridad sanitaria; finalmente, la última sección ofrece un ejercicio de realpolitik para constatar lo evidente: por todo lo anterior, las regularizaciones son una herramienta habitual de la política pública, dentro y fuera de nuestro país.

Cada una de estas razones justificaría por sí misma una medida como la que reclama Esenciales. Juntas, conforman un argumentario incontestable que merece la consideración más seria por parte del Parlamento y otras instituciones del Estado. La perpetuación de un sistema que condena a una ciudadanía de segunda clase a medio millón de personas constituye una catástrofe ética y práctica que debe ser corregida cuanto antes. En este tiempo de encrucijadas democráticas, conviene recordar que existe un riesgo existencial en negar a los demás los derechos que son irrenunciables para ti.

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Lee el informe completo ‘ESencialES’ haciendo clic aquí.

Fundación porCausa es una organización sin ánimo de lucro de investigación social y periodismo sobre migraciones, en el sentido más amplio y libre de la palabra.