Sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos

Nelson Mandela

Con la certeza del trabajo bien hecho, los miembros del excelente equipo jurídico de la República de Sudáfrica encabezado por el ministro de Justicia, Ronald Lamola, fueron recibidos como auténticos héroes en el aeropuerto de Johannesburgo, el pasado 14 de enero, a su regreso de La Haya, tras presentar ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) una querella contra el Estado de Israel por la vulneración de la Convención para Prevención y Sanción del delito de Genocidio de Naciones Unidas del año 1948. 

No era para menos. El exhaustivo documento de acusación de 84 páginas fue el eje de la magnífica presentación de la acusación. Se desgranaron elementos inapelables sobre “el patrón de conducta genocida” los “asesinatos en masa”, “los desplazamientos forzosos” y “un lenguaje deshumanizador sistémico” del Gobierno de la potencia invasora que demuestran sus actos, y omisiones, dirigidos a provocar el genocidio del pueblo palestino. Los abogados fueron incisivos contra los criminales de guerra: presentaron en la sala de vistas una serie de videos, fotografías y declaraciones que comprueban por múltiples medios, no solo la masacre, sino también la retórica genocida instalada en el Gobierno de Netanyahu. Todo ello llevó al país demandante a exigir la toma de medidas cautelares urgentes para la suspensión de forma inmediata de la agresión militar en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria, ante el riesgo de perjuicio irreparable a la población de Gaza.  

En su alegato inicial, Vusimuzi Madonsela, el embajador de Sudáfrica en Países Bajos, dejó bien claro que el Estado de Israel perpetra desde 1948 actos ilegales contra los palestinos de manera continuada, por lo que la demanda sitúa los actos genocidas en el contexto de “los 75 años de apartheid de Israel, 56 de ocupación y el asedio de 16 años impuesto sobre la franja de Gaza”. Posteriormente, la abogada Adila Hassim afirmó que Israel ha trasgredido el artículo 2 de la Convención de 1948 con patrones sistemáticos de conducta de los que se puede inferir genocidio. El jurista de Johannesburgo Tembeka Ngcukaitobi trató específicamente de la intención genocida de Israel diciendo que los sudafricanos “no están solos al denunciar la retórica genocida de Israel en Gaza, ya que los 15 enviados especiales y 21 grupos de trabajo de Naciones Unidas confirman que en Gaza hay un genocidio en marcha”. Para los abogados de la acusación no hay duda de la intención de eliminar a los palestinos como parte de un grupo “nacional, racial y étnico”. La salvaje guerra de exterminio y desplazamiento, en contra principalmente de la infancia y de las mujeres, tiene el objetivo de comprometer la continuidad de la propia existencia del pueblo palestino. 

Por su parte, la fragilidad de la línea argumental de la defensa quedó de manifiesto, pese a los esfuerzos del abogado israelí Eylon Levy. Su alegato se centró en el derecho del Estado de Israel a acogerse al instituto jurídico de la autodefensa y en la hipócrita tesis de que el objetivo de las acciones armadas es destruir solamente a Hamás y sus infraestructuras militares minimizando los daños colaterales. Una tesis que cae por tierra con un simple análisis de la exigencia de la proporcionalidad, que es la base de la legítima defensa, la cual se ve negada por los hechos fácticos comprobados sobre el terreno: la destrucción total que el ejército invasor está llevando a cabo en Gaza. Los llamamientos constantes por parte de altas autoridades israelíes a la eliminación de los palestinos y su desplazamiento a otras tierras, o aquellos en que les consideran individuos infrahumanos, invalidan la línea de defensa del abogado israelí.

La denuncia se atiene a los indicios del daño irreparable causado por la agresión continuada, con el objetivo de que la Corte imponga las medidas con urgencia

Como el debate sobre el mérito de la causa es complejo, y se circunscribe a la resbaladiza materia jurídica del derecho penal internacional, la demanda de Sudáfrica, en esta primera etapa, hábilmente huye de la necesidad de la prueba definitiva de los hechos. Se atiene puramente a los indicios razonables del daño irreparable causado por la agresión continuada, con el objetivo de que la Corte imponga las medidas preventivas de manera urgente. Aunque el veredicto final, que aún tardará varios años, puede tener un resultado incierto debido entre otras cosas a la dificultad de enjuiciar un delito de contornos complicados como el de genocidio, el escrito patrocinado por Sudáfrica puede forzar a los 15 magistrados de la ONU a imponer las medidas cautelares de inmediato cumplimento solicitadas por el Estado demandante para garantizar la eficacia de una futura sentencia definitiva, conforme prevé el art. 74 del tribunal. Asimismo, los abogados demandantes han tenido la sagacidad de usar fuentes de las propias Naciones Unidas como material probatorio, para evitar que la defensa del Estado de Israel cuestione su autenticidad.

