Tanto poder tienen los jueces que cuando se diseñó la democracia española se decidió que el Poder Judicial no debía emanar de mayorías simples en el Congreso como el Poder Ejecutivo, sino necesitar 3/5 de los votos, un 60%. Es decir, el consenso entre la derecha y la izquierda. La idea era buena. Ponía el entendimiento basado en el reconocimiento del otro en el centro de la vida política. Así, la Justicia jamás sería usada como escopeta para que una de las dos Españas disparase contra la otra. Como sabemos, aquella buena idea no funcionó. La justicia es hoy un arma en manos de la derecha que dispara sin disimulo tras haber encontrado una forma de lo más original de saltarse la ecuación de los 3/5: si yo tengo el voto del pueblo, tengo derecho a nombrar un Poder Judicial de derechas; si el voto lo tiene la izquierda, yo me niego a llegar al consenso y los jueces siguen siendo de derechas. Como diría aquel que jugaba a piedra papel o tijera enfrentando a sus dos manos, o Florentino construyendo autovías ruinosas, da gusto ganar siempre. 

Si la ecuación de los 3/5 tenía como objetivo que la Justicia no cayera en manos de un partido político para su uso y disfrute, la fórmula se ha demostrado fallida. Tras años de incumplimiento de contrato por parte de una derecha que ya no sabe qué excusas poner mientras se aguanta la risa, tras decenas de cacerías contra rivales políticos, el asunto ha llegado a casa de un presidente del Gobierno muy débil. Tanto que un juez de tercera se ha animado a imputar a su esposa basándose en recortes de periódicos presentados por una banda de frikis. Recortes repletos de bulos surgidos de medios financiados por el mismo PP que controla el Gobierno de los jueces. Una pocilga circular conocida mundialmente como lawfare a la que Sánchez ha hecho referencia en su carta a la ciudadanía mientras medita si seguir en el cargo o irse a casa. 

Un país entero anda paralizado a la espera de una decisión que será irrelevante si no viene acompañada de algo más. Si Sánchez decide marcharse y convocar elecciones, es decir, si decide entregarle el país a la pocilga, todo seguirá igual sólo que los tiempos se habrán adelantado. Si Sánchez decide quedarse y asegurarnos que la resistencia consiste en seguir aguantando sin más, el final será el mismo, solo que atrasado unos años. Si se marcha y deja al frente del Gobierno a su sustituta o sustituto cuyo único fin sea calentar la silla hasta 2027, tampoco cambiará en nada el escenario. 

Sánchez no puede seguir en el cargo tras haber reconocido que el lawfare destroza la democracia española sin anunciar que actuará contra ello. Con cuestión de confianza o sin ella, si el presidente electo decide continuar, deberá ponerse manos a la obra para modificar la mayoría de 3/5 y acabar de una vez con el secuestro del Poder Judicial por parte de la derecha después de cinco años y medio. En el Parlamento existe una mayoría para devolver la Justicia a lo votado por el pueblo. El precio a pagar, dado que tampoco ha tenido prisa alguna en aprobar una nueva ley de publicidad institucional, será que el 90% de los medios de comunicación que representan la ideología del 45% de la sociedad gritarán a los cuatro vientos que acabar con este secuestro nos mete de lleno en una dictadura. El debate público se llenará de acusaciones y barbaridades de todo tipo y color generándose un ambiente irrespirable. Es decir, lo que ya sucede. Si con un presidente del Gobierno y siete de los nueve grupos parlamentarios del Congreso denunciando el grave problema de la instrumentalización de la Justicia y de los medios no es este el momento de evitar que las togas y los tabloides manden sobre los votos, ¿cuándo será?