Granada: “Fruto del granado, de forma globosa […], corteza de color amarillento rojizo, delgada y correosa, que cubre multitud de granos encarnados, jugosos, dulces unas veces, agridulces otras”. Los equipos policiales siempre suelen hacer un brainstorming (tormenta de ideas) cuando tienen que bautizar la investigación que han puesto en marcha. Un simple ritual. En este caso, el principal protagonista era Francisco Granados Lerena, durante muchos años la mano izquierda de Esperanza Aguirre en el Gobierno madrileño (la derecha era Ignacio González), por lo que bastó con buscar una palabra relacionada con el otrora todopoderoso político del PP. “¿Cómo se dice granada en latín?”, preguntó un agente de la UCO. “Púnica granatum”, contestó otro tras hacer una búsqueda en Google. “Suena bien. La llamaremos así, operación Púnica”.

Un nombre que tiene muchas connotaciones. No solo porque sirve para señalar al principal político implicado en la trama, sino porque el caso tomó forma desde varias investigaciones independientes, que en un principio no estaban conectadas entre sí, como los granos de una granada que se sueltan pero que proceden de un fruto común. Granos jugosos, como los negocios que Francisco Granados consiguió para su amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza Villaseñor, alias Mortimer. Dos amigos que exprimieron la granada durante 15 años disfrutando de los granos dulces que producen la impunidad y la avaricia, y que han tenido el mismo final agridulce, una celda de 11 metros cuadrados. Porque esta historia no se entiende sin sus dos protagonistas, Francisco y David. Sobre ellos gira una trama que ha dejado, de momento, 51 detenidos e imputados y 150 empresas investigadas, y que tiene visos de salpicar a muchos más políticos y empresarios.

El 21 de junio de 2007, Francisco Granados era un hombre feliz. Formaba parte del nuevo Gobierno de Esperanza Aguirre, que había revalidado victoria electoral unas semanas antes. Ese día, Granados prometía, no juraba, su nuevo cargo como consejero de Presidencia e Interior. Casualidades de la vida, en esa misma fecha el equipo número 4 de la Agencia Tributaria iniciaba una investigación fiscal contra una empresa de rimbombante nombre, Vancouver Gestión, cuyo 50% pertenecía a David Marjaliza. Había ciertas facturas, de elevada cuantía, que levantaron las sospechas del erario público. La investigación se amplió en diciembre de 2007 a un abogado del turno de oficio que se había hecho empresario para probar fortuna, Miguel Tercedor Moreno, dueño de la sociedad Ademo Asesoría Integral.

Un año después, en octubre de 2008, la Agencia Tributaria abría diligencias por delito fiscal contra Vancouver por un presunto fraude de 673.000 euros en el pago del impuesto de sociedades y del IVA: el caso cayó en el juzgado número 6 de Parla. El 7 de julio de 2009, Miguel Tercedor confesaba ante los inspectores de Hacienda que había emitido facturas falsas para Vancouver Gestión. La sociedad de Marjaliza le pagaba por trabajos ficticios, luego el abogado sacaba el dinero en efectivo, tras quedarse una comisión del 5%, y se lo devolvía en billetes de 500 a intermediarios de Marjaliza. Lo había hecho porque estaba arruinado y tenía ya “seis órdenes de embargo” contra sus bienes, según declaró.

Hacienda solo tuvo que tirar del hilo y ver qué otras empresas eran propiedad de Marjaliza por si habían seguido la misma dinámica. Se investigó a Tuvalu Gestión (50% propiedad de Mortimer), Atalia Grupo Patrimonial (25%), Servicios Logísticos Inmobiliarios (100%), Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana (41%), Impronta, Rehabilitación y Servicios (25%), Aruba Gestión (100%), Gestión y Técnicas de Ordenación Urbana (15%) y H2 Puente largo (6%). Algunas de estas investigaciones fiscales se judicializaron, otras no. El fraude podía superar los cuatro millones de euros.

En febrero de 2009 salía a escena otro personaje, con un peculiar tono de voz. David Javier Merino Morena hablaba para la revista Interviú. Alto directivo de la constructora DHO (la unión de Dico, Harinsa y Obrum), aseguró que su empresa, de la que era accionista Marjaliza, había pagado comisiones a cargos públicos para obtener contratos y recalificaciones. “Pagábamos en todos los sitios donde construíamos. Hemos actuado en Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, Coslada… y muchísimo en Valdemoro cuando era alcalde Francisco Granados (…) Era el tío más sucio del mundo, a ése le he dado yo el dinero directamente”, afirmó Merino.

El caso se judicializó en Almería, pero todo fue rocambolesco. Merino acudió a un notario para retractarse de lo publicado por la revista y en noviembre de 2009 el juez decidió no investigar los hechos al no encontrar indicios de delito. El sindicato de extrema derecha Manos Limpias, experto en meterse en todos los fregados judiciales con perfil político y mediático, llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción aportando una grabación de Merino en la que este reconocía que le habían presionado para desdecirse de lo que había afirmado en Interviú. Pero a nadie se le ocurrió en esos momentos conectar esa investigación con las que ya había abierto la Agencia Tributaria contra otras sociedades de Marjaliza.

La granada, que fue engordando año tras año, no empezó a pudrirse hasta marzo de 2013. Fruto de la venganza. La Fiscalía Anticorrupción recibió por correo ordinario una carta escrita a máquina, de un solo folio, con un contenido claro: “Existe una empresa llamada Waiter Music, que en realidad es de Francisco Granados, que se ha llevado contratos amañados en ayuntamientos madrileños”. Una empresa que organizaba conciertos y verbenas. Alguien de la competencia, harto de perder las adjudicaciones, mandó la misiva, de solo cuatro párrafos, a la Fiscalía. Se inició una discreta investigación, que no encontró hallazgos significativos, pero sí algunos indicios.

El Cascabel

El 13 de noviembre de 2013, Granados, entonces senador, participaba por la noche en la tertulia política de 13TV El Cascabel, trajeado, gomina en el pelo, sentado a la diestra del tertuliano Francisco Marhuenda. No sabía que horas antes la Fiscalía había ordenado abrir diligencias contra él. Un mes después, el 24 de diciembre de 2013, la Oficina Federal de Justicia de Suiza solicitó a España asistencia jurídica por una investigación penal por delito de blanqueo de capitales que había iniciado en el marco de una gran operación contra el narcotráfico. Había aparecido una cuenta de 1,5 millones a nombre de Francisco Granados Lerena en el banco BNP Paribas. El 1 de febrero de 2014, la Fiscalía incorporó las diligencias abiertas procedentes de Suiza al caso iniciado por la denuncia sobre Waiter Music. Ante la magnitud del caso, la Audiencia Nacional se hizo cargo del mismo el 18 de junio de 2014. De las cuentas suizas de Granados, se llegó a otra que compartía con David Marjaliza. El resto fue tirar del hilo.

La Púnica se define con bastante simpleza, señalan los investigadores de la UCO de la Guardia Civil. Dos amigos, un empresario avezado y un político que se creía impune, haciendo negocios allí donde tenían posibilidades de éxito. Comenzando en Valdemoro, donde Granados como exalcalde hacía y deshacía a su antojo. El político, interpretando las funciones de ‘conseguidor’, y el empresario llevándose jugosas adjudicaciones. Luego Granados se embolsaba su parte en forma de comisión. El círculo se amplió posteriormente y entraron en juego más políticos y empresarios. El juez Eloy Velasco define a Granados y Marjaliza como “núcleo de la organización criminal”, y “centro de una amplia red de tráfico de influencias”. De los 11.400 folios del sumario que se han hecho públicos, gran parte versan sobre el patrimonio, las empresas y los negocios de Marjaliza, Granados, y sus respectivas esposas. El sumario incluye, por fin, las investigaciones que se abrieron hace años por parte de Hacienda contra las sociedades participadas por Marjaliza.

No es el final, ni mucho menos. La Audiencia Nacional está a la espera de nuevos informes de los investigadores. El más importante, uno que analiza el papel que desempeñaron tres diputados autonómicos del PP, entre ellos el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, dentro de la trama. La UCO analiza los contratos que la Comunidad de Madrid firmó con una de las empresas investigadas, Eico Online Reputation Managament, propiedad del empresario vasco Alejandro de Pedro Llorca, detenido también en la operación. Eico se dedicaba a crear webs de información local para mejorar la reputación en Internet de los clientes que le contrataban. Como la Comunidad de Madrid, que pagó los servicios de Eico para mejorar la imagen del presidente madrileño Ignacio González.

La UCO investiga cómo se pagaron esos contratos y si el dinero público utilizado para ello pudo salir de la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), cuyo responsable fue también arrestado acusado de presunta malversación. La UCO cree que desde el ICM se giraron supuestamente facturas falsas a Indra (el 20% pertenece al Estado) con las que generar dinero negro con el que pagar a De Pedro. Los investigadores ya tienen testimonios de cargos públicos que han reconocido que De Pedro se presentaba en algunas Administraciones como enviado de Granados. El juez también ha llamado declarar por este asunto en calidad de imputada a la periodista Isabel Gallego, jefe de campaña de Esperanza Aguirre y directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid. Y como testigo a Florentino Pérez, ya que el Real Madrid también contrató a Eico. El juez preguntó a Pérez, ese ser superior según Butragueño, cómo llegó a Eico, cuánto pagó y qué trabajo le encargó.

Todos los granos de la granada estaban conectados. El hermano de Alejandro de Pedro es socio en una empresa panameña del exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa (otro detenido en la operación). Y Alonso también fue socio de David Marjaliza en la empresa Belice 2000, luego bautizada Atalia Grupo Patrimonial, la investigada hace años por Hacienda por cometer fraude fiscal tras pagar facturas falsas a nombre del abogado Miguel Tercedor.

Según la Audiencia Nacional, Alonso y De Pedro “encabezaban un entramado de tráfico de influencias, que consiste en realizar ciertos trabajos para mejorar la reputación en Internet del político, lo que no sólo les sirve para obtener un lucro económico directo, que se financia con facturas publicas vinculadas a contratos públicos ajenos y de de terceros, sino que también les sirve para acceder luego a otro tipo de contrataciones públicas para sí o para terceros a cambio de una comisión, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, falsedad documental y fraude”. Demasiados granos agridulces para una sola granada.