Un paseíllo triunfante precedió el discurso de Albert Rivera el domingo 5 de julio en el Teatro La Latina de Madrid. Desde el escenario, teñido de naranja, hizo una particular confesión: “Hacía tiempo que tenía muchas ganas de que llegara este momento”. El líder del partido que busca regenerar la democracia española acababa de ganar unas primarias sin necesidad de celebrarlas. Con un 95,8% de los avales emitidos y una participación de apenas un 12% de los afiliados, Rivera se erigía como candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno. 

No había sido el único. Ese mismo fin de semana, Inés Arrimadas se había convertido en la cabeza de lista de la formación a la Generalitat de Cataluña. Nadie más logró reunir los 281 avales necesarios para hacerle frente. Rivera y Arrimadas, aclamados como estrellas del pop, saludaban ahora a una militancia a la que prometían representar desde un partido “libre” y “con las manos limpias”. 

La realidad, sin embargo, suele ser más tozuda que los mítines y los actos de campaña. Apenas 48 horas antes, la cúpula de C’s Madrid había expedientado a 13 afiliados y revocado a otros dos por organizarse en un grupo de críticos que, tras detectar problemas en el sistema de primarias, pretendía mejorar los procesos de democracia interna del partido. Y todo un mes después de que la Ejecutiva de la formación modificara la estructura del partido en la capital para trocearla en 21 agrupaciones con menos poder de decisión. 

Este último golpe de timón fue lo que desencadenó la iniciativa. Tras comprobar cómo la dirección revocaba o expulsaba a afiliados que denunciaban la falta de transparencia y la acumulación de poder de la cúpula, un grupo de unas 50 personas decidió comenzar a organizarse para sugerir cambios desde dentro. Desde un chat en Telegram discutían sus acciones de regeneración interna y planteaban convertirse en una corriente oficial para propiciar cambios.

“Claramente Ciudadanos se ha convertido en un partido fascista, y hay que luchar porque sea democrático”, alegaba uno de los miembros. “Es casi tan traumático como descubrir que C’s es un partido tan podrido como el resto”, replicaba otro. El tono de los mensajes se debatía entre el desahogo y la crítica constructiva. Lo que vino después parece ciencia-ficción: un ‘topo’, que había asistido a comidas del entorno crítico y participado en ese chat, tomó capturas minuciosas de la conversación y las filtró a la Ejecutiva del partido, que comenzó a expedientar y a revocar afiliaciones.

“Esto es más propio de un sistema dictatorial que de un partido que quiere regenerar la democracia”, alega uno de los críticos, miembro del partido fundado en 2006 desde su desembarco nacional. Tanto él como otros compañeros de Madrid prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias. A los componentes del grupo, a los que se remitieron las capturas de pantalla de las conversaciones como prueba, se les acusa de desestabilizar internamente y de ser culpables “por omisión” de los comentarios de un compañero que, en un momento dado, sugirió incorporarse a las filas de UPyD si Irene Lozano ganaba el congreso extraordinario que se celebra esta semana. “Nos acusan de querer dominar el partido. Su estrategia es una chapuza porque ellos se delatan a sí mismos: han hecho un control ilegal de las comunicaciones”, sostiene uno de los afiliados.

Desde la Ejecutiva madrileña han optado por responder con cautela. Miguel Gutiérrez, uno de los ‘hombres fuertes’ de Albert Rivera en la capital, alega desconocer este caso concreto. Y a pesar de que los críticos sospechan que él fue el receptor de la filtración, insiste en que la Comisión de Garantías, que vela por la transparencia y por los derechos de los afiliados, es la encargada de tomar estas decisiones: “Este tipo de expedientes suelen ser personales. Todas las expulsiones son razonadas”. 

De la misma opinión es el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que niega tajantemente que se hayan producido expulsiones por el mero hecho de disentir. “Puede que haya habido expedientes disciplinarios o revocaciones, pero no relacionados con los procesos de primarias que se acaban de iniciar”, asegura.

José Manuel Villegas niega tajantemente que se hayan producido expulsiones por el mero hecho de disentir. “Puede que haya habido expedientes disciplinarios o revocaciones, pero no relacionados con los procesos de primarias que se acaban de iniciar”, asegura

Los problemas internos del partido, sin embargo, parecen ir más allá del trato de “traidores” que presuntamente se dispensa a quien disiente. Aunque la formación presume de haber celebrado más de 900 procesos democráticos internos para la elección de sus candidatos del 24-M, los críticos denuncian que “primarias como tales sólo ha habido en Madrid y en Barcelona”. “Han sido de andar por casa y poco ejemplares”, insisten estas voces. Muchas se resolvieron con votaciones a mano alzada, listas de consenso o propuestas desde la propia dirección, ya que estos procesos no existen en las agrupaciones con menos de 150 miembros.

Esto ha provocado que en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, como Móstoles, Galapagar o Colmenar, los militantes hayan presentado una lista consensuada a una dirección que, según relatan los críticos, “ha hecho y deshecho, poniendo, quitando o cambiando de lugar a los candidatos que más le convinieran con la aquiescencia de Barcelona”. Un comportamiento “de aparato clásico” que, en su opinión, no dista mucho de la actitud del PP madrileño de Esperanza Aguirre, que modifica y confecciona listas con total discrecionalidad. 

