La irrupción de Ciudadanos en el panorama político español ha sido irresistible. En estos tiempos convulsos que vivimos, su crecimiento ha venido parejo a las expectativas que ha generado su equipo joven –en años y en tiempo en política- así como algunos de sus fichajes estrella, que han brillado, particularmente, en el ámbito de la economía.

A lo largo de este año, Ciudadanos ha venido desgranando su programa político por capítulos, adelantando en presentaciones sus contenidos más determinantes, como si de un proyecto por entregas se tratara. De esta manera, han presentado cuatro partes: lucha contra la crisis, empresa e innovación, fiscalidad y lucha contra la corrupción, apartados a los que unen educación como un elemento más de su proyecto económico. Las credenciales de sus autores no podrían ser mejores, comenzando por su asesor económico, Luis Garicano, llamado a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la política económica del próximo lustro en España, ya que, de cumplirse las previsiones, cualquier intento de formar un gobierno coherente –escorado a la derecha o escorado a la izquierda- deberá tener en cuenta a Ciudadanos y a sus propuestas, especialmente en el ámbito de la economía.

Garicano es un conocido liberal –que no libertario. Cree firmemente en las fuerzas del mercado y en el mecanismo incentivador que representa la iniciativa privada, pero reconoce el importante papel que debe jugar el Estado en la gestión de una economía moderna. Y esto se refleja en el desarrollo de su programa. Y desde ese punto de vista, su coherencia y su planteamiento son impecables, casi de laboratorio. De ser un trabajo fin de carrera, obtendría el sobresaliente: cumple con todos y cada uno de los elementos considerados “aceptables” por quienes sugieren reformas de la política económica, desde la Comisión Europea hasta el FMI, pasando por la OCDE. De esta manera, sugiere orientar las inversiones públicas desde infraestructuras sobredotadas hacia la I+D, promover el incremento del tamaño de las empresas eliminando límites regulatorios, elaborar leyes de “segunda oportunidad”, bajar impuestos directos e indirectos para recaudar más, mejorar la independencia de los organismos reguladores para acabar con el “capitalismo de amiguetes”, fortalecer la lucha contra la corrupción, mejorar los procedimientos de la contratación pública, “priorizar” el gasto público, mejorar la fiscalidad de los autónomos, o garantizar la independencia de la agencia tributaria.

De ser un trabajo fin de carrera, obtendría el sobresaliente: cumple con todos y cada uno de los elementos considerados “aceptables” por quienes sugieren reformas de la política económica, desde la Comisión Europea hasta el FMI, pasando por la OCDE

Poco habría que comentar a estas medidas, ya que buena parte de las mismas no es sino reflejo de una promesa: la de gestionar mejor la política económica estándar. Es decir, no se trata –salvo en aspectos que señalaremos más adelante- de ofrecer una orientación diferente, sino de gestionar mejor la orientación dada por las instituciones europeas. Ciudadanos se compromete a gestionar mejor la lucha contra el fraude, la I+D o a garantizar mejor la independencia de los organismos reguladores. Nada de esto es original: la gran mayoría de los partidos políticos incorporarán medidas o propuesta en esta dirección, y será difícil diferenciar unas propuestas de otras.

La clave diferenciadora del programa de Ciudadanos no se sitúa en estos términos de la gestión, sino en las reformas institucionales que proponen realizar, quizá, la única idea genuinamente propia de su programa económico: la reforma del mercado laboral para incorporar un contrato indefinido con indemnización creciente. Ciudadanos identifica la dualidad como un problema de nuestro mercado laboral, dividido entre insiders –contratos indefinidos o fijos- y outsiders –contratos en precario- y su solución pasa por eliminar el salto institucional existente entre el contrato temporal y el fijo, fundamentado en dos elementos: la causalidad y la indemnización por despido.

En opinión del equipo de Ciudadanos, el salto entre unos y otros tipos de contratos es el que hace que una parte de la población –alrededor del 25% de la fuerza laboral actual- se encuentre atrapada en la temporalidad, y no accedan a contratos indefinidos. Para evitar que este salto suponga un problema en la contratación de indefinidos, proponen suavizar el paso de la indemnización de los contratos temporales -11 días por año trabajado- hasta los 20 días por circunstancias objetivas y los 33 por despido improcedente, de manera que la indemnización sea creciente en el tiempo y no exista el efecto “barrera” que supone el salto actual del temporal al indefinido.

Es difícil identificar qué impacto tendría esta reconfiguración en el mercado de trabajo y en la generación de empleo, ya que se trata de un tipo de contrato que no está establecido en ninguna economía europea y por lo tanto no hay evidencia empírica que nos muestre sus efectos. Las simulaciones modelizadas, así como la evidencia empírica, demuestran que la flexibilización de los mercados de trabajo permite incrementar la tasa de ocupación, especialmente cuando la flexibilidad se aplica en los procedimientos de contratación y despido. Es decir, la reforma laboral que propone Ciudadanos sólo tendrá impacto –y sentido- si su objetivo último es flexibilizar el despido, tanto desde el punto de vista del abaratamiento de la indemnización como de la eliminación de la causalidad que lo acompaña. Pero no creará más empleo fijo, si por tal entendemos aquel que tiene un carácter permanente. Sólo “disfrazará” la precariedad al no permitir distinguir entre contratos temporales e indefinidos.

La reforma laboral que propone Ciudadanos sólo tendrá impacto –y sentido- si su objetivo último es flexibilizar el despido, tanto desde el punto de vista del abaratamiento de la indemnización como de la eliminación de la causalidad que lo acompaña

En efecto, el problema de nuestro mercado laboral puede tener aspectos institucionales, pero el elemento central del mismo es el carácter altamente estacional de algunos de los motores de nuestra economía, como el turismo y los servicios asociados.

Este componente estacional afecta a la creación de empleo, y es difícil que con contratos más flexibles se mantengan como indefinidos trabajadores que sólo atienden a la temporada de navidad o del turismo vacacional en verano. En el gráfico 1 se advierte que el uso de los contratos temporales es mayoritario en trabajos de corta duración y se va reduciendo hasta ser minoritario –pero aun así significativo- en los trabajos con más horizonte temporal. Por lo tanto, atacar la precariedad del empleo debe partir de atacar la estacionalidad en el modelo productivo. Algo en lo que el programa de Ciudadanos prácticamente no entra.

La previsible bajada de indemnizaciones por despido sería “compensada” por la generación de una cuenta de ahorro individual de una parte del salario, modelo conocido como mochila austriaca, en el que una parte del coste salarial sería mantenido en una cuenta de ahorro que estaría a disposición del trabajador una vez fuera despedido. Cuesta ver qué ventaja tendría este modelo de ahorro obligado salvo efectivamente diferir en el tiempo la percepción de una parte del salario.

El tercer aspecto relacionado con el mercado laboral que afronta el programa de Ciudadanos es el complemento salarial. Se trata de un complemento para aquellos trabajadores –trabajadores, no ciudadanos- que tienen un salario por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y