Pau tiene 16 años. Una parálisis cerebral infantil de nacimiento hace que su vida transite entre dos lugares: la cama y su silla de ruedas. Le cuesta hablar y solo sus más allegados consiguen entender las necesidades de un niño atrapado en un cuerpo que no responde a sus órdenes. La rebeldía involuntaria de su cuerpo lo condena. Natural de Cocentaina (Alicante), constituye el ejemplo claro de lo que es un gran dependiente: personas que precisan de atención 24 horas al día.  

Un colectivo que vio la esperanza en 2006. El Gobierno socialista aprobaba la llamada Ley de Dependencia con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Su nacimiento tenía varias motivaciones: dotar de dignidad a los dependientes y garantizar su autonomía personal sin importar las circunstancias. Se creaba el cuarto pilar del Estado del bienestar en España. 

Pero la estructura nació con importantes grietas. La principal: lo hizo sin el presupuesto adecuado. El pacto alcanzado entre las Comunidades Autónomas y el Estado de pagar a escote un servicio básico acabó por no cumplirse. El Estado no presupuestó el dinero suficiente y muchas autonomías nunca se creyeron la ley, poniendo trabas a la losa pesada que ya arrastraban estas familias. La dilación de la puesta en marcha fue desproporcionada. 

Suspenso crónico

De entre las autonomías que más piedras pusieron en el camino destacó la Comunidad Valenciana. No en balde, registra un suspenso crónico desde que el Observatorio de la Dependencia elabora una serie de informes anuales sobre la situación de la dependencia en las distintas autonomías. La valenciana tiene el triste honor de situarse siempre a la cola. En el último dictamen publicado obtenía una puntuación de 1,9. Compartía la calificación más baja junto a Canarias, Ceuta y Melilla. 

“La falta de inversión, que se encuentra por debajo de la media estatal, y la falta de voluntad política son las causas de los repetidos suspensos”, explica Carmen Santamaría, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en el País Valenciano. “Para el Gobierno valenciano la ley era una molestia y por eso nunca ha habido voluntad política de impulsarla”, añade Joan Planells, presidente de CERMI-CV, una entidad social que ayuda al colectivo. 

Un panorama dantesco para las 54.290 personas que actualmente tienen el derecho reconocido de ser atendidos por una de las dos modalidades que marca la ley. Es el caso de Pau. El hijo de Hipòlit y Carmen cuenta con ayuda, pero el camino que han tenido que recorrer no ha sido fácil. “Desde que te aprueban la ayuda, las familias han de recorrer un auténtico via crucis hasta cobrarla. Nosotros lo conseguimos gracias a que llamábamos todos los días a Conselleria”, critica la madre. 

Sin embargo, existen 15.000 personas que esperan ser reconocidas por el Gobierno valenciano. Y otras 12.800 de las casi 55.000 del total, pese a que se les ha otorgado el derecho, aún siguen esperando recibir la prestación. 

En ese limbo se encuentra Mónica, la hija de Silvia. Tetrapléjica y sin visión a causa de un atropello a los 13 años –ahora tiene 34-, le fue aprobada la ayuda en 2010. Cinco años después, no ha recibido ni un solo euro. “Tengo 63 años y vivo de alquiler. Puedo pasar gracias a la ayuda de mis otros hijos, pero no puedo continuar así”, afirma Silvia. “Necesito los medicamentos de mi hija y no puedo pedir ayuda constante a mi familia. Es una situación de impotencia que me ha llevado a estar en depresión”, narra. “Siento entre frustración, rabia y dolor. No entiendo por qué un gobierno da derechos y otro los quita”, se pregunta. 

Unos recortes que ha padecido Conchi, quien tenía a cargo un hijo dependiente que falleció el año pasado. “Mi hijo tenía parálisis cerebral. Nos daban 600 euros, pero coincidiendo con el agravamiento de su discapacidad, me lo rebajaron a 300”, cuenta la madre. Muchas familias que han visto morir a sus hijos ni siquiera llegaron a cobrar la ayuda. 100.000 personas han fallecido en España desde 2012 en esta situación, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la Comunidad Valenciana la cifra se acerca a los 30.000 desde 2007. 

