Cumpleaños infeliz. Este agosto se cumplen dos años de la entrada en vigor del Contrato de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos y Zonas Verdes en la ciudad de Madrid. Suena tan poco interesante que debemos dar las gracias al lector por seguir ahí. Sin embargo, la cosa cambia si aclaramos que bajo tan poco atrayente nombre está la causa principal de que la capital de España sea hoy una ciudad sucia, sucia sin paliativos, y en algunos barrios muy sucia. No indultemos tan deprisa al poco civismo de muchos ciudadanos, pero esa genial idea del equipo de Gobierno de la alcaldesa Botella perseguirá a la ciudad durante años. Ocho concretamente, los que dura el contrato, hasta 2021. Y tenemos malas noticias: la cosa tiene muy poco arreglo, por mucho que se quiera confiar en los nuevos dirigentes municipales.

Pero empecemos por el principio, que ni siquiera está en agosto de 2013. En el principio está Alberto Ruiz-Gallardón, su Palacio de Cibeles, sus instalaciones olímpicas para una ciudad que no es ni será olímpica, sus amigos de las grandes constructoras a los que tanto dinero público repartió, su capacidad para soterrar una autopista, plantar encima un precioso parque y endosar la factura al que venga después.

Pero Gallardón también es el Gallardón de 2011, el que se presenta aburrido y desganado a las municipales para lograr otra mayoría absoluta con el piloto automático, el que apenas iniciado aquel otoño no puede disimular sus ganas de salir corriendo con destino al Consejo de Ministros. Y sobre todo, el Gallardón que deja 6.891 millones de euros de deuda para que otro se apañe. Ese otro es otra, Ana Botella, que tiene que recortar sin que se note demasiado. ¿Cómo?

A pocos meses de su llegada a la alcaldía, en diciembre de 2011, el equipo de Botella empieza a manejar un concepto con la convicción de quien habla del bálsamo de Fierabrás: contratos integrales. Se trata, dicen, de unificar en macrocontratos todas las concesiones de servicios públicos desperdigadas por especialidades, empresas, zonas… con el objetivo de ahorrar sin empeorar el servicio. Se fijan sobre todo en la limpieza urbana y aseguran que la tecnología ya permite una gestión más eficiente y racional con menos dinero: las máquinas nos dirán qué y cuándo hay que limpiar, serán nuestros ojos y nuestro cerebro, y así podremos decirle a las concesionarias que miraremos a otro lado si en el proceso se pierde empleo. ‘No seamos luditas, alcaldesa, hemos encontrado la solución para gastar menos y recibir lo mismo, puede usted seguir centrada en conseguir esos Juegos que tenemos tan a mano, ya lo lee todos los días en la prensa’.

La alcaldesa compra, y el 1 de agosto entra en vigor en nuevo contrato, que unifica en uno solo los hasta entonces 39 existentes y es gestionado por cuatro empresas: OHL, FCC (ambas en distintas UTEs), Ferrovial y Sacyr Vallehermoso. Aquel día, para ‘explicar’ a los medios la noticia, Diego Sanjuanbenito, el delegado de Medio Ambiente, se da un paseo por Madrid Río, donde declara ufano que el Ayuntamiento se va a ahorrar más de 600 millones de euros con este nuevo contrato (a 79 por año de acuerdo), sin, por supuesto, merma en la calidad del servicio público. Las concesionarias lo van a hacer muy bien, pero por si acaso el Ayuntamiento estará “vigilante” y aplicará descuentos si no se cumplen sus estándares de calidad. Y mientras tanto, con lo que nos ahorramos en limpieza vamos pagando la deuda que dejó Gallardón.

Muy pronto la realidad comenzó a ensuciar el bonito cuento de hadas del Ayuntamiento: en octubre las concesionarias presentaron un ERE que afectaba a 1.144 trabajadores, de los 6.000 que prestaban el servicio, tras despedir, dos meses antes y sin apenas ruido, a otras 350 personas. Además, las empresas planteaban bajadas de sueldo superiores al 40% para los que se quedasen.

