Ya lo sabemos, las extremas derechas son hoy en día la mayor amenaza para los sistemas democráticos. Cada vez más partidos ultraderechistas llegan al poder en diferentes países e intentan transformarlos en “democracias iliberales” o, para ser más claros, en “autocracias electorales”. Es decir: en países donde el Estado de derecho, la separación de poderes, el pluralismo informativo y los derechos de las minorías brillan por su ausencia. Hace ahora un año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución definiendo justamente la Hungría de Viktor Orbán como una “autocracia electoral”. Un poco más al norte tenemos otro país que sigue el camino magiar, Polonia. Las elecciones legislativas que se celebran en Varsovia el próximo 15 de octubre serán cruciales.

Si Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), el partido liderado por Jarosław Kaczyński, vuelve a ganar las terceras elecciones consecutivas, perderemos la esperanza de que Polonia no termine convertida en la segunda autocracia electoral en el corazón de la Unión Europea. Ya ha apuntado maneras, pero si el PiS sigue en el gobierno no habrá marcha atrás. No olvidemos que la separación de poderes es un espejismo después del regreso de la ultraderecha al gobierno del país en 2015.

La separación de poderes es un espejismo después del regreso de la ultraderecha al gobierno en 2015

Tras la depuración de los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sustituidos por hombres fieles al PiS, la magistratura ya no es independiente. Cuando en 2021 se creó una cámara disciplinar para eliminar a los pocos jueces que aún no se doblegaban al Ejecutivo, el Tribunal de Justicia de la UE intervino pidiendo su supresión e imponiendo una sanción de un millón de euros por día a Varsovia. Finalmente, el Gobierno de Mateusz Morawiecki la sustituyó con otro organismo, una Cámara de Responsabilidad Profesional, que sin embargo ostenta la misma función represiva.

Asimismo, el pluralismo informativo es notablemente limitado y los recortes de derechos son una realidad. En 2021 se aprobó una ley que en la práctica prohíbe el aborto, poniendo en riesgo la vida de las mujeres: más de una decena fueron dejadas morir por los médicos que, temerosos de acabar en la cárcel, no quisieron interrumpir el embarazo, aunque esto significaba literalmente condenar a muerte a las madres. Por otra parte, la persecución de las activistas feministas o LGTBIQ es un hecho evidente hasta el punto de permitir e impulsar que centenares de ayuntamientos se declarasen zonas libres de homosexuales.

Un peligro real para el proyecto europeo

A las consecuencias que esto tendría para el estado de salud general de los sistemas democráticos en el mundo y, obviamente, para la población polaca, que es quien sufrirá las consecuencias directas de la ultraderechización, se debe sumar también otra cuestión. Polonia es el quinto país de la UE por población (38,2 millones de habitantes) y por número de diputados elegidos en la Eurocámara (52 representantes). Su peso importa. Siendo cínicos, podríamos decir que la UE puede sobrevivir tal y como la conocemos –es decir, como un proyecto democrático, aunque con muchas deficiencias– con un cáncer del tamaño de Hungría (que tiene menos de diez millones de habitantes), pero difícilmente podrá hacerlo si la metástasis llega a Polonia.

Asimismo, el país báltico es la sexta economía de la Unión y un beneficiario neto de los fondos comunitarios. Entre 2015 y 2019 ha recibido 49.500 millones de euros, lo que significa el 5% de su PIB anual. En el presupuesto plurianual 2021-2027 se le han asignado 76.500 millones de euros, a los cuales deberían sumarse los 35.400 millones de euros del Next Generation EU. De momento, estos fondos están bloqueados porque Varsovia no respeta el Estado de derecho (en septiembre de 2018 se activó el largo y complejo procedimiento del artículo 7), pero, ¿hasta cuándo? Tampoco se debe perder de vista que dentro de poco Polonia se convertirá, con gran probabilidad, en el ejército más potente de los 27. El gasto en defensa, que ronda ya el 3% del PIB, subirá al 4% el año que viene; los efectivos pasarán de 110.000 a 300.000 hombres y la modernización de su estructura –con compras, dicho sea de paso, a empresas estadounidenses y surcoreanas– es un hecho tangible.

Dentro de poco Polonia se convertirá muy probablemente en el ejército más potente de los 27

En resumidas cuentas, es un error pensar que lo que pasa en Varsovia, más allá de una mala noticia, es algo lejano y carente de influencia sobre nosotros. Polonia tiene un peso importante en los equilibrios y las dinámicas europeas, aún más si cabe tras la invasión rusa de Ucrania. Varsovia es, en palabras de Lucio Caracciolo, director de la revista italiana de geopolítica Limes, la “sufragánea estadounidense en el alineamiento antirruso” con un marcado carácter antialemán, antieuropeo y anti “vieja OTAN”. Las elecciones polacas del próximo 15 de octubre nos deben importar, nos jugamos mucho ese domingo.

