Juan Ramón Robles, Juanra, tiene 27 años, es fotógrafo freelance y tiene una amplia experiencia en la cobertura de manifestaciones. Con la entrada en vigor de la llamada “Ley Mordaza”, una de las razones que le hacen cometer delitos a partir del 1 de julio es la difusión de imágenes de la policía en el ejercicio de su labor pública. Juanra no logra entender de qué manera se va a compatibilizar el uso no autorizado de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el respeto al derecho fundamental de la información según recoge la ley. En esta situación de indefinición jurídica también se pregunta: “¿Está un policía capacitado para pedirle un documento no oficial de identidad como es la acreditación de prensa?".

Entre su extenso currículum destacan agresiones, acorralamientos, placajes con escudos y destrozos de cámaras en las manifestaciones más sonadas, como “Rodea El Congreso” en 2012 o “Jaque al Rey” un año más tarde. Juan teme que con esta ley, esas actuaciones policiales "vayan a tener la legitimación jurídica" de la que no gozaban antes.

Alicia Armesto, reportera y streamer, ya ha sido considerada delincuente antes de la entrada en vigor de la ley. Por la difusión, en febrero pasado, por Twitter de la imagen de un policía riéndose mientras se producía el desahucio de una familia. Aunque considera grave que aquel policía actuara "vengativamente" por una denuncia de agresión previa que ella le interpuso, deja claro que ni mucho menos los periodistas son los que sufren mayor represión, “ya que hay multitud de chavales y activistas en espera de cárcel”.

Al igual que Juanra, Alicia cree que en ningún caso se pretende extrapolar al conjunto de la profesión determinadas actitudes que van en contra el derecho de manifestación: “Hay que denunciar que algunos hacen muy mala praxis de su trabajo, pero también se ha grabado cómo los policías municipales forzaban al jefe de una entidad bancaria a que hablara con la gente que okupaba la sucursal para que no desalojara a la gente por la fuerza”.

De esta forma, al igual que los relatores de Naciones Unidas advirtieron de que la ley supondrá “una grave retroceso en los derechos y libertades”, Armesto cree que la reforma supone un nuevo paso para controlar en mayor grado a los periodistas independientes y freelance, ya que no están dentro del circuito de medios que controlan habitualmente.

Ante la entrada en vigor de la “Ley Mordaza”, medios como Diagonal, La Marea y Periodismo Humano se han postulado en contra y han anunciado que llenarán sus páginas con reportajes e imágenes consideradas ilegales. Ter García, redactora de Diagonal, recalca que lo más grave del asunto es la extensión de la “buro-represión”, las sanciones de tipo administrativo mucho más caras (la difusión de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad supone una sanción que oscila entre 601 y 30.000 euros) que un proceso judicial con unas mínimas garantías. Además, como consecuencia, la ley trata de evitar que se colapsen los juzgados y que la gente no recurra al contencioso-administrativo. Diversos expertos jurídicos, como el bufete Almeida, de Barcelona, han advertido de que la ley favorecerá la arbitrariedad gubernativa.

Con la rebeldía y el espíritu crítico habitual en Diagonal y en la corriente de medios alternativos que han surgido durante la crisis, Ter García demuestra no tener ningún miedo a represalias y asegura que van a “seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, e incluso más”. En la misma línea, la coordinadora editorial de La Marea, Magda Bandera, afirma que no van a permitir que se coarte la libertad de información y se seguirán denunciando los abusos.

En este sentido, la Ley de Seguridad Ciudadana puede perjudicar en mayor grado a los medios comprometidos, al considerar  “organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación”. La interpretación de la ley puede considerar organizador o promotor al medio que simplemente transmita que hay una manifestación convocada. Las fuentes consultadas creen que el artículo se usará contra aquellos medios que no forman parte del sistema principal. Según Magda Bandera, “aunque no tengan la tirada diaria de los medios tradicionales, saben la onda expansiva que puede suponer la publicación de un caso comprometido que circule por las redes sociales”. Y añade: “Veremos cómo lo interpretan…”

Ante este panorama, el Tribunal Constitucional admitió a tramite el 9 de junio un recurso de inconstitucionalidad que engloba los artículos que afectan al ejercicio de la labor periodística y otra serie de artículos que atentan contra la dignidad de la persona, como los registros corporales externos. Mientras tanto, habrá que ver si el Gobierno considera a los periodistas y medios un delito.