La historia de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura en dos legislaturas (la segunda de Aznar y la primera de Rajoy) y comisario europeo de Acción Climática y Energía desde 2014, se escribe a través de sus registros de actividades, ese documento que, para evitar conflictos de intereses, recoge las ocupaciones pasadas y presentes de diputados, senadores y altos cargos. Las buscamos en la página web del Congreso (fue diputado en tres legislaturas distintas). Nada. Probamos en la del Senado (también fue senador). Nada. Han desaparecido, como las de todos los diputados y senadores que ya no ocupan escaño. Ambas cámaras publican las declaraciones de actividades y de bienes exclusivamente mientras dura el mandato. Cuando se dan de baja, sus intereses desaparecen del escrutinio público. Así, es imposible comparar, por ejemplo, declaraciones de bienes de un diputado en activo con la de una legislatura anterior para saber si se han enriquecido durante su paso por lo público y cómo. También es imposible recuperar esos documentos cuando un exsenador, como pasó con Luis Bárcenas, pasa a ocupar portadas y portadas precisamente por las dudas sobre la procedencia de sus bienes. La memoria de la transparencia es de corto plazo.

La norma que avala este borrado es un acuerdo que firmaron las mesas de Congreso y Senado en 2009: una vez finalizado el mandato, los registros de actividades de diputados y senadores dejan de ser públicos. La única vía oficial para acceder a ellos es un proceso lleno de trabas burocráticas que culmina en lo que se conoce como un «procedimiento de exhibición personal»: el interesado debe razonar su interés por los datos - en mi humilde opinión, permítanme la osadía, este requisito es absurdo: cualquier ciudadano tiene un interés más que legítimo: las Cortes —y sus miembros— le representan- y, si la Mesa lo autoriza, podrá ver el documento ante la presencia de un funcionario y tomar notas, pero nunca realizar fotocopias o fotografías.Facilísimo.

Menos mal que en ocasiones encontramos atajos por los que recorrer un camino vetado de forma oficial. En 2011, cuando se hicieron públicas por primera vez, el diario El País descargó y publicó los bienes y actividades que senadores y diputados habían declarado en 2008, a principio de legislatura. Por entonces el valor de esos datos era bastante limitado, ya que la misma información estaba disponible en las webs de Congreso y Senado. Pero, con el tiempo, desaparecida la fuente oficial, se han convertido en un documento que cotiza al alza. Y gracias a ellos podemos arrancar esta historia con la declaración de actividades de Arias Cañete de 2008.

Además de declarar que era, de forma simultánea al escaño, consejero de una inmobiliaria (Bami Newco) y miembro del Consejo Asesor de una firma de cazatalentos donde no ejercía, comunicó que presidía Petrolífera Ducar, una empresa dedicada al almacenamiento, compraventa y distribución de combustibles líquidos y sus derivados en Ceuta y Melilla. Y añadía: «Dicha compañía no tiene ninguna relación con el sector público ni directa ni indirectamente». El BOE, como un detector administrativo de mentiras, le corrige: la Autoridad Portuaria de Ceuta había prorrogado poco antes el plazo de una concesión administrativa para el almacenamiento y suministro de combustibles a buques en el dominio público a la empresa de Arias Cañete. Hasta 2020, Ducar podía seguir trabajando ahí a cambio del pago de tasas por el uso de ese espacio. Esa relación con lo público puede no tener ninguna influencia sobre la labor de Cañete como diputado, pero existe.

Cambiamos de legislatura (finales de 2011) y contamos con una nueva declaración de actividades para poder seguir narrando esta historia. Ahora ya no es un diputado raso, sino ministro de Agricultura, Alimentación y, ¡ojo!, Medio Ambiente, así que las exigencias son más estrictas. La ley de conflictos de intereses establece que los ministros están obligados a mantener dedicación exclusiva al cargo, con algunas excepciones muy concretas, y que, en todo caso, no pueden cobrar más nóminas que la que firma el Gobierno. Así las cosas, Cañete tuvo que abandonar su carrera como tertuliano (en Intereconomía y la Cadena Cope), dimitir como consejero de la inmobiliaria y, lo que es más importante, como presidente de Ducar y Petrologis, una escisión de la primera ubicada en Canarias. Le sustituyó al frente de ambas empresas Miguel Domecq Solís, su cuñado.