Y por si fuera poco, Rajoy ejecutó un tijeretazo a las ayudas en 2012. “Sacaron de la Seguridad Social a las madres que actuaban de cuidadoras no profesionales. Era una injusticia, ya que muchas mujeres al tener que cuidar de sus hijos renuncian a su vida laboral”, denuncian los padres de Pau. “Se recortó de forma arbitraria, sin criterio”, agrega Santamaría. 

A esto se suman los impagos de las ayudas por parte de la Generalitat. “Había impagos de hasta seis meses, ahora se paga con dos de retraso. Pese a la mejora, es una situación intolerable”, censura Santamaría. No es la única traba. En 2013, el Gobierno valenciano revisaba a la baja los grados de los dependientes. Solo una sentencia conocida estos últimos días, que da la razón a un afectado frente a Conselleria, podría rectificar el recorte encubierto. 

Negocio y nepotismo

Las irregularidades son una constante en la Comunidad Valenciana. Y la dependencia no se ha librado de ellas. La empresa que creó la Generalitat para gestionar las ayudas –Avapsa- se convirtió hasta su disolución en un auténtico nido de sospechas. Casos de puertas giratorias, sentencias por contratar a la plantilla de forma irregular o las críticas por los ‘enchufados’ han sido varios de los episodios más destacados. 

Irregularidades que han afectado a los dependientes, en especial cuando se producía la valoración del grado de discapacidad. “A nuestro hijo lo valoró una persona que no sabía nada sobre lo que era un dependiente”, afirman los padres de Pau. “No era un caso único, era la tónica general. Llevaban plantillas de calificación muy extrañas y en sus preguntas se les notaba que no entendían nada del tema”, añaden. “Avapsa era una agencia de colocación de afines al PP. Y se demostraba en las calificaciones ¿Qué hacía un arquitecto valorando si una persona era un dependiente?”, expresa Planells, sumándose a las críticas. 

Pero hay más. El catálogo de servicios de la ley daba dos opciones: llevar al dependiente a una residencia o acogerse a la ayuda. La mayoría optó por la segunda, aunque en la modalidad de cuidadora no profesional ante la imposibilidad de gozar de un servicio de ayuda a domicilio, pese a que la ley lo contemplaba. La excepción se hizo norma. A pesar de eso, la primera opción se convirtió en un negocio para empresarios próximos al PP. Incluso, el presunto cabecilla de Brugal, Enrique Ortiz, pedía en varias conversaciones, entre otros, con su socio Vicente Cotino –sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino-, que se suprimieran las ayudas al colectivo para que se llenaran sus residencias. Incalificable. 

Repago sí o sí

Al calvario que padecen los colectivos de dependientes en tierras valencianas se suma otra espina más. Y no menor. Se trata del mal llamado copago, que exige a los dependientes el pago de una cantidad por la prestación de los servicios que da la Generalitat. Doble pago impuesto en 2013 por el Gobierno de Alberto Fabra, que fue tumbado por la justicia en 2014 ¿La razón? No se podía exigir ninguna cantidad para un servicio “objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal”, rezaba el escrito. El copago solo se podía aplicar en forma de tasa. Y Fabra no lo desaprovechó: instauró el repago con esa modalidad. 

Sin embargo, la tasa ha sido de nuevo llevada a los juzgados. “Hemos recurrido el copago al Tribunal Constitucional con la ayuda del PSOE. La Generalitat no tiene competencias suficientes para llevarlo a cabo porque es materia estatal”, explica Planells, comparando la tasa a los dependientes con el euro por receta que impuso Cataluña y que fue tumbado por los tribunales. 

“La imposición de la tasa tras su anulación por la justicia es de tener muy mala fe”, denuncia Santamaría. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia del País Valenciano ha pisado varias veces la calle pidiendo su supresión. Justo la entidad valenciana –más concretamente, la alicantina- fue el germen de la marea naranja que ahora se identifica en todo el país como símbolo de lucha por los derechos de las personas dependientes. “Nosotros fuimos los pioneros y seguiremos reivindicando nuestros derechos y haciendo visible un problema demasiadas veces invisible”, afirma Santamaría. Una batalla justa, lanzada en territorio hostil para los discapacitados.