A corto plazo, el colectivo se ha planteado lograr que se garantice el voto telemático certificado para que estos procesos estén sometidos a un mayor control. La presión de las últimas semanas condujo a que el partido redujera el número de avales necesarios para concurrir --del 10% al 2%--, pero el primer reto sigue sin conseguirse.

De hecho, la formación proclamó durante la recogida de avales que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre supervisaría su proceso de primarias. El organismo desmiente esta afirmación: ellos sólo pueden garantizar que los votos que reciben los ha emitido una persona identificada legalmente, pero no disponen del censo del partido para confirmar la limpieza del proceso.

Los críticos denuncian que “primarias como tales sólo ha habido en Madrid y en Barcelona”. “Han sido de andar por casa y poco ejemplares”, insisten estas voces

“Nosotros tenemos un sistema de firma digital que lo que confirma es que la transacción electrónica que se realiza está hecha por una persona que tiene firma digital y cuya identidad no ha podido ser suplantada; y que dicha operación se ha realizado dentro de un determinado periodo de tiempo. Pero ni hemos auditado ni sabíamos nada de Ciudadanos; simplemente, ellos habían decidido usar nuestro sistema”, afirma su portavoz de prensa. Un sistema al que, finalmente, no tuvieron que recurrir porque Rivera arrasó en la recogida de avales y no necesitó pasar por primarias.  

Purgas en La Rioja y Málaga

El descontento entre las bases no se circunscribe a la Comunidad de Madrid. La constante aparición de denuncias durante los últimos meses ha provocado la creación de un sector crítico nacional que según sus registros ya supera las 3.000 personas. Agrupados bajo la llamada Plataforma de Garantías Ciudadanas (PGC) y la corriente Democracia en C’s, los críticos gestionan cientos de denuncias de violación de los derechos de los militantes. “Nuestro objetivo no es cargarnos el partido. Lo que intentamos es que esto funcione. Creemos en un proyecto que nos convenció, pero queremos que sea como nos lo plantearon y no como ha degenerado”, explica su portavoz, Inmaculada Sánchez.

Los que más difícil lo tienen para reclamar son los revocados --militantes que llevan menos de seis meses en el partido y a los que se puede anular la afiliación sin necesidad de pasar por la comisión de garantías--, que suelen recibir cartas en las que no se fundamentan los motivos de su expulsión (ver ilustración).

En La Rioja, donde una gestora dirige ahora la agrupación del partido, nueve exafiliados sufrieron revocaciones tras denunciar “falta de democracia interna”. Poco después del 24-M, la junta directiva anuló las candidaturas de los tres candidatos más votados alegando que llevaban menos de medio año afiliados al partido. 

La constante aparición de denuncias durante los últimos meses ha provocado la creación de un sector a nivel nacional que según sus registros ya supera las 3.000 personas

Mayte Maya fue una de ellas. Tras denunciar la situación ante la comisión de garantías, el partido la revocó a ella y a su hijo sin explicarles los motivos. “Me remitieron al artículo 2.2. de los estatutos, por el que se puede revocar la afiliación por una causa motivada”, detalla. “Soy una de esas personas que nunca se ha afiliado a un partido político. Lo decidí con 50 años debido a la situación actual. Empecé con algo nuevo y me encontré con esto: en cuanto fui crítica me revocaron”. 

Otro militante riojano que fue testigo de estos hechos, fue expulsado cuando se implantó la gestora, dirigida por “los mismos que estaban en la junta directiva”, cuenta. Lo más sangrante, en su opinión, es que los apartados hayan sido sustituidos por “personas que han sido elegidas a dedo y que sólo eran simpatizantes” y que, por tanto, tampoco cumplían con el requisito de haber militado en el partido durante un mínimo de seis meses. 

Algo similar sostiene José Luis Mateo, un militante de Calahorra que se presentó como número uno al Parlamento y no obtuvo la plaza: “No son primarias, sino primadas: eligen los ciudadanos y luego la dirección pone a quien quiere”. 

Al otro lado de la península, en Málaga, también denuncian haber sufrido un golpe autoritario por parte de la Ejecutiva. El pasado 20 de junio, varias decenas de militantes críticos, encabezados por uno de los candidatos al Congreso por la provincia, José Agustín Gómez-Raggio, se reunieron en Torremolinos para debatir sobre el modelo de primarias. Poco después, el candidato, un conocido abogado y presidente del Club Mediterráneo de la provincia, vio revocada su afiliación. “Nos llegó un escrito diciendo que se tomarían medidas. Se ha expulsado a varias personas y tomado represalias contra una persona con mucho peso específico en Málaga”, explica Sánchez. El caso de Gómez-Raggio podría no acabar ahí, ya que el 8 de julio presentó una demanda judicial solicitando que se tomen medidas cautelares urgentes para impedir su revocación del partido. 

