El jueves 26 de abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco acusados por el caso de La Manada a nueve años de cárcel por ABUSO SEXUAL continuado. El tribunal, formado por dos magistrados hombres y una mujer, consideró probado que las relaciones sexuales se realizaron sin el consentimiento de la joven de 18 años, pero entendieron que la violación se perpetró sin emplear violencia ni intimidación, como si eso fuese posible. Uno de los tres jueces, Ricardo González, emitió un voto particular infame, en el que hablaba de “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo” y destacaba que no percibía “ni en la expresión ni en sus movimientos [los de la víctima], atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia (...) o cualquier otro sentimiento similar”.  

En diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Navarra confirmó la condena de La Manada por abuso sexual aunque sin unanimidad. De los cinco magistrados que componían la Sala, dos emitieron un voto particular en el que pedían una condena por agresión sexual y penas en consecuencia: 14 años de prisión. 

El 21 de junio de 2019, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo determinó finalmente que La Manada había perpetrado una violación en grupo y no un abuso sexual. Los cinco magistrados de la Sala, tres hombres y dos mujeres, revocaron las sentencias anteriores y calificaron los hechos como un delito continuado de violación. Además, aplicaron dos agravantes: trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. La condena final impuesta a José Angel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero fue de 15 años.

En las tres sentencias anteriores participaron 13 magistrados. Uno de ellos emitió un voto particular que exculpaba a los acusados –Ricardo González fue sancionado dos años después por el Consejo General de Poder Judicial por bajo rendimiento–; cinco entendieron que la violación a la joven en Pamplona fue un abuso sexual y siete asumieron los hechos como una violación grupal y, por tanto, como un delito de agresión sexual. 

La resolución, tomada por tres magistrados, cuenta con el voto particular de la única mujer, que aboga por desestimar la revisión de condena

Los que de pronto empezaron a preocuparse por las penas a los violadores, los que enarbolan el contador de violadores excarcelados o supuestamente excarcelados, no pueden culpar a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, de la disparidad de criterios de una serie de magistrados que hicieron oscilar las condenas entre los 9 y los 15 años finales en el caso de La Manada. La ley nació dos años después del fallo definitivo del Supremo. Cuando se dictó la primera sentencia contra los violadores de Pamplona, ni la derecha ni la ultraderecha salieron a la calle. Lo hicieron miles de mujeres feministas, durante varios meses, y no para reclamar que se incrementaran las penas. El marco punitivista estaba fuera de cualquier demanda. Bajo el grito “No es abuso, es violación”, se pedía algo sencillo: que las mujeres no tuviesen que probar la violencia o la intimidación cuando te agreden sexualmente. 

Hoy, el caso de La Manada vuelve a los titulares de los medios –“La ley del ‘sí es sí’ acaba por beneficiar a la misma ‘Manada’ a la que quiso combatir” (ABC), “El Tribunal Superior de Navarra rebaja un año la condena a uno de los integrantes de La Manada en aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’” (El País)– y al discurso de Alberto Núñez Feijóo y gran parte de la cúpula del Partido Popular. El TSJN, el mismo que confirmó la condena de 9 años de prisión a los miembros de La Manada por abuso sexual, ha rebajado en un año la pena a uno de los encarcelados. La Sala entiende que la condena debe reducirse porque el Supremo señaló que imponía una condena de 15 años, “próxima” o “cercana” al mínimo legal, y la ley del ‘solo sí es sí’ rebaja ese mínimo. Sin embargo, la resolución, tomada por tres magistrados, cuenta con el voto particular de la única mujer, Esther Erice Martínez, que aboga por desestimar la revisión de condena. En la página web del Poder Judicial, que explica que según la magistrada “en ningún caso procede la solicitud efectuada por la parte recurrente”, puede leerse parte de la argumentación de Erice: “Según lo expuesto por el Tribunal Supremo, la pena imponible resultante de la operación de revisión no puede determinarse atendiendo a meros criterios de proporcionalidad aritmética. Tampoco puede ser valorada absolutamente en abstracto, sino en concreto, es decir, refiriéndose a la pena que resulta imponible en el caso enjuiciado, bajo un criterio de consideración de todos los elementos concurrentes y teniendo en cuenta el criterio individualizador fijado por el Tribunal sentenciador en la resolución judicial”.

