Una réplica de un caballo de Troya ha viajado estos últimos meses por diferentes ciudades europeas. Detrás de esta alusión a la Ilíada se esconde la protesta de diferentes colectivos de izquierda y ecologistas contra la firma por parte de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos (EEUU) del Tratado Trasatlántico de Inversión y Comercio (TTIP por sus siglas en inglés), que puede convertir a las dos regiones en la zona de libre comercio más grande del mundo. La firma del tratado, prevista para 2017, puede generar, según defiende la Comisión Europea (CE), un aumento de ingresos anuales de 500 euros para cada hogar de cuatro personas. Pero estos cálculos no son compartidos por estas asociaciones, que creen que el enemigo se está introduciendo de forma sigilosa en territorio europeo. Las sospechas han aumentado dada la poca transparencia del proceso negociador, que ha levantado suspicacias a ambos lados del Atlántico. El texto será votado por el Parlamento Europeo el 10 de junio en una primera prueba no vinculante. 

Por parte europea, la CE es la institución encargada de reunirse con los representantes de Washington desde julio de 2013, pero no ha sido hasta enero de este año, con la llegada del nuevo ejecutivo europeo de Jean Claude Juncker, cuando la Comisión ha empezado a publicar algunos de los documentos.

Los eurodiputados de las diferentes comisiones parlamentarias que están accediendo a los textos deben enfrentarse a unas medidas de control más propias del imaginario colectivo de películas de espías que de un trámite normal: prohibición de móviles, firma de un documento de confidencialidad, compañía de un funcionario durante la lectura de unas textos que no se pueden reproducir en su totalidad tan sólo tomar notas…

¿Por qué tanto secreto? El Tratado pretende la eliminación de todas las trabas no arancelarias. Actualmente, las tarifas aduaneras entre EEUU y los Veintiocho son bajas (una media de un 3%) y por lo tanto, lo que se está dirimiendo es una homogeneización de las diferentes legislaciones en la distribución de productos y servicios, que abarca todo tipo de áreas, desde los transgénicos (muy reducidos en Europa y presentes en el 70% de los cultivos estadounidenses), la posibilidad de alimentar con hormonas al ganado, la prohibición de ciertas sustancias químicas --mucho más laxa en EEUU que en territorio europeo-- o la disparidad en la protección de datos entre uno y otro continente, que puede rebajar los estándares en Europa a través del comercio electrónico.

El 10 de junio el Parlamento Europeo vota una primera resolución con un carácter más simbólico que legislativo, pero que servirá como pistoletazo de salida para calibrar el estado de ánimo de la opinión pública europea.

Los críticos con el Tratado ven en la mayor competencia entre las dos regiones la posibilidad de socavar el Estado de Bienestar Europeo y los derechos de los trabajadores. Para sus defensores, se están aumentando las oportunidades de negocio de las empresas europeas y la Unión Europea está defendiendo sus especificidades legislativas en ciertos ámbitos, al igual que hace EEUU. El 10 de junio el Parlamento Europeo vota una primera resolución con un carácter más simbólico que legislativo, pero que servirá como pistoletazo de salida para calibrar el estado de ánimo de la opinión pública europea ante un tema de gran complejidad técnica y de gran sensibilidad política.

El primer gran caballo de batalla reside en la puesta en marcha de procesos ad hoc fuera del sistema judicial ordinario que se encarguen de proteger a los inversores privados frente a los Estados a través de unos mecanismos de arbitraje, conocidos como ISDS por sus siglas en inglés. Estos tribunales ya operan en tratados de libre comercio o de inversión entre diferentes países o regiones del mundo, y su propósito es proteger a los inversores ante cambios en la legislaciones públicas potencialmente lesivos para sus intereses en ámbitos tan dispares como el medio ambiente, los estándares sanitarios, los derechos laborales o posibles expropiaciones. Uno de los tribunales más conocidos es el CIADI, dependiente del Banco Mundial.

Sus críticos aseguran que este sistema da la última palabra a arbitrajes privados con el veredicto final de un experto del sector en los que el único sujeto con derecho a presentar una reclamación son los inversores ( en su mayoría poderosas multinacionales) y no el Estado. Estos arbitrajes privados también perjudicarían a la pequeñas y medianas empresas europeas que, en su gran mayoría, no pueden sufragar las multimillonarias facturas de estos procesos.

La Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara (INTA) votó una resolución el 28 de mayo con el apoyo de populares, conservadores, liberales y socialistas. La izquierda europea considera que la enmienda negociada por parte de los socialdemócratas europeos (con tan sólo oposición del representante francés) con los populares supone una "traición". 

