Vivimos momentos delicados en los que nuestro sistema democrático está bajo amenaza. Y lo que mejor representa la terrible descomposición de las instituciones es, sin duda, la peligrosa deriva de nuestro poder judicial. Hoy, un juez llamado Peinado va a copar las portadas de los medios occidentales por haber admitido a trámite una denuncia por tráfico de influencias contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este miércoles 24 anunció en una carta abierta que suspende su agenda pública hasta el día 29 para sopesar si dimite de su cargo.

La denuncia la ha presentado el sindicato ultraderechista Manos Limpias, varias veces condenado por extorsión y finalmente absuelto por el Supremo, y se basa en ocho recortes de “prensa”. Los medios que han ido publicando esas presuntas noticias delictivas sobre Begoña Gómez son El Confidencial, Voz Populi, Libertad digital, Es.diario y The objective, es decir, lo más granado de las cloacas mediáticas y de la bulosfera, subvencionada a fondo perdido por los gobiernos regionales y locales PP-Vox, con la inestimable colaboración de muchas empresas del Ibex35. 

Todo el edificio institucional de la democracia se sustenta en una única premisa: la imparcialidad de los jueces. La idea de sustituir la violencia por la ley como modo de organización social permite vivir en democracia gracias a dos premisas: la elaboración de las leyes por los representantes legítimos elegidos por el pueblo y que el poder supremo esté en manos de una magistratura imparcial, sometida exclusivamente a la ley y que haga de árbitro en los conflictos sociales.

España tiene un grave problema con su poder judicial. En CTXT lo venimos diciendo hace demasiado tiempo. Nuestros jueces parecen incapaces de dejar fuera de las salas y sentencias sus preferencias personales. El problema ha ido creciendo a medida que gran parte del poder judicial perdía sus escrúpulos y se lanzaba a utilizar el extraordinario y peligroso poder que entre todos le hemos dado para primar sus intereses políticos.

El problema no es que una mayoría de jueces sean conservadores. El problema es su connivencia con el Partido Popular y Vox, y la falta de escrúpulos que lleva a unos y otros a saltarse las leyes, sustituir los mecanismos democráticos de decisión y utilizar los tribunales para tratar de ganar en los juzgados lo que no les han otorgado los ciudadanos en las urnas. No se trata solo de judicialización de la política, sino de la palmaria falta de imparcialidad, de prevaricar hasta prostituir la justicia orientándola contra lo que deben ser sus objetivos constitucionales. 

El último episodio de esta deriva antidemocrática más conocida como lawfare es una historia anunciada. Y no es en absoluto un caso aislado, contra lo que dice Pedro Sánchez en su carta, pues hay numerosos precedentes tanto en España como en América Latina. En Brasil, lo sufrieron Dilma Rousseff y Lula; en Bolivia, Evo Morales y su vicepresidente, García Linera; en Venezuela, Nicolás Maduro; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner...

Los casos pueden contarse por decenas, pero casualmente siempre se dirigen contra los adversarios de las derechas más radicales. En España, el fenómeno del bulo judicializado con intenciones políticas empezó a funcionar entre 2014 y 2015, gracias a la policía política fundada por el Gobierno de Rajoy con la ayuda de la banda comandada por el comisario Pepe Villarejo.

En las campañas participaron numerosos periodistas corruptos de medios de papel, digitales y audiovisuales controlados por la derecha económica y política. El objetivo era hacer la guerra sucia a las fuerzas que amenazaban el Régimen del 78, los procesistas catalanes y Podemos.

Desde entonces, en CTXT hemos denunciado la imaginativa causa general que el Supremo abrió para poder meter en la cárcel a los líderes catalanes; las actuaciones del ínclito García Castellón contra Carles Puigdemont para boicotear el reciente pacto de Gobierno; y por supuesto hemos señalado en docenas de artículos y editoriales la persecución mediática y judicial sufrida por Guillermo Zapata, Carlos Sánchez Mato, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra, Isa Serra, Victoria Rosell, Ada Colau, Alberto Rodríguez y otros dirigentes de izquierda. 

Todos ellos sufrieron procesos judiciales y mediáticos inventados, manipulados, montados sin pruebas ni indicios dignos de ese nombre por una banda coordinada de políticos, policías, jueces, medios o periodistas sin brújula moral ni respeto a la democracia. Todas las denuncias acabaron en nada, y parece evidente que esta también terminará por archivarse.

Pero lo que se buscaba, y lo que busca ahora el juez Peinado con total impunidad, no es necesariamente condenar a alguien. Les basta con desgastar, dañar, difamar, levantar las sospechas, amedrentar para acabar con el aguante, el prestigio y la carrera del jefe del Gobierno democráticamente elegido por la ciudadanía. El método consistirá en alargar todo lo posible el proceso, para que los medios que llevan años queriendo acabar con Sánchez puedan publicar cuantas veces sea necesario que la justicia está investigando a la pareja del presidente del Ejecutivo por tráfico de influencias. 

Umberto Eco bautizó este método, como acertadamente ha recordado hoy Sánchez, como la máquina del fango. Mucho antes de eso, un pastor luterano llamado Martin Niemöller escribió un célebre adagio antifascista que empezaba así:

«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
ya que no era comunista»,

Y terminaba así:

«Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar».

Estamos en ese momento. Cuando la potencia moral de la democracia hace cada vez más difícil que las intervenciones armadas se apoderen del poder político mediante la violencia, la oligarquía recurre a otros métodos. En España recurre al poder venenoso y expansivo del bulo y al poder judicial politizado. Dos poderes autónomos, sin contrapesos, sin controles ni rendición de cuentas. 

La decisión de Sánchez ha sido heterodoxa pero razonable. La rebelión de unos jueces que se apoderan de la institución y la usan para sus intereses políticos no tiene fácil remedio dentro del Estado de derecho. Solo la presión social y la toma de conciencia colectiva de que no podemos dejar nuestro futuro en manos de unos partidos amorales, de unos medios golpistas y de unos jueces antidemocráticos pueden frenar esta agresión que no solo atenta contra Sánchez, sino contra las mismas bases de la democracia parlamentaria y de la soberanía popular. 

Animamos por tanto a la ciudadanía a manifestarse masivamente en las calles y en las redes sociales contra esta mezcla letal de máquina del fango, lawfare y violencia política.

Si nos quedamos callados ahora, podría suceder que no tengamos ocasión de protestar hasta dentro de mucho tiempo.