El grado de aceptación popular se medía por la distancia entre la calle y la mesa donde nos tomábamos el café. En los mejores tiempos, el expresidente esperaba en la barra, junto a las cristaleras, a la vista del paseante. Nunca se sentó fuera en la terraza, pero sí en una de las mesas del primer salón, el más cercano a la entrada y el más populoso, medio lleno de clientes. Ahora nos esperaba en la planta de arriba, tan protegido de las miradas como el despacho que ocupó en el palacio de San Telmo. El expresidente, que es un tipo honrado con una cuenta corriente impropia de un virrey de Andalucía, viste un inapropiado chándal. Parece un exsindicalista de Delphi. 

—El problema es que había tanto dinero que había que gastarlo muy rápido.

Sí, a principios del año 2000, en Andalucía, como en el resto de España, había mucho dinero para políticas de empleo. Escuelas taller, casas de oficio, planes contra las deslocalizaciones, consorcios de hostelería, de soldaduras y cursos de formación para construir parados de recorrido renacentista, que lo mismo podían hacerse buzos para reparar cascos de buque que costureros para bordar mantos de la Virgen en Semana Santa. Montar una empresa de formación rentaba tanto como un pelotazo urbanístico. Había mucho dinero, pero no sobraba. Andalucía vivía en una permanente reconversión industrial desde los años setenta, las empresas necesitaban dinero para ajustar costes y sobrevivir, mientras los dinosaurios industriales como Santana Motor, las minas de la Faja Pirítica de Huelva, Cárnicas Molinas y los astilleros públicos vivían su envidiable decadencia a base de fondos públicos.

En el año 2001 se fragua lo que se conoce como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que bajo la instrucción de la juez del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, acumula 265 imputados y las fianzas civiles más altas impuestas hasta ahora en España: cerca de 3.000 millones de euros, el doble del dinero que la instructora considera defraudado.

En julio de aquel año, la Consejería de Empleo ideó un diseño para ayudar a empresas en crisis: subvencionar los expedientes de regulación de empleo. Los trabajadores afectados mayores de 52 años podrían marcharse a sus casas con una paga similar a la que venían manteniendo en el puesto, pero sin grandes costes para la compañía. Ganaban todos los actores: la empresa que recortaba gastos, el afectado que cobraba un sueldo hasta el día de su jubilación legal y la Junta, que evitaba conflictos laborales y rentas míseras. Pero también ganaron otros. Ganaron los despachos laboralistas y ganaron los intermediarios que se lanzaban a la calle a buscar empresas en crisis para llevarlas de la mano hasta la Consejería de Empleo. Ganaron las aseguradoras, las que recibían el dinero de la Junta para pagar mes a mes a los prejubilados, y ganaron los “tres o cuatro golfos” políticos, en una cuantificación escasa de los cargos públicos que se beneficiaron. 

Es importante comprender este asunto: las ayudas se concedían sin un protocolo de publicidad, varios actores se convirtieron en agentes comerciales del nuevo producto de la Consejería de Empleo. Dos intermediarios, Vitalia y Uniter, coparon casi todas las ayudas. Ambas recibían el dinero, buscaban la aseguradora, organizaban a los extrabajadores y se llevaban un porcentaje que, a juicio del Tribunal de Cuentas, es exagerado. El cálculo es que el sobrecoste de las aseguradoras fue de 64,3 millones de euros.

Ese julio de 2001, el día 17, dos personas se sientan frente a frente para firmar el convenio. Uno es el consejero de Empleo, el sevillano José Antonio Viera, hoy diputado socialista en el Congreso y a la espera de declarar como imputado en el Tribunal Supremo el próximo 7 de abril. Es un tipo introvertido, del aparato sevillano del PSOE y no demasiado trabajador. Un diputado socialista de la época lo recuerda como alguien que nunca estaba en la consejería los viernes; se dedicaba a cazar. El otro es su viceconsejero, un subordinado, el jerezano Antonio Fernández, extrovertido, antiguo sindicalista, el único de los grandes altos cargos de la Junta que ha pasado por la cárcel por este caso. Sigue imputado. El acuerdo es el siguiente: Empleo pagará ayudas a los trabajadores afectados por ERE, pero a través del IFA, el Instituto de Fomento de Andalucía, un ente instrumental cuyo presidente es el propio Antonio Fernández. De este modo, la Consejería de Empleo evita que el contenido de estas ayudas sea fiscalizado y autorizado de modo previo por los interventores de la Junta, sólo se analizará a posteriori y en el caso de que la Intervención lo incluya en una de sus programaciones anuales.