¿Hay partido?

En 2019, el PiS consiguió la mayoría absoluta de escaños en la Cámara baja con el 43,6% de los votos: ahora se mueve en una horquilla entre el 36% y el 38%. La intención de voto para el principal partido opositor, la centroderechista Coalición Cívica (KO), liderada por el antiguo premier polaco (2007-2014) y expresidente del Consejo Europeo (2014-2019) Donald Tusk, es del 30%. El resto se lo reparten tres coaliciones o alianzas electorales, todas con una intención de voto del 8-10%: la Izquierda, la centroderechista Tercera Vía y la ultraderechista Confederación Libertad e Independencia. La manifestación organizada por la oposición el pasado 1 de octubre, bajo el lema “Un millón de corazones”, ha congregado en Varsovia a varios centenares de millares de personas. Parecería, pues, que hay partido.

Ahora bien, el año pasado en Hungría la situación era similar, en cierto sentido. En las elecciones de abril de 2022, la Fidesz de Orbán se enfrentaba a una coalición electoral formada por todos los partidos de la oposición, desde la izquierda a los ultranacionalistas de Jobbik. Los sondeos permitían albergar esperanzas y, además, la misma estrategia había permitido a la oposición conquistar los ayuntamientos de Budapest y de la mayoría de las grandes y medianas ciudades del país en las elecciones de 2019. Sin embargo, al final el autócrata magiar arrasó al superar el 50% de los votos, revalidando por cuarta vez consecutiva la mayoría absoluta en el Parlamento húngaro, convertido ya en una cáscara vacía.

Además de la reforma de la ley electoral pocos meses antes de las elecciones, con el objetivo –conseguido– de penalizar la oposición, en el caso húngaro pesó notablemente la total ausencia de un mínimo pluralismo informativo. En Polonia, la situación no es mucho mejor: la televisión pública, vista sobre todo en el interior del país, más rural, es un boletín propagandístico del gobierno, mientras los medios privados, si bien siguen existiendo, están cada vez más controlados por empresas vinculadas al PiS, empezando por la prensa regional. Recientemente tuvo que intervenir Washington para que Varsovia no obligase al grupo estadounidense Discovery a vender su participación en el canal de televisión TVN, crítico con el Ejecutivo, tras la aprobación de una controvertida ley de medios en 2021 que en teoría debía evitar una posible apropiación de los medios de comunicación por parte de empresas o gobiernos hostiles.

Esperanzas, las justas

Añádase también que, copiando una vez más a Orbán, el PiS no ha perdido ni un minuto en demonizar a sus adversarios, in primis Tusk, tachado en los medios públicos de “siervo de Berlín” y de Bruselas, además de enemigo de la Iglesia católica que, como se sabe, es un bastión ultraconservador en Polonia. En primavera se llegó a aprobar una ley que instituye un Comité Estatal para el examen de la influencia rusa en la seguridad interna de Polonia entre 2007 y 2022. Detrás de este nombre tan altisonante, el objetivo del Gobierno es el de poder investigar a Tusk para mostrar a los polacos que, supuestamente, el ex primer ministro era un amigo de Rusia y, por consiguiente, un traidor de la patria. La caza de brujas ha sido tan evidente que la ley, conocida coloquialmente como ley Tusk, ha llevado a la UE a abrir un expediente a Polonia.

En segundo lugar, el Ejecutivo ha decidido convocar, junto a las elecciones, un referéndum, dos de cuyas preguntas versan sobre el tema de la inmigración. La propaganda progubernamental es tan evidente que sonroja. No solo por la formulación de las preguntas –“¿Apoya la aceptación de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Medio y África, según el mecanismo de reubicación forzosa impuesto por la burocracia europea?”–, que hablan de algo inexistente, ya que Bruselas no ha impuesto nunca este mecanismo; sino también por el envío a todos los ciudadanos polacos por parte de una empresa vinculada al Gobierno de un folleto en el que se invita a votar en el referéndum. Debajo de una fotografía a toda página con un barco de migrantes subsaharianos en el Mediterráneo, el titular es de este tenor: “Es ya una invasión. ¡Están navegando hacia aquí!”.

