Todas las quinielas señalan que José Ignacio Wert será uno de los ministros que saldrán del Ejecutivo en cuanto Mariano Rajoy anuncie el lavado de cara de su Gobierno forzado por los malos resultados electorales y la presión de sus barones regionales. El titular de la cartera de Educación dejará una herencia nada deseable para su sucesor, ya que el ministro, aplicando el rodillo de la mayoría absoluta, ha conseguido poner a Gobiernos autonómicos y a las principales partes del sistema educativo en su contra. Se marchará, de hecho, sin saber qué va a pasar con el incendio que ha provocado su polémica reforma universitaria del 3+2 ni con otra de sus medidas estrellas, la LOMCE, que sigue provocando huelgas e insumisiones y que tanto PSOE como Podemos han prometido derogar si llegan al Gobierno.

El principal problema de Wert desde que asumió el mando del ministerio ha sido su falta de diálogo, un error monumental teniendo en cuenta que este es un sector especialmente dividido, con mucho obispo y lleno de sanctasanctórums. Y sus frecuentes polémicas declaraciones, quizá fruto de su pasado tertuliano (como que la fuga de cerebros “nunca puede considerarse un fenómeno negativo”), tampoco le han ayudado demasiado. Ambas actitudes hicieron que en pocos meses pasara de ser el ministro más desconocido a convertirse en el peor valorado (obtiene un 1,36 sobre 10, según el CIS). Aunque, más allá de sus peculiaridades, lo realmente importante es que su afán reformista ha ido directo a recortar el gasto en educación . 

Estas han sido sus principales reformas. 

1. EL TASAZO UNIVERSITARIO. Igual que ocurrió en Sanidad, Wert comenzó muy pronto a aplicar fuertes recortes para cumplir con la regla de oro de reducir el déficit. Cuatro meses le bastaron para aprobar su famoso decreto de medidas urgentes para reducir el gasto educativo, que incluyó desde un aumento de las horas de clase del profesorado hasta el conocido como tasazo universitario. Este exigió a las comunidades que cobraran al menos el 15% del coste real de la carrera a los universitarios, poniendo un tope del 25%, lo que produjo desde el principio un importante encarecimiento de la primera matrícula.

Como publicó recientemente CTXT, el tasazo ha hecho que, de media, los estudiantes tengan que pagar 800 euros más por sacarse un grado, un aumento del precio del 65%. Cataluña y Madrid han sido las comunidades que mejor han aprovechado este recorte de Wert, ya que sus estudiantes deben abonar hoy de media el doble que hace tres años por cursar la misma carrera. Y los másteres no habilitantes, cada vez más necesarios por la filosofía de Bolonia y por la alta tasa de paro juvenil, también han subido un 46%.

 2. RECORTE DE BECAS. El tasazo, no obstante, no habría minado tanto la igualdad de oportunidades si las becas se hubieran reforzado con el objetivo de que todos los españoles pudieran acceder a la universidad. El problema es que Wert hizo todo lo contrario poco después. Aprobó una compleja reforma del sistema, y luego reconoció que había producido un recorte medio de 300 euros en lo que recibe cada becado y que alrededor de 19.000 personas habían perdido la ayuda. Además, empezó a reclamar parte de la beca a aquellos alumnos que no aprobaran al menos el 50% de los créditos.

Mención especial requiere el recorte de las becas Erasmus, ya que el titular de Educación se enredó en una fuerte polémica con Bruselas --aseguró que la Unión Europea iba a reducir el dinero que transfería a España por este programa, algo que fue inmediatamente desmentido por el organismo comunitario (un portavoz de la UE llegó a decir que las declaraciones de Wert eran “basura”)--. Sea como fuere, lo cierto es que el nuevo programa del ministerio solo ayuda a los estudiantes a estar un semestre en una universidad extranjera, mientras que antes duraba todo el curso. También algunas comunidades han reducido sus propias ayudas e incluso algunas las han eliminado, como es el caso de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

3. MÁS HORAS Y RATIOS, MENOS INTERINOS. El profesorado, que en su condición de funcionariado ha sufrido importantes recortes desde 2010 y una tasa de reposición del 10% hasta el año pasado, también ha visto cómo se le exigía un mayor número de horas de clase. Los docentes de la ESO se han visto obligados a impartir un mínimo de 20 horas de clase a la semana --antes algunas comunidades lo tenían fijado en 18--, lo que les resta tiempo para prepararlas, para gestiones administrativas, atender a las familias o dar refuerzos para alumnos con necesidades especiales o que tienen dificultades con alguna asignatura concreta.

