La Comisión Europea acaba de presentar su tan cacareada propuesta para luchar contra la tragedia de la inmigración. Una respuesta algo más ambiciosa de lo habitual, pero que puede volver a convertirse en un mero parche que sólo consiga aliviar temporalmente las conciencias sacudidas por los últimos naufragios a las puertas del Viejo Continente de las opiniones públicas europeas.

Europa debe pagar muchas facturas que han estado escondidas en los cajones durante largo tiempo: la de la insolidaridad entre los propios socios europeos que viven de manera muy diferente el fenómeno migratorio; su miopía al no ser capaz de articular una política de asilo común gestionada de manera supranacional al margen de ciclos electorales; y su frivolidad e inoperancia a la hora de valorar e influir en el fenómeno conocido como Primavera Árabe. "Los inmigrantes no dejarán de llegar de un día al otro", sentencia el experto Yves Pascouau, del think tank Europan Policy Centre a la vez que recuerda la importancia de impedir los naufragios mediante la vigilancia de las costas europeas y la lucha contra las mafias, si bien puntualiza que "lo importante son los fundamentos de la inmigración, la pobreza, la guerra y las dictaduras y este último punto es el más difícil de resolver".

Desde la captura y ejecución del ex líder libio Muamar Gadafi el 20 de octubre de 2011, Libia quedó sumida en el caos en una situación de Estado fallido que recuerda peligrosamente a Somalia. Los odios tribales, un país partido en dos y el auge del terrorismo islámico han convertido el territorio en un avispero causante de la desesperación de miles de jóvenes que acuden a las mafias para llegar al dorado europeo. Resulta difícil explicar cómo el que había sido hasta ese mismo instante un fiel aliado de Occidente en el espinoso punto del terrorismo internacional y el suministro del petróleo (no había prácticamente ningún mandatario que no tuviera una foto posando sonriente junto al general libio) pasase a ser derrocado con ayuda de una misión militar internacional bajo el amparo de la ONU y con el liderazgo de la Francia de Nicolas Sarkozy en las operaciones militares ofensivas, secundado por Reino Unido y Estados Unidos. El fin del sangriento dictador no trajo consigo ni la paz ni la prosperidad y Occidente fue incapaz de pilotar un proceso para el que quizás no tenía ni brújula ni aliados internos.

Ahora, los Veintiocho se enfrentan a la dificultad de luchar contra las mafias que campan a sus anchas en un país fracturado y que es lugar de tránsito para inmigrantes de otros países. Para ello proponen una iniciativa inspirada en Atalanta, la misión antipiratería en aguas somalíes. Como punto más controvertido de la propuesta, existe la posibilidad de que esta misión militar que incluso podría contar con la colaboración de la OTAN en labores de inteligencia pueda acabar destruyendo los buques con los que las mafias transportan a los desdichados inmigrantes. Para este último punto que incluiría la navegación en las aguas territoriales de un Estado fallido sin interlocutor como Libia, se necesitaría en apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y el sí de Vladimir Putin que de momento, fiel a sí mismo, sigue siendo no. Si Naciones Unidas no da un veredicto positivo, la UE puede limitarse a faenar en aguas internacionales y llevar a cabo labores de vigilancia para luchar contra el tráfico de personas.

"Puede costar mucho tanto conseguir la aprobación internacional como la puesta en marcha de manera efectiva, al igual que pasó con Atalanta a la que ha costado mucho dar sus frutos", advierte Pascouau. Una misión de alto riesgo militar de la que se excluyen operaciones terrestres y para la que Europa deberá buscar aliados en los países vecinos bajo amenaza de que cualquier fallo desestabilice aún más el precario orden de la región y sólo consiga desplazar los flujos migratorios de una zona a otra.

El reparto de inmigrantes intenta contentar a todos los Estados Europeos, pero que como suele suceder en el intrincado reparto de poder comunitario, de momento no gusta totalmente a casi nadie.

Dentro de la nueva propuesta del ejecutivo comunitario, nos enfrentamos también al peliagudo asunto del reparto de refugiados. Un término que sólo se aplicará a los inmigrantes procedentes de Siria a los que se les considera dentro del apartado de exiliados políticos, no a aquellos de huyen de África aquejados por la pobreza. 40.000 inmigrantes repartidos entre los países europeos, de momento de manera provisional a la espera de un plan de inmigración común antes de finales de año, según criterios de población, esfuerzo anterior en la acogida y otras variables como el paro y la situación económica. Un reparto que intenta contentar a todos los Estados Europeos, pero que como suele suceder en el intrincado reparto de poder comunitario, de momento no gusta totalmente a casi nadie.

Países como Alemania ven en esta hoja de ruta de la Comisión Europea la oportunidad de aligerar el número de solicitudes recibidas cada año fruto de su envidiable posición de país prospero con bajísimas tasas de paro. España y otros países ribereños consideran que el esfuerzo en la vigilancia de fronteras y en la devolución de los inmigrantes (Italia se ha visto obligada durante meses a soportar casi en solitario labores de vigilancia para evitar naufragios en sus costas) debe ser cuantificado a la hora de fijar cuotas. A todo esto se suma la crisis vivida por la periferia europea con tasas de paro y recortes de prestaciones. Francia tampoco está satisfecha del todo, aunque los criterios del ejecutivo comunitario aliviarían algo la carga de solicitudes de refugio vigente hasta ahora en el país. Un movimiento de descontento que sorprende a Bruselas y para el que quizás habría que encontrar explicaciones de índole interna.

Europa vuelve a tropezar, al menos por el momento, en su habitual falta de compromiso común con un entorno que no podía ser menos propicio: crisis económica, cuestionamiento de algunos aspectos del Estados de Bienestar , desapego del proyecto euro tanto en el norte como en el sur de Europa con formas diferentes que van desde el euoescepticismo a la eurofobía y el auge de partidos de extrema derecha que hacen en la xenofobia su razón de ser . Además, también hay que tener en cuenta el fracaso de los Veintiocho a la hora de integrar a inmigrantes de segunda o tercera generación que para pasmo de las opiniones pública europeas caen seducidos por las fauces de la yihad con el peligro que esto entraña para el auge de la islamofobia.

En medio de todo esto, el auge de un David Cameron renovado tras su mayoría absoluta y al que los Tratados permiten quedar excluido de ciertos ámbitos como la Política Interior y que por lo tanto, junto con Irlanda, no participa en al reparto de cuotas de refugiados y que pretende como eje de su segundo mandato un mayor control de la inmigración e incluso limitaciones en la libre circulación y las prestaciones sociales para los ciudadanos comunitarios.