La oposición se encuentra bastante desunida: la única posibilidad que tiene es un exploit de Coalición Cívica, miembro, no se olvide, del Partido Popular Europeo, y un resultado aceptable de la Izquierda y Tercera Vía para sumar una mayoría parlamentaria. Sin embargo, de Confederación Libertad e Independencia, Tusk no puede esperar nada: esta coalición, formada por un conjunto de formaciones ultranacionalistas, libertarias, conspiracionistas e incluso monárquicas, se sitúa todavía más a la derecha del PiS. De hecho, podría ser la gran sorpresa del voto del 15 de octubre, convirtiéndose en un socio necesario para que los de Kaczyński logren mantenerse en el poder. Un escenario potencialmente peor que el actual.

Los problemas de Ley y Justicia

El crecimiento en intención de voto de Konfederacja explica también algunas de las decisiones tomadas por el Ejecutivo en estas últimas semanas. La confederación, liderada por el joven ultra Stawomir Mentzen, el político polaco con más seguidores en TikTok, no solo defiende una reducción de los impuestos a partir de posiciones paleolibertarias que recuerdan a las del argentino Javier Milei, sino que, además de estar radicalmente en contra del aborto y los homosexuales, es también eurofóbica –pide explícitamente la salida de Polonia de la UE–, antivacunas, antisemita y xenófoba. A diferencia del PiS, por ejemplo, Konfederacja está en contra de seguir enviando ayuda militar y económica a Ucrania y se opone también a mantener el millón y medio de refugiados ucranianos que se han instalado desde hace un año y medio en territorio polaco.

El crecimiento en intención de voto de Konfederacja explica también algunas de las decisiones tomadas por el Ejecutivo

Para que tengamos una idea, el fundador de la confederación en 2018 fue el octogenario Janusz Korwin-Mikke, que en su etapa como eurodiputado fue amonestado y suspendido por el Europarlamento en diferentes ocasiones debido a sus frecuentes declaraciones racistas, antisemitas, negacionistas del Holocausto o machistas, hasta el punto de cuestionar el sufragio universal femenino y justificar la diferencia salarial entre hombres y mujeres. También, Korwin-Mikke ha sido un adalid de las posiciones más filorrusas entre el tradicionalmente rusófobo nacionalismo polaco, al defender la anexión de Crimea por parte de Putin y criticar las sanciones a Moscú.

Todo esto nos explica no solo la convocatoria del referéndum antes citado o el esperado veto polaco (y húngaro) al de por sí ya ultraconservador y éticamente vergonzoso acuerdo europeo sobre las migraciones, sino también las crecientes tensiones entre Varsovia y Kiev. Por un lado, Morawiecki y el presidente de la República, Andrzej Duda, hasta ahora baluartes del envío de armas a Ucrania, en muchos casos hasta el punto de poner en un aprieto a Washington, dejaron caer como si nada que Polonia quizás debería dejar de suministrar ayuda militar al país vecino. Por otro, Varsovia se ha plantado en la cuestión de la importación de cereales ucranianos, tras las protestas de los productores polacos. No olvidemos que el mundo rural es el principal caladero de voto del PiS.

Si esto no bastase, al gobierno de Morawiecki le ha crecido otro enano con el escándalo de los visados –se habla de alrededor de 250.000– concedidos por embajadas y consulados polacos en medio mundo para que migrantes africanos y asiáticos entrasen legalmente en la UE a través de Polonia. El asunto se encuentra bajo investigación, también en los niveles comunitarios, y es gasolina para los ultras de Konfederacja. ¿Le bastará al PiS que la televisión pública no hable de ello? Veremos.

El domingo tendremos una respuesta. Si Tusk gana la batalla de Varsovia, tampoco lo tendrá fácil: mantener una mayoría en el Parlamento es difícil y revertir, siempre que pueda, las medidas aprobadas por los de Kaczyński será muy complicado, con una magistratura controlada por hombres del PiS y un sistema mediático en contra. Además, no se olvide que la victoria por goleada de los ultraderechistas en 2015 fue consecuencia también de las políticas neoliberalistas aprobadas por Tusk en sus siete años en el Ejecutivo. ¿Qué políticas aprobará ahora?

Ahora bien, si el PiS se mantiene en el Gobierno –en solitario o con los radicales de Mentzen–, podemos definitivamente dar por muerta la democracia en Polonia. Y el proyecto de integración europeo, con todas sus incógnitas, se vería fuertemente debilitado de cara al futuro. ¿Qué hacer entonces? Tocará pensarlo seriamente, porque nos jugamos mucho. Y ya vamos muy tarde. Quizás demasiado.