Poco antes de las elecciones del pasado mes de enero que llevaron a Syriza al poder, exponía desde estas mismas páginas de CTXT las razones por las que este partido, supuestamente radical, ya no asustaba a quien tendría que asustar: su posicionamiento a favor del euro, su sólida confianza en el proyecto europeo, sus escarceos con los magnates financieros, su disposición a “negociar” la deuda y su declaración expresa de que es “su obligación moral garantizar la continuidad del Estado”, convierten a esta formación –decía entonces– en una opción de continuismo y no de subversión. Han bastado cuatro semanas para comprobar que –por mucho escándalo mediático, muchas bravatas y mucho rasgarse las vestiduras– la situación de Grecia no ha cambiado de facto ni un ápice. Se engañan quienes piensan que estas “negociaciones” del Master Financial Assistance Facility Agreement aportan un alivio mínimo a la onerosa situación de los griegos. A fin de cuentas, Syriza no ha negociado nada –como tampoco ha negociado nada ninguno de los gobiernos anteriores–, porque, una vez aceptado el marco de los compromisos con los acreedores europeos, del reconocimiento de la deuda, de los memoranda, de la moneda única, de la financiación en los mercados y de las pautas de la Comisión, no hay soberanía alguna para negociar.

En realidad, todo lo que Grecia ha conseguido en estas “negociaciones” es un plazo de cuatro meses para tratar de “afinar”, con el beneplácito de sus acreedores, las condiciones de su endeudamiento crónico. Así de claro. A cambio, aunque esto no se diga claramente, ha reconocido de manera implícita la deuda y su viabilidad, ha consolidado el Acuerdo de Préstamo y los memoranda al no impugnar ni el uno ni los otros; se ha obligado a guardar fidelidad a la Troika (rebautizada eufemísticamente como “Instituciones”); ha condicionado a la aprobación de dichas Instituciones las reformas propuestas por su Gobierno; se ha comprometido a utilizar los préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera sólo para recapitalizar a la banca y no para políticas sociales o de desarrollo; ha consentido la presencia continuada de tecnócratas europeos en los ministerios (task force) y la aplicación de sus “recomendaciones” para cumplir con los objetivos financieros; ha convenido en seguir adelante con el mayor plan de privatizaciones del mundo (TAIPED); ha accedido a dedicar el total de los ingresos de privatizaciones y del superávit primario al pago prioritario de los acreedores a través de una cuenta cerrada en el Banco de Grecia; y se ha comprometido a no tomar unilateralmente medidas que puedan afectar a los objetivos financieros sin la aquiescencia de las Instituciones. Sí, ha leído Ud. bien. Si no da crédito, lea con atención el texto del acuerdo. Continuismo, pues, y no ruptura.

Lo que un Gobierno soberano, votado para la ruptura, debería hacer es lo que no se ha hecho desde el principio de esta “crisis” y lo que cada vez resulta más difícil de llevar a la práctica: detener de inmediato el pago de la deuda, auditarla de manera exhaustiva ejerciendo el derecho que le reconoce la propia UE (Art. 7.9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 21/5/2013), negar la legitimidad de la Troika (amparado en la ignorada resolución que el propio Parlamento Europeo adoptó el 14 de marzo de 2014), poner de manifiesto la insconstitucionalidad de los procesos por los que fueron aprobados los memoranda y el Acuerdo de Préstamo, promulgar por mayoría parlamentaria una nueva ley que los declare nulos, y llevar a los artífices de los acuerdos y los planes de rescate ante los tribunales internacionales, pues hay estudios que demuestran que los programas de la Troika contravienen el propio derecho originario de la Unión Europea y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y violan asimismo derechos fundamentales (vivienda, sanidad, seguridad social, educación, salario justo, negociación colectiva...) recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en otros acuerdos internacionales. Pero nada de esto se está haciendo. Sólo se estudian, cuidadosamente y de común acuerdo, las condiciones para seguir endeudados y colonizados.

Así pues, la situación actual de Grecia es extremadamente crítica, porque el país se halla en estos días ante una coyuntura histórica –la subida al poder de un Gobierno elegido democráticamente para intentar cambiar por fin el statu quo– que lleva camino de convertirse en un peligroso espejismo. Es la sociedad, deontológicamente, quien debe decidir su destino; y quedan sólo cuatro meses para poner las cosas claras ante esa decisión. Cuatro meses para tratar de combatir, con argumentos sólidos, años de intimidación y de mentira. Cuatro meses para decir con claridad y honestidad qué conlleva la opción de ruptura y qué conlleva la opción de continuismo: para exponer serenamente qué conlleva romper con la deuda, la moneda única y la Unión Europea, y qué conlleva –de verdad y sin tapujos– firmar un nuevo acuerdo para seguir en ese marco. Es ahora, de aquí al momento señalado para que Syriza estampe o no su firma sobre un nuevo memorandum (con el título eufemístico que se le quiera dar), cuando la sociedad griega tiene que decidir de verdad si toma las riendas de su destino o si las deja confiadamente en manos de sus acreedores.