Ovidio Villar fue capturado por los fascistas sublevados en septiembre de 1936 con apenas 17 años de edad, junto con su cuñado, alcalde republicano de la localidad gallega de Becerreá. Desde entonces su familia no volvió a saber de él, explica su sobrina, Helena Villar. El padre de Helena y hermano mayor de Ovidio “pasó su vida absolutamente destrozado por esta muerte. Lloraba todas las cenas de Nochebuena”, recuerda la mujer. Ella no llegó a conocer a su tío, pues nació cuatro años después de su desaparición, pero su memoria se mantuvo viva por lo que le contó su padre.

“Mi padre murió en 1979 y nunca pensó en la posibilidad de encontrarlo”, explica Helena, que tampoco se imaginó que podría hacerlo hasta que se promulgó en 2007 la Ley de Memoria Histórica. Esta norma sanciona la rehabilitación de los represaliados del franquismo y contempla el otorgamiento de subvenciones para la identificación y localización de los más de 114.000 desaparecidos que hubo durante la Guerra Civil y la represión política posterior a la victoria franquista.

Entonces, Helena comenzó a pensar en la posibilidad de encontrar a su tío y, gracias a un historiador, supo que el cuñado alcalde fue fusilado en el cercano pueblo de Láncara y enterrado en el de Vilarrosa, unos kilómetros más lejos, en una fosa cercana a la iglesia. Por ello, piensa que su tío debe de estar también allí. “Lo busco con la ilusión enorme de enterrarlo junto a mi padre”, indica.

La Asociación por la Recuperación de Desaparecidos del Franquismo quiere hacer una exhumación en Vilarrosa con la esperanza de encontrar a varias víctimas. Sin embargo, esta organización no tiene fondos para llevar a cabo más recuperaciones porque el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo recortó desde su primer año los fondos para hacer cumplir la ley de Memoria Histórica, sino que los eliminó completamente.

“Desde 2012 no hemos vuelto a exhumar”, asegura el presidente de la ONG, Santiago Carcas. “Lo que hemos hecho ha sido trabajos de investigación sobre fosas comunes. Ya tenemos preparadas cuatro, con la anuencia de los familiares, los permisos oficiales y todo listo para cuando se vuelvan a entregar ayudas”.

Sin embargo, asegura, para eso tiene que haber un cambio de gobierno porque el del Partido Popular “ya ha dicho que no hay que remover el pasado”.

“Yo creo que aunque hubiera dinero disponible tampoco se emplearía en esta búsqueda." Helena Villar

Villar coincide en que la crisis es utilizada como excusa para no cumplir con una obligación incómoda para el Gobierno de Rajoy: “Yo creo que aunque hubiera dinero disponible tampoco se emplearía en esta búsqueda. No interesa buscar. Al contrario, me da la impresión de que se taparía con gusto y se zanjaría el problema”.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a dar las ayudas para exhumaciones en 2006, un año antes de la aprobación de la ley. Provenían de un presupuesto general destinado a la recuperación de la Memoria Histórica, que comenzó con tres millones de euros y alcanzó 5,68 millones en 2011.

De ese total, algo más de un tercio era para la recuperación de desaparecidos. El resto financiaba investigaciones, libros, homenajes, monumentos… Además, las subvenciones para las exhumaciones se limitaban a una por asociación al año y a un máximo de 60.000 euros.

Ese dinero, explica Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no siempre llegaba para cubrir los gastos, a pesar de que el 80% del trabajo lo llevan a cabo voluntarios. “Teníamos que pagar el sueldo de las tres o cuatro personas contratadas por la asociación y todos los gastos: desde la comida de los voluntarios, el alojamiento, la máquina retroexcavadora, viajes a archivos, viajes a recoger testimonios orales… Y luego las pruebas genéticas para identificar los restos”, explica.

