A lo largo de los años, hemos visto los españoles cómo una buena parte de las grandes decisiones se toman en agosto, el mes por excelencia de las vacaciones en el que el ruido mediático se desploma y cualquier decisión no tiene el mismo efecto que en el resto del año. No son casualidad, por tanto, las fechas elegidas por el Gobierno del PP para presentar y aprobar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 concentrando en menos de un mes toda la discusión parlamentaria que normalmente dura tres meses.

Estos, sin duda, no son unos Presupuestos normales, ya que tanto su redacción como los cálculos realizados están condicionados por la próxima convocatoria de elecciones generales que, hoy por hoy, prometen un resultado incierto. Lejos de esconder su propósito, el ministro de Hacienda ha dejado muy claro que este Presupuesto pretende marcar una serie de “líneas rojas” al próximo Gobierno en materia de política fiscal y que, si en algún momento se las salta, tendrá que explicar por qué lo hace.

En este sentido, cabe entender el Proyecto de Presupuestos como la máxima expresión de la política económica del actual Gobierno, que quiere que continúe en la próxima Legislatura con independencia del escenario y el carácter del nuevo Gobierno. Es, en cierta forma, la “hipoteca” que firma el actual Gobierno, según su discurso, en aras de la estabilidad económica y política.

Para alcanzar tal fin, Hacienda ha pergeñado un Proyecto de Presupuestos notablemente expansivo, ya que el gasto consolidado (sumando el Estado, la Seguridad Social y los Entes Públicos Estatales) que no depende del ciclo económico sube un 2,54% hasta 261.112 millones de euros. Mientras tanto, el componente cíclico del gasto (los intereses de la deuda y las prestaciones por desempleo) arroja un ahorro de 7.484 millones de euros, una cifra que, en vez de guardarse para paliar el grave problema de ahorro, se destina íntegramente a tapar el agujero presupuestario de Comunidades Autónomas como Cataluña o Valencia.

Después del simulacro de “apertura del melón” de la financiación autonómica en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno aumenta de forma extraordinaria la financiación a las regiones y ayuntamientos. Este hecho tampoco es casualidad, ya que el Gobierno es plenamente consciente de que la gran mayoría de las comunidades autónomas van a incumplir los objetivos de déficit y, por tanto, necesitan más dinero. El Gobierno, con este incremento de transferencias, insufla ingresos a las CC.AA para que reduzcan el déficit y así, en términos consolidados, la cifra de déficit público disminuya a costa del poco ahorro generado en el gasto cíclico y los aumentos de recaudación.

No sólo los Presupuestos otorgan más financiación a los Entes Territoriales. También el gasto de los Ministerios sube un 2,5% interanual además de asignaciones a instituciones como el Tribunal de Cuentas (+6,6%) o al Consejo de Estado, donde el “retiro dorado” de los expresidentes y otros próceres del Reino recibe un 10,2% más de fondos presupuestarios para 2016. Los ministerios más favorecidos son Justicia, Asuntos Exteriores y Economía frente al más perjudicado que una vez más es el Ministerio de Agricultura.

El “Ministerio del gasto” por excelencia, Fomento, también recibe una parte importante del pastel presupuestario gracias al incremento de un 4% de la partida de inversiones en infraestructuras. La mayor parte de ellas se las lleva el sistema ferroviario (Adif más Renfe recibirán entre inversión y aportación presupuestaria la friolera de 6.580 millones de euros), además de 3.500 millones para carreteras y 535 millones para aeropuertos. Es la primera vez en los últimos cinco años que la partida de inversión (capítulo 6 del Presupuesto de Gastos) crece.

Aparte de la inversión, aumentan todos los gastos asociados al Estado del Bienestar, excluidas las prestaciones por desempleo (más presupuesto para becas, por ejemplo). En este sentido, el Presupuesto de la Seguridad Social crece conforme el gasto en pensiones contributivas y alcanza los 120.000 millones de euros, con un incremento de la recaudación esperada por Cotizaciones de un 6,4% interanual. A pesar de la práctica congelación de las pensiones (subida mínima del 0,25%), sigue creciendo el número de pensionistas.

Dentro del terreno cultural, sorprende el incremento de las asignaciones presupuestarias para subvenciones al cine, el presupuesto del Museo del Prado, del Museo Reina Sofía o el “premio” al Consejo Superior de Deportes, en plena “guerra del fútbol”, con un incremento del 9,4%. Sin embargo, muy lejos se quedan en la financiación de los institutos de investigación como el CSIC, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Instituto Carlos III o la Autoridad Fiscal Independiente.

Por último, son muy significativas algunas áreas de gasto relacionadas con el clásico “desagüe” de los Presupuestos: la maraña de sociedades públicas, entes empresariales, agencias estatales y otros organismos. Los Presupuestos muestran un incremento extraordinario de la financiación para los servicios de espionaje (+7,7%), el Consejo que creó la vicepresidenta del Gobierno sobre Transparencia (+15,3%), la financiación del almacén de residuos nucleares (170 millones de inversión), el incremento de la aportación a Radiotelevisión Española (405 millones) o los 180 millones que van a parar a Correos.

Una buena parte de este dinero se utiliza para tapar agujeros contables de empresas que arrojan pérdidas ejercicio tras ejercicio. Dentro del comportamiento positivo desde 2012 está ya Adif-AVE, donde las pérdidas se han reducido hasta 334 millones esperados para 2016, cuando hasta hace poco perdía cerca de 2.000 millones.

En virtud del detalle de los gastos y los “premios” que algunos suponen, cabe preguntarse: y esto, ¿quién lo paga? Según Hacienda, lo hará la recuperación económica en forma de más ingresos: Montoro prevé para el año que viene un incremento del 6,8% de la recaudación total. Destaca, sobre todo, un incremento inverosímil cercano al 6% de la recaudación por IRPF (lo que supondría estirar muy mucho las bases imponibles) y los incrementos tanto de Sociedades como de IVA.

El Proyecto de Presupuestos fía gran parte de su cumplimiento a una evolución económica que puede ser no tan buena como se espera, a tenor de la incertidumbre existente en torno a las inversiones y los datos conocidos de paro y afiliaciones de julio. No es válida la retórica del ministro de Hacienda de “devolver los esfuerzos a los ciudadanos” en forma de incrementos del 1% del sueldo de los empleados públicos (obviando si ha crecido o no su productividad) cuando observamos que la coyuntura actual de recaudación y gasto nos puede llevar a un déficit a final de año en el entorno del 5,6% y, por tanto, a dejar en papel mojado, sin haber ni siquiera empezado a tramitar el Proyecto de Presupuestos, la aseveración que estos hacen de que en 2016 España abandonará el Protocolo de Déficit Excesivo.

Javier Santacruz Cano es economista e investigador en la Universidad de Essex.