El 3 de mayo de 1998, el Consejo de la Unión Europea, reunido en su formación de jefes de Estado y de Gobierno –una circunstancia particular, ya que hasta la reforma de Niza el Consejo Europeo no tenía capacidad jurídica en el entramado de la Unión Europea-, aprobó la puesta en marcha de la tercera fase de la Unión Monetaria, y fijó a finales del año las paridades irreversibles entre las monedas nacionales participantes y la nueva moneda europea. España lograba así uno de sus principales logros: viajar, por primera vez en su historia, en el vagón de cabecera del tren de la construcción europea, ese tren que tantas veces habíamos perdido en el pasado. Llegar hasta ese punto supuso no pocos sacrificios: en el camino, España tuvo que someterse a un duro ajuste macroeconómico fijado por los criterios de convergencia, aderezado con no poca contabilidad pública creativa, que incluía las privatizaciones de gran parte del tejido industrial y empresarial público, ese tejido que hoy puebla el Ibex 35: Repsol, Telefónica, Endesa, Argentaria, por citar sólo algunas de las joyas de la corona. Pero el esfuerzo había merecido la pena: España estaría en el euro, en el núcleo de una Europa preparada para la ampliación al este. España formaba parte, así, de la unificación definitiva de un continente herido por dos guerras mundiales y una guerra fría. 

No faltaron entonces voces críticas con el proceso y la estructura de la unión monetaria. Desde un lado del espectro ideológico, se argumentaba que la pérdida de soberanía que representaba renunciar a una política monetaria autónoma restringiría en gran medida los márgenes de maniobra frente a posibles crisis económicas. Si a ello uníamos los estrictos criterios de política fiscal y gasto público asociados a la pertenencia a la eurozona, la conclusión era que los gobiernos dejaban buena parte de la política macroeconómica en una especie de “piloto automático” sin muchas posibilidades de variar el rumbo. Puro neoliberalismo, aducían. 

Desde el otro lado del espectro, se alertaba de la falta de integración de las economías reales y los diferenciales en términos de competitividad y productividad, y se añadía que la ausencia de un poder público suficiente como para dirigir toda la política económica de la eurozona llevaba al euro a no ser una “zona monetaria óptima”, y en el que no habría capacidad de corregir desequilibrios entre unas economías y otras. 

Han pasado 17 años desde aquel 3 de mayo. En este periodo, la eurozona ha estado en crisis casi la mitad de su tiempo. Si a los años de la crisis sumamos los años en los que se gestó dicha crisis, llegamos a la conclusión de que el experimento se torció casi nada más nacer. Durante los primeros diez años de existencia, la eurozona comenzó a acumular desequilibrios internos en términos de productividad –mayor en el norte, menor en el sur-, financieros –ahorro en el norte, endeudamiento en el sur- y competitividad internacional –superávit comercial en el norte, déficit comercial en el sur-. Con monedas nacionales, estos desequilibrios habrían llevado a una apreciación de las monedas del norte y a una depreciación de las monedas del sur, lo cual habría paliado en gran medida dichos desequilibrios. Pero la pertenencia a la Eurozona y la moneda única no permitían ese ajuste automático, por lo que los desequilibrios se siguieron acumulando (el sur comprador, el norte vendedor) hasta que estallaron en 2008, con motivo de la crisis financiera internacional. Los países del sur terminaron con rescates totales o parciales –Portugal, España, Grecia- y los países de norte imponiendo sus condiciones para llevarlos a cabo. 

Sólo entonces, y muy tímidamente, se comenzó a hablar de los posibles “errores de diseño” de la moneda única: falta de mayor coordinación de las políticas fiscales y estructurales, falta de integración de los sectores financieros, ausencia de mecanismos de resolución de crisis… aspectos todos ellos en los que se ha insistido en los últimos años para paliar, que no eliminar, ese déficit de diseño de la moneda única. 

Algo se ha avanzado, sí. Hoy la estructura de “gobernanza” de la eurozona es más completa, tiene más herramientas para prevenir y gestionar crisis. Pero, ¿y si el problema del Euro no fuera de diseño, sino de concepto? ¿Y si fue un error no ya su estructura y gobernanza, sino su propia existencia? ¿Y si reconocemos que es mejor para todos que el euro desaparezca? ¿Y si lo que dicta la racionalidad económica es que los países del Norte y del Sur de Europa no pueden compartir una misma moneda?
 

¿Y si el problema del Euro no fuera de diseño, sino de concepto? 

Hoy el debate está abierto sobre Grecia, y se pone encima de la mesa como un precipicio amenazante si no hay acuerdo en la resolución de sus problemas de deuda. Pero nadie “respetable” lo plantea como una opción real: de hecho, todas las partes implicadas lo descartan. Pero no faltan razones fundamentadas para cuestionarse la continuidad en el euro. 

En efecto, por mucho que mejoren los mecanismos de gobernanza monetaria de la Unión Europea, es materialmente imposible que una misma política monetaria sea óptima para gestionar diferentes momentos económicos. Si las condiciones estructurales y de ciclo económico no son las mismas en Alemania que en España, utilizar una política monetaria uniforme para ambos países significa que en algún momento uno de los dos países pagará un coste extra. Ante esta situación sólo caben dos opciones: o someter las economías a una férula estructural que las sitúe en el mismo ciclo económico, o establecer, por la vía de la política fiscal, mecanismos de compensación de los desequilibrios entre ambas economías. La segunda de las opciones, conocida en el argot europeo como “unión de transferencias”, ha sido categóricamente negada por los países del norte, en la medida en que significaría que los ciudadanos alemanes de Baja Sajonia terminarían pagando impuestos para financiar las prestaciones de desempleo del Alentejo en Portugal. Una hipótesis de la que el contexto político, social y cultural de la Unión Europea está hoy más lejos que nunca. 

