Y al séptimo año España volvió a crear empleo. Algo más de 400.000 personas encontraron un trabajo durante 2014 según las fuentes oficiales: 433.900, si atendemos a la Encuesta de Población Activa, del Instituto Nacional de Estadística; o 417.574, si nos inclinamos por el registro de afiliados a la Seguridad Social. Un hito, en cualquier caso, si se tiene en cuenta que desde 2008 España no había hecho otra cosa que triturar puestos de trabajo.

El hecho ha sido saludado con salvas y vítores por el Ejecutivo, que lo ha interpretado como un triunfo de su tan intensa como cuestionada política de reformas, que tiene en la reforma laboral su jalón más emblemático. Ningún Gobierno ha sacudido tanto la normativa laboral en un periodo tan corto de tiempo como el de Mariano Rajoy y semejante activismo sólo podía encontrar justificación en los resultados. No extraña, desde esta perspectiva, que Rajoy no se haya contentado con los 400.000 nuevos empleos de 2014 y haya subido inmediatamente la apuesta hasta comprometerse a crear un millón de nuevos puestos de trabajo entre 2014 y 2015. El objetivo no solo tiene la poderosa virtud ‘marketiniana’ de las cifras redondas sino que permite al Gobierno dibujar un horizonte en el que, al menos, la legislatura finalice con un número de ocupados similar a cuando comenzó.

Pero esos son los grandes números. Por debajo de esas cifras que centran el debate público y les sirven a los políticos para justificar o cuestionar decisiones están pasando cosas en el mercado laboral. Corrientes de fondo de las que se habla menos, cuyos efectos son de largo alcance y que ya se están empezando a apreciar.

Empleo bajo sospecha

“La recuperación del mercado laboral está reproduciendo uno de sus problemas crónicos: la elevada tasa de temporalidad y la precariedad de muchos de los empleos que se crean”. El diagnóstico no es de un líder sindical o de un portavoz de la oposición, sino que lleva la firma del prestigioso economista  jefe de BBVA Research, Rafael Domenech.

Echemos un vistazo a los datos. Éstos revelan que de los 433.900 puestos de trabajo creados durante 2014 algo menos de la mitad fueron fijos, siendo la otra mitad o temporales o empleos por cuenta propia. En un mercado de trabajo donde dos de cada tres ocupados tiene un contrato fijo parece que el nuevo patrón de creación de empleo sí es algo más inestable.

En este punto siempre surge el debate de si se debe identificar temporalidad y precariedad. Los defensores de la flexibilidad siempre argumentan que el contrato temporal da cobertura a picos de actividad que suceden en las empresas y que, además, pueden servir en muchos casos de puerta de entrada a un contrato fijo. No en España donde, según recordaba el subdirector de Fedea, J. Ignacio Conde Ruiz, en un reciente post, el 67% de los temporales lo siguen siendo tres meses después, el 20% ha vuelto al paro y apenas un 4,5% consigue un contrato fijo.

Otros datos sugieren que tener un contrato temporal en España no termina de ser un buen negocio. Por ejemplo, que el 40% de los que se suscriben tengan una duración inferior a tres meses o que el número de ocupados con contratos de duración inferior a un mes se haya incrementado un 27% durante la era Rajoy. Y el definitivo: el 88% de los trabajadores contratados por un tiempo determinado no está en esa situación por elección propia sino que preferiría un empleo fijo.

El otro indicio que obliga a preguntarse sobre la calidad del nuevo empleo en España es el auge sin precedentes de los contratos por horas. El Gobierno maniobró en 2013 para flexibilizar la utilización de los contratos a tiempo parcial y equiparar el uso de esta figura contractual a los niveles del resto de países europeos.

Las cifras dejan pocas dudas de que lo ha conseguido. En el último año se han creado 66.500 empleos a tiempo parcial, el peso de esta figura sobre el total del empleo ha pasado del 13% al 16% y si ponemos el punto de comparación en 2011, cuando el PP accedió al Gobierno, el saldo es de 367.800 personas más trabajando a tiempo parcial, en un periodo en el que se ha perdido cerca de un millón de puestos de trabajo a tiempo completo.

Claro que esas mismas cifras revelan las inquietantes causas que se esconden tras el fenómeno. Y es que, según Estadística, dos de cada tres ocupados a tiempo parcial están en esta situación única y exclusivamente por no haber podido encontrar un empleo a tiempo completo. Sus expectativas no son muy halagüeñas: en 2013 sólo el 2% de los empleados a tiempo parcial accedió a un trabajo a tiempo completo.

