Si los padres —y olvidadas madres— de la Constitución Española convinieron en considerar como fundamental el Derecho a “recibir información veraz” no fue por mero lujo retórico en un arrebato de utopía, sino porque necesitaban simbolizar una clara ruptura con el Fuero de los Españoles de 1945, cuyo artículo 12 autorizaba tan sólo «a exponer libremente ideas mientras no atenten a los principios del Estado» franquista. Se homologaba así la naciente carta magna con las constituciones vecinas, al entender el acceso a información como condición necesaria para participar en la vida política, y se buscaba superar el control de las comunicaciones que había sido un factor clave para sostener cuarenta años de dictadura, ya no haría falta recurrir a emisoras clandestinas o leer prensa extranjera para conocer la evolución del contexto político internacional, o patrio.

No se puede culpar al respetable de haber olvidado que le asiste este derecho a recibir información veraz. Son varios los derechos constitucionales que fueron quedando en papel mojado: la negociación colectiva, una vivienda y empleo dignos, asistencia sanitaria universal… Esta crisis no ha hecho sino ponerles la puntilla, y el de estar bien informado no parecía siquiera uno de los más importantes. Al fin y al cabo, la revolución tatcherista nos había acostumbrado a pensar la información como mercancía y no como derecho. No hemos olvidado que servicios como sanidad, educación o agua potable merecen parcelas protegidas de la lógica del máximo beneficio, pero a diferencia de nuestros vecinos europeos nunca llegamos a aprender que la distribución de información quizá tampoco se pueda satisfacer enteramente en el seno del mercado. Eso que los franceses llaman “la excepción cultural”.

Y sin embargo, la creciente concentración de medios y su solapamiento con el capital financiero obliga a dudar de que estos sean eficaces en producir recursos comunicacionales para mantener a la sociedad bien informada, al menos en la misma medida que los produce para defender los intereses de sus propietarios. La estafa masiva de las preferentes, la privatización de las cajas a espaldas de la población, incluso el propio surgimiento de la burbuja financiera demostraron que el sector privado no favorece el fluir de aquella información «que atente contra sus principios», como ocurría con aquel Fuero dictatorial. ¿Se debe establecer una “reserva protegida” también en este terreno? ¿Es posible?

Si la universidad pública, con todos sus males, resiste como reserva de pensamiento crítico y plural (es decir, de pensamiento) es porque ha logrado no abandonarse por completo a la lógica de mercado. Permite todavía estudiar a Kant, debatir sobre la Transición, o confrontar diferentes modelos económicos, incluso algunos que predecían la crisis y clamaban por un freno a la orgía del crédito, al margen de que esto resulte o no rentable en términos económicos. Informar sobre los desmanes financieros quizá tampoco sea tan rentable como ayudar a taparlos.

Por eso, un sistema de medios públicos saludable, es decir independiente y meritocrático, sometido a criterios de rentabilidad social antes que económica, transparente y abierto a la participación de la sociedad civil, facilitaría que los periodistas pudieran investigar e informar libremente, sometidos únicamente a la presión del público y de otros profesionales, pero protegidos frente al gobierno de turno y los mercados. Eso animaría a los medios privados a mantener un nivel de calidad informativa o bien arriesgarse a hundir su credibilidad. Hubo un tiempo y unos espacios en nuestras radiotelevisiones públicas que dejaron muestra patente de esta potencialidad, nunca del todo explotada por falta de voluntad política. Hoy parece una posibilidad cada vez más remota, “nos hemos” convencido de que la cultura española es genéticamente incompatible con proyectos comparables a la BBC, por no hablar de los Open Channels bajo control ciudadano existentes en otros países de Europa.

Aquí, al parecer, lo que nos corresponde es soportar que los políticos manoseen lo de todos a su antojo, que cada nuevo gobierno descabece RTVE o la agencia pública de noticias EFE para imponer a comisarios de confianza, que se malgaste nuestro dinero en financiar productoras amigas, en tertulianos histriónicos que nos expliquen que lo público no funciona (ya se encargan ellos) e incluso en generar costosas redacciones paralelas de redactores con carnet del partido, dejando si hace falta miles de familias en la calle como sucedió en Telemadrid o en Canal9. Es lo que hay, pero esto no es nuestro destino fatal, es que hemos hecho muchas cosas al revés. Y cuanto antes dejemos de hacerlas, mejor.

Las cosas están al revés cuando son los trabajadores de la televisión pública con su lazo naranja los que tiene que exigir transparencia, calidad, control, cortar el malgasto y respeto al código deontológico. En este mundo al revés que es el ruedo ibérico, son los oligopolios privados quienes finalmente abren el grifo del pluralismo en sus debates, pues tanta es la sed de nuevas voces (y sobre todo nuevas palabras) que de un tiempo a esta parte los audímetros baten récords en tertulias y no en concursos cada sábado noche. 

En este extraño escenario, no son los capitales ociosos sino los periodistas valientes, enamorados de su oficio, quienes se juntan para aprovechar el ecosistema digital y crear proyectos de periodismo crítico e independiente (es decir, de periodismo), haciendo malabares para lograr la sostenibilidad sin tener que morderse la lengua. Habremos de entendernos --esos periodistas valientes, aquellos trabajadores movilizados y esta audiencia consciente-- para volver a poner al derecho algunas cosas, entre ellas el derecho a recibir información de calidad, exigir responsabilidades a quienes lo pisotee, recordar la función clave del servicio público y del tercer sector de la comunicación, y dejar de mirar al periodismo europeo con complejo de inferioridad. Nos falta sólo la voluntad política. Profesionales, pasión, creatividad e ideas nos sobran, literalmente: los estamos exportando. 

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Miguel Álvarez-Peralta es Investigador del Departamento 'Periodismo III' · Facultad Ciencias de la Información, y Profesor Ayudante de Periodismo (UCLM)

@miguelenlared