Con la justificación de la alarma social provocada por el caso Rubiales y aprovechando que en 2024 tienen que celebrarse elecciones en las federaciones deportivas al ser un año olímpico, el Gobierno se ha puesto manos a la obra para impulsar unos cambios en esos organismos que considera imprescindibles. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha dejado clara la intención del Ejecutivo nacional: “Queremos transformar el sistema electoral de las federaciones españolas”. El primer paso para ello ya lo han dado al presentar el proyecto por el que se van a regular los procesos electorales, que pivota sobre cinco ejes: impulsar el buen gobierno de las estructuras federativas, garantizar la democracia, y fortalecer la igualdad, la inclusión y la transparencia en dichos procesos. Francos es contundente: “Nada volverá a ser como antes”.

En los últimos tiempos se ha hablado mucho del sistema clientelar que se daba en el funcionamiento de la Federación Española de Fútbol. Básicamente consistía en que el presidente de la RFEF se ganaba el apoyo de los presidentes de las federaciones territoriales para ser reelegido o para aprobar propuestas en las asambleas generales a cambio de repartir prebendas en forma de dinero de las subvenciones, realización de infraestructuras o celebración de partidos de selecciones, una forma de proceder que en algunas ocasiones daba pie a conductas poco éticas. El hecho de que los máximos dirigentes de las autonómicas fueran miembros natos de la Asamblea General, es decir, que no eran elegidos por nadie, sino que tenían esa condición por el mero hecho de mandar en su federación territorial, favorecía este comportamiento.

El representante de cada federación territorial deberá ser elegido en votación por mayoría absoluta en su respectiva asamblea

¿Qué novedad introduce el Gobierno para acabar con esto? Eliminar la condición de miembro nato de la asamblea general a los presidentes de las territoriales, una condición que queda reservada únicamente para el presidente de la RFEF. A partir de ahora, el representante de cada federación territorial deberá ser elegido en votación por mayoría absoluta en su respectiva asamblea. De esta manera, puede haber varios candidatos en cada organismo para optar a ese puesto. También se establece la obligatoriedad de que existan mesas electorales en las sedes federativas autonómicas cuando las licencias de esa Comunidad supongan al menos el 10% del total, garantizando así el voto secreto. Asimismo, para poder votar por correo será necesario acreditar la identidad con el DNI o el pasaporte. Veremos si estas medidas tienen el efecto que persiguen, que es el de reducir el peso de las territoriales y acabar con ese círculo cerrado y vicioso alrededor del máximo dirigente federativo nacional. Hay quien cree que seguirá siendo muy difícil vencer al presidente de una territorial en una votación, si es que alguien se anima a intentarlo en cada autonomía.

Una de las premisas que también busca el Gobierno es la de otorgar mayor poder a los deportistas en los órganos de gobierno federativos. “Esta es la orden electoral de los deportistas”, ha declarado el presidente del CSD. Por ello, los clubes y los jugadores pasan a ser los colectivos con una mayor representación en las asambleas generales de las federaciones. En las que cuentan con más de 10.000 licencias, donde el máximo será de 140 asambleístas, tendrán 44 asientos cada uno. En las de menos de 10.000 licencias, con un máximo de 100 miembros electos, serán 30 para cada uno. Además, se reducen los requisitos para participar en la elección de los órganos de gobierno y representación. Podrá hacerlo todo deportista federado mayor de 16 años que haya tomado parte en alguna competición o actividad de su federación durante el último mandato. Para poder ser elegido se deberá tener al menos 18 años.

El proyecto de orden incluye un apartado en materia de buen gobierno que parece hecho para impedir que el ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pueda volver a presentarse al cargo cuando acabe la suspensión temporal que le puso la FIFA. En su artículo 17, apartado 3 b, señala una de las causas que impide aspirar a una persona a la presidencia: “No estar inhabilitada para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa dictada por el órgano disciplinario competente, ni estar inhabilitada para el desempeño de cargo público o de representación por sentencia judicial firme, ni estar inhabilitada en el ámbito deportivo por resolución definitiva de un Tribunal Deportivo, una federación nacional o internacional”. Es decir, si la FIFA termina sancionando a Rubiales, se cerrará esa posibilidad. Otro aspecto importante es que se reduce de dos tercios a un tercio el mínimo de apoyos exigido para presentar una moción de censura.

Impulsar la igualdad de género en los órganos de decisión de las federaciones es otra de las motivaciones que busca la actual Administración. La Ley de Deporte que entró en vigor este año ya señala que debe haber un 40% de mujeres en los respectivos órganos de gobierno del deporte nacional. Pero falta desarrollarla con una reglamentación específica, que es lo que se hace ahora en el caso de los procesos para la composición de las asambleas y comisiones delegadas. Así, se especifica que en las federaciones que tengan un número de licencias femeninas entre un 0 y un 10% deberán ser elegidas un 10% de mujeres; en las que tengan entre un 10 y un 25% de licencias femeninas habrá una representación de mujeres del 25%; y en las que las licencias sean superiores al 25% el porcentaje femenino será del 40%. En materia de inclusión también se dictamina que en aquellas federaciones donde se haya producido la integración de las modalidades practicadas por personas con discapacidad se asegurará la presencia ponderada de representantes de este colectivo en las asambleas.

Impulsar la igualdad de género en los órganos de decisión de las federaciones es otra de las motivaciones que busca la actual Administración

En aras de una mayor transparencia en el proceso y asegurar una mayor participación de los federados más jóvenes, se establece la obligación de difundir la información sobre los procesos electorales a través de todas las redes sociales y entornos web de las federaciones. Las partes interesadas tienen ahora un plazo hasta el 3 de noviembre para realizar aportaciones. Una vez aprobado el proyecto definitivamente, cada federación debe adaptar su reglamento electoral a la nueva orden y remitirlo al CSD para que sean aprobados por la Comisión Directiva.

Y a todo esto, ¿qué piensan las federaciones deportivas españolas de los nuevos requisitos impulsados por el poder público para los procesos electorales? Tras una reunión mantenida entre varios dirigentes de las federaciones para valorar este tema, el mensaje que transmiten a CTXT es que hay buena actitud y sintonía entre las partes y que están por la labor de ayudar a mejorar los procesos electorales para que sean lo más transparentes, participativos e igualitarios posibles. Eso es lo que le van a decir a Víctor Francos en la reunión que quieren mantener con él en los próximos días, pero al mismo tiempo pretenden poner en valor el trabajo que desde hace tiempo vienen haciendo en materias como la de igualdad. Y para ello ponen el ejemplo de que, hoy en día, la media de presencia femenina en las juntas directivas es ya de un 35% (la nueva ley del deporte habla de que debe llegar al 40%).

Las federaciones quieren transmitirle al secretario de Estado para el Deporte, como ya han hecho en algún encuentro anterior, que la realidad de la Federación Española de Fútbol (que, por cierto, solo tiene un 3% de mujeres en su junta directiva) no tiene nada que ver con la que vive la gran mayoría de las otras 64. Y que incluso entre las restantes la situación es muy distinta. Las posibilidades de una federación con un presupuesto de 15-20 millones de euros son muy distintas a las de otra que tiene uno de 25.000 euros. Por eso, los equipos jurídicos de las federaciones deportivas trabajan estos días para intentar presentar al CSD unas alegaciones al proyecto de orden que sean comunes a todos. El deseo de los responsables federativos es que desde las instancias políticas comprendan que hay que saber adaptarse a las necesidades y capacidades de cada uno. Veremos hasta dónde está dispuesto Francos a aflojar el cinturón.