Es un día tranquilo en una pequeña escuela del medio Oeste norteamericano. La comunidad educativa asiste al campeonato escolar de atletismo. Padres, alumnos y profesores animan a las participantes, una escena que ustedes han visto en incontables películas. Finalmente gana la competición femenina una niña, llamémosla Mary, que es recibida con aplausos en la meta. Sin embargo, los padres de la segunda clasificada no están contentos. De hecho, presentan un airado escrito a la dirección del centro manifestando la sospecha de que la niña ganadora es en realidad un “hombre transgénero” y exigen al centro que se exhiban todos los archivos escolares de la menor para demostrar si ha habido un cambio en su identidad y para que se aplique la ley del Estado, que prohíbe a las mujeres trans participar en el deporte femenino.

La dirección del centro se encuentra desconcertada, los archivos de la menor son reservados, pero ciertamente la ley estatal prohibiría a la niña participar en la categoría femenina. En lo que resuelve qué hacer se desata una ola de especulaciones sobre la menor, al parecer poco femenina, y su familia. Finalmente, la escuela entrega los archivos y se comprueba que la menor no es transexual, pero eso no detiene los acosos y los profesores comprueban con horror que por todo el Estado comienzan a recibirse peticiones similares ante la duda sobre la identidad de género de otras menores. “Es una caza de brujas”, comenta un docente. “¿Cómo hemos llegado a esto?”, se pregunta otro.

Donald Trump derogó de un plumazo (literal) todas las normas federales antidiscriminación existentes

En realidad, los monstruos de la razón no surgen de un día para otro. Tendríamos que remontarnos al momento en el que la Alt Right norteamericana rescató los argumentos de Janice Raymond contra las personas transexuales en los años 70. Al momento en el que descubrieron que colocar la “ideología de género” y el “pensamiento ‘woke’” en el centro del discurso acaparaba votos y reacciones viscerales muy útiles para sus propósitos. Al momento en el que el entonces gobernador de Indiana, Mike Pence, firmó, como otros, la ordenanza que impedía a las personas transexuales participar en el deporte femenino, aunque luego esa norma y todas –más de veinte– las que pretendían impedir la entrada a las mujeres trans en los baños y espacios compartidos femeninos fueran vetadas por la presidencia de Obama. Y más en concreto, al momento en el que Donald Trump derogó de un plumazo (literal) todas las normas federales antidiscriminación existentes y proclamó que, a partir de ese momento, la interpretación de los Derechos Humanos era una cuestión estatal y no federal. O al momento crítico en el que consiguió nombrar a la mayoría de los miembros de la Corte Federal, único obstáculo a las posibles leyes antiaborto o discriminatorias que ya se habían perfilado en diversos estados federados.

Lo que probablemente nadie era capaz de prever en esos momentos, sin embargo, era la extensión y virulencia de las normas que el Partido Republicano iba a desatar sobre una minoría, la de las personas transgénero en la terminología estadounidense, que hasta ese momento no habían sido nunca percibidas como un problema social por la mayoría de la población. Derribada la barrera federal, los estados se entregaron con fruición al diseño de normas anti woke, es decir: antiaborto, antifeministas, anti LGBTI y muy especialmente antitrans. Veamos la situación a febrero de 2023.

Por el momento, se han aprobado 31 normas estatales que impiden a las personas transexuales hacer deporte en la categoría correspondiente a su identidad de género. Frecuentemente también prohíben el uso de vestuarios y baños. Si usted sigue la polémica en los artículos al uso o en las redes sociales verá que el tema de la posible ventaja competitiva de las personas trans dista de ser claro. De hecho, hace ya tiempo que el Comité Olímpico internacional estableció un criterio para la alta competición, conforme al cual todas las atletas internacionales se someten a un control de niveles hormonales dentro de los controles antidopaje y aquellas atletas que sobrepasan determinados niveles de testosterona, sean trans o no lo sean, son excluidas de la competición hasta que acrediten estar dentro de la banda de niveles admisibles.
El criterio puede ser discutido, pero lo cierto es que se aplicó en las Olimpiadas de Tokio y por ello sabemos que al menos unas ¿12? mujeres no transexuales no pudieron competir, mientras que 32 atletas trans pudieron hacerlo. Y, por cierto, ninguna obtuvo medalla olímpica. Pero las normas estatales de las que hablamos van a otra cosa en realidad, porque se aplican a todas las categorías y en todos los estadios de la formación, es decir, se aplican también a niños y jóvenes en periodo de escolarización. Esto ha sido criticado por las asociaciones americanas de psiquiatría y pediatría, que alegaron el efecto discriminatorio sobre niños en una etapa delicada y muchas veces con riesgo de suicidio por la presión ambiental, pero ha dado igual. A decir verdad, los atribulados profesores que he mencionado tenían la suerte de no someterse a las recientes leyes de Texas o Florida, que habrían ordenado la exploración genital de la menor. Las leyes antitrans en el deporte promovidas desde 2019 tuvieron la virtud de ser la punta de lanza de muchas otras leyes más preocupantes.