El equipo de Sudáfrica usó a su favor el precedente de la decisión en 2020 de la demanda de Gambia contra Myanmar por la persecución a la minoría musulmana de los Rohingya. Como Sudáfrica, Gambia no era la nación afectada por el genocidio, pero la CIJ había aceptado por primera vez que cualquier Estado firmante de la Convención pudiera presentar acusación contra otro Estado firmante, una vez que cualquiera de los firmantes de dicha Convención tiene el deber de prevenir el genocidio. La CIJ, además, impuso a Myanmar medidas preventivas, aunque el acusado adujera que estaba solamente ejerciendo su derecho de defensa, alegando que los Rohingya abrigaban terroristas. Una línea argumental parecida ha sido utilizada ahora también por el Estado de Israel con respecto a las víctimas de Gaza. 

Cada día que avanza la limpieza étnica, Occidente queda más aislado en la defensa de su socio en Oriente Medio

El 11 de enero se derrumbó el muro de miedo construido por la potencia sionista y sus sostenedores militares, financieros y mediáticos, en lo que ya es un hito en la defensa de la causa de los más débiles. La demanda ha sido auspiciada por una nación africana, del llamado Sur Global, que cuenta entre sus credenciales el haber ganado la batalla al colonialismo y a uno de los regímenes de excepción más abyectos del mundo. Han sido precisamente los sudafricanos quienes han tenido el valor de ponerse al frente de una de las grandes causas actuales del derecho humanitario, dando, de paso, algunas lecciones al “mundo libre” de cómo enfrentar la apisonadora militar que mantiene en vilo las conciencias de los pueblos del planeta. 

El historial del pueblo sudafricano, con sus 44 años de lucha contra el apartheid y en defensa de los derechos humanos, ha pesado sin duda en la decisión de Pretoria de presentar la difícil demanda ante la CIJ. Los sudafricanos consideran las políticas israelíes en Palestina similares a las sufridas por ellos. El obispo Desmond Tutu, tras visitar Palestina, escribió el artículo “Apartheid in the Holy Land” (The Guardian, 29 de abril de 2002), en el que diagnosticó que lo que pasaba en Palestina era similar a lo que ocurrió en Sudáfrica entre 1948 y 1992. 

Se diga lo que se diga, Sudáfrica reaccionó no sólo por sus intereses domésticos o de estratégica política internacional, sino además porque la barbarie en Gaza indigna a los hijos y nietos de los que lucharon en contra de la injusticia y la opresión. El salvaje castigo colectivo desencadenado por las Fuerzas Armadas de Israel, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre, que ha provocado la desaparición de decenas de miles de gazatíes y la destrucción de casas, hospitales, escuelas y hasta barrios enteros, como han certificado las Naciones Unidas, supera todos los límites de lo tolerable. 

Los 27 miembros de la UE han guardado un silencio vergonzoso, que se escuda en el falso derecho de Israel a la autodefensa

Pese a que el Gobierno israelí, y representantes de sus cómplices más beligerantes como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, hayan descalificado como “infundadas y contraproducentes” las afirmaciones de la querella, ésta no sólo ha prosperado, sino que hasta ahora ha cosechado el apoyo directo de más de 32 países, así como de la Organización de los Países Islámicos (OCI), que representa a 57 países y a centenares de ONGs y organismos internacionales. Cada día que avanza la limpieza étnica, Occidente queda más aislado en la defensa de su socio en Oriente Medio. Países como Namibia y Turquía ya arremeten abiertamente en contra de Alemania por su defensa irrestricta de las atrocidades del Estado de Israel. 

Lamentablemente, pese a las buenas palabras, España no se ha sumado a la causa, ni ha tomado medidas prácticas contundentes en contra de la matanza perpetrada por el gobierno de Tel Aviv, aunque son muchas las presiones ejercidas desde la sociedad civil para exigir el inmediato alto el fuego en la zona. Por su parte, los 27 miembros de la Unión Europea, salvo la viceprimera ministra belga, Petra de Sutter, que declaró en la red social X su intención de instar a su país afiliarse a la causa en la CIJ, han guardado un silencio vergonzoso, que se escuda en el falso derecho de Israel a la autodefensa.

En pocos días se sabrá la decisión de la CIJ sobre la acogida o no del pedido de medidas cautelares preventivas. Una decisión contraria al Estado de Israel seguramente no será cumplida por su Gobierno, instalado en la criminal decisión genocida. Aun así, la sola iniciativa de Sudáfrica ya constituye un portentoso mensaje simbólico. No sólo aísla aún más a Israel ante un mundo que contempla estupefacto las atrocidades que este lleva a cabo, sino que deja al desnudo la pretendida superioridad moral de Occidente, colaborador vil de la masacre de los civiles de Gaza.