Aviso a navegantes. Vamos a dejar un par de cosas claras de entrada, para que luego no digan que han leído esto engañados. 

Vaya por delante que me cuento entre quienes creen que la amnistía es buena, justa y necesaria. No debería tener más límite que el marcado por la legislación europea para evitar que pueda ser tumbada. Va a beneficiar a muchas personas que jamás debieron verse implicadas en una pesadilla legal provocada por la incompetencia de un gobierno que no sabía gestionar problemas políticos, sólo prohibirlos. Pero también va a beneficiar al tan mentado Estado de derecho español, sanando los abundantes daños causados por una ofensiva legal demasiadas veces en el límite entre la ley y el abuso del derecho. 

Vaya por delante que me sitúo entre quienes piensan que la Audiencia Nacional hace tiempo que debía haber sido disuelta. Su carácter de jurisdicción excepcional la hace difícilmente compatible con una justicia democrática. Si alguna vez hubo justificación para su existencia, por la implantación territorial de ETA o las redes del narcotráfico, hace tiempo que se terminó. Es una anomalía que debe desaparecer. 

Vaya por delante que me hallo entre quienes creen que, en España, la separación de poderes existe y funciona razonablemente. Sólo afronta una amenaza realmente preocupante: la confusión de poderes que reina en la cabeza y en los autos de unos cuantos jueces y tribunales. Con un gran poder ha de venir siempre una gran responsabilidad; ya lo decía el tío de Spiderman. Su ausencia es nuestro problema. Por aquí los jueces tienen un gran poder, pero pocas responsabilidades por su ejercicio; fruto del árbol envenenado de una concepción errónea de la autonomía judicial que confunde independencia con irresponsabilidad. 

Las opiniones de los jueces sobre la oportunidad de una ley o las motivaciones para su aprobación han de resultar tan indiferentes como las opiniones de un diputado sobre cualquier sentencia. Ni tienen ni pueden tener consecuencias jurídicas. A eso se le llama separación de poderes. Pero aquí es tendencia la confusión de poderes. Unos cuantos jueces y tribunales fuerzan y limitan derechos fundamentales sobre la única base de sus opiniones morales y políticas, convencidos de que su papel consiste en vigilar al legislador y sustituirlo por la vía de los autos y las sentencias cuando así lo estimen oportuno. El poder judicial no es el vigilante de los demás poderes o de la democracia. El poder judicial imparte justicia y aplica la ley. Bastante debería tener con vigilarse a sí mismo, si es que alguna vez se anima a hacerlo. 

El juez García Castellón no es la causa. Es otro síntoma. Como algunos otros, no instruye o dicta autos. Pone trampas para elefantes para que unos –Podemos entonces– y otros –el Gobierno y los independentistas ahora– vayan cayendo. En descargo de los entrampados hay que reconocer que resulta tarea casi imposible evitarlas. 

Era previsible cómo iba a acabar su instrucción contra Podemos y el caso Neurona. Pero el resultado buscado no pasaba únicamente por investigar un delito y procesar a los culpables. Eso habría sido un extra. De paso se deslegitimaba a los morados y se les abría en canal ante la opinión pública con el cuchillo de la sospecha. Misión cumplida. 

Ahora tampoco se trata únicamente de perseguir un delito y sentar en el banquillo a sus autores. Bien sabe cualquier estudiante de derecho que ni es ni hubo terrorismo durante los días del procés. Ningún tribunal en su sano juicio estirará así un delito tan grave hasta virarlo en un tipo indeterminado, aplicable a cualquiera que levante la voz en la calle. 

El verdadero invento consiste en deslegitimar la ley de amnistía y a quienes la voten. Convertir la tramitación de la ley en una carrera de autos locos, donde los ataques de prevención casuística de Junts, el marcaje de ERC y los complejos de culpa de los socialistas regalen episodios al relato elaborado por la derecha y la extrema derecha para convertirla en fruto corrupto del ansia de poder irrefrenable del sanchismo. 

Cuanto más intentan blindar la amnistía, más la exponen, más la debilitan y más caen en la trampa. Siempre se podrá inventar un resquicio legal pues no tiene coste. Es mejor dejarlo. Quien quiera boicotear una ley democrática y legítima que lo haga, por escrito y dejando su firma como prueba. El tiempo es un juez implacable.