Las leyes antitrans en el deporte fueron la punta de lanza de muchas otras leyes más preocupantes

Para los grupos integristas que promovieron estas normas, el proceso lógico era que, si el problema residía en el perfil hormonal de los menores, es que la cosa estaba clara, lo que había que hacer era prohibir los tratamientos de “afirmación de género”. Por esta y por otras razones, como la protección de los menores frente a una “conducta antinatural”.

Así, se han aprobado un total de 91 normas de prohibición de asistencia médica a personas transexuales, menores principalmente, pero también a mayores de edad por debajo de los 21 o 26 años. A lo largo de 2021-2022 las clínicas que prestaban atención médica a los menores trans han visto cómo eran acosadas en redes y canales de televisión, cómo sus directivos y doctores eran señalados con nombre, apellidos y dirección. Algunos centros han recibido numerosos avisos de bomba y, ante la pasividad de las policías estatales, grupos de gente armada y enmascarada convocados por QAnon y los Proud Boys se concentraban frente a sus puertas. Muchas clínicas y seguros médicos han reaccionado a la presión eliminando el servicio o haciéndolo inalcanzable para una persona de renta media. Algunos estados como Oklahoma pretenden llegar más lejos y discuten estos días exigir la detransición a todas las personas menores de 26 años, es decir, la obligación de recibir un tratamiento forzoso que vuelva a convertir a esos desorientados jóvenes en hombres y mujeres como Dios manda. En las audiencias de las Legislaturas (parlamentos) estatales ha habido oposición por parte de las asociaciones médicas que tratan a las personas transexuales, que explicaron el sentido y la base científica de sus tratamientos, pero algunas como la asociación de endocrinología internacional (endocrine.org) se han encontrado con una campaña de desprestigio y ataques sin precedentes, al tiempo que se multiplicaban pretendidos análisis de “especialistas” que no aportaban ningún estudio clínico, pero que fueron tomados como referentes por los senadores republicanos.

Por una reciente filtración, sabemos que todas estas leyes fueron una campaña planificada, financiada y coordinada por diversos grupos integristas (Alliance Defending Freedom, American Principles Project, Liberty Council) y algún grupo “feminista transexcluyente” como el Women´s Liberation Front. Uno de los contenidos que se deduce de los correos divulgados es la creación de una asociación médica destinada a rebatir los datos de la asociación de pediatría americana y combatir “la obra del diablo”. Diversos médicos procedentes de los campos de terapia antigay, en colaboración con responsables de la sanidad de Florida, controlada por DeSantis, crearon la SEGM (Society for Evidence-Based Gender Medicine), organizaron el primer ataque contra un hospital infantil de Missouri y sembraron las Legislaturas estatales de datos inventados, al tiempo que creaban un estándar propio de atención a la transexualidad basado en la detransición. La discusión se ha acabado rápidamente porque, en estas normas, a los médicos que presten auxilio o tratamiento a las personas transexuales se les amenaza con la retirada de la licencia y penas de prisión. Por cierto, un repaso a las campañas, memes, y eslóganes utilizados le permitirá identificar buena parte de los contenidos que puede que ya esté recibiendo en sus grupos de WhatsApp o Telegram y en algunos editoriales de diarios “tradicionales”.