Aun así, la ley (artículo 7) le obliga a abstenerse, durante dos años, en asuntos que puedan tener alguna relación con esas empresas en las que participó. Ese periodo de cautela no finalizó a los dos años, puesto que la normativa también incluye en el veto a firmas en las que participen familiares de hasta segundo grado. Su hijo, Miguel Arias Domecq, fue nombrado consejero en ambas compañías a finales de 2013. Como el proceso de inhibición queda resguardado en los procesos internos de lo público, no podemos saber si el entonces ministro cumplió la norma a rajatabla.

En esa declaración de actividades volvió a insistir en que Ducar no tenía ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el sector público, pero se abstuvo de añadir esa coletilla a Petrologis Canarias. E hizo bien, porque otro boletín oficial, esta vez el de la provincia de Las Palmas, le habría desmentido de nuevo: la empresa recibió, cuando él aún era presidente, una adjudicación para suministrar gasóleo a las instalaciones del instituto insular de deportes de Gran Canaria por 41.000 euros. 

En 2014, Arias Cañete llegó a Europa -en realidad, volvió. Ya había sido eurodiputado del 86 al 99 - y la cosa se puso seria. Tras las elecciones, presentó su primera declaración de intereses económicos como eurodiputado. El periodo reflejado es algo superior al español, ya que el Parlamento Europeo exige dar cuenta de las actividades de los últimos tres años. Además, reclama datos que la legislación española no considera necesarios. Estábamos en el mes de junio y el ya exministro declaró haber cobrado entre 500 y 1.000 euros al mes durante su etapa como presidente de Ducar y Petrologis y que, en el momento de tomar posesión de su escaño, poseía el 2,5% de las acciones de cada una de esas empresas. Además, afirmaba que, «durante el ejercicio de su mandato», planeaba continuar con la abogacía, que le reportaba entre 5.000 y 10.000 euros brutos mensuales.

En septiembre, su nombre ya estaba en la lista de Juncker para ser uno de los nuevos comisarios europeos. Y, por lo tanto, tenía que pasar por un examen aún más exigente (los tres años sobre los que deben rendir cuentas los eurodiputados se convierten en diez). El día 19 de ese mes presentó su declaración de intereses como comisario, en la que informaba que solo un día antes había vendido sus acciones en las dos empresas vinculadas al petróleo (valoradas en más de 400.000 euros) y que poseía participaciones poco significativas en BBVA, Banco Santander y Mapfre. Nótese que, hasta ahora, había sido ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y mantenido esas participaciones en ambas empresas dedicadas al petróleo sin problema. Además, incluye en el documento la actividad de su esposa, vinculada al sector agrícola, tal y como marca el Código de Conducta para los Comisarios, que además aclara que «no deben tratar asuntos en los que tengan intereses financieros o familiares». 

Con estos nuevos datos sobre la mesa, tuvo que modificar su declaración inicial como eurodiputado. Y lo hizo poco después, el 30 de septiembre. Ya no aparecían sus acciones de las petroleras ni su participación en el patronato de FAES. Además, añadía un cargo anterior que se le había escapado en el documento oficial: el cobro de entre 1.000 y 5.000 euros mensuales brutos como presidente del Comité Electoral Nacional del PP.

Pese a los esfuerzos por desligarse de su pasado empresarial, su relación con empresas dedicadas al petróleo, vinculado al hecho de que iba a ser nombrado comisario de Acción Climática y Energía, sembró dudas entre varios eurodiputados. En su primera intervención para pasar el examen de la Cámara y convertirse en comisario, quiso despejarlas: «Ni yo ni mi familia directa tenemos vínculo alguno con estas empresas. En este sentido, he ido más allá de lo que exige la normativa vigente». Su cuñado no es un familiar directo en el sentido estricto del término, es cierto, pero ¿y su hijo? Según fuentes del partido, que los medios replicaron entonces, había dimitido como consejero de ambas empresas. ¿Era así? Vistos los antecedentes, necesitaba un documento oficial para darlo por cierto, así que lo reclamé al Parlamento Europeo. En noviembre, después de insistir en varias ocasiones, el organismo respondió a una solicitud de información y envió los certificados presentados por el exministro, en los que las empresas aseguran que su hijo presentó la dimisión el 1 de septiembre. Hasta entonces había ejercido, pese al cargo de su padre como ministro. Pero eso era en España. En Europa las cosas se pusieron serias.

Extracto del libro ‘Españopoly. Cómo hacerse con el poder en España (o, al menos, entenderlo)’, que publica esta semana Ariel.

Eva Belmonte (@evabelmonte) es autora del blog elboenuestrodecadadia