El mes más largo en la vida de Alberto Núñez Feijóo sigue avanzando en el calendario. De vez en cuando, esta cámara lenta que en directo nos lleva a la investidura fallida trae alguna novedad. La de esta semana es que el líder del PP ya no esconde que el encargo que recibió de Felipe VI no tenía nada que ver con formar un gobierno para España, sino con consolidar su cargo al frente del Partido Popular. En sus discursos de Navidad, el rey se muestra preocupado por el paro, así que el encargo es coherente.

En la Junta Directiva Nacional del PP, quien mostraba sonriente el pulgar en el balcón de Génova la noche del 23J ha anunciado cuál será su primera medida estrella como líder de la oposición: forzar votaciones en comunidades autónomas y ayuntamientos para que estas instituciones se pronuncien sobre la amnistía a los imputados por el procés. Es decir, hacer que concejales de Cuenca o Badajoz echen un par de mañanas hablando de Cataluña en los plenos de sus consistorios. A juzgar por el entusiasmo con el que la propuesta ha sido recibida por los suyos, no hay que descartar que la segunda medida estrella de Feijóo sea que se presente a la investidura Ramón Tamames. Tiempo hay para negociarlo.

Tildar a la derecha española de involucionista no es insulto, sino definición. Feijóo y su propuesta de presentar mociones sobre Cataluña en lugares desde los que no se decide sobre Cataluña nos devuelve a 2005. En aquel año, Rajoy, como Feijóo ahora, estaba descolocado tras el resultado de unas elecciones celebradas el año anterior en las que las encuestas le regalaban La Moncloa. El líder gallego de entonces optó por alimentar el conflicto catalán en cada rincón del país con idéntica estrategia a la que anuncia el líder gallego actual. Es decir, que los concejales más veteranos de Cuenca y Badajoz están a punto de sufrir un déjà vu 18 años más tarde. Que Feijóo haya decidido recorrer hacia atrás dos décadas para hacer oposición en la España de hoy no es la estrategia que seguramente un analista político que le quisiera bien le recomendaría, pero sí la que puede permitir que la ciudadanía recuerde de dónde venimos. Gracias a la derecha política, mediática y judicial, Cataluña no tuvo en 2006 el Estatut que su parlamento decidió, sino una versión amputada judicialmente que dio arranque al inicio del procés. Años más tarde, con Rajoy ya en La Moncloa gracias a la crisis económica que hundió a Zapatero, llegó el referéndum catalán de 2014 como protesta por el recorte del Estatut. Quizá algunos no lo recuerden porque, a pesar de que consistió en sacar urnas a la calle y preguntar por la independencia de Cataluña, Madrid tomó la decisión política de llamar a aquello consulta sin validez. Si, como pasó tres años más tarde, Madrid hubiera encarcelado a sus promotores por haber organizado un referéndum ilegal, lo recordarían mejor. Las diferentes reacciones entre lo ocurrido en 2014 y en 2017 demuestran que lo que desde el PP llaman actuación de la justicia no es más que una decisión política. Y las decisiones políticas son susceptibles de cambiar de dirección.

Por si aún queda alguien que observe la independencia judicial como una película de Disney y no como un ente que camina de la mano de los poderes económicos y políticos, hablemos de amnistías. Ya que Feijóo nos propone este viaje al pasado, aprovechemos para revisitar la amnistía fiscal promovida por el PP en 2012, mediante la cual quienes habían vulnerado la ley mediante fraude fiscal quedaban perdonados. Es divertido escuchar al Felipe González que entonces guardó silencio explicar hoy que si los delitos se perdonan el sistema democrático se resquebraja. Los 5.944 indultados durante sus gobiernos no opinarán lo mismo. Fue en el mismo año 2012 cuando el juez Baltasar Garzón se sentó en el banquillo de los acusados tras haber decidido investigar los crímenes cometidos por el franquismo. Fue entonces cuando la derecha se echó una mano a la cabeza y otra a la navaja para dejar claro que aquello no podía ser investigado después de que, gracias a dios, la amnistía de 1977 hiciese borrón y cuenta nueva con los pecadillos que habían llevado a cientos de miles de españoles a una cuneta o un pelotón de fusilamiento. Nadie le ha dado más uso ni se ha beneficiado tanto de las amnistías como la derecha española que hoy se prepara para recoger firmas en las calles contra la amnistía que podría cerrar el capítulo judicial del procés.

Más allá de la moral a la carta del PP, la amnistía es necesaria para devolver al Congreso lo que nunca debió ser enviado a los altos tribunales, esa rama Disney de la política. La amnistía, además de necesaria, es asumible. Si España llamó “transición ejemplar” a perdonar a genocidas y a quienes cometieron delitos de sangre, podemos permitirnos dejar de encarcelar a quienes pusieron urnas en la calle sin validez legal. El mayor problema de esta amnistía necesaria y asumible es su tufo oportunista. Un tufo que no tiene nada que ver con un PP que siempre se ha mantenido firme en la posición de que las únicas amnistías válidas son las que a ellos les benefician. Tampoco por la izquierda o el independentismo catalán, que siempre defendieron que la represión judicial no solucionaba nada. El tufo oportunista corre a cuenta de un PSOE que, en boca del propio Pedro Sánchez, repetía hasta hace un cuarto de hora que la amnistía ni era solución a nada ni estaba sobre la mesa. Es oportunista porque la respuesta de Sánchez a la sentencia del procés fue clara: pedir el cumplimiento íntegro de las penas. Es por esto que la amnistía necesaria y asumible es material inflamable. Es por esto el descrédito de la política y el crecimiento de la ultraderecha. Que el Feijóo que se dirige a la investidura fallida es involucionista ya lo sabemos. La duda ahora es si el Pedro Sánchez que recogerá el guante de una investidura fallida más tarde se decidirá a ser progresista ante los nuevos retos o si, como en el pasado, seguirá sin entender que evolucionar no es adaptarte oportunistamente a lo que viene, sino señalar los problemas cuando hacerlo es impopular.