La respuesta fue una huelga en noviembre que llevó Madrid a las portadas de la prensa internacional y dejó imágenes que perduran, y no sólo de montañas de basura en plena acera: ¿recuerdan a Ana Botella, enfundada en pieles, supervisando de madrugada el despliegue de los trabajadores contratados mayoritariamente por ETT a la que encomendó finalmente poner un parche en la limpieza de la ciudad?

Tras 13 días, las empresas cedieron: renunciaron al ERE y le añadieron una T para convertirle en un ERTE. Si usted tiene la suerte de no saber de qué estamos hablando, sepa que se trata de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Nadie se fue a la calle, pero todos los trabajadores dejaban de trabajar 45 días al año, más vacaciones, además de congelarse el sueldo hasta 2017.

Pero la realidad es tozuda, y no hace falta ser un genio para deducir que con menos dinero y con menos gente en la calle limpiando (llámenlo ERE o ERTE), la ciudad iba a estar más sucia. Así que ahora el nuevo equipo municipal tiene que solucionar un problema que costó ya muchos votos al PP en las últimas elecciones. Los votantes de Carmena, como los de Aguirre, también quieren la ciudad limpia y tampoco quieren saber nada de contratas y ahorros. ¿Qué puede hacer la nueva delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés?

Contrato y trampa

La verdad es que poco, y no nos dejamos guiar por el pesimismo, sino por las propias palabras de Sabanés en la última Comisión de su área, el pasado julio^; “Éste es un contrato trampa, que está cerrado con un ERTE que impide legal y formalmente que podamos hacer determinadas actuaciones”. Cabe preguntarse hasta dónde llegan esas “determinadas actuaciones” que el Ayuntamiento sólo puede soñar con hacer; de momento, por si acaso, recuerdan a las concesionarias que deben veinte millones de euros por multas por incumplimiento de los estándares de calidad, y prometen ser benevolentes si las encuestas de satisfacción ciudadana denotan una mejora en la limpieza de la ciudad, una oferta, por cierto, de legalidad dudosa.

Esa legalidad, los concursos que se convocan según unos criterios que luego no se pueden modificar, la fría y eficiente rigidez del Derecho Administrativo, son el escollo que nos lleva a recomendar a los madrileños que se acostumbren a vivir en una ciudad sucia. Necesitarán más civismo y paciencia y, por cierto, si les viene a la cabeza la palabra ‘remunicipalizar’, tampoco parece una opción legal y económicamente sostenible, una vez que se ha firmado el pago de un servicio millonario durante años. Así que no tiren papeles al suelo y recen porque los gobernantes hayan aprendido la lección: recortar en lo esencial para ir pagando la cuenta de lo superfluo no da resultado.

Ahora Madrid, la coalición electoral que gobierna Madrid con el beneplácito del PSOE, tiene este otoño una excelente ocasión para demostrarlo, cuando en noviembre se extinga el contrato de recogida de basuras.

El PP dejó casi todo atado y bien atado, acompasando la finalización de los diferentes contratos para llegar, voilá, a un contrato integral, que ya no distinga entre almendra central y periferia, además de incluir los contenedores de reciclaje (convertidos en algunas zonas en poco menos que vertederos donde arrojar desde restos de comida a zapatos viejos) y los puntos limpios, tanto fijos como móviles.

El servicio costaría a los madrileños en torno a 140 millones de euros anuales, si es que el Ayuntamiento no se decide, aquí sí, a la remunicipalización, una opción que la propia Sabanés no descarta. ¿Una ciudad en la que las calles se limpian según un modelo ultra liberal y la basura se recoge por trabajadores públicos? No parece probable, pero no lo descarten: paradojas de un sistema en el que los alcaldes toman decisiones que pueden maniatar hasta al sucesor de su sucesor.

Que el último apague la luz, pensarían en su día Gallardon y Botella. Y ya de paso que baje la basura.