No por previsible fue mejor acogida la moratoria de concesión de licencias de alojamientos de uso turístico que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona a principios de julio. Aunque era algo que Barcelona en Comú llevaba en el programa electoral, muchos se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron que, efectivamente, el equipo de Ada Colau estaba dispuesto a cumplir esa promesa y que lo hacía de forma tajante: sin discernir entre zonas saturadas por la afluencia de turistas y otras que están lejos de esa situación; y paralizando una serie de proyectos que ya estaban tramitando las licencias de obra y actividad. Es este segundo punto el que genera mayor inquietud e incertidumbre tanto entre los empresarios del sector como entre los inversores.

Desde que se publicó la decisión en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP) el 2 de julio, el ayuntamiento no ha facilitado ninguna lista en la que precise cuáles son los proyectos afectados y en qué fase se encontraban. Esto dio lugar a que se especulara sobre el número de alojamientos de distinta índole que quedarían paralizados y a la espera de que finalice la moratoria, que en principio durará un año pero tanto puede acabar antes como prorrogarse. La última cifra que facilitó el ayuntamiento fue de 28 proyectos. En un desayuno organizado por la consultora Kreab Gavin Anderson en Barcelona la semana pasada, Ángel Soler, socio de Emin Capital –fondo inversor propietario de la Torre Agbar –, lamentó que el consistorio no tenga en cuenta "las consecuencias sociales de la moratoria" (que, según estimaba, impide la creación de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos), "la inseguridad jurídica que genera y cómo podría afectar al patrimonio del ayuntamiento si se emprenden acciones legales. No obstante, ninguno de los expertos reunidos en aquella sesión aconsejaba recurrir la moratoria, a menos que realmente el proyecto estuviera muy avanzado.

Según las fuentes administrativas consultadas, "la medida de la suspensión no genera ni origina ningún derecho de indemnización". En cambio, en el caso de que después de la medida de suspensión se decidiera un planteamiento incompatible con el proyecto de licencia solicitada (por ejemplo, si se cambia la ordenación de una zona), el solicitante tendrá derecho a indemnización por los gastos del proyecto y devolución de las tasas administrativas. Si la decisión supone una limitación o vinculación singular (atacan sólo a un proyecto determinado), los afectados sí podrían reclamar una indemnización. Esta misma fuente señala que la suspensión afecta a todas las tramitaciones y licencias que se encuentren en trámite de resolución y no hayan sido obtenidas por silencio positivo. No afecta, en cambio, a la solicitud de licencias formuladas por aquellas personas que hayan obtenido previamente un certificado de aprovechamiento urbanístico y esté vigente.

En ese encuentro, la directora general de Barcelona de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, Anna Gener, advirtió de que la paralización de proyectos lanza un mensaje muy negativo al mercado: que "en Barcelona se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de la partida". Los empresarios presentes lamentaban también la negativa del ayuntamiento a recibirles y a hablar con ellos, algo que desde el consistorio niegan y aseguran que en la nueva planificación turística de la ciudad estarán presentes todas las partes afectadas.

El Gremi d'Hotels de Barcelona, en cambio, no mostró rechazo a la moratoria y emitió un comunicado en el que se ofrece para participar en el nuevo Plan Especial de Regulación de Alojamientos Turísticos de la ciudad y expresa su deseo de que esta paralización sirva también para controlar y frenar los alojamientos turísticos ilegales, que son motivo de hartazgo y crítica tanto para los vecinos como para aquellos que cumplen la normativa. Y ha sido precisamente el presidente del Gremi, Joan Clos, quien, al parecer, ha convencido a Ada Colau para que revise las 28 licencias que quedaron paralizadas por la moratoria y valore cuáles deben seguir adelante. Entre estos proyectos está el hotel de cuatro estrellas que Iberostar esperaba abrir a mediados de 2016 en el edificio de la tienda Apple de Plaza Catalunya, propiedad de Amancio Ortega a través de su sociedad Pontegadea. Otro edificio emblemático que no entraría en la revisión –a pesar de que sus propietarios hayan pedido que se hagan excepciones en la moratoria en las zonas que no están congesionadas– es la Torre Agbar, situada en la plaza de las Glòries y controlada por el fondo Emin Capital, donde estaba previsto el desembarco de la cadena de lujo Hyatt en la capital catalana, pero que no tenía solicitada la licencia. El presidente de la Asociación de Vecinos de Camp de l'Arpa del Clot (barrio donde se encuentra la torre), Joan Mani, entiende que algunas zonas de Barcelona tienen un problema de saturación y que se haga un parón para poner orden, pero se muestra preocupado por el frenazo al proyecto del hotel de lujo en su zona, puesto que "daría más calidad al barrio y generaría puestos de trabajo".

Otra de las aperturas que deberá esperar es el hotel que Enrique Solís, propietario de la cadena One Shot Hotels, tenía previsto abrir en la calle Aragón 257, cerca del Paseo de Gràcia. "Por las características del edificio, necesitábamos la aceptación de patrimonio, que ya la teníamos, la de urbanismo, que también, y nos faltaba la aprobación de los bomberos para obtener la licencia definitiva", explica Solís. Este empresario señala que se enteraron por la prensa de la moratoria y no han recibido ningún comunicado que les diga en qué medida les afecta, ni si entran dentro del listado de los 28 proyectos que se revisarán. "Debido a la localización y lo emblemático del edificio, y las ganas de abrir en Barcelona, esperaremos –asegura--, pero ya hemos pedido por escrito al ayuntamiento que nos aclare cuál es nuestra situación".

El debate en la calle está servido, ya que mientras unos entienden que la moratoria es, cuando menos, consecuente con los principios que defiende Colau, otros apuntan que el problema de Barcelona no son los hoteles de lujo sino los apartamentos turísticos ilegales, sobre todo en zonas como el distrito Ciutat Vella, que ya tenía una moratoria en la concesión de licencias para apartamentos turísticos. En el tira y afloja con plataformas como Airbnb, la Generalitat anunció el martes la legalización de la oferta de domicilios o habitaciones particulares a través de estas redes, que hasta el momento estaban en una situación alegal. Según anunció el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, los ciudadanos podrán alquilar habitaciones o su vivienda a turistas a cambio de recaudar la misma tasa turística que el resto de apartamentos con licencia de uso turístico. Los particulares podrán alquilar habitaciones durante cuatro meses al año y las estancias de cada huésped no podrán ser superiores a 31 días. Además, tendrán que registrarse para constar en los archivos de la Administración, aunque este registro en ningún caso equivale a una licencia de alojamiento de uso turístico.

Otro de los segmentos del sector turístico muy criticado por la alcaldesa, aunque no se vea afectado por la moratoria, es el de los cruceristas que hacen escala en Barcelona. Durante la campaña electoral, Colau repitió en infinidad de ocasiones que no quiere que Barcelona acabe sufriendo los mismos problemas de saturación que Venecia. Una saturación que, en parte, se debe a los que desembarcan, se pasean por el centro y no pernoctan en la ciudad. Desde el Puerto de Barcelona señalan que cada año recaudan unos 10 millones de euros en concepto del canon de concesión de cruceros por las terminales que utilizan mientras están en el puerto, y por la tasa que paga cada pasajero. Según una estimación de Turisme de Barcelona, cada año los cruceristas se dejan unos 350 millones de euros en gastos directos: transporte, hotel (Barcelona es inicio o final de algunas rutas), restauración y tiendas. Una cifra que, según el Puerto, es conservadora puesto que los barcos necesitan avituallamiento, revisiones técnicas, revisiones médicas para la tripulación y es difícil calcular cuántos empleos directos e indirectos generan.