Para aplicar estas leyes, obviamente, interesa saber quiénes son transexuales, por lo que estados como Texas, Florida, Virginia, han acometido la labor de hacer registros de personas transgénero. Para ello, por ejemplo, el abogado general Robert Paxton de Texas no dudó en recopilar los datos estatales de las licencias de conducir, datos escolares, etc. hasta elaborar un listado de 16.000 personas. Quizás usted piense que esto es una violación de la intimidad, pero lo cierto es que la ley de Texas, lo mismo que las de Florida, Oklahoma y otros estados son leyes criminales, porque en ellas se ordena que los padres que reconocen la identidad de género de sus hijos sean reportados a los servicios sociales para que se les abra un expediente por posible abuso familiar, que implicaría la privación de la patria potestad y el procesamiento de los médicos y asistentes. Ya se han formulado denuncias tras examinar archivos de Instagram y datos estatales, se han fijado recompensas para los denunciantes anónimos y la elaboración de los registros avanza lenta pero imparable. En definitiva, si usted es trans en estos estados no piense en alegar discriminación, porque las leyes expresamente indican que la condición transgénero no recibe amparo de la normativa antidiscriminación. Y no vean esto como algo tan lejano: en Gran Bretaña el Gobierno de Rishi Sunak está valorando una reforma de la Equality Act que eliminaría la transexualidad de las causas registradas de discriminación. Algunas familias directamente han huido de estos estados a los “estados refugio” para salvar su unidad familiar y amparar a sus hijos de una detransición forzosa y de posibles tratamientos de “reversión de la transexualidad” que podrían resultarles fatales. Otras, que no pueden huir, se sumergen en una suerte de extraña clandestinidad.

Algunas familias directamente han huido de estos estados a los “estados refugio”

La vuelta al armario es otro de los logros de estas leyes. Un total de 44 normas aprobadas impiden a las personas LGBTI afirmar su orientación sexual o identidad de género en público, o en especial en el ámbito educativo. Tras la ley “Don't say gay”, aprobada en la Florida de Ron DeSantis, diversos estados penalizan la manifestación de diversidad sexual en el entorno público o frente a menores de equis años. Esto se traduce en que una persona transexual pueda ser rechazada como docente o que un docente gay o lesbiana no puedan comentar su situación personal, su matrimonio o ninguna opinión so pena de ser expulsados de la carrera. A los docentes, por cierto, la mayoría de estas normas les advierten expresamente de la prohibición de utilizar el nombre social de los alumnos transgénero en lugar del legal.

Ya en un plano más farandulero, 27 estados (Arizona, Idaho, Tennessee…) tramitan la prohibición de los espectáculos de drag queens o cualquier tipo de exhibición pública asimilable en el espacio público, calificándola de indecencia. En la práctica, algunas normas como la de Arizona o Idaho permiten detener a cualquier persona no vestida de forma acorde a su sexo biológico de nacimiento, que exagere su género, realice danzas o gestos provocativos mientras usan “accesorios que exageren sus características masculinas o femeninas “ por ser “contenido para adultos”. Las llamadas leyes anti-drag queens esconden normas de “decencia” en la vestimenta de alcance general. Implican que, al parecer, hay una forma correcta de vestir conforme a nuestro sexo y que es indecente apartarse de ese modelo o “exagerar” nuestra sexualidad. Me temo que la mayor parte de las actrices y artistas norteamericanas y la práctica totalidad de los cantantes pop  corren un severo riesgo de conocer las cárceles de Arizona.

Las normas antidrag, nuevamente, han sido aprobadas mientras grupos de ultraderecha se concentraban ante cualquier espectáculo drag o cualquier reunión LGBTI, enmascarados y fuertemente armados, como protesta “antipederasta”. Quizás quienes han llegado más lejos en esta carrera, por el momento, sean los miembros del comité judicial del Senado de Arkansas, que recientemente han propuesto considerar criminalmente punible que una persona trans entre en un baño si hay un menor presente; el concepto es el de “indecencia sexual con un menor”. Ojo, tan sólo estar presente, no requiere que en efecto el adulto realice ninguna conducta indecente.

Lo del cambio de nombre y sexo, por supuesto es otro capítulo. Doce estados han decidido dejarse de tonterías y prohibir directamente el cambio de nombre y sexo por razón de identidad de género a todos los efectos. Una norma curiosa dado que en esos mismos estados el cambio y la elección de nombre suele ser libre. En el fondo, nada nuevo, lo mismo que ha hecho Hungría en 2020 o Bulgaria en 2023 sin ir muy lejos. La solución final por la que clamaba Michael Knowles  en la Convención Nacional Republicana hace una semana: “La total erradicación del transgenerismo de la vida social”. Declaración que algún senador republicano matizó días después afirmando que no se tenía nada en contra de las personas transexuales. Un ejercicio de dislocación interesante pues, al parecer, se pretende separar a las personas de su identidad como si fuera posible escindirla sin afectarla en su vida, en su integridad y en sus derechos.