Estas pruebas cuestan un mínimo de 600 euros por identificación, siempre y cuando ésta se produzca al primer intento, y “cinco días viendo trabajar a una máquina retroexcavadora son 2.000 euros”, afirma. “A veces el dinero de la ayuda quedaba corto y tenía que poner fondos propios de la asociación”, proveniente de las cuotas de sus 900 asociados y de donaciones.

Cuando el Partido Popular llegó al poder aseguró que en 2012 se mantendría el presupuesto dedicado exclusivamente a la localización e identificación de víctimas y que incluso lo subiría respecto al del año anterior (de 2,2 millones a 2,5), pero que no financiaría el resto de actividades de memoria histórica, a las que calificó como “propaganda”.

Sin embargo, la promesa quedó en papel mojado y desde que gobierna el PP no se ha destinado un solo euro del presupuesto nacional a ninguna actividad que tenga que ver con las víctimas del franquismo.

Desde que gobierna el PP no se ha destinado un solo euro del presupuesto nacional a ninguna actividad que tenga que ver con las víctimas del franquismo.

La ARMH, que había comenzado las exhumaciones bastante antes de que llegaran las ayudas, en el año 2000, ha visto drásticamente reducida la cantidad de recuperaciones. “En el año 2012, trabajando con las últimas subvenciones (otorgadas por el Gobierno del PSOE), exhumamos unos 35 cuerpos. En 2014 hicimos cuatro fosas y recuperamos siete cuerpos”, indica González.

La asociación tiene 107 fosas comunes en proceso de investigación. Sin embargo, en los últimos años sólo han recuperado restos de algunas cuya localización estaba bien identificada, para no tener que hacer una búsqueda larga y costosa, y donde no hay que usar excavadora. “Son fosas que no generan mucho gasto: el combustible de la furgoneta y como mucho el menú de los voluntarios. En vez de dormir en un hostal nos han tenido que alojar en casas particulares”, relata.

También ha habido exhumaciones en comunidades autónomas que tienen programas específicos como el País Vasco y Navarra. También Andalucía creó un equipo de exhumaciones, pero ha quedado paralizado tras una denuncia por mala praxis y el fin del pacto de gobierno entre el Partido Socialista e Izquierda Unida.

Las asociaciones de memoria histórica denuncian el doble rasero del Gobierno del PP hacia las víctimas, ya que en los últimos años el Ministerio de Defensa ha contribuido a la repatriación de soldados españoles de la División Azul enterrados en Rusia.

“Con solo un euro que se destine a eso en Rusia, es un agravio total para los 114.000 desaparecidos que hubo en España durante el franquismo, pues ya es más de lo que se destina a ellos”, protesta González.

Para los familiares de las víctimas y las organizaciones que trabajan en la búsqueda de desaparecidos el tiempo es crucial. Cada año se mueren más familiares directos que llevan años esperando saber qué fue de sus seres queridos. “Ya nos ha tocado algún familiar que ha muerto estos últimos meses. Y han muerto con la misma rabia, llorando y pidiendo que por favor le dieran a su hermano”, lamenta Carcas.

“Después de Camboya somos el segundo país en el mundo con mayor número de desaparecidos, y no se hace absolutamente nada por recuperarlos. Muchos de ellos sabemos dónde están, pero como no hay medios, no los podemos recuperar”, critica el presidente de la ARDF.

Además, cada vez se hace más complicada la tarea de identificar los puntos de enterramiento, pues también fallecen los testigos directos. Y, como denuncia Marco González, “muchas fosas van desaparecido, por ampliación de carreteras, por ampliación de cementerios, porque se han degradado por las condiciones de la tierra…”.

Helena Villar señala:  “No se trata de hacer guerras ni de volver a recordar nada”. “Es por la dignidad de los que están desaparecidos y por la dignidad de los que los buscan, y porque el país tiene que limpiar todo el pus de la herida de aquella tragedia para ser un país limpio en el que nos podamos mirar todos a la cara”, sentencia.