En la situación de interinidad en la que se encuentra la Federación Española de Fútbol desde que se produjo el caso Rubiales, se podría pensar que la elección de Rafael Louzán como nuevo presidente es una buena noticia porque debería suponer la vuelta a la normalidad para el organismo. No es el caso. O al menos no lo será hasta el próximo 5 de febrero, cuando el Tribunal Supremo vea el recurso presentado por Louzán contra una sentencia que le condenó por prevaricación y que conlleva siete años de inhabilitación para cargo público. De confirmarse la pena, volveríamos a la casilla de salida en este laberinto que tiene varios actores y distintas aristas.

Por si no estaba suficientemente claro, el procedimiento electoral que ha vivido la RFEF ha confirmado la práctica imposibilidad de que alguien de fuera del sistema federativo pueda convertirse en presidente. El Gobierno perdió la ocasión en la redacción de la nueva Ley del Deporte de instaurar un sistema de avales que facilitara la presencia de más candidatos y todo sigue, en gran parte, en manos de las federaciones territoriales. Los que han intentado presentarse desde fuera de ese ámbito se han dado de bruces con la realidad. Ya lo dejó claro el presidente de la catalana, Joan Soteras, en una entrevista hace unos meses: “El presidente de la RFEF será quien los presidentes de las territoriales quieran que sea”. A todos ellos les conviene que se mantenga el statu quo actual, que les da poder y réditos económicos.

Eso ha derivado en que solo haya habido dos candidatos, Rafael Louzán, presidente de la territorial de Galicia, y Salvador Gomar, presidente de la valenciana. En un principio había un tercero, Sergio Merchán, de la de Extremadura, que era el plan B de Louzán en caso de no poder presentarse. Cuando se vio que no había problema en ese sentido, Merchán retiró su candidatura una hora antes de la votación. A pesar de la amenaza judicial que pesa sobre Louzán y que puede cancelar este proceso, se cumplieron los pronósticos que le daban como favorito, logrando el respaldo de 90 compromisarios de la asamblea, mientras que Gomar obtuvo 43 votos. Además hubo cuatro votos en blanco y uno nulo.

A pesar de la amenaza judicial que pesa sobre Louzán y que puede cancelar este proceso, se cumplieron los pronósticos que le daban como favorito

Nacido en la localidad de Ribadumia hace 57 años, Louzán empezó su actividad profesional como bedel del polideportivo municipal de su pueblo. Adscrito al Partido Popular, consiguió ser concejal y teniente de alcalde en 1995, aupado por ‘Nené’ Barral, antiguo alcalde del municipio y ya fallecido, que fue detenido hace 23 años por liderar, presuntamente (la causa sigue abierta), una red internacional de contrabando de tabaco. Demostrando habilidad para moverse entre los bastidores de la política, Louzán logra ser miembro de la Diputación de Pontevedra, de la que en poco tiempo se convierte en vicepresidente y poco después en presidente, cargo en el que estuvo 13 años, hasta 2015. De forma paralela se convierte en el presidente provincial del PP, puesto que ocupa durante 15 años. Fiel valedor de Núñez Feijóo, se dice que su labor fue importante para que el actual presidente del PP saliese vencedor del congreso de los populares gallegos en 2006. Cuando perdió el poder tras las elecciones municipales de 2015, Louzán encontró una vía alternativa en el mundo del fútbol, logrando hacerse con la Federación Gallega tras imponerse al hasta entonces presidente, el socialista García Liñares.

De la época al frente de la Diputación, concretamente de 2013, viene su actual problema judicial, una pieza separada de la conocida como Operación Patos, y que tiene que ver con el pago de 86.311 euros a una empresa constructora por unas obras de mejora en el campo de fútbol de Moraña que ya estaban ejecutadas en su mayoría. Condenado en un primer momento por delito de fraude a la Administración y por prevaricación, en una sentencia en la que se afirmaba que “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado”, un recurso a la Audiencia Provincial le sirvió para que fuera absuelto de la causa por fraude, pero se mantuvo la prevaricación, que conlleva la inhabilitación para cargo público durante siete años. Louzán se muestra optimista con el recurso que ha presentado al Tribunal Supremo, pero si el veredicto fuera contrario a sus intereses, se vería obligado a tener que dejar la presidencia, lo que iniciaría una nueva convocatoria de elecciones.

