El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, ha decidido archivar la denuncia presentada por la Asociación Acción Contra el Odio (ACO) contra varios agitadores de extrema derecha por instigar a los actos violentos sucedidos en Paiporta el pasado 3 de noviembre, con motivo de la visita de los reyes, el presidente del Gobierno y el de la Comunitat Valenciana.

El oficio comienza afirmando que “en la citada denuncia se exponen los hechos ocurridos en Paiporta con la llegada de la comitiva integrada por diversas autoridades del estado entre las que se encontraba el Presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, el presidente español [sic] y los Reyes de España”.

En su decreto de archivo, el fiscal sostiene que “la denuncia presentada se refiere a la publicación en diversos artículos de prensa y redes sociales sobre lo sucedido en Paiporta-Valencia el día de la referida visita”. Esta afirmación no responde a la verdad, pues la denuncia de ACO se refería a diversas publicaciones emitidas antes de los hechos sucedidos en Paiporta.

Al considerar que la denuncia se refiere a “los mismos hechos” que se investigan ya en un juzgado de Torrent (los insultos y agresiones del 3 de noviembre), el fiscal decide envíar las diligencias al juzgado número 3 de esa localidad valenciana, cerrando así la puerta a que la AN pueda investigar si los actos violentos sucedidos aquel día y los llamamientos de la víspera pueden ser calificados como atentado contra altas autoridades del Estado o como una incitación.

La asociación presentará la misma denuncia de nuevo, pero esta vez ante los jueces de la AN

La dirección jurídica de ACO informa que la asociación presentará la misma denuncia de nuevo, pero esta vez ante los jueces de la Audiencia Nacional, para tratar de encontrar una respuesta motivada y ajustada a lo que afirma la denuncia.

Cumpliendo los estatutos de la ACO –luchar contra la impunidad de quienes difunden discursos de odio y sus derivadas–, el equipo jurídico de la asociación había denunciado ante la fiscalía a los comunicadores Javier Negre, Juan Manuel de Prada y Jaume Vives, así como a los administradores de los canales de Telegram de los grupos ultraderechistas Revuelta y Alt Right España. Los denunciantes instaban a la fiscalía de la Audiencia Nacional a investigar si se habían cometido varios delitos de inducción a la violencia.

En el caso de Juan Manuel de Prada, el escritor utilizó su columna en el diario ABC para negar la evidencia científica del cambio climático y hacer un llamamiento a “ahorcar y descuartizar” a los que, según el denunciado, serían los responsables del terrible drama sufrido en Valencia. Entre esas autoridades destaca el presidente Sánchez, citado expresamente en la columna de Juan Manuel de Prada. Por su parte, Javier Negre difundió desde su cuenta de Twitter un mensaje en el que anunciaba el supuesto recorrido que Pedro Sánchez realizaría al día siguiente por las zonas afectadas por la DANA. Un mensaje que concluía con un “Si os pilla cerca ya sabéis. PD: el rey no tiene la culpa”.

El tuit tuvo numerosas respuestas del tipo “a masacrar al felón”. Jaume Vives, colaborador de varios grupos asociados a la ultraderecha como Hazte Oír, también difundió en redes el recorrido de la comitiva por Paiporta, dando en este caso coordenadas geográficas muy específicas y animando a sus seguidores a “venir a saludarlo”. El “saludo” del activista Vives fue un preludio a la presencia en Paiporta, confirmada en una información de Diario Red, de diversos miembros de organizaciones extremistas como Revuelta, Comunión Tradicionalista Carlista, Devenir Europeo y Falange.

Minutos antes de los actos violentos, el administrador del canal de Telegram “Alt Right España” compartía una captura de pantalla en la que alguien indicaba cuál sería el recorrido de la comitiva pidiendo que se hiciera viral “para que todo el mundo vaya allí a esperarles”. Un mensaje que, de nuevo, fue entendido por la comunidad de usuarios como un llamamiento a la violencia, generando respuestas del tipo: “Pedrear (sic) a Pedro Sánchez es lo que toca”. 

Según la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por ACO, estas comunicaciones fueron idénticas a otras muchas que se reprodujeron en canales afines a VOX y a la extrema derecha, como Revuelta, Democracia Nacional, España 2000 y sus grupos en red Anti progre, HerQles, Noviembre Nacional, División Azul o Desokupa, entre otros. En todos estos avisos, argumenta el equipo jurídico de Acción Contra el Odio, queda demostrado que existía conocimiento de cuál sería el itinerario de la comitiva formada por el Jefe del Estado, y los presidentes del Gobierno central y autonómico, y se incitaba a acudir para atentar de diversas formas contra la misma.

Todos tenemos en la retina el caso de Valtonyc o el de los titiriteros detenidos en las calles de Madrid

Llama la atención que, más allá de los llamamientos a la violencia denunciados ahora por ACO, los propios hechos cometidos el pasado 3 de noviembre contra autoridades del Estado no hayan sido reclamados por la Audiencia Nacional, tribunal competente en esta materia, sino derivados al juzgado de Torrent. Una decisión de la Audiencia Nacional, la de inhibirse en este caso, que contrasta con otras actuaciones anteriores. Todos tenemos en la retina el caso de Valtonyc o el de los titiriteros detenidos en las calles de Madrid, por poner solo dos ejemplos de casos juzgados por un tribunal cuya responsabilidad es proteger a los poderes del Estado. En este caso, la Audiencia Nacional no ha considerado que los altercados protagonizados por colectivos ultraderechistas y que acabaron en agresión al presidente del Gobierno y en lanzamiento de barro contra los reyes y Mazón sean merecedores de ninguna actuación por su parte.

Por todo lo anterior, Acción Contra el Odio solicita que la Audiencia Nacional investigue las implicaciones de los denunciados en esos llamamientos previos a la violencia; dado que los hechos violentos acabaron sucediendo, ACO solicita que se procese a los denunciados por un posible delito de inducción. Además, la denuncia pide que se investiguen posibles filtraciones de las Fuerzas de Seguridad hacia los grupos extremistas que conocían de antemano el lugar concreto donde llegó la comitiva de autoridades.

En las horas previas a la presentación de esta denuncia, Acción Contra el Odio quiere dejar claro que en ningún momento se pretende judicializar la comprensible rabia de los vecinos de las zonas afectadas –ninguno de ellos aparece en la denuncia–, sino denunciar e investigar el llamamiento e inducción a la violencia protagonizado por el entorno ultraderechista, que pretendía aprovechar el dolor causado por la DANA para extender la violencia y el caos con fines políticos. La denuncia también pretende que la Audiencia Nacional se tenga que pronunciar sobre un asunto que es de su plena competencia y que, incomprensiblemente, en el caso de los autores materiales, ha decidido convertir en un asunto menor, inhibiéndose en favor del juzgado de Torrent. Diferentes gobiernos europeos, como Alemania, Francia y Reino Unido, consideran ya que los discursos de odio y el terrorismo de extrema derecha son la mayor amenaza actual para las democracias. Esperamos que esta denuncia sirva para que el poder judicial español empiece a tomar en serio esta amenaza.