En apenas unos días se cumplirán cinco meses desde que la DANA que afectó al litoral mediterráneo el pasado mes de octubre devastara varias localidades del País Valencià dejando 227 víctimas mortales. A lo largo de este tiempo, decenas de miles de personas han salido a la calle en hasta cuatro movilizaciones masivas que recorrieron la capital valenciana exigiendo la dimisión del aún hoy president, Carlos Mazón, y la depuración de responsabilidades entre las autoridades encargadas de la gestión de una tragedia que definen como evitable.

Con este objetivo, el de no resignarse al olvido de lo que durante aquellas horas clave sucedió entre las salas de reuniones del CECOPI y un reservado de El Ventorro, la iniciativa popular Mai Més está movilizando recursos y voluntarios para actuar penalmente contra los cargos públicos involucrados en las decisiones que se tomaron el pasado 29 de octubre en torno a la gestión de la emergencia.

La entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su viceconsejero, Emilio Argüeso, así como el responsable jerárquico de ambos, Carlos Mazón, son los primeros responsables señalados por la querella que la asociación está impulsando a partir de los indicios de homicidio imprudente que consideran evidentes en su actuación al frente de la crisis. Una tesis que el abogado y politólogo Francesc Miralles (Xàbia, 1988), portavoz de Mai Més –quien resalta el carácter plural y coral de esta iniciativa ciudadana–, defiende poniendo el foco en la trascendencia de esas horas decisivas: “Toda esta crisis está en El Ventorro”.

¿Qué es y con qué objetivos nace Mai Més?

Mai Més nace del cabreo y la indignación de las horas y días posteriores a la DANA. Ya entonces se empezaba a atisbar que iba a haber más de 200 muertos, que esto iba a traer cola. Automáticamente se te vienen a la cabeza el 11M, el Prestige… De ahí surge la idea –y hasta el nombre– de hacer “un Nunca Mais”. Difundimos un formulario para ver la respuesta de la gente y llegó a 1.900 personas, así que dijimos: “Hay que hacer algo”.

Los objetivos de la asociación se agrupan en tres ejes. El primero es el tema judicial. Por un lado, están las condenas, que creemos que son obvias: ha muerto gente, eso se llama homicidio imprudente y está penado de dos a cuatro años en el Código Penal. Hay gente que se podría haber salvado si hubieran recibido la alarma y, por tanto, un número de muertes significativas que se podrían haber evitado. Además, hay que establecer una verdad judicial. Es decir, qué se hizo, qué se pudo haber evitado y cómo se sienta doctrina para ocasiones futuras sobre cómo se reacciona a una emergencia.

Ha muerto gente, eso se llama homicidio imprudente

La segunda es el tema de la movilización. Se han hecho manifestaciones multitudinarias a las que, como es normal, cada vez va menos gente. Sin embargo, el señor Mazón no se va a ninguna parte. La pregunta es: ¿quién va a estar en activo dentro de dos o tres años para que los responsables de esto paguen?

Un tercer eje tiene que ver con la prevención. Con reflexionar sobre cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar, cómo impedimos que se siga construyendo en zona inundables, qué hacemos con el tema del cambio climático, qué estrategias se adoptan…

¿Qué hechos y actuaciones justifican la petición de responsabilidad penal para los altos cargos de la Generalitat señalados en vuestra querella?

Antes de nada, hay que poner un contexto importante. El día que Mazón dice ante la prensa, sin ningún dato de AEMET ni nadie que le avale, que la borrasca se va a Cuenca, en lo que está pensando es en el puente de Todos los Santos y en que no dejaran de venir turistas. Eso es lo único que ellos tenían en la cabeza.

Nuestra hipótesis es que entre las 17:00 y las 20:00 había margen de sobra para mandar una alerta. Quizá habrían muerto diez personas, pero no 227. Con Mazón desaparecido, el CECOPI no se reúne hasta las 17:00. A las 18:00 saben que pueden dar una alerta, que los barrancos se desbordan, y no hacen nada hasta dos horas después, cuando Mazón aparece en la reunión. No dieron esa alerta porque Salomé Pradas, que es la responsable jurídica de todo esto, estaba esperando a Mazón. El president se dignó a aparecer una hora y 40 minutos después, le tuvieron que explicar durante media hora cómo estaba la situación y después se tomó una decisión.

