El edificio que ocupa actualmente el Consejo General del Poder Judicial en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid fue en tiempos la sede del Teatro París, donde, según los historiadores, se estrenó en España la Quinta sinfonía de Beethoven. Fue pasto de las llamas y sobre su estructura se reconstruyó el actual edificio que primero albergó al Ministerio de Trabajo y posteriormente el Liceo Francés. Los visitantes pueden comprobar que todavía sobrevive el diseño del teatro en la distribución de los despachos y oficinas.

En el año 1990, el Consejo del Poder Judicial se instala definitivamente en su actual sede de Marqués de la Ensenada. Desde entonces, sobre los restos del antiguo teatro, se han escenificado muchos acontecimientos y reuniones, resoluciones y confabulaciones. No pretendo hacer una recopilación de todo el amplio repertorio. En mi opinión, en estos momentos, la pieza teatral que se está representando en el histórico teatro, desde hace casi cuatro años, se parece más a un sainete que a la inmortal sinfonía de Beethoven. Según los analistas, no acapara excesivamente la atención del público, pero tiene enfervorizada a la crítica.  Las opiniones y los juicios sobre los estrenos teatrales tienen sus secciones especializadas en los medios de comunicación. El esperpento constitucional provocado por el PP y sus correligionarios, instalados en los cómodos sillones en los que los vemos retratados, ha pasado a ser el menú obligado en cualquier tertulia que se precie e incluso encabeza, con gruesos titulares, las primeras páginas de los medios de comunicación. Casi con el mismo tipo de letra que la guerra de Ucrania o el fallecimiento de la reina Isabel II.

Pero vayamos a los hechos y a la trama. Título de la obra: El motín del Marqués de la Ensenada. 

Acto I. El 3 de agosto de 2018, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, cumpliendo con las previsiones legales, remite a la señora presidenta del Congreso de los Diputados y al señor presidente del Senado, el acuerdo por el que se pone en marcha el sistema previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para proceder a la elección por los jueces y magistrados de los candidatos para ser nominados como aspirantes y luego ser elegidos por los tres quintos de los componentes de ambas cámaras.  El 27 de septiembre de 2018 se envía la lista de los 51 miembros de la carrera judicial que aspiran a las doce vocalías que establece la Constitución. Pasaron todos los trámites de las comparecencias en las respectivas comisiones de Justicia y quedaron a la espera de ser votados. Por lo tanto, el trámite parlamentario ya está abierto y corresponde cerrarlo a los miembros de la Cámaras.  

El espectador neutral que haya seguido las peripecias de la trama habrá detectado que la parálisis se debe a la programada y calculada táctica dilatoria urdida por el Partido Popular.

Acto II. Los actores principales deberían haber completado, en un tiempo razonable, la investidura de los candidatos. El próximo 27 de septiembre se cumplirán cuatro años de retraso. El espectador neutral que haya seguido las peripecias de la trama habrá detectado que la parálisis se debe a la programada y calculada táctica dilatoria urdida por el Partido Popular. En el escenario se puede ver cómo los dirigentes del partido barajan todas las posibilidades para conseguir su objetivo final. Hasta la renovación disponen de una mayoría suficiente para controlar los nombramientos que  corresponden al órgano de gobierno, fundamentalmente los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de justicia. Después de unos escarceos iniciales, en los que parecía que se había llegado a un acuerdo, el PP se dio cuenta del error de haber otorgado la mayoría al sector progresista por lo que decidió dinamitar el acuerdo, ordenando al senador Coisidó la difusión de su famoso whatsapp. Ciertamente, el dinamitero, con su texto, y el señor Marchena, con su renuncia a una presidencia que nadie le había otorgado, no estuvieron muy afortunados en sus respectivos papeles. Se baja el telón y termina el segundo acto.    

Acto III. Se alza el telón y los espectadores pueden escuchar la conversación de los dirigentes del Partido Popular, sentados alrededor de una mesa, barajando las posibilidades que ofrece la situación excepcional planteada por la pandemia y otras tensiones añadidas. Cualquier excusa, incluso la más infantil, es válida para negarse a la renovación. El viento de las encuestas sopla a su favor y deciden dar el golpe definitivo. Se trata de agotar la legislatura sin realizar la renovación o, en todo caso, confiar en que la salida de la pandemia, la invasión de Ucrania y la inflación, provoquen un terremoto político, como el que se vivió en las últimas elecciones andaluzas, que pongan al gobierno contra las cuerdas, forzándole a convocar elecciones anticipadas. Alguien entra apresuradamente en escena y comunica a los asistentes que el Gobierno, con sus apoyos parlamentarios, ha decidido modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, privando al Consejo, en funciones, de la posibilidad de realizar nombramientos. 

Aquí debería haber terminado la función, pero irrumpen otros personajes que dan un giro inesperado al tinglado de la antigua farsa.

Acto IV. Desde el 24 de junio está pendiente la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional,  dos de los cuales corresponden al gobierno y otros dos al Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Tribunal Constitucional, González Trevijano, insinúa que si no se puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden al Consejo, el Gobierno tampoco puede nombrar a los dos de su cuota. El señor González Trevijano nunca ha comparecido ante los medios de comunicación para defender la peregrina tesis de que la Constitución obliga a que los dos magistrados que le corresponden al gobierno tengan que ir conjuntamente, en un bloque sólido e indivisible, con los dos del Consejo para que su elección sea válida. Semejante dislate es impropio de un jurista de tan alta alcurnia, aunque su reciente y rotunda afirmación de que “el derecho es conservador” da pie para esperar cualquier barrabasada jurídica.

Así las cosas, el Gobierno decide cambiar el guion, autorizando al Consejo del Poder Judicial en funciones, de forma excepcional e innecesaria, a nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. La Constitución le permite, desde el momento de la caducidad del mandato de los dos magistrados gubernamentales, elegir a los que le corresponden sin necesidad de esperar a la decisión del Consejo, que es absolutamente autónoma.   

Esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se produce, una vez más, con el apoyo mayoritario y abrumador de los grupos que sostienen al actual Gobierno. Se trata de una norma discutible, pero en todo caso, absolutamente legal y de obligado cumplimiento. Se fija el día 13 de septiembre como plazo final para alcanzar un acuerdo. Siguiendo el mandato obstruccionista de sus superiores, ocho vocales, se supone que juristas de reconocido prestigio y con sentido de la ética y de los principios democráticos, deciden amotinarse, negándose a cumplir lisa y llanamente la ley. 

Incomprensiblemente reciben el apoyo de la prensa conservadora. ¿Se imaginan ustedes a la prensa conservadora británica alentando y jaleando dicha insurrección? El Código Penal considera sediciosa la conducta de los que se rebelan contra el cumplimiento de la ley, agravando la pena cuando se trata de personas investidas de autoridad. Antes de que algún improvisado jurista salte a la palestra, recordándome que el Código exige el alzamiento público y tumultuario, le recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los dirigentes políticos catalanes como autores de un delito de sedición. En ella se dice textualmente que “una interpretación actualizada de ese alzamiento público que abarque la interconexión de miles de personas que pueden actuar de forma convergente, o sin presencia física a través de cualquiera de los medios que ofrece la actual sociedad de la información” En fin, dejemos las disquisiciones para otros momentos. Lo realmente grave, con efectos demoledores sobre la estabilidad democrática, es la negativa de los guardianes del funcionamiento del Poder Judicial a cumplir la ley.

Aquí no ha pasado nada ni pasará porque, como dicen algunos, vivimos en una de las democracias más modélicas y consolidadas del orbe mundial. Bajamos el telón y a esperar acontecimientos.