El Gobierno no ha disimulado su enojo con la elección como presidente de la RFEF de un condenado

El hecho de que la sentencia no sea firme en última instancia es lo que ha permitido a Louzán poder presentarse como candidato. El artículo 17.3 de la Orden Ministerial que regula los procesos electorales en las federaciones señala que para ser elegible una persona como presidente se requiere “no estar inhabilitada para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa dictada por el órgano disciplinario competente, ni estar inhabilitada para el desempeño de cargo público o de representación por sentencia judicial firme, ni estar inhabilitada en el ámbito deportivo por resolución definitiva de un Tribunal Deportivo, una federación nacional o internacional”.

El Gobierno no ha disimulado su enojo con la elección como presidente de la RFEF de un condenado por prevaricación, lo que, por ejemplo, impide a Louzán representar al fútbol español en ningún comité o cargo de UEFA o FIFA. Además, no lo olvidemos, también subyace en el fondo su perfil de político del PP. Y por si fuera poco, tiene el apoyo del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, mal visto también en el Ejecutivo estatal. El Consejo Superior de Deportes confiaba en la posibilidad de que Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (Cenafe), volviera a presentar una denuncia contra un presidente de la RFEF, como ha venido haciendo en los últimos años por diferentes irregularidades, que en este caso sería por estar condenado por prevaricación. Una situación que él mismo anunció en sus redes sociales: “A pesar de las presiones a las que me sometió el gobierno durante la negociación con llamadas constantes del CSD”.

Si se hubiera presentado la denuncia, el CSD la habría elevado inmediatamente al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Sin embargo, Galán arrancó el compromiso de Louzán de que la RFEF dará la licencia a los entrenadores formados en Cenafe para que puedan ejercer en el extranjero, algo a lo que se negaban los anteriores presidentes de la RFEF y que es el motivo de su lucha en estos últimos años. De esta forma, Galán no presentó la denuncia y el CSD asumió que no tenían palancas legales para impugnar la candidatura. Otra cosa será si en febrero se hace firme la condena contra Louzán. Si llega ese supuesto, la última carta del dirigente gallego sería intentar enrocarse en el puesto bajo la premisa de que no está ocupando un cargo público, ya que la RFEF es una entidad privada, aunque ejerce funciones públicas por delegación y las elecciones están sujetas a una orden ministerial. El TAD tendría que aclarar este punto.

Ningún representante del CSD estuvo en la asamblea donde se eligió al nuevo presidente, y al día siguiente, la ministra de Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, manifestó que “es muy difícil de explicar y de entender que una persona que está condenada por prevaricación asuma la presidencia de la RFEF en este país”. Alegría recordó que en la misma situación procesal en la que se encuentra Louzán, “yo, por ejemplo, no podría estar sentada en esta mesa. Ni yo ni ninguno de los compañeros que están a mi lado. Ni podría estar aquí sentada ni ser concejal de mi pueblo. A partir de ahí, lo que sí les puedo decir es que el Consejo Superior de Deportes va a estudiar todos los pasos que podemos dar”. Por último quiso defender el proceso de elecciones en las federaciones mandando un recado a los asambleístas que eligieron a Louzán: “Me parece muy importante recordar que se han sometido a elecciones las 66 federaciones de nuestro país y, con el mismo reglamento, el resto de las federaciones han elegido personas de reconocido prestigio; el fútbol, en cambio, ha elegido este camino”.

La sensación que queda es que el nombramiento de Louzán está muy lejos de la regeneración que la mayoría del mundo del fútbol desea 

El Gobierno debe medir muy bien los pasos que dé, porque si termina interviniendo para quitar de su puesto a un presidente elegido por la asamblea, siempre está el peligro de que la FIFA, que no acepta de buen grado las injerencias públicas contra los mandatarios federativos, amenace con algún tipo de sanción al fútbol nacional en un momento en el que España se prepara para organizar el Mundial de 2030, junto a Portugal y Marruecos. Si finalmente Louzán no pudiera quedarse en la Federación, cabe la opción de que la FIFA, cansada de la inestabilidad en el organismo, asuma su mando.

A la espera de lo que suceda, la sensación que queda es que el nombramiento de Louzán está muy lejos de la regeneración y los nuevos tiempos que la mayoría del mundo del fútbol desea para la Federación. Alguna de sus primeras declaraciones han sonado a viejos patrones, como el hecho de fomentar el duopolio (“hay que cuidar a Madrid y Barcelona, que son nuestras mejores marcas”), y no ha perdido tiempo para viajar a Catar con motivo de la Copa Intercontinental, reunirse con Florentino Pérez y tender puentes en la guerra que el presidente blanco tiene con el estamento arbitral. Trabajo tiene para cumplir con su deseo de conseguir “una RFEF que inspire confianza y que vuelva a ser reconocida por lo que representa”, que desde luego debe ser algo muy distinto de la imagen que ofrece hoy en día. Claro que eso será si sigue en su puesto a partir del 5 de febrero.