Hay dos objetivos. Primero, cargarle los muertos a quien corresponde jurídicamente. Segundo, esclarecer qué pasó y que sea una verdad establecida en sede judicial. Durante esas horas, ¿qué pasa allí dentro? No han quedado grabaciones, no cogieron acta; es muy raro. Pero, por suerte, allí hay todo tipo de gente a la que se puede llamar a declarar: a la delegada del Gobierno, al responsable de la Confederación, de Emergencias, a funcionarios... El homicidio imprudente está ahí. Existió una negligencia por parte de la consellera, que no está aforada; y hay un jefe jerárquico, Mazón, que, aunque sí lo esté, va a tener que ir a declarar como testigo y tiene que decir la verdad.

Hablan en el comunicado de “llevar a los responsables a la cárcel”. ¿Hasta dónde cree que puede llegar el alcance de esta querella contra el president Mazón?

En relación a Mazón está más complicado porque él no es el responsable jurídico sino jerárquico, lo cual implicaría, probablemente, algo menor. Otra cosa es que le delaten. Un homicidio imprudente como este se pena de dos a cuatro años de cárcel. Tenemos precedentes, como el de la riada de Finestrat, en 2011, en el que la fiscalía pidió, antes de llegar a un acuerdo, dos años por víctima. Multipliquemos dos años por 227 víctimas.

Ante la disyuntiva de que se pidan 40 años de cárcel, lo máximo que podrían cumplir estos responsables, vamos a ver cómo el PP logra convencer a los subordinados de que deben asumir esa pena y no delatar a un señor que les echó a patadas del partido y ni siquiera va a ser el candidato a las elecciones.

Mazón no decretó el nivel de alerta necesario para ser responsable jurídico. Son Salomé Pradas y sus subordinados los que se van a llevar la bala. A partir de ahí, en el juicio y la instrucción contra esta gente, que no está aforada, veremos a ver si se va más arriba.

Más allá de lo penal, ¿cómo se explica que una figura como la de Mazón no haya asumido aún responsabilidades políticas?

Hay que pensar primero en clave personal. ¿Ese señor a dónde va a ir? A Mazón no se le conoce oficio, no ha tenido nunca un trabajo. No tiene a dónde ir. Él no tiene nada que perder.

A Mazón no se le conoce oficio, no ha tenido nunca un trabajo

¿Por qué no hace nada el partido? Mazón hizo las listas. Los diputados son suyos. Hay unas listas de las que él hizo dimitir a la gente que le hacía sombra. Recordemos que en las CC.AA. sólo se puede presentar a la investidura alguien que sea diputado autonómico, y no hay nadie dispuesto a dar ese paso. Y si él no se quiere ir, hay que meterle una moción de censura. ¿Quién la va a votar? Ni Compromís, ni el PSOE, ni Vox quieren regalarle al PP un relevo tranquilo sin que convoque elecciones, algo a lo que el PP se niega por los resultados que obtendría a día de hoy.

La única diputada que convence es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, una persona que ni está dispuesta a dejar la alcaldía, ni a ser candidata en unas elecciones, ni a presentarse a una investidura que el resto de partidos no votarían.

Hace unos días, Mazón trató de difundir un bulo a través del audio manipulado de una llamada entre la AEMET y el 112 que ya ha sido desmontado. ¿Qué busca el president con este movimiento tan torticero?

Es parte de una estrategia desesperada para salvarse a sí mismo. En la misma semana ha sacado el tema AEMET, ha dicho que la responsable era Salomé Pradas y que el que rechazó ayuda era el jefe de bomberos.

Creo que con ello se están equivocando bastante porque envían el mensaje de que Mazón solo se defiende a sí mismo y dejará caer a quien sea. Mucha de la gente del CECOPI a la que van a llamar a declarar ahora sabe que Mazón les va a tratar de incriminar.

El PP de Castelló de la Plana –de donde es Pradas– está muy enfadado con el tema AEMET; el PP provincial con que se culpe al jefe de bomberos, que solo es un técnico. Tiene las relaciones rotas con los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, también con la Diputación de Valencia, y con quien habla en este momento el PP nacional es con Catalá. Mi valoración es que esta estrategia es muy torpe y le va a salir mal.

¿Y el Gobierno central? ¿Cómo definen su actuación y hasta qué punto se plantean demandar responsabilidades al respecto en futuras acciones judiciales?

A nivel judicial, pocas, porque no son suyas las responsabilidades de emergencias. Es muy complicado demostrar nada en ese sentido. Políticamente, son los propios cargos del PSOE a nivel municipal, provincial y autonómico los que nos dicen que desde Moncloa se ha impuesto una política timorata, cobarde y absolutamente tacticista. ¿Si hubiera actuado antes hubieran salvado vidas? Sí. Demostrarlo judicialmente es imposible.

