Mi profesión, aunque me ata en corto a la pobreza material, me facilita el estar en muchos sitios en los que a mí me parece que hay que estar.

El sábado me invitaron a ir a tocar al décimo aniversario del Bloque Llerena, en Vallecas, que es un barrio de Madrid. Hace diez años, la gente organizada en el marco de la Comisión de Vivienda del 15M liberó un edificio de viviendas en la calle Sierra Llerena en Vallecas y lo puso a disposición de familias que necesitasen un sitio donde vivir. Entonces esas cosas eran posibles. Seguro que es un delito grave, o algo, contra la propiedad de algún gran tenedor de vivienda, o de inmuebles más bien, quizás un banco malo, o ruinito como mínimo, pero como colisiona con el ejercicio de un derecho reconocido en algún sitio raro, como la Constitución, pues ya empieza a verse de otra manera. El artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. De modo que quienes se reclaman constitucionalistas™ deberían estar reclamando el cumplimiento de este artículo todos los días. Sin embargo… no. Hace poco, una reconocida constitucionalista™ se leyó la Constitución por error y se dio cuenta de que en el Artículo 2 se distingue entre nacionalidades y regiones (esta gente nunca pasa del Título I) y se horrorizó tanto que propuso cambiarla. Así que no las tengo yo todas conmigo con lo de que a los constitucionalistas™ les guste realmente la Constitución. Les gusta otra cosa a la que llaman Constitución, que deben de identificar con el Fuero Juzgo, porque el Liber Iudiciorum se entiende raro. Pasa como con el Sáhara. Era muy difícil mantener un debate público sobre el Sáhara porque funcionaba el acuerdo tácito de que el Sáhara no existe. Pero ahora ya puede haber un debate público sobre el Sáhara porque ya no estamos hablando de un territorio real en el que viven personas reales de carne y hueso y cuyos intereses España viene obligada por la legislación internacional que ha firmado en todos sus documentitos a tutelar, en tanto que es potencia administrativa: ahora se puede debatir públicamente sobre el Sáhara como si el Sáhara no existiera porque ya es un debate entre la actitud de dos partidos, qué digo dos partidos, dos líderes concretos y de a ver a quién da la razón la Unión Europea y qué mala y qué irresponsable es Argelia que se pone ahora a exigir cosas del Derecho Internacional, que a quién se le ocurre, de verdad. Ya podemos hablar del Sáhara porque el Sáhara ha quedado reducido a lo que nos interesa: el título genérico de un conflicto partidista en el que los intereses del pueblo saharaui y el Derecho Internacional no pintan nada.

El miércoles fui a tocar a Moratalaz, que es un barrio de Madrid, en el que la gente que defiende la Sanidad Pública de dos barrios contiguos, Moratalaz y Vicálvaro, se había coordinado para llevar a cabo una acción simbólica de defensa de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, que están cerrados. Las personas responsables –es una forma de hablar– de que estén cerrados no se cortan en decir públicamente que están abiertos. Pero están cerrados y su personal ha sido trasladado forzosamente a hacer bulto en el Zendal. La policía presente en el acto, con sus chalecos antibalas y sus pistolas reglamentarias bien a la vista, porque la ciudadanía que se organiza para defender sus derechos es, según el Fuero Juzgo, la principal amenaza para la convivencia pacífica, nos conminaban a no obstaculizar la entrada al Servicio de Urgencias, que está cerrado, insisto, no fuera a ser que hubiera una urgencia. Y todo esto ocurre en un contexto en el que algunos Centros de Salud ya no van a disponer de personal médico, porque pa qué, y solo serán atendidos por personal de enfermería.

No seré yo quien sugiera que la esperanza electoralista y los pactos que se anuncian sean inútiles para la gente que necesita de los servicios públicos para mantenerse con vida dentro de unos parámetros de dignidad, ya bastante abollados, pero sí que creo que la fuerza, si la hay, capaz de poner bocado al plan de desmantelamiento que está implementando el accionariado de los fondos buitre es la gente organizada. La gente organizada y empujando desde abajo. Sin eso, todo lo demás son operaciones de marketing, fuegos de artificio, humo, ruido, portadas de periódicos, fotos épicas y aperturas de informativos. Y no basta.

Es muy golosa la idea de despreocuparnos de la marcha cotidiana de lo común delegando en gente profesionalizada que se ocupe de ello y limitarnos a pagar impuestos y revalidar nuestra confianza en los gestores cada equis años. Pero así no funciona, parece ser. La democracia de verdad es un ejercicio costoso para la ciudadanía que le requiere permanecer informada, ejercer el pensamiento crítico, participar activamente, y jugamos con desventaja porque quienes quieren reducir la democracia a una serie de meros procedimientos formales ya se han comprado a los árbitros, el campo, y tienen opciones preferentes de compra de grandes parcelas de nuestras propias conciencias.