El texto en discordia insta a "proponer una solución permanente" para resolver este tipo de litigios de manera que sean tratados con la transparencia debida por parte de "jueces de carrera independientes, elegidos en audiencias públicas y con un mecanismo de apelación" incluido en el engranaje de las jurisdicciones nacionales y europeas. El mismo texto, sin embargo, reconoce de manera velada que esto no será factible a corto plazo. En la misma enmienda, se asegura que "a medio plazo un Tribunal Internacional Público de Inversiones sería el medio más adecuado para tratar estas disputas", sin mencionar más detalles.

"Es la carta a los Reyes Magos. No existe este tribunal internacional, se habla en condicional y no hay plazos en el documento", explica Florent Marcellesi, portavoz de Equo en la Eurocámara. "En la enmienda que nosotros presentamos y que se supone que iban a apoyar los socialistas se prohibía de manera expresa la existencia de las cláusulas ISDS, y aquí ni siquiera aparece el término", se queja el eurodiputado, que define la actitud de los socialistas como "un giro de 180 grados", en línea con el texto propuesto por la Comisión Europea y no con las directrices de la izquierda.

La eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unitaria, habla de un mero "maquillaje" que "asume las tesis de la derecha en lo que no dejan de ser tribunales privados".

La eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unitaria, habla de un mero "maquillaje" que "asume las tesis de la derecha sobre lo que no dejan de ser tribunales privados".

Inmaculada Rodriguez Piñero, eurodiputada socialista miembro de la Comisión de Comercio, no comparte esta interpretación. Asegura que para poner en marcha una carrera de jueces especializados en este tema dentro del sistema vigente será necesario tiempo y de ahí la falta de concreción de un texto que sin embargo defiende de manera clara la independencia y transparencia de los procesos.

Según Rodriguez Piñero, "está faltando perspectiva" a la hora de valorar la "importancia estratégica" de esta resolución. "Lo importante es mandar un mensaje claro a los dos interlocutores con las líneas rojas de las nuevas reglas del juego que hay que establecer", dice, ya que el Parlamento Europeo sólo podrá dar el visto bueno general y no enmendar el texto definitivo.

Para la eurodiputada de la Comisión de Comercio Internacional, no se han resaltado suficientemente los grandes progresos en las negociaciones. "Hemos conseguido que en el texto se recoja la obligatoriedad de que Estados Unidos firme todos los convenios laborales internacionales de defensa de los trabajadores con la abstención del PPE, que fue muy difícil de conseguir [EEUU solo ha ratificado hasta ahora dos de los ocho convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)], y también hemos logrado que se blinden los servicios públicos europeos".

En este sentido, Rodriguez Piñero recuerda que los tratados europeos hacen recaer en los Estados las competencias de cómo ofrecer los servicios públicos a sus ciudadanos, por lo que no corresponde a Bruselas ni a ningún Tratado internacional abogar por la privatización de un servicio ni tampoco prohibir esta posibilidad. Lo que pretende la Unión Europea con el TTIP es conseguir que las empresas europea accedan a licitaciones públicas en los estados aplican las denominadas restricciones Buy American, que priorizan a las empresas y productos de EEUU.

Marina Albiol resume así la diferencia sustancial entre los socialdemócratas y el resto de fuerzas consideradas de izquierdas y ecologistas: "Ellos quieren un Tratado de cara amable, nosotros no queremos ninguno porque vemos en el texto un atentado contra la democracia y una dictadura de las multinacionales".

Quizás la votación plenaria del 10 de junio en Estrasburgo aclare algo las cosas, aunque solo será un primer ensayo de carácter no vinculante. Se trata de que los negociadores a ambos lados del Atlántico conozcan el veredicto de la Eurocámara con su posible impacto sobre la opinión pública y su capacidad para generar debate en la sociedad; pero las siguientes rondas CE-EEUU (hasta ahora se han realizado ocho) seguirán perfilando el texto definitivo.

Después, el Parlamento Europeo tendrá solamente la potestad de aprobar o rechazar el tratado por mayoría simple, pero no podrá introducir ningún cambio [eso mismo ha conseguido Obama en Estados Unidos]. La alianza entre populares, liberales y socialistas sería suficiente para la luz verde, con estos últimos como bisagra si no hay movimientos entre las diferentes delegaciones nacionales. Los Verdes, las izquierda europea, euroescépticos, y extrema derecha lo harán en contra. 

Cuando el PE apruebe el texto final, los Estados europeos, gobernados en su inmensa mayoría por fuerzas defensoras del Tratado, deberán votar por mayoría cualificada y no por unanimidad en el seno del Consejo, y emprender luego posibles procesos de ratificación parlamentaria nacional según su ordenamiento jurídico.