La pobreza puede abordarse como una cuestión de justicia, solidaridad o caridad. Como justicia, pues nadie merece ser pobre; como solidaridad, debido a que va con nuestra propia identidad apoyar a los más necesitados; o como caridad, por la mala conciencia que genera saber que uno está bien y otros mal. Liberales, socialistas y religiosos de distintas confesiones estarían de acuerdo en luchar contra la pobreza, según, respectivamente, cada uno de los argumentos señalados: los liberales por justicia, los socialistas por solidaridad, los religiosos por caridad.

A estos argumentos claramente morales se añade el argumento utilitarista de que la pobreza daña el crecimiento económico: los pobres son menos productivos. Su nivel educativo es menor y su salud, peor, por lo que serían una fuerza de trabajo de escaso rendimiento. Por todo ello, hay un claro consenso en la lucha contra la pobreza. Ya nadie defiende que está bien que haya pobres, o, más sutil, que la pobreza es natural y consustancial a las sociedades humanas.

La dificultad estriba en todo caso en cómo definir la pobreza. Hay dos grandes familias de definiciones de la pobreza. Una marca un mínimo vital de recursos: se considera que quien lo supera, no es pobre. Naciones Unidas ha definido este umbral en 1,25$ al día de paridad de poder adquisitivo, una medida que no es monetaria, sino, como su nombre indica, de capacidad de compra. Con esta definición, la pobreza prácticamente se ha erradicado en los países desarrollados, y ha disminuido considerablemente en el resto de países en las últimas décadas. Todo un logro para la expansión del capitalismo. El objetivo es acabar con la pobreza, y si bien no se progresa al ritmo adecuado, sí se hace en la dirección correcta.

O no. La otra forma de aproximarse a la pobreza tiene en cuenta que la definición del mínimo vital de recursos no se define en el vacío, según una supuesta naturaleza humana inmutable, sino que su definición es histórica. Amartya Sen, por ejemplo, habla de capacidades en vez de necesidades básicas, y estas capacidades no sólo se definen socialmente, sino que también su contenido es social, y no meramente fisiológico. Podemos ilustrar este debate con una polémica no muy lejana en torno a que los pobres no estaban tan mal si tenían cuenta de Twitter… No sólo es que la cuenta sea gratuita, sino que, a día de hoy, si se quiere buscar trabajo, conviene tener acceso a Internet y a las redes sociales, ser pobre es no tener la capacidad de estar conectado. No se es pobre por no tener acceso a Internet, sino por no disponer de las capacidades que permite el acceso a Internet, que se pueden alcanzar con diversos recursos. Esta idea de la pobreza como falta de capacidades es muy interesante, pero resulta compleja de medir (aunque el propio Sen haya desarrollado un índice de pobreza). Por ello, una manera más sencilla y operativa de definir la pobreza es como una proporción de la renta promedio de la población.

La definición empleada por Eurostat es el 60% de la renta mediana equivalente (es decir, ponderando el número de personas que residen en el hogar). Así definida, para una sola persona, el umbral de riesgo de pobreza en 2013 (último dato disponible, en euros nominales) estaba en 8.114€, mientras que en 2009 era de 8.876€ (para una familia de dos adultos y dos menores, el umbral era respectivamente de 17.040 y 18.641€, respectivamente). Como vemos, esta forma relativa de medir la pobreza se mueve según la renta mediana, por lo que cuanto más pobre es una sociedad, más bajo es el umbral de pobreza. Así se explica que, a pesar del brutal empobrecimiento de la sociedad española desde 2007, el mayor desde la post-guerra, el porcentaje de población bajo el umbral de riesgo de pobreza se mantenga constante, en torno al 20%.

Como vemos, esta forma de medir la pobreza es más bien una medida de desigualdad económica, pues indica qué proporción de la población se aleja mucho del promedio de la población. Quizá por ello el Gobierno no le da mucha importancia a las cifras de pobreza, ya que son un indicador de riesgo de pobreza, no la realidad de una carencia absoluta. En general, a los liberales no les preocupa la desigualdad en sí misma, siempre que sea resultado del libre mercado, o, en todo caso, cuando mejoren las condiciones de los más pobres (justo lo contrario de lo que ha sucedido en España, donde los más pobres son quienes han sufrido un mayor empeoramiento de sus condiciones de vida, véase aquí).

Desde el punto de vista liberal, preocuparse por la desigualdad tiene algo de inmoral, pues es dar pábulo a la envidia: si las personas somos diferentes es lógico que haya desigualdad. Frente a eso, hay quienes consideran que si somos iguales en derechos, no podemos ser demasiado desiguales en riqueza: “La igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro ni ninguno tan pobre que se vea precisado a venderse”  (Rousseau). En este debate moral también se pronuncian los utilitaristas: la desigualdad, y no sólo la pobreza, daña el crecimiento. La OCDE ha propuesto un nuevo argumento en este sentido, basado en la constatación de que en los países con mayor desigualdad económica, el nivel educativo  alcanzado por la población de bajo origen social es menor que en los países más igualitarios. Dicho de otra forma, quienes nacen en un hogar desfavorecido, pero en un país con poca desigualdad económica, consiguen un mejor nivel  educativo que si hubiesen nacido en un país desigual. En la edad adulta, estas competencias redundarán en una economía más productiva, y, por tanto, una mejora de bienestar para el conjunto del país.

De ser cierto este argumento, cuando hablamos de reformas estructurales que mejoren el crecimiento a largo plazo también debemos hablar de cómo reducir los niveles de desigualdad económica y mejorar la igualdad de oportunidades educativas. No sólo es una cuestión de equidad, sino también de eficiencia.

José Saturnino Martínez García (@mandarrian)