La realidad es que tardaron días y días en llegar. En las primeras horas, la Generalitat rechazó muchísima ayuda de comunidades limítrofes porque eran socialistas. El Gobierno lo sabía y no hizo nada porque la directriz de Moncloa era no desgastarse. Al PSOE y a Sánchez les interesa más su estrategia de partido y de comunicación que los ciudadanos. En la pandemia fue igual: ellos sabían lo que pasaba en las residencias y decidieron no actuar. Prefieren evitar unos días de desgaste comunicativo que enviar al ejército y salvar a la gente.

Durante las primeras semanas, las localidades afectadas se convirtieron en un plató de televisión para todo tipo de agitadores y conspiradores de ultraderecha. ¿Cómo se vivió esto sobre el terreno?

Hay que entender algo clave. Trabajando sobre el terreno en estos pueblos había muchos tipos de personas, pero, en términos generales, había sobre todo gente muy de izquierdas y gente muy de derechas. Esos influencers de derechas que vinieron a hacerse la foto lo hicieron porque cuando llegan ya tienen una red efectiva de mucha de su gente sobre el terreno. Sabían a dónde iban y que había un caldo de cultivo importante. No es que la izquierda no estuviera, lo que no hicieron fue llevar a mil influencers a comunicar sobre el terreno lo que estaban haciendo.

En este aspecto, hay que tener en cuenta también que el sector de la información y el periodismo está descapitalizado hasta la muerte. Los medios locales, que viven de la publicidad institucional de la Generalitat, ofrecieron una versión complaciente con la actuación del Govern. La crisis del periodismo afecta de lleno en este sentido. La cuestión de los bulos tiene mucho que ver con la debilidad del periodismo y la caída de legitimidad y credibilidad. En esta crisis se ha visto muy claro.

No había fuentes fiables sobre el terreno porque el periodismo está esquilmado por la debilidad del modelo de negocio, la dependencia de subvenciones, la publicidad… No había y no hay periodistas ejerciendo aquí. Cuando desaparecen las fuentes autorizadas, es normal que los bulos puedan florecer.

En cualquier caso, aquí la gente no estaba en eso. En absoluto. La gente estuvo durante semanas cogiendo el coche, el camión, yéndose a quitar barro… Nadie, excepto la gente que está en Twitter todo el día, estaba en ese momento ocupándose del tema de los bulos y de la desinformación.

¿Cree que la extrema derecha ha sabido capitalizar mejor la indignación y el descontento de la ciudadanía?

Se dio una casualidad. Vox salió en julio del Govern en el que tenía la competencia de Emergencias. Si eso no hubiera pasado, hoy el escenario de Vox a nivel estatal sería muy distinto. Pero Vox no ha gestionado esto. A nivel estatal sí que lo han capitalizado mejor con la proyección de la tragedia hacia afuera y todo lo que se recibe aquí.

No podemos dejar el malestar en manos de la derecha

También en las últimas encuestas sube Compromís. En ese sentido, hay un elemento fundamental: la izquierda que no es el PSOE, a diferencia de lo que pasa a nivel estatal, aquí no gobierna. Es decir, hay un espacio natural donde verter tu descontento de alguien que no es responsable de la tragedia.

Hay un crecimiento de ambas alas con una cierta ventaja de la izquierda que tiene que ver con que mucha gente que apoya al PP no irá a votar. Existe una facción de voto descontento que va a alguna parte. A nivel nacional se ve un desgaste que puede no ir al PP, porque Feijoó se identificó con Mazón; y puede no ir al PSOE, porque se le ve como responsable. ¿Dónde va a ir? Claro que va a ir a Vox, porque no hay una izquierda articulada a nivel estatal crítica con Sánchez. No hay una opción de refugio articulada. No podemos dejar el malestar en manos de la derecha.

En el comunicado identificáis la visita del presidente Sánchez, Mazón y el rey a Paiporta como la gota que colmó vuestra paciencia. ¿Qué evidenció ese episodio?

Lo de Paiporta representó muy bien lo que es la clase política en España, e incluyo, por supuesto, al rey, que es el que promueve esto. Cuando se produce esa visita no ha acudido nadie, no ha llegado el ejército, hay casas llenas de cadáveres en el mismo municipio… Y el rey, Sánchez y Mazón van allí a hacerse la foto. Eso es hoy la política en España y es un problema sustantivo. Claro que encontraron gente cabreada.

Esta visita evidenció el sentimiento entre la gente de que no les importa que nos muramos, que nos ahoguemos, que estemos sin electricidad, sin agua y cogiendo mosquitos. Ellos están aquí para hacerse la foto y ganar el relato mediático.

Al final, toda esta crisis está en El Ventorro. Un país se inunda y el señor al frente de todo está comiendo y bebiendo; mientras, hay muertos y gente que no tiene ni para comer ni para beber.

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