“Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B del PP desde el principio”. Es la declaración realizada por el extesorero del este partido, Luis Bárcenas, a los medios de comunicación. La hizo tras su primera comparecencia ante la Audiencia Nacional, que ordenó su libertad bajo fianza de 200.000 euros. Rajoy, que le apoyó hasta cuando no pudo ya evitar su caída, lo ha negado.

Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial ya ha decidido quién será el sustituto en la Audiencia Nacional del juez Pablo Ruz, el instructor del Caso Gürtel que llevó a la cárcel a Bárcenas. Un final triste para un juez cansado de cumplir con su deber que se va por la puerta de atrás, como ha sucedido también recientemente con el anterior fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce. 

Y mientras algunas figuras de referencia contra la corrupción están demostrando su agotamiento, hay quien se pregunta si el problema ha llegado a ser sistémico. De ser así, de ser la corrupción un problema sistémico, los jueces no pueden ser la única solución. Más aún si pensamos en la situación de escasez tremenda que vive la Administración de Justicia, que carece de medios para la hercúlea tarea que se le ha encomendado. 

Mariano Rajoy y su partido vivieron el pasado 18 de diciembre una negra jornada judicial. El mismo día en el que Eduardo Torres-Dulce dimitía del cargo de fiscal general del Estado se produjo una llamada de atención al ejecutivo sin precedentes por parte de la gran mayoría de los magistrados de la Sala Penal del Supremo. Se quejaban de las presiones del Gobierno sobre determinadas decisiones jurisdiccionales que debían adoptar. Ese mismo día la citada Sala Penal del alto tribunal pidió informe al fiscal para investigar al portavoz popular en el Senado, José Manuel Barreiros, y al presidente cántabro, Ignacio de Diego (PP).

Extraña coincidencia

No es posible negar que se han producido tensiones entre jueces y Gobierno durante esta legislatura. Gran parte de ellas obedecen a motivos corporativos en relación con las reformas operadas por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón en la Administración de Justicia, que provocaron una huelga exitosa en todo el sector; pero no es menos cierto que el estrés judicial puede explicarse también a causa de los recortes en el gasto público.

El número de escritos y denuncias presentados en la Fiscalía Anticorrupción aumentó en el último curso, según la Fiscalía del Estado, en casi 500 con respecto al año anterior, lo que supuso pasar de los casi 1.500 registros de entrada en el ejercicio de 2012 a los casi 2.000 en 2013. El que fuera fiscal del Estado, Torres-Dulce, declaró a los pocos días de dar a conocer estos datos: “No tenemos medios suficientes para abordar la lucha contra la corrupción”. Reclamó recursos, mejores leyes, reformas de tribunales como la Audiencia Nacional y otras diversas iniciativas que no han sido atendidas.

Su prioridad indudable fue la lucha contra la corrupción. La misma que ha anunciado Consuelo Madrigal, su sucesora en el cargo. ¿Hay razones para confiar en que ella conseguirá lo que él no pudo? Es difícil creerlo. 

Torres-Dulce dejó trabajar libremente a los fiscales en las investigaciones de financiación ilegal del PP y pagó las consecuencias sufriendo continuos desplantes por parte del ejecutivo que le han llevado a dimitir. 

Tampoco el juez que instruye el Caso Gürtel, Pablo Ruz, ha dejado de sentir en su nuca el frío aliento del partido en el Gobierno.

Su caso es paradigmático. Este juez de actitud discreta no es ninguna estrella sino, sencillamente, el titular de un juzgado en Móstoles. Está en la Audiencia Nacional de manera provisional desde 2010. No cabe duda de que ha hecho bien su trabajo, pero le han puesto fecha de caducidad a su permanencia en el juzgado en el que está. Es cierto que, alcanzado el mes de diciembre pasado, se hallaba cerca de agotar el periodo máximo previsto por la ley para mantener su situación, y también lo es que en la salida a concurso de su plaza, decidida por el Consejo General del Poder Judicial, concurren diversos elementos.

Pero también es verdad que Ruz está harto de que no le dejen trabajar. Es un secreto a voces entre magistrados del Supremo y la Audiencia Nacional que Ruz ha sufrido intensas presiones políticas de unos y de otros, presiones que se incrementaron, según fuentes judiciales, cuando interrogó al ex secretario general del PP Ángel Acebes, en relación con el arquitecto implicado en pagos irregulares para reformar la sede del PP, a quien el exministro de Aznar dijo no conocer segundos antes de que el juez le mostrara una foto en la que Acebes sonreía junto al citado arquitecto, Bárcenas y Rajoy. Así las cosas, no es posible reprochar su cansancio a un hombre joven, con hijas pequeñas, a quien se maltrata (o al menos no se premia) tras haber realizado una labor ímproba en contra de los poderosos. 

El CGPJ ha sacado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional a Ruz a través de un concurso que afecta a muchos otros jueces, unos cuatrocientos. Todos ellos pendientes de destino.

La clave aquí, además del caso de Ruz, es advertir que no es cierto que el Gobierno, como dijo, haya sacado cientos de plazas de jueces para luchar contra la corrupción. No han salido nuevas oposiciones. No hay más jueces. Han salido plazas para que las ocupen quienes ya estaban en la carrera en espera de destino.

Entre tanto, en los juzgados españoles se acumulan la sobrecarga de trabajo y los recortes de plantilla, la negativa a convocar nuevas plazas, la falta de medios para los magistrados que luchan contra la corrupción, la expulsión de la carrera de jueces interinos que suponían una ayuda o las iniciativas legislativas que no son del agrado de los profesionales de la carrera.

Los números cantan. En España hay, poco más o menos, 5.000 jueces. Se ocupan de unos ocho millones de asuntos cada año. Y la Penal es una de las jurisdicciones más saturadas y lentas. Es cierto que los grandes casos de corrupción descansan en su mayoría en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Pero ¿qué dicen los jueces de instrucción de la AN? Pues recientemente, siguiendo el punto de vista de los decanos de toda España, le han dicho al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que su última gran idea, limitar los tiempos de instrucción, es un desastre.

Acebes fue puesto en evidencia por Ruz en relación con los Papeles de Bárcenas, aunque no ha sido imputado. Sí lo está Rodrigo Rato en relación con la salida a Bolsa de Bankia y por sus gastos en la entidad. En su escrito de acusación de la pieza central del Caso Gürtel, cuyo juicio se celebrará en fechas cercanas a las elecciones generales de 2015, la Fiscalía Anticorrupción no se ha olvidado de la exministra Ana Mato, de quien apunta que pudo haberse beneficiado con 28.000 euros de la red Gürtel.

Ahora bien, ¿quién fue el presidente que nombró a Torres-Dulce para luego darle la espalda cuando dejó de lado los intereses del partido para defender los públicos? ¿Quién puso a Acebes al frente del PP, a Rato al frente de Bankia, a Ana Mato al frente de un ministerio y a Luis Bárcenas al frente de las finanzas del partido? Mariano Rajoy. 

¿Por qué nos extrañamos entonces de que la prioridad real del ejecutivo no sea verdaderamente luchar contra la corrupción?

Quico Tomás-Valiente es periodista. Ha publicado, junto con Paco Pardo, Antología del disparate judicial (Plaza y Janés y Debolsillo) .