La forma legal del convenio se estudió durante meses, y se consultó con varios despachos de abogados especializados, para sortear, de un lado, la tardanza del interventor y, de otro, que la ayuda fuese considerada una subvención a una empresa. Por esto último, quienes cobraban la subvención eran las asociaciones de exempleados de las empresas, constituidas de acuerdo con Empleo, Vitalia o Uniter, y las aseguradoras contratadas. Semanas antes, una ayuda a Puleva fue rechazada en el Consejo de Gobierno a causa de las pegas del interventor. 

A partir de ese momento, cada subvención se decidiría exclusivamente en la Consejería de Empleo, sólo dentro de la casa y de acuerdo con un expediente que llevaría la Dirección General de Trabajo. Francisco Javier Guerrero era el director de este departamento. También extrovertido, sustancial en este caso, un tipo convertido ya en un personaje, gracioso; montó en la cárcel un grupo de música, sevillanas y rumbitas y esas cositas, Los Reptiles, en homenaje a su declaración ante la juez Alaya, en la que comparó el dinero de los ERE con un fondo de reptiles.

Cuentan que la enigmática instructora sólo se ha reído con él, a pesar de haberlo enviado dos veces a prisión de forma provisional; un tieso que manejó todos los fondos, que pagó a su chófer la cocaína con dinero público y que ahora no tiene dinero. En la nómina de imputados de Alaya hay dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y más de 10 exconsejeros del Gobierno andaluz, pero hay pocos políticos acusados de enriquecimiento personal: sólo Francisco Javier Guerrero. Alaya busca ahora averiguar si los dos pisos comprados por los hijos de Antonio Fernández formaban parte de pagos irregulares.  

Viera y Fernández comienzan a conceder ayudas ese mismo mes de julio de 2001, y el sistema se mantiene hasta 2012 aunque en los dos últimos años bajo un control digamos que aceptable. 5.982 personas fueron prejubiladas en Andalucía con el dinero de los ERE, la suma de las partidas ascendió a 855 millones de euros, que llegan a 1.217 si se suman los intereses. Para Mercedes Alaya, el propio sistema, basado en una transferencia de financiación de la Consejería de Empleo al IFA, es ilegal, de ahí que extienda el fraude a la totalidad del dinero consumido, aunque éste fuese aprobado cada año en el Parlamento andaluz. Ésta es una de las controversias del caso judicial, y la razón por la que hay tantos ex dirigentes de la Junta imputados, porque Alaya sostiene que hubo una voluntad conjunta de idear un sistema para delinquir. El Tribunal de Cuentas sí reclama 64 millones de euros a las aseguradoras, 252 millones más a 37 empresas y seis ayuntamientos que cobraron ayudas directas con cargo a la misma partida, y la Junta de Andalucía calcula que hay 71 intrusos que han cobrado nueve millones de euros sin tener derecho a ello.

El asunto de los intrusos refleja como ningún otro aspecto el descontrol con el que Francisco Javier Guerrero y sus dos consejeros, José Antonio Viera y, posteriormente, Antonio Fernández, llevaron el presupuesto. Intrusos son personas que se prejubilaron gracias a EREs en empresas en las que nunca habían trabajado. Y la nómina es extensa. El primero en ser descubierto fue un sindicalista de la UGT y exdirigente del PSOE en Baeza, Antonio Garrido Santoyo, que iba a cobrar 491.961 euros por prejubilarse en Mercasevilla, aunque nunca pisó el suelo del mercado central de la capital hispalense. 

