El martes 20 de octubre se cumplieron cuatro años desde que ETA, el último grupo armado que queda vivo en Europa, anunció el cese definitivo de la violencia y expresó públicamente su intención de destruir sus arsenales.

Este periodo ha resultado frustrante para la reconciliación de un pueblo que soporta sobre sus hombros el recuerdo sangrante de 50 años de violencia sectaria. La convivencia en Euskadi se ha reducido al ámbito particular, casi familiar, a un esfuerzo interno de los pequeños municipios por superar el drama que el terrorismo dejó durante los años de plomo. Del resto, del proceso político, poco se puede decir. Muchas iniciativas pero pocos resultados. La parálisis en la que se encuentra el proceso del final de ETA desde hace cuatro años es absoluta. Las dos partes que deberían desconectar la máquina que alimenta el cadáver se niegan a hacerlo. El Gobierno, por su aversión a aceptar un final negociado. “Seguiremos actuando con toda la fuerza de la ley hasta la extinción final de la banda”, ha respondido un sinfín de veces el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Desde 2012, Moncloa libra una tenaz campaña contra cualquier fórmula que desborde la consigna “sin desarme previo, nada de qué hablar”.

La convivencia en Euskadi se ha reducido al ámbito particular, a un esfuerzo de los pequeños municipios por superar el drama del terrorismo

El problema del adiós a las armas de ETA radica en que la banda quiere entregar su arsenal a un equipo de verificadores internacionales, y que exige el acercamiento al País Vasco de sus 459 presos dispersos por diferentes cárceles del Estado, petición que el Gobierno no está dispuesto a aceptar. Para la mayoría de los vascos, las dos condiciones de ETA no son descabelladas ni artimañas para endulzar su fracaso. “Es exigir la aplicación del derecho y una política de Estado que ayude a cerrar de forma correcta un conflicto que ha causado mucho daño”, afirmaba la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Mónica Hernando, en una reciente conversación con CTXT.

Tampoco parece serlo para la expresidenta del PP en Euskadi, Arantza Quiroga, para quien el objetivo final debe ser “el reconocimiento del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y el asentamiento del respeto y la tolerancia en nuestra sociedad”. La defensa de un acuerdo compartido por las fuerzas políticas sobre los principios y valores “que deben regir la libertad y la convivencia en Euskadi” le costó el cargo la semana pasada.

Había párrafos cruciales en la ponencia de Quiroga. A pesar de que insiste en su oposición a “hacer cosas raras, ni dar saltos extraños” sobre la situación de los presos etarras, reconoce que el diálogo y el acuerdo son las únicas vías para revolver los desencuentros. “Sé de las dificultades que entraña para cada una de las formaciones políticas. Sé lo que supone para la izquierda abertzale y sé lo que supone para nosotros”, indicó la expresidenta de los populares vascos en un discurso que fue como la proclama del advenimiento de una nueva era en el tortuoso camino de la reconciliación. Muchos de quienes han convivido con la muerte en Euskadi creen que el discurso oficial del PP no puede ser el mismo que el de hace una década porque la realidad ha cambiado: es decir, ETA ya no mata.

Así lo entiende también el equipo internacional de mediadores que encabeza el surafricano Brian Currin, baqueteado en escenarios internacionales como el de Ruanda, y que presentó su fórmula para alcanzar la paz que el Ejecutivo de Mariano Rajoy arrojó a la papelera. Agua gélida para una ciudadanía que aguarda el final de una organización que en medio siglo de historia ha causado casi 900 muertos esparciendo miedo y dolor en cantidades industriales.

El 73% de los vascos es favorable al acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco

Ese el motivo principal de que, a pesar del terrible coste moral que ha supuesto el terrorismo, en Euskadi haya brotado una verdad intangible: la fatiga del odio. La inmensa mayoría de los vascos coinciden en algo: “ETA tiene que disolverse; pero no imaginamos cuándo”. En una reciente encuesta realizada por la Universidad de Deusto, el 70% de los ciudadanos consultados consideraba que el Gobierno español ayuda menos que la propia ETA a consolidar su disolución, y el 73% se mostraba favorable al acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco.

Quizá no sea correcto decir que la mayoría de los grupos que sembraron el terror en esta Europa hoy incierta, como el IRA o las Brigadas Rojas, desaparecieron de la faz de la tierra sin dejar rastro. En el caso irlandés, hubo que esperar 10 años para considerar oficialmente que el Consejo Armado norirlandés estaba desmantelado, aunque no hubo entrega total de arsenales. Sobre la organización italiana que asesinó a Aldo Moro, se aceptó un proceso conocido como “de disociación” mediante el cual numerosos militantes, como Adriana Faranda, repudiaban la violencia y se arrepentían de sus delitos pero no entregaron las armas ni renunciaron a su ideología.

Esta visión se contrapone a los principios que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez, redactó poco después del cese definitivo de la violencia. Para Covite, son precisamente las causas políticas del terrorismo las que el Estado debe combatir, ya que sus consecuencias, “imponer unos objetivos políticos nacionalistas”, siguen vigentes.

Pero volviendo a la renuncia política de Arantza Quiroga, o quién sabe si a su harakiri, parece oportuno valorar si el nuevo líder de los populares vascos, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es la opción más acertada --tomada por Soraya Sáenz de Santamaría-- para levantar la moral de una tropa a la que en la comunidad vasca sólo le queda pedir cita con el psicoanalista. Hay razones sobradas para pensarlo.