Queda como alternativa la primera opción, que es la efectivamente elegida por las instituciones europeas: la vía de las reformas estructurales que tienden a equilibrar la competitividad del sur con la del norte, haciendo equivalentes la relación productividad/coste en el norte y en el sur (en el norte, alta productividad y alto coste; en el sur, baja productividad y bajo coste), al tiempo que se profundiza en la integración de los mercados reales (y muy especialmente, los servicios). Nada garantiza que este camino llegue a buen término, y el coste social que lleva implícito es enorme, como estamos experimentando, con resultados más bien mediocres en términos económicos hasta el momento. 

Descartada por imposibilidad material la vía del equilibrio vía transferencias, y constatada la escasa utilidad y el alto coste social de las reformas estructurales, ¿qué futuro tiene nuestra pertenencia al Euro? ¿Cómo es posible que lo que ayer nació para unir a los europeos hoy sea su principal factor de división y enfrentamiento? ¿Cuánto tiempo tardarán los europeos, tan dados a las luchas fratricidas, en restañar las heridas de la impaciencia nórdica y el resentimiento mediterráneo? ¿No ha llegado el momento de plantearse con serenidad y sin miedos la conveniencia de terminar el experimento?

Para España, responder a esta pregunta es clave. No se puede hacer economía ficción –aunque en realidad quizá sea la única que se hace- pero con total seguridad nuestro devenir económico habría sido otro sin la moneda única. Con una peseta débil, y altos tipos de interés, la burbuja inmobiliaria habría sido mucho más pequeña, y el crecimiento económico de los años 1998-2008 habría sido sustancialmente menor. Es posible que la afluencia de financiación del norte de Europa no se hubiera producido, y que nuestra balanza comercial no hubiera tenido el enorme déficit que llegó a tener. Seguramente en 2009 hubiéramos tenido que devaluar la peseta, repartiendo el coste de la devaluación uniformemente –y no concentrado en los sectores más vulnerables, como ha sido realmente el caso- y rebajando el montante global de nuestra deuda, que no hubiera alcanzado las cifras de espanto que hoy conocemos, pero por la que seguramente hubiéramos tenido que pagar un mayor coste en términos de intereses. La crisis habría tenido un menor impacto en nuestra economía, pero el crecimiento previo habría sido menor.  

Pero, mirando al futuro, ¿qué opciones le quedan a España? Salir del Euro hoy llevaría a la economía española a experimentar un impacto enorme a corto plazo. La fuga de capitales sería considerable, lo cual sin duda llevaría a un corralito bancario, la “nueva peseta” sería rápidamente depreciada por el mercado y aunque el monto total de nuestra deuda experimentaría –ya en términos de pesetas- un fuerte descenso en relación con el PIB, nuestro acceso a los mercados internacionales se restringiría en buena medida. Subirían los precios, se encarecerían las importaciones, y podríamos vender más barato al exterior, pero con una importante pérdida de poder adquisitivo. En términos políticos, no cabe duda de que para una generación –quizá la que nos llevó del franquismo al euro- significaría un fracaso colectivo, un “volver a la España de los 50”, como señalaron en su momento Santos, Garicano y Fernández-Villaverde. Un nuevo 98.

A largo plazo, sin embargo, y pasado este primer shock, España recuperaría competitividad, tendría acceso a una política monetaria a medida de sus necesidades económicas, y si se mantuviera la disciplina en una gestión monetaria y fiscal responsable, podría crecer a buen ritmo. Este aspecto –el de la responsabilidad- no es menor. Los hispanopesimistas –como Santos, Garicano y Fernández-Villaverde- creen que existe en España una fatalidad histórica que nos lleva a no saber gestionar nuestra política económica, y que la España fuera del Euro sería de nuevo la España de charanga y pandereta. Creen, con otros muchos, que el Euro nos proporciona esa férula disciplinaria que nuestra laxa mentalidad necesita para gestionar correctamente las políticas económicas. Nada indica que deba ser así. Aunque no nos lo parezca, fuera del euro hay economías europeas que están bien gestionadas, es más, buena parte de las normas de gobernanza económica de la Unión Europea se aplica también a los países que no están en la zona euro.

En conclusión, la salida de España del euro tendría un enorme impacto a corto plazo, y a largo plazo permitiría una mayor autonomía en la gestión de la política económica. Sopesar pros y contras no es fácil. La alternativa factible a esta salida sería rediseñar en profundidad la Europa del Euro, de manera que se dotara de los instrumentos imprescindibles para corregir asimétricamente los desequilibrios que de manera inevitable (sí, inevitable) volverán a acumularse mientras las economías europeas no logren una convergencia real en productividad, calidad de vida y ciclo económico. Europa debería acometer una enorme transformación política y social para asumir esa solidaridad real entre sus ciudadanos. El reto es enorme pero, si uno lo mira a la luz de la historia, no es descabellado.

La alternativa inviable es el business as usual, esto es, mantener la moneda única sin mecanismos de reequilibrio. Si no se construyen, tarde o temprano volveremos a vivir crisis muy similares a las que estamos viviendo en estos momentos. El futuro es difícil de adivinar, pero cabe preguntarse cuántas crisis como la actual puede sufrir una generación sin que ocurra algo peor que la ruptura de una moneda.