Pero intentemos calmarnos. No todo va a ser negativo. Buena parte de las disposiciones que he mencionado no han conseguido entrar en vigor en todos los estados porque se encuentran, todavía, sometidas al recurso ante el Tribunal Supremo correspondiente al estado. Demócratas y organizaciones de defensa de los derechos civiles han levantado un muro de contención mediante la presentación de recursos ante todas estas disposiciones discriminatorias. Algunos tribunales ya han declarado la inconstitucionalidad de estas medidas. Otras leyes, sin embargo, (Texas, Florida Tennessee, Oklahoma…), ya han superado este obstáculo como he indicado y son señal de que en Estados Unidos se ha implantado una visión de la igualdad que admite la segregación de las minorías o la posposición de los derechos y libertades civiles a la imposición de criterios morales de inspiración religiosa. El mayor problema es que, antes o después, alguna de estas leyes terminará en la Corte Suprema, donde ya en su día se admitió la “objeción de conciencia” por motivos religiosos en la prestación de servicios a personas LGBTI y en la reciente sentencia que anula el derecho al aborto. Algún juez, como Clarence Thomas, ya ha anunciado su disposición a anular otras disposiciones antidiscriminación, como el matrimonio igualitario o las que reconocen los derechos sexuales y reproductivos.

En Estados Unidos se ha implantado una visión de la igualdad que admite la segregación de las minorías

Algunos estados (California, Oregón, Colorado, Illinois, New York, New Mexico, o ciudades como Mineapolis), ante esta oleada dudosamente compatible con los derechos humanos, se han declarado “estados refugio” para quienes huyan de las restricciones y persecuciones por las recientes leyes antiaborto y de prohibición de asistencia a la identidad de género, y ofrecen asilo a las familias y personas trans que desean vivir en un estado sin segregación. Esto implica que no cumplirán las demandas de extradición ni las ordenes ejecutivas derivadas de la normativa antitrans o antiaborto o de penalización de los médicos y facultativos a los que se les abra proceso. Al menos, mientras los republicanos no lleguen al poder, claro está…

A estas horas quizás usted se haya escandalizado, o incluso reído de “estos norteamericanos” al imaginar a los serios y bien trajeados senadores estatales discutiendo durante semanas si resulta prioritario prohibir a las drag queens (si lo desea, estas esperpénticas discusiones están a su disposición en la red). Suena muy lejano en un país que acaba de aprobar la “ley trans” que, por cierto, ha levantado mucho ruido y ya tiene la promesa de derogación del PP, tan pronto llegue al poder. Una ley que en palabras del señor Feijoo, “molesta a las gentes de bien”. Aquí también organizaciones como la “plataforma contra el borrado de la mujer” han propuesto normas de segregación como las que he relatado. Si usted lee aún la prensa escrita, verá que llevamos varios meses con titulares alarmantes, alegaciones de atribulados  médicos “expertos” que nunca han tratado a una persona trans (y que luego aparecen en actos de Vox), cifras de escándalo que ignoramos de dónde salen y no se corresponden con las oficiales.... Y usted podrá comprobar que estos artículos, y los que vendrán, centran sus esfuerzos en la segregación de las personas trans en el deporte, en cuestionar la asistencia médica a los menores (y no menores) trans o en ridiculizar y objetualizar a las personas trans con el trasfondo de negarles su existencia. Aquí también existe un lobby antitrans y oímos su voz magnificada en medios de comunicación todas las semanas.

Quisiera creer que con la aprobación de la ‘ley trans’ se ha cerrado en este país la polémica que pretende convertir las vidas trans en un campo de batalla político, pero viendo el uso que se ha dado a estas campañas en Estados Unidos, lo dudo. Lo dudo cuando veo que personas que nunca han ido a protestar ante un acto de la ultraderecha en el que se niega el feminismo o la violencia de género acuden airadas a sabotear actos feministas que no comparten su alarma ante las mujeres trans. Lo dudo cuando notorios líderes de la derecha española y europea banalizan y difunden bulos sobre las personas trans y sus necesidades. Personalmente sólo aspiro a que usted, lector, no caiga en esas banalizaciones ni sea víctima de la desinformación. A que ponga en el centro los derechos humanos y entienda que ni las 7.313 personas que hemos hecho el cambio de sexo registral desde 2017 a 2023 (0,017% de la población), ni las probables otras tantas que lo harán en los próximos meses al desaparecer las barreras previas, podemos representar el peligro que se les anuncia. Y que cuando se nos pone tan en el centro del debate, igual es el truco del prestidigitador, en el que, mientras tú te fijas en nosotras, te quita tus derechos civiles y se dispone a administrar tu vida para siempre.

Mientras tanto, un abrazo fraternal a las brujas trans de Salem, la historia os absolverá.