En este galimatías popular ha vuelto a pasarse por alto que el texto presentado en el Parlamento de Vitoria por el PP sólo trataba de aproximar posiciones para una reconciliación que los vascos vienen reclamando desde hace cuatro años. Parecía imposible, pero la permuta de una palabra --“condena” de ETA por “rechazo”-- permitió que todos los partidos se miraran a los ojos con la intención de empezar a hablar. Una situación sobrenatural en Euskadi. Pero, por lo visto, lo que sosiega en Bilbao, perturba en Génova, y el PP activó las más irresistibles presiones hasta sustituir a la promotora de la afrenta por un apagafuegos profesional como Alfonso Alonso.

La permuta de una palabra (“condena” de ETA por “rechazo”) permitió que todos los partidos se miraran a los ojos con la intención de empezar a hablar

Bajo el paraguas de la evidencia moral de que al terrorismo, sea cual sea su naturaleza y origen, sólo se le combate con la fuerza y el silencio, han aparecido argumentos preciosos para empezar a laminar cualquier atisbo de disidencia. Porque entre el fuego cruzado que se ha desatado en el PP y la torpeza manifiesta de sus dirigentes, se ha vuelto a dislocar la memoria conjunta de los años del plomo que es la gran prueba de que la democracia está triunfando en Euskadi.

Quizá es que el Ejecutivo de Rajoy no quiere desaprovechar la oportunidad de aplastar a la banda ahora que está profundamente debilitada, de humillarla en público tras tantos años de sufrir su aliento tenebroso en la nuca. Para la izquierda abertzale, se trata de una venganza, y puede verse reflejada en la reciente detención en Francia de tres de sus actuales dirigentes, los que redactaron el comunicado del adiós definitivo a las armas, que fue festejado por el ministro del Interior como “la derrota definitiva de ETA”; o el encarcelamiento de políticos como Arnaldo Otegi, que fueron clave en la renuncia a la violencia. “El Gobierno sigue mirando las encuestas electorales y este tema aún aporta o quita votos. Por eso aplican una política que ellos califican de firmeza pero que en realidad está destinada a calmar a un sector concreto de las víctimas (el más duro y numeroso) que, con todo el respeto hacia su dolor, ya le han dicho que van a pensarse seriamente apoyar a otros partidos como Vox y Ciudadanos”, comenta la abogada histórica de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia.

Para Covite, una de las asociaciones aludidas por la izquierda abertzale cuando habla del “sector duro” de las víctimas, los presos de ETA no son prisioneros políticos, sino terroristas que han asesinado y perseguido a inocentes “por una motivación política totalitaria y etnicista”. En su manifiesto, de cinco puntos, descarta la aplicación de medida de gracia alguna hacia ellos, incluso si muestran arrepentimiento ya que, a juicio de este colectivo, “firmar una petición de perdón, reconocer el daño personal causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se efectuará es un fraude”.

Pero si por algo se ha caracterizado la organización terrorista a lo largo de la historia ha sido por su enorme capacidad para sustituir a los líderes. Y Sortu, su brazo político, tiene miles de seguidores. En las últimas elecciones autonómicas rozó la victoria y en el Congreso de los Diputados posee una fuerza considerable gracias a los 7 escaños que logró en 2011, 4 menos que Izquierda Unida. En Euskadi y Navarra, quien más o quien menos, todos saben que es difícil reducir a Sortu a cenizas.

Pese a tanto obstáculo, el diagnóstico que realiza el que fuera hasta 2014 asesor de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo con los tres últimos presidentes vascos, Txema Urkijo, es optimista: “No hay atentados y los niveles de paz y libertad, aun siendo insuficientes, son desconocidos desde hace muchas décadas”.

Puede decirse que Urkijo fue una de las linternas que guiaron a muchas personas hacia la salida del oscuro túnel en el que les encerró el terrorismo. Y parte del éxito consistió en respetar su duelo y fomentar la reconciliación entre quienes lo pidieran. Terapias que la sociedad vasca aún no ha afrontado en su conjunto. Tarde o temprano ocurrirá. Urkijo no elude la autocrítica al considerar que no todo se está haciendo bien, que siguen existiendo problemas de interpretación sobre aquella noche sin luna que se extendió por el País Vasco. “Negar la existencia de un conflicto también es otro tapón que impide avanzar en este asunto, porque ha existido, existe y existirá el problema del encaje de los vascos en España. El gran error es caer en la trampa de vincular ese problema político con el armado, porque ahí es donde ETA encuentra justificación a sus actos”, indica.

Hoy parece imposible que se produzcan novedades importantes con unos comicios tan cruciales a la vuelta de la esquina. ETA y su entorno siempre han sido un objetivo electoral recurrente. “El Gobierno es consciente de que está en pleno año electoral, que está afectado continuamente por casos de corrupción y de que la influyente AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) es contraria a cualquier acercamiento entre las partes”, indica Paul Ríos, coordinador del movimiento a favor del diálogo Lokarri, organizador de la Conferencia Internacional de paz de San Sebastián en 2011, que contó con la participación de Kofi Annan y el norirlandés Gerry Adams. “Siguen actuando como si ETA existiera, y ponen obstáculos a aquellos que están en disposición de buscar y alcanzar acuerdos”, sentencia. Ríos se refiere a la prohibición de facilitar los encuentros privados de perdón entre víctimas y victimarios que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

ETA ha renunciado, por el momento, a avanzar en su desarme bajo la supervisión de las autoridades actuales. Y aunque nadie cuestiona que el proceso es irreversible, el PNV, el PSOE, la izquierda abertzale y lo que queda de la organización terrorista esperan un cambio de Gobierno que sea más favorable al deshielo para que ETA se convierta, de forma definitiva, en un asunto perteneciente al pasado.