Sin embargo, hay algunos rasgos que delatan que hay algo más que está provocando este incremento en la jornada parcial. Entre aquellos que han accedido a un nuevo contrato en el último año, 3 de cada 4 son mujeres. Y la razón por la que aceptan ese contrato es, para el 78% de las mismas, exactamente el mismo porcentaje que se observa para los hombres que trabajan a jornada parcial, porque no pueden acceder a uno a tiempo completo. Así lo advierte Sara de la Rica, investigadora asociada de IZA (Instituto de Investigación del Mercado de Trabajo, Bonn). Además, si comparamos hombres y mujeres dentro de la misma franja de edad, nivel educativo y sector de actividad, la mujer tiene una probabilidad de tener un contrato a jornada parcial que es más del doble que el hombre. “Da la impresión de que los empresarios están utilizando esta modalidad contractual sobre todo para mujeres, y esto podría abrir una brecha de género preocupante particularmente dañina para mujeres que se ven obligadas a aceptar trabajos a jornada parcial con menores retribuciones y, en la  mayor parte de los casos, alta rotación laboral”, afirma.

El resultado de estas dos corrientes, y de otras como el repunte del empleo por cuenta propia, es una erosión sin precedentes del núcleo estable del mercado laboral español, el formado por los trabajadores con un contrato indefinido a jornada completa. Este grupo ha perdido un millón y medio de efectivos desde el inicio de la crisis, la mitad de ellos en los últimos tres años, durante la etapa de Mariano Rajoy.

La alargada sombra de la precariedad

El profesor Florentino Felgueroso, investigador de Fedea y uno de los expertos que con mayor profundidad ha analizado el fenómeno de la precariedad laboral en España, asegura que hay alrededor de once millones de trabajadores, casi la mitad de la población activa, en situación de precariedad.

Sitúa en esa tesitura a los parados, a los subempleados (trabajadores que estarían dispuestos a hacer más horas en sus trabajos), a los temporales y a los desanimados, personas en edad y condición de trabajar pero que han perdido la fe en encontrar un empleo.

Y no acaba ahí, en su opinión, el mundo de la precariedad. Su clasificación no tiene en cuenta a los falsos autónomos, personas a las que se ha obligado a trabajar por cuenta propia para ahorrar costes a su empresa, un fenómeno por cierto que se ha disparado en ciertos sectores al calor de la instauración de  la tarifa plana de cotización de 50 euros para autónomos; ni tampoco a los falsos indefinidos, personas a las que se ha contratado aprovechando la tarifa plana de cotización de 100 euros a contratos fijos pero a las que se despedirá en cuanto la bonificación finalice.

Estas dos medidas estrella, que según el Ejecutivo han servido para estimular la creación de cientos de miles de empleos en los últimos meses, han tenido también su reverso tenebroso. No sólo porque hayan impulsado la creación de ‘empleos de oportunidad’, como denuncia el profesor Felgueroso, sino también porque han erosionado la cuenta de ingresos de la Seguridad Social, en un momento en que ésta andaba lejos de ser boyante.

La prueba es que mientras el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado un 2,5% en 2014, los ingresos sólo lo han hecho un 1,35%. El fenómeno no es únicamente achacable al efecto de las tarifas planas, que, lógicamente, permiten un significativo ahorro a las empresas y autónomos que se benefician de ellas, sino también a la devaluación salarial y al auge de determinadas fórmulas como el contrato por horas, también impulsada desde el Ejecutivo.

A menos cotizaciones, menos ingresos para las arcas de la Seguridad Social y más incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, uno de las consecuencias más directas y menos mencionadas de la precariedad laboral. Al fin y al cabo, la importancia real del incremento de afiliados a la Seguridad Social está en que éstos hacen más viable y sostenible el sistema público de protección social, ya que eleva el número de cotizantes.

Y desde esa perspectiva la lectura del año 2014 no es tan positiva, porque si bien es cierto que al cierre de 2014 había 417.574 afiliados más que en el mismo momento de 2013, el crecimiento real de cotizantes si se tiene en cuenta el conjunto del año apenas supera los 250.000. Es decir, no toda la ocupación que muestran los registros de la Seguridad Social se ha traducido en ingresos frescos para sus arcas.

Al cabo no se trata únicamente de un problema del mercado de trabajo, afecta a la economía en su conjunto. Lo explica de forma muy clara J. Ignacio Conde Ruiz en su post ‘Precariedad’. “Es mala para los trabajadores porque la vulnerabilidad contractual les impide desarrollar una vida con normalidad, pero también es mala para la economía en su conjunto porque hace menos atractiva la inversión en capital humano, retrasa los cambios tecnológicos y dificulta la supervivencia de las empresas en crisis”.

A mediados de los 80, el Gobierno de Felipe González modificó las leyes laborales para impulsar fórmulas de contratación temporal, acabar con la proverbial rigidez del mercado de trabajo heredado del franquismo e impulsar la creación de empleo. Entre finales de los 80 y principios de los 90 la tasa de temporalidad pasó del 16% al 33%. Ya nunca bajó de ese nivel.