En los últimos 25 años ha habido dos crisis importantes en nuestro país, la de 1992 y la de 2008. En la crisis de 1992 el paro llegó a superar el 24%. En la crisis de ahora, ha alcanzado casi al 26%. La duración, sin embargo, ha sido muy diferente en cada caso. Hacia 1994, España (así como el resto de países europeos) ya había iniciado la recuperación. En cambio, en el ciclo actual, la recuperación se ha hecho esperar hasta 2014, seis años después del inicio de la crisis. 

En realidad, la crisis de 2008 contiene dos fases distintas. Una va del otoño de 2008 al verano de 2010, marcada por la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria. Las políticas expansivas puestas en práctica en los países desarrollados (incluyendo España) permitieron recuperar tasas de crecimiento positivas en la primera mitad de 2010. Pero el avance se vio súbitamente frenado por la crisis del euro en la primavera de 2010, que nos metió en un segundo ciclo recesivo, esta vez más prolongado, que no superamos hasta el año pasado.  

Mientras que España no salió muy alterada de la crisis de 1992, la crisis actual ha supuesto un cambio de rumbo fundamental. El país se ha transformado y lo ha hecho a peor.

Cabe distinguir dos tipos de consecuencias en la actual crisis. Unas que llamaré “superficiales”, no porque no sean graves, sino porque son reversibles, y otras “profundas”, que no será fácil modificar. Estas segundas son las que no se produjeron en 1992.

Entre las consecuencias “superficiales” se encuentran todos aquellos indicadores que revelan un panorama social durísimo. Nuestra tasa de paro es la segunda más alta de Europa, sólo superada por Grecia; la desigualdad se ha disparado, situándonos en niveles máximos dentro de la UE; la renta disponible de los hogares se ha reducido en torno a un 15% y la caída ha sido mayor entre quienes menos ganan; la generación más joven se encuentra atrapada y sin expectativas; hay una bolsa de más de tres millones de parados de larga duración, que son difícilmente recuperables en el caso de personas mayores de 45 años; y han surgido problemas serios de malnutrición infantil, pobreza infantil, infravivienda y desahucios y, más en general, de exclusión social. 

Sin negar en absoluto su importancia y el enorme coste humano que suponen, estos problemas no dejan de ser puntuales, en el sentido de que con el tiempo, a medida que se consolide la recuperación, la situación mejorará. El paro acabará bajando y los problemas más graves de pobreza se irán aliviando. 

Me gustaría centrarme ahora en las consecuencias “profundas” de la crisis, pues España ha vivido en estos últimos años lo que los anglosajones llaman una critical juncture, un momento excepcional o crítico en el que el rumbo de la sociedad se desvía, con efectos a muy largo plazo. 

Los recortes y ajustes que se han llevado a cabo han roto el equilibrio social que trabajosamente se construyó durante los primeros años de democracia y que se había mantenido en vigor hasta 2010. Por un lado, como se muestra en este especial de CTXT,  el Estado de bienestar ha sufrido una merma importante de recursos, así como una bajada de calidad en los servicios prestados: aulas más grandes, tasas universitarias más elevadas, menos profesores de apoyo, listas de espera más largas, copago sanitario, exclusión de la sanidad pública de los inmigrantes sin papeles, reducción de los servicios de dependencia, etcétera. La principal deficiencia que tenía nuestro Estado de bienestar es que era uno de los menos redistributivos del mundo desarrollado. En el futuro lo será aún menos. 

El programa de reformas estructurales ha estado claramente sesgado en contra de los intereses de la gran mayoría de trabajadores.

Por otro lado, el programa de reformas estructurales ha estado claramente sesgado en contra de los intereses de la gran mayoría de trabajadores. Fijémonos en lo  que se ha hecho en estos años: se han aprobado dos reformas laborales (una por el PSOE, otra por el PP), dos reformas del sistema de pensiones (una por el PSOE, otra por el PP), más una reforma del sistema financiero. La reforma financiera nos deja, tras la liquidación de las Cajas, con la mayor concentración oligopólica de poder bancario de la historia reciente. Los bancos supervivientes son hoy más poderosos que nunca: uno de sus efectos más visibles es la pérdida de independencia de los diarios que se editan en papel, en cuyos accionariados tienen ahora los bancos una presencia crucial.

Las reformas laborales, sobre todo la última, la del PP, han dinamitado el endeble sistema de relaciones laborales que tenía España. El mercado de trabajo se ha atomizado aún más y el sistema de negociación colectiva se ha desmantelado en buena medida, allanando el terreno para una bajada más rápida y generalizada de salarios dentro del proceso de “devaluación interna” que vive el país. Nos dirigimos hacia un mercado laboral de corte anglosajón, pero sin el dinamismo económico ni el tejido empresarial que tienen los países anglosajones, de manera que no se logrará reducir mucho el paro, pero se extenderán la precariedad y los trabajos mal remunerados y de bajo valor añadido.

Las reformas del sistema de pensiones, sobre todo la última, la del PP, supondrán en el medio plazo una reducción en torno al 20% de las pensiones contributivas. Los jubilados, que durante la presente crisis han prestado una ayuda clave a los miembros de sus familias en paro, pasarán a necesitar ayuda para complementar sus magros ingresos. 

Frente a este ánimo “reformista”, llama la atención que la principal fuente de dificultades en estos años, el desajuste fiscal entre ingresos y gastos, no haya merecido una verdadera reforma en profundidad. España es el país europeo en el que más cayeron los ingresos públicos con la crisis. Nuestro Estado dejó de recibir siete puntos de PIB. No ha ocurrido nada semejante en ningún otro lugar de la UE. ¡El impuesto de sociedades sufrió una caída de dos tercios! Pero ni los dos grandes partidos ni las instituciones europeas se han preocupado demasiado por resolver este problema. El PSOE subió tímidamente el IVA y luego el PP hizo una subida mayor de impuestos, aunque en ninguno de los dos casos se procedió a una reforma fiscal que aumentara verdaderamente la eficiencia y equidad del sistema impositivo.

Sabemos que España tiene uno de los sectores más grandes en Europa de economía sumergida. Sabemos también que España e Italia son los dos países de Europa occidental con menos inspectores fiscales por habitante. Y hemos aprendido recientemente que Hacienda es incapaz de cobrar la deuda pendiente de pago: según el Tribunal de Cuentas, la deuda con Hacienda en 2013 ascendía a 50.000 millones de euros. Buena parte de los recortes que se han realizado en el gasto social y en I+D tienen que ver con la incapacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal. Y, sin embargo, casi siete años después del inicio de la crisis, no se ha procedido a una reforma integral y a fondo, lo cual no hace sino alimentar la sospecha de que en España (y en otros países del sur de Europa) se ha aprovechado la crisis para hacer recortes que deshagan nuestro modelo social.

Nos han recortado hasta el futuro. Debemos ir asumiendo que nuestro país ha entrado en una nueva fase, caracterizada por una elevada desigualdad, un Estado de bienestar débil y escasa capacidad para redistribuir. Habrá un porcentaje importante de la población, con altos niveles de cualificación, que disfrute de todas las ventajas de la globalización y la integración europea y que tendrá ingresos suficientes para sufragar educación y sanidad privadas. Este grupo será, probablemente, entre un tercio y la mitad de la población. El resto vivirá en condiciones precarias, con fuerte rotación laboral, bajos salarios, probabilidad elevada de acabar en el paro y servicios sociales de mala calidad. ¿Alguien se imaginaba otra cosa después de cinco años de recortes y “reformas estructurales” pro-mercado sin mecanismos de compensación?