Mayte Maya: “Soy una de esas personas que nunca se ha afiliado a un partido político. Lo decidí con 50 años debido a la situación actual. Empecé con algo nuevo y me encontré con esto: en cuanto fui crítica me revocaron”

Según la PGC, en Ciudadanos “no admiten que haya un sector crítico y se toman su venganza”. “Queremos una corriente crítica que vele por que se cumplan los estatutos. El PSOE, por ejemplo, la ha tenido siempre”, concreta. Preguntado por estos episodios, el vicesecretario general les quita hierro: “Que haya críticas entra dentro de la normalidad. Tenemos cauces para que la gente que crea que no se están haciendo las cosas bien pueda expresarlo. Nuestros procedimientos son intachables”. Y añade: “Nosotros no hemos anulado ninguna votación. Pero ya sabemos que quien no gana elecciones luego se queja. Hay una mayoría que toma decisiones y luego existe un pequeño porcentaje que no asume que se puede perder”.

Las agrupaciones como moneda de cambio

En este puzle de conflictos de interés falta una pieza fundamental para comprender el funcionamiento de la formación a nivel local: las agrupaciones de menos de 150 afiliados. Los estatutos del partido establecen que aquellos que deseen crear una agrupación en una determinada área geográfica tendrán que “argumentar la conveniencia” de constituirla ante el comité ejecutivo, que tendrá la última palabra. Según los críticos, esta norma propicia un tipo de clientelismo por el que, a cambio del visto bueno, se insta a los afiliados a aportar votos en los procesos internos. Desde la corriente madrileña aseguran que esta estrategia fue la que se utilizó para formar la agrupación de Getafe, que se constituyó después de que sus miembros apoyaran a los candidatos oficialistas en las primarias de la capital. Durante ese proceso, según denuncian, se llegaron a enviar avales a los correos electrónicos de afiliados para que los firmaran a favor de Begoña Villacís e Ignacio Aguado, entonces aspirantes al ayuntamiento y la Comunidad, respectivamente. 

Desde la Plataforma de Garantías Ciudadanas el relato es similar. Su portavoz sostiene que en localidades andaluzas como Rincón de la Victoria (Málaga), Barcelona ofreció crear una agrupación a cambio del aval de los coordinadores andaluces al candidato Juan Marín. “Tenemos hasta las papeletas que repartió con su nombre y apellidos”, asegura Sánchez.

Es en estos entornos donde personas que hasta hace semanas pertenecían a otros partidos tienen más facilidad para desembarcar, animadas por el rápido crecimiento de la formación, que ya cuenta con más de 25.000 militantes.

Algunas figuras mediáticas, como Carolina Punset o Carina Mejías, que militaron en partidos como UPyD o el PP para después unirse a Ciudadanos, son la evidencia pública más clara de este modus operandi. 

Pero la llegada de lo que los críticos consideran como “políticos profesionales” también se ha dado en otras ciudades como Zaragoza, donde emergentes como Elena Gutiérrez, exmiembro del Partido Aragonesista (PAR), se han hecho un hueco en lo alto de la lista. Bruno Crespo, afiliado al partido desde su fundación en Cataluña, empezó a detectar una invasión de políticos procedentes de otros partidos desde el pasado mes de octubre. Unas figuras que, por otra parte, se hicieron con los tres primeros puestos de la lista en la capital aragonesa tras su llegada. Ninguno de ellos llevaba seis meses militando en la formación.

“Los cuadros del partido se están llenando de gente de dudosa calidad y los procesos de democracia interna dejan mucho que desear”, explica Crespo, que asegura albergar “dudas muy serias” sobre la limpieza del proceso de primarias, en el que la participación ha sido muy alta (de casi el 80%) sin que hubiese una campaña interna de por medio.

Esta forma de proceder, no obstante, no ha sido siempre la norma. Los que se adhirieron al manifiesto fundacional de Ciudadanos afirman que los procesos de primarias eran antes más transparentes y rigurosos. El cambio, dicen, llegó tras las elecciones europeas. La popularidad del partido de Rivera llevó a la celebración de asambleas que eran un puro trámite y la necesidad de “crecer a toda costa” inundó sus filas de políticos procedentes del PP y de la formación de Rosa Díez. La razón, según los críticos, era la amenaza que suponía el partido de Pablo Iglesias. Un afiliado madrileño lo resume así: “Había que decidir si se fagocitaba o no a UPyD, pero teníamos que presentarnos como contrapeso a Podemos”.

Esta practicidad, unida a una política de pactos que no convence a parte de la militancia, está alimentando un desencanto que los críticos identifican con actitudes típicas del bipartidismo tradicional. 

“Las personas que empezaron apoyando este proyecto están viendo cómo no sólo se está desinflando y perdiendo validez. También ven cómo Madrid es la nueva casa de C’s: todos los actos están siendo presentados con vistas a esa tan valorada silla en La Moncloa”, resume un exafiliado del partido en Cataluña en una misiva interna. 

Desde la PGC tienen claro que la nueva política pasa por contar con toda la militancia: “Si un partido político no mima a sus bases, ¿cómo pretende mimar a su país?“. Por ahora, Ciudadanos camina de puntillas entre la línea que separa lo nuevo de lo viejo.