-De acuerdo, había que gastar dinero de modo muy rápido, ¿pero cómo pudo durar el descontrol diez años sin que nadie se diera cuenta?

-Es que no fueron diez años, contesta el expresidente. 

Francisco Javier Guerrero se había convertido en un tipo efectivo. Negociaba con las empresas, con los sindicatos, cerraba acuerdos y evitaba conflictos laborales a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los de Empleo eran los señores Lobo de la Junta, allí donde había trabajadores protestando, iban, limpiaban y resolvían. El último gran caso fue el cierre de Delphi, en la Bahía de Cádiz, 2.000 trabajadores sin empleo por decisión de la multinacional. José Luis Rodríguez Zapatero prometió en el Congreso que no dejaría a nadie tirado en la calle, los chicos de la Consejería de Empleo se encargaban de encauzar el conflicto social, eran resolutivos, pero nadie preguntaba cómo o, al menos, nadie lo cuestionaba de verdad.  

Lo que el expresidente andaluz cuenta es, en parte, cierto: Guerrero se malogró al final. Su chófer Juan Francisco Trujillo confesó a la juez que había dado unas empresas de alta, que con parte del dinero recibido compraba cocaína para él y para Guerrero, que se la adquirían a un tal Gregorio Martínez y que el camello, natural de la comarca de la Sierra Norte, estuvo a punto de ser prejubilado. Sí, desde Empleo le pidieron a Antonio Albarracín, directivo de Vitalia, que lo colocase en alguna de las empresas; bueno, que lo colocase no, que lo prejubilase. La Junta de Andalucía ha encontrado hasta 72 intrusos, la mayor parte de ellos relacionados con el PSOE, con el sindicato UGT o con algunos cargos de Empleo. Agustín Moreno, un exalcalde de una pedanía de Jerez, Torrecera, conocido de Antonio Fernández, se prejubiló como minero en Huelva.  

Es más: el propio consejero también se prejubiló. Este hecho cierra un círculo dentro del que cabe lo que fue la Consejería de Empleo. Antonio Fernández había sido trabajador de las bodegas González Byass, solicitó una excedencia forzosa cuando comenzó a ocupar cargos públicos, así que cuando la compañía presentó un ERE que afectaba a 94 trabajadores, lo incluyó a él. La compañía recibió 17 millones de euros de la propia Consejería de Empleo para financiar el expediente, bueno, la agrupación de extrabajadores, entre los que estaba el propio Fernández con una cantidad asignada de 386.000 euros. Sin embargo, el consejero nunca firmó su póliza, sólo cobró la indenmización por despido, 31.419 euros, que ahora tiene embargada por la juez Mercedes Alaya. A la pregunta de si Fernández habría cobrado este dinero si en un futuro firmaba, desde Uniter se respondió: “Técnicamente, sí”. 

Ya no podrá hacerlo. La instrucción de Alaya ha paralizado no sólo este tipo de pagos, sino buena parte de la Administración andaluza, al menos la relacionada con el empleo. Los dos últimos presidentes deberán declarar en el mes de abril ante el Tribunal Supremo; la juez sostiene que, de algún modo, debían de conocer el fraude. El interventor general de la Junta, Manuel Gómez, emitió hasta 15 informes en los que advertía de que el sistema de financiación de los ERE no era el adecuado y que los expedientes que respaldaban cada ayuda estaban en posesión de la Dirección General de Trabajo sin que se supiese nada más de ello. Gómez enviaba estos documentos a todas las consejerías afectadas, entre ellas a la de Economía y Hacienda, cuyo titular fue José Antonio Griñán, después presidente de la Junta. Gómez nunca advirtió de un menoscabo de fondos públicos, pero, siendo graves sus apreciaciones, tampoco emitió el informe de actuación que hubiera paralizado el sistema.

No lo hizo, y hoy es uno de los imputados. Uno de los 265.