El pasado día 26 de diciembre, Mariano Rajoy compareció ante los medios para destacar los (en su opinión) buenos resultados de su gestión en 2014. Ha sido su primer año en el Gobierno sin que España esté sumida en una recesión económica, por lo que el presidente se reivindicó: "Pronostiqué que 2014 sería mejor y esto se ha cumplido con creces", dijo. En realidad cumplió con las expectativas, puesto que una amplia mayoría de analistas preveían que España tocaría fondo en 2013, a partir de entonces se detendría el deterioro y comenzaría una lenta e incipiente recuperación. El presidente aseguró además que, gracias a su programa de reformas, "España crece con bases sólidas".

Se parte de la base de que es mejor crecer que no hacerlo, pero ¿es el modelo de crecimiento de la actual España razonable y sostenible en el tiempo? ¿Es deseable? La principal preocupación de los ciudadanos es el paro y es cierto que se ha reducido en el último año, desde el 26% hasta el entorno del 23%. El mercado laboral ha dejado de destruir puestos de trabajo y ha empezado a crearlos en términos netos, si bien un análisis más en detalle de los datos muestra una progresiva precarización de los trabajadores: mientras las formas de contratación indefinida se mantienen por debajo del 10%, ganan peso fórmulas como los falsos autónomos, los eternos temporales, los contratos a tiempo parcial involuntario, y los pluriempleados. Todos estos formatos de la llamada flexiprecariedad (toda la flexibilidad para la empresa, toda la precariedad para el trabajador) han dado como resultado un incremento del 20% en el número de asalariados en riesgo de pobreza.

Rajoy habla de "bases sólidas" cuando España ha sido el país en el que más ha aumentado la desigualdad tras la llegada de la crisis (según la OCDE), o cuando 2014 ha sido el cuarto año consecutivo de caída real de los salarios, según la OIT.

Pero las debilidades de la economía española se extienden más allá de su mercado laboral y su tejido social. Las cuentas públicas, pese a los más de cuatro años de recortes, siguen sufriendo un persistente déficit (3,62% del PIB hasta octubre) que hará inevitables en el medio y largo plazo nuevos ajustes -no antes de las elecciones, como es de esperar-. Este déficit público -cuyos límites máximos basados en los compromisos adquiridos por España con sus socios de la UE se han sobrepasado año a año (está por ver 2014) a pesar de los “retoques” de Montoro- obligará a las Administraciones a seguir emitiendo bonos, dificultando la financiación de empresas y familias, y a su vez no hará sino incrementar la deuda soberana, que a lo largo de este “sólido año de la recuperación” superará la inédita cifra del 100% del PIB.

Tampoco parece que el sector exterior, que al inicio de la legislatura se anunciaba como el motor que sacaría al país de la crisis -merced al aumento de la competitividad ganada merced a sendas reformas laborales-, vaya a ser la panacea. Desde el año pasado, la balanza comercial dio un giro y España ha vuelto a inclinarse de cara al exterior: : las importaciones pesan más que las exportaciones y eso hace al país dependiente de la financiación extranjera, y a la vez dificulta el proceso de desapalancamiento de familias, administraciones y empresas. El sector financiero, encargado en teoría de reasignar eficientemente los recursos, se ha visto sin embargo sujeto a su propio proceso de reestructuración, lo que ha dado como resultado un sector bancario incapaz de conceder crédito a la economía productiva y altamente concentrado (se ha pasado de más de 40 entidades a apenas una decena en un lustro). Esta concentración por el lado de la oferta limitará no solo la capacidad de los usuarios de escoger el producto o servicio más adecuado para sus intereses, sino que reducirá la competencia efectiva entre las entidades, lo que redundará en productos y servicios financieros comparativamente más caros o menos eficientes.

La idea-fuerza de la solidez de la economía española defendida por Rajoy y sus ministros, apuntalada en unos cuantos datos macroeconómicos, tiene un peligro evidente en esta situación de extrema debilidad: de forma análoga a como hace el propio Gobierno, no es difícil seleccionar otros tantos datos e indicadores que apuntan justo a lo contrario, a una economía aún muy débil, y con obstáculos añadidos como son los niveles sin precedentes en la era democrática de paro juvenil, pobreza infantil, desigualdad, desempleados de larga duración....  Eso lo sabe bien el Gobierno y sabe, por tanto,  que probablemente el ciudadano no perciba apenas esas "bases sólidas" de las que presumen. Para contrarrestar esa percepción, ha aprobado una reforma fiscal, y una de las medidas que más rápidamente se notarán es una bajada de las retenciones (no tanto de los impuestos que finalmente pagaremos), encaminada a que el contribuyente sienta que dispone de más dinero. Ya lo dijo el ministro De Guindos el pasado 21 de diciembre: "2015 será el año en el que la recuperación llegará a los bolsillos de los ciudadanos".

Otra cosa es que los ciudadanos se lo crean.