Esta y otras medidas, como el aumento de las ratios máximas de alumnos por clase (se elevó en primaria de 25 a 30 chavales y en la ESO de 30 a 35), así como que solo se pudiera sustituir profesores con personal interino cuando el titular llevara más de 10 días de baja (antes había comunidades, como Andalucía, que lo hacían a las 48 horas), han permitido rebajar también el gasto en personal y que sea menos necesario que nunca contratar a interinos. Unos profesionales que, por otro lado, han visto reducida la oferta de oposiciones a la mínima expresión por la mencionada tasa de reposición.

4. LA SUBIDA DEL IVA. Tras este decreto, la subida del IVA que aplicó el PP, solo dos años después de que Zapatero ya hubiera aprobado otra, llegó en septiembre de 2012 y se cebó especialmente con la cultura y los espectáculos, que pasaron a tributar de un 8% a un 21%. Aunque esta es una medida achacable a Montoro, el sector explotó y continúa acusando a Wert de ahogar a la industria. En varias entregas de premios ha sido ruidosamente abucheado, y numerosos escritores y artistas se han negado a estrecharle la mano o han rechazado premios del ministerio.

De hecho, en un momento en el que el Gobierno está dando marcha atrás en muchas de sus reformas más polémicas -asistencia sanitaria para inmigrantes ilegales, tasas judiciales...-, llama la atención que no se haya rectificado en este punto, como sí se ha hecho por ejemplo con los floristas (su IVA ha bajado este año del 21% al 10%). 

En materia de Cultura, otra medida de dudosa eficacia ha sido la tasa Google, reclamada por los editores de prensa tradicional --y rechazada por muchos medios nativos digitales--, que supuso que el gigante informático decidiera eliminar Google News. Sin embargo, el motor de búsqueda ha encontrado otra forma de mostrar estos contenidos sin pagar nada a cambio, simplemente incluyéndolos en una nueva pestaña denominada 'En las noticias'. Gracias a ello, los medios apenas han perdido el tráfico que les llegaba desde el indexador Google News. 

Además, el ministro hizo a principios de este año un balance “muy positivo” de su nueva Ley de Propiedad Intelectual, de la que dijo que ha permitido que 100 webs que ofrecían contenidos piratas cerraran y que otras retiraran enlaces ilegales. No obstante, si España decide escoger esta política contra la piratería, está claro que esta ley no ha dado los resultados deseados: sigue siendo relativamente sencillo descargar música y películas o ver series online.

5. ADIÓS CIUDADANÍA, HOLA RELIGIÓN. Volviendo al tema educativo, Wert no solo ha aprobado reformas para reducir el gasto. También las ha habido con un marcado tinte ideológico. La aprobación de la LOMCE a finales de 2013, que no contó con el apoyo de ningún otro partido, es el mejor ejemplo de ello. El ministro, en uno de los pocos compromisos electorales cumplidos por el PP, decidió eliminar del contenido curricular la asignatura Educación para la Ciudadanía, creada por el PSOE y que algunos altos cargos del PP habían calificado en su día como adoctrinadora.

Además, reforzó la asignatura de Religión, lo que para las asociaciones que apuestan por una escuela pública laica representa un notable retroceso con respecto a la anterior ley. La nueva obliga a todos los centros a ofertarla y a que aquellos que no la elijan cursen 'Valores sociales y cívicos'. Lo que sí hace la séptima ley educativa de la democracia es que la nota de Religión compute para la nota media del estudiante y, por tanto, su resultado tenga el mismo valor para acceder a la universidad que las asignaturas de Matemáticas o Lengua.

Otro caballo de batalla, que le ha enfrentado especialmente con Cataluña y el País Vasco, es que la LOMCE recentraliza en el ministerio buena parte del poder para diseñar el currículo, de forma que las autonomías tienen menos margen para configurar sus contenidos. En este sentido, sigue habiendo un fuerte malestar por la supuesta pérdida de peso de las lenguas cooficiales con este nuevo sistema. Por ejemplo, Cataluña se basa en un sistema de inmersión lingüística (el catalán como lengua vehicular) y ahora se exige que se ofrezca también la escolarización en castellano. En medio de la polémica, Wert pronunció otra frase que quedará para la historia: dijo que la LOMCE iba a ayudar a “españolizar a los alumnos catalanes”. 

6. ¿EXÁMENES EXTERNOS O ESCUELAS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA? Otra novedad de la LOMCE es la aparición de exámenes externos --los hace el Ministerio de Educación en todos los centros-- en 3º y 6º de primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Los dos primeros han nacido como pruebas de detección precoz de posibles problemas de los alumnos en la adquisición de competencias en matemáticas y lengua. Pero los padres de la escuela pública lo ven como una posible fuente de segregación. 

El problema, argumentan, es que los sistemas de escolarización están diseñados para que los chavales puedan estudiar cerca de casa y que se da la circunstancia de que hay barrios donde la situación socio-económica es peor que en otros, un factor que, según demuestran los informes PISA, tiene una correlación directa en los resultados de los estudiantes. Por eso, añaden, estos exámenes podrían hacer que los colegios que sacaran buenos resultados los publicitaran para atraer a los mejores alumnos, mientras que otros centros se verían relegados a una especie de colegios o institutos de segunda, con alumnos con peores calificaciones. El Ministerio argumenta que no se van a hacer rankings, pero lo cierto es que los resultados sí que serán públicos porque los centros tendrán la obligación de informar a sus respectivas comunidades educativas. 

Otra medida polémica es que los alumnos de 3º de la ESO, con solo 14 años, tendrán que elegir si quieren enfocarse hacia la Formación Profesional o el Bachillerato. Es una política que busca precisamente potenciar la FP para reducir el abandono escolar temprano. Pero sindicatos y comunidad educativa creen que puede crearse una distinción entre los alumnos listos (que escogerán Bachillerato) y los menos listos, que se verán 'relegados' a la FP.

7. EL INCENDIO DEL 3+2. Wert se iba a marchar dejando de herencia un sector educativo mucho menos fuerte tras los recortes y más dividido que nunca. Pero a finales del año pasado se sacó otra drástica reforma de la chistera: la universitaria, que pretende modificar el actual sistema de grados de cuatro años y un curso más de máster (4+1) por el 3+2, que consiste en carreras de solo tres años y posgrados de otros dos. Los rectores rechazaron de inmediato esta medida y pospusieron su aplicación tres cursos porque entienden que aún no ha habido tiempo para evaluar el resultado que han dado los grados de Bolonia --aún están saliendo las primeras promociones--.

Pero la principal queja, en la que más inciden los estudiantes, es que esta reforma, unida al tasazo, puede dar la puntilla a la educación universitaria. Esto se debe a que, como el propio ministerio reconoce, los grados pasarán a dar un contenido “generalista” y, por tanto, se hará más necesario que nunca cursar un posgrado de dos años para especializarse. Y la clave reside ahí: en la actualidad, un año de máster cuesta de media el doble que un año de carrera, de forma que si el cuarto curso pasa a ser ya de posgrado, el coste final de estudiar cinco años costaría unos 1.250 euros más que ahora. 

Y aunque Wert tiene razón al afirmar que muchos países de la UE --como Francia, Alemania o Finlandia-- apuestan por el sistema 3+2, no lo es menos que estudiar en esos países resulta más barato que en España tras la aplicación del tasazo (en Finlandia, de hecho, es prácticamente gratuito) y que el coste tanto del máster como del grado es similar. Por ello, incluso los responsables de algunas consejerías de Educación de comunidades gobernadas por el PP señalaron en su día que, si finalmente se llega aplicar este decreto en algún momento, habría que buscar fórmulas para que el coste de estudiar cinco años no se encarezca aún más.