En España los jueces no prevarican, sino que pueden cometer algunas inexactitudes. A pesar del enorme tufo de politización de la Justicia, de acusaciones sacadas de la chistera en momentos políticos clave o sobreseimientos imposibles que coinciden con que el acusado es afín políticamente, rara vez verá usted a un togado siendo suspendido por el CGPJ acusado de haber retorcido de forma consciente la ley que debe hacer cumplir. Y es que en España los jueces no prevarican, sino que pueden tener un mal día. O una mala década.

Quizá el juez que más inexactitudes haya acumulado en los últimos años sea el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La lista de despistes es tan larga que parece milagroso que aún no lo hayamos visto aparecer una mañana en pijama por la Audiencia Nacional. Es el despiste hecho juez. Pero no es un prevaricador.* Tampoco fue prevaricación, sino excesiva prudencia, aquella vez que se negó de forma sistemática a que fuese llamada a declarar María Dolores de Cospedal. A pesar de los audios que demostraban su relación con el corrupto Villarejo, al que se le había ordenado desde el PP la destrucción de pruebas que señalaban al partido, al juez no le parecieron motivo de sospecha suficiente. Todos tenemos nuestra interpretación. Un juez también. Y no por ello es un prevaricador. Del mismo modo, tampoco prevaricó García Castellón cuando, sin que nadie lo entendiese, decidió luchar contra los corruptos de una forma sorprendente y rebajó la fianza de Ignacio González para que pudiera salir de prisión. La carrera de García Castellón está repleta de decisiones personales e intransferibles, emanadas todas ellas desde una absoluta independencia de interpretación que todos deberíamos respetar.

La carrera de García Castellón está repleta de decisiones personales e intransferibles

Cuando, con unos cambios de ritmo que ya hubiera querido Cruyff sobre el césped, García Castellón pasó de la prudencia excesiva al arrojo absoluto y se dedicó a señalar a Podemos abriendo innumerables casos sin pruebas durante años, el juez tampoco prevaricó. Cuando esas acusaciones que el juez sostuvo en el tiempo fueron archivadas, con el daño ya hecho, supimos que de nuevo había cometido inexactitudes en sus instrucciones. La lista de inexactitudes cometidas por García Castellón sin mala intención –decir lo contrario sería cometer delito de injurias– es enorme. Y en esa lista los casos abordados con pasión desenfrenada y los abordados con excesiva prudencia se van alternando. El último, la investigación de la Operación Catalunya. En este caso el prudente juez ha tardado dos años en informar de que se niega a investigar las maniobras ilegales del Villarejo que fabricaba pruebas falsas contra rivales políticos por encargo del PP. Un despiste que ha provocado durante todo este tiempo la paralización de un caso que, para García Castellón, debe de ser un caso menor. ¿Qué es el uso de guerra sucia por parte de un Gobierno contra rivales políticos comparado con pedirle las facturas de los empastes a Juan Carlos Monedero? En Estados Unidos, a la Operación Catalunya o la Kitchen lo llaman Watergate; en el despacho de este juez, folios cogiendo polvo.

Quizá, además de despiste, lo de García Castellón sea falta de recursos. Tal vez el problema de este juez, a veces despistado, a veces apasionado, sea la imposibilidad de abordar casos que afectan al PP mientras anda volcado en la instrucción de otros más interesantes. Por ejemplo, la investigación por posible delito de terrorismo contra los líderes del procés. Justo mientras PSOE y Junts negociaban la formación de Gobierno con el peaje de la amnistía, García Castellón, despistado a veces, pero no siempre, fue el único tipo en España con visión de lince suficiente para darse cuenta en 2023 de que el infarto sufrido cuatro años atrás por un turista en Barcelona durante las protestas de Tsunami Democràtic pudo ser un atentado perpetrado por Carles Puigdemont. Que el guiri tuviese un problema cardiaco congénito y que ni a su propia familia se le hubiese ocurrido relacionar los hechos no convierten a García Castellón en un prevaricador, sino en un juez a veces despistado y a veces apasionado. Siempre desde la honestidad y la profesionalidad. Insinuar lo contrario, como ha hecho recientemente la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, es poner en duda la independencia de la Justicia, como bien ha denunciado el CGPJ, en manos del PP desde hace cinco años con el mandato caducado. Como bien le apuntaron desde el PSOE tiempo atrás a un vicepresidente con coleta que por aquel entonces era tan malpensado como lo son hoy los ministros del Partido Socialista. Basta ya, unos y otros, de poner en duda a una Justicia española cuyo funcionamiento es intachable. E independiente.

*Fe de errores: En la versión original del artículo, se atribuía a García Castellón la no identificación de Mariano Rajoy en la investigación de la caja B del PP, algo que fue responsabilidad del juez Ruz.