El poder municipal vira a la izquierda. Como en 1979. A diferencia de entonces, cuando el PSOE ejercía un liderazgo indiscutible, son las plataformas de iniciativa popular apoyadas por Podemos las que toman ahora los grandes ayuntamientos (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago, Cádiz) con el doble compromiso de combatir la exclusión social y la corrupción. En el trueque de apoyos mutuos los socialistas han conseguido recuperar las alcaldías de Sevilla, Valladolid, Las Palmas, Córdoba, entre otras, lo que no es mala cosecha después de haber obtenido el peor resultado de su historia. El gran derrotado es el PP, al que su amarga victoria del 24 de mayo solo le permite conservar el bastón de mando en Málaga, Murcia y Almería (esta gracias a una imprevista maniobra final de Ciudadanos).

En España las elecciones municipales han sido con frecuencia el heraldo de cambios políticos de mayor fuste. En 1931 provocaron la caída de la Monarquía. A menor escala, en 1979 anticiparon la larga etapa de mayorías absolutas del PSOE, y en 1995 marcaron la nueva hora de la derecha, que desde entonces ha ostentado una prolongada hegemonía en las grandes ciudades, con la excepción de Barcelona y eventualmente Sevilla. Durante los últimos cuatro años alcanzó incluso un virtual monopolio tras el hundimiento final de Rodríguez Zapatero. Las elecciones recién celebradas consolidan el fin del bipartidismo, con la irrupción de dos fuerzas emergentes en el centro y en la izquierda al tiempo que se produce una brusca caída de los dos partidos hegemónicos.

Casi cuarenta años de alternancia en el poder han consolidado una enorme costra de corrupción que los jueces apenas han empezado a arañar en los últimos años y que los ciudadanos han decidido castigar en las urnas después de prolongadas fases de desafección abstencionista. El abismo de desigualdad que han creado las políticas económicas de populares y socialistas ha sido otro elemento movilizador. Los grandes sacrificados de la crisis han hecho suyo el mensaje de que otra política es posible. Del acierto de los nuevos ayuntamientos que gobiernan las plataformas populares dependerá que los pobres de este país, un tercio de los electores, crean en el poder transformador del voto.

La escasa práctica de pactos en la democracia española ha dado pie a una creciente confusión que solo se ha aclarado en parte en las horas previas a la constitución de los ayuntamientos. A pesar de que en la mayoría de los casos no se trata de alianzas de gobierno, sino de meros apoyos para elegir alcaldes, no han faltado episodios chuscos y ajustes de cuentas personales. Así, la falta de entendimiento entre Podemos y el PSOE en Asturias ha permitido mantener al Foro de Álvarez Cascos la alcaldía de  Gijón. En términos generales Ciudadanos ha apuntalado al PP donde éste lo necesitaba, marcando una tendencia de bisagra muy escorada a la derecha, y el PSOE y Podemos han intercambiado apoyos mutuos, no sin excepciones en ambos lados.

La mayoría de los acuerdos se han hecho públicos como exigen los compromisos de transparencia que todos dicen asumir, pero en muchos casos se trata de promesas tan genéricas que no garantizan la estabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que la madre de todas las batallas electorales tendrá lugar antes de seis meses. El PP ya ha abierto la caja de los truenos con el mensaje de que solo ellos garantizan el crecimiento de la economía, sobre todo una vez que el PSOE se ha instalado en “el territorio de la izquierda radical”. La crisis del bipartidismo anticipa unos meses de fuertes tensiones políticas en los que se van a cruzar múltiples descalificaciones. La mejor manera de minimizar este discurso del miedo es que los nuevos alcaldes logren mejorar la vida de los vecinos con el cumplimiento cabal de sus promesas. Entretanto, solo cabe celebrar la explosión de alegría y el saludable viento de alternancia y novedad vividas en este histórico 13 de junio en los plenos y las calles de Madrid, Cádiz, Zaragoza, Santiago o Barcelona. La mayor implicación de los ciudadanos en la política es la base sobre la que debe sustentarse el profundo cambio que necesita la carcomida democracia española.