El líder del PP, inmerso en la eterna previa de una investidura fallida, ha aprovechado su presencia en un plató de televisión para volver a cargar contra la ley del ‘solo sí es sí’: “Lamentablemente, estaba dentro de los previsible. Los jueces lo que tienen que hacer es aplicar las leyes, cuando las leyes están mal hechas, cuando se toman de forma frívola temas tan importantes como es una violación o un abuso (sic) sexual… No ha habido un gobierno que se tome más a broma los abusos sexuales y las violaciones como el actual”. Feijóo, socio de un partido negacionista de la violencia machista, afirma que los jueces tienen que aplicar las leyes y que estas deben estar bien hechas. Y me gustaría preguntarle, ¿cree que los magistrados que condenaron a La Manada por abuso sexual a nueve años de cárcel aplicaron bien las leyes? ¿Cree que el voto particular de la magistrada Erice contra la revisión de la condena está errado?

Hace dos semanas largas vivimos otra ofensiva popular contra la ley del ‘solo sí es sí’ a raíz de un titular del Diario de Sevilla: “Un beneficiado por la ley del ‘solo sí es sí’ intenta violar a una mujer en Dos Hermanas”. En la propia información se explicaba que el agresor había restado dos meses a su pena gracias a ley y que el intento de violación se había producido cuatro meses después de salir de prisión. Pero a Feijóo la realidad no podía estropearle un tuit: “Que la reincidencia en una agresión sexual la protagonice una persona que ha recibido beneficios jurídicos por una ley como la del ‘solo sí es sí’ merece explicaciones y asunción de responsabilidades en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez”. Seguramente, el líder del PP no leyó el texto íntegro de aquella información y pasó por alto un hecho fundamental: “Fue detenido en dos ocasiones en 2015 por este tipo de delitos, si bien la primera vez fue puesto en libertad porque no había consumado las agresiones sexuales a dos mujeres”. Otra pregunta para Feijoó, ¿en 2015, la ley estaba mal hecha e impedía encarcelar a este agresor que no había conseguido consumar la violación? 

La intención de la ley del ‘solo sí es sí’ nunca fue aumentar las penas por delitos sexuales, que ya tenía uno de los códigos penales más duros

La intención de la ley del ‘solo sí es sí’ no fue nunca aumentar las penas por delitos sexuales en España, que ya tenía uno de los códigos penales más duros en este terreno. Además, todos los estudios demuestran que el ensañamiento con los criminales no implica mayor protección a las víctimas. Pero el Gobierno o, mejor dicho, la parte socialista del Gobierno, igual de responsable de la ley del ‘solo sí es sí’ que su socio gubernamental, se asustó y compró el marco punitivista que imponían las derechas más reaccionarias. Y la ley del ‘solo sí es sí’ se convirtió en el arma arrojadiza más potente del final de la legislatura y de este periodo, Puigdemont mediante, de formación del nuevo gobierno. 

Para terminar, les animo a imaginar que volvemos al 25 de agosto y que nos encontramos de nuevo ante la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. En el atril está Luis Rubiales, y reproduce el discurso que ya pronunció entonces. Pero los asistentes no son hombres y algunas pocas mujeres del mundo del fútbol. No. La sala está repleta de magistrados y magistradas a los que se les ha pedido que asistan y valoren la defensa del presidente. ¿Cuántos creen que se hubieran levantado a aplaudir? ¿A cuántos creen que aquel “más que un beso fue un pico”, “el deseo que podría tener en ese beso fue el mismo que podría haber tenido con mi hija” o “fue un beso mutuo, espontáneo y consentido” les habría convencido? ¿Para cuántos el caso Rubiales no era ni es para tanto?

Quedan muchas ventanas por abrir. El #Seacabó tiene que ser el principio. 

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