Era un secreto a voces. Era un escándalo en diferido. Sólo a la intercesión divina se podía atribuir que en los más destacados baluartes del catolicismo como Francia o Irlanda salieran a la luz escándalos de pederastia y abusos a menores, en cuantías dramáticas, mientras en la muy católica España no había sino un grupo simbólico de víctimas. ¿Milagro? No. Una gigantesca labor de obstrucción, ocultación y connivencia criminal de quienes tenían que disciplinar a los sacerdotes en el seno de la iglesia, y también de quienes tenían que disciplinar a la iglesia, como a cualquier otra institución, desde el poder civil. 

Unos 440.000 ciudadanos han sufrido abusos sexuales desde 1945 en centros dependientes de la iglesia católica

Primero los informes periodísticos de El País; luego los casos aflorados en la fiscalía, y finalmente el trabajo de la comisión de la Defensoría del Pueblo han acabado con el olor a agua bendita y han sacado a la luz la sucia realidad. El 27 de octubre, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dio en el Congreso una cifra estimativa extraída de una encuesta a 8.000 personas, según la cual unos 440.000 ciudadanos han sufrido abusos sexuales desde 1945 en centros educativos y otras instituciones dependientes de la iglesia católica antes de cumplir dieciocho años. La mitad de las agresiones fueron obra de sacerdotes y religiosos, la otra mitad de laicos. Son unas cifras brutales, mayores que ninguna registrada hasta ahora en ningún país, que resumen décadas de ocultación e impunidad sistemática, y un volumen de delitos de una escala industrial. 

Quienes han regido la iglesia española durante décadas eran conocedores del problema, de su magnitud, y de marcar la línea de respuesta ante las víctimas: omertá, negación, encubrimiento y, en los casos más sangrantes, traslado de los culpables a otras diócesis o distritos. Siempre sin denunciar a los agresores a la justicia civil. La jerarquía católica ha protagonizado la mayor operación de encubrimiento criminal jamás conocida en este país. 

Es esa misma Iglesia la que se ha escudado en un régimen especial, el Concordato de 1979, para negar el acceso a sus archivos, escudar a sus miembros bajo su régimen disciplinario y levantar un muro de defensa frente a las víctimas a las que juraban proteger. Durante décadas, la iglesia ha aprovechado la infiltración en las estructuras del estado de turbias organizaciones, más dedicadas al negocio y a la explotación de sus subordinadas que al rezo, como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, y ha utilizado ese poder para acallar a quienes osaran discutir su reaccionario discurso y para tratar de frenar las políticas progresistas movilizando a sus fieles desde los púlpitos, las plazas y los medios que controlan. 

Es esta iglesia la que tiene bajo su control la mayoría del sistema de enseñanza privado y concertado donde se han cometido los abusos

Pero si la justicia puede que llegue tarde o que no llegue, nunca es tarde para la reparación. Y aquí sorprenden mucho las conclusiones de la Comisión Gabilondo, pues, tras solicitar que se establezca algún mecanismo administrativo de reconocimiento para las víctimas, pide un sistema… ¡público! de compensación a los agredidos. Se entiende que Gabilondo considere al Estado cómplice de los daños cometidos dada su manifiesta incompetencia a la hora de perseguir penalmente a los culpables y de exigir que lo hiciera la iglesia católica. Pero claro, hablamos de la misma iglesia que ha mantenido hasta ahora su estatus de confesión privilegiada gracias a la muy competente diplomacia vaticana, a su infiltración en los partidos políticos y los medios, y al bloqueo del reconocimiento de otras confesiones o del simple laicismo, impidiendo durante años que se aprobara una ley de libertad religiosa. 

Hablamos de la misma iglesia católica a la que el Estado español le recauda sus fondos en el IRPF, y concede la exención fiscal a sus inmuebles y a buena parte de sus actividades económicas. La iglesia que no declara las recaudaciones por donativos y servicios, pero cobra por el uso de la mayor parte de cementerios –porque al igual que con buena parte de nuestros terrenos comunales, los ha inmatriculado como propiedad privada gracias al gobierno Aznar, sin necesidad de demostración del uso y dominio ni del origen de los fondos–. Es esta iglesia que comulga y factura la que tiene bajo su control la mayoría del sistema de enseñanza privado y concertado donde se han cometido los abusos con la connivencia, apoyo y millonarias subvenciones de las administraciones públicas, la que disfruta de la canonjía de que le contratemos a los profesores que elige, y a la que pagamos con nuestros impuestos las indemnizaciones cuando los despide en el sistema público de enseñanza.

¿Puede esta institución, ahora que surge la verdad y que la justicia la señala, no ser responsable de la reparación a las víctimas? En Estados Unidos, con muchos menos casos, la iglesia católica rozó la quiebra por las indemnizaciones que tuvo que pagar. Se ha recuperado rápido por los donativos de sus fieles. Pero aquí, al parecer, una vez más, se pretende que sea el Estado quien pague sus desmanes y delitos.

Frente a esto, es necesario que se denuncie de una vez el Concordato con la Santa Sede y que se someta a la iglesia católica al mismo régimen fiscal y social que a las demás confesiones con una ley moderna y democrática. Que se abran los archivos eclesiásticos, se averigüe toda la verdad y se exija la colaboración de los más altos responsables de la infamia, bajo pena de denunciarlos de oficio como cómplices. Que se juzgue a los autores de los delitos, a los colaboradores necesarios y a los encubridores, como ha ocurrido en otras latitudes. Que se investigue a los colegios a fondo y si fuera menester, se les quite la licencia educativa. Que la iglesia repare a las víctimas y desde luego, que lo haga con sus propios recursos, que a la postre resulta que son los nuestros. Y sobre todo, que este informe no se quede una vez más en largas declaraciones y hechos cortos y que, por una vez al menos, esos señores vestidos de púrpura, disfrazados de sátrapas persas, no aleguen ninguna superioridad moral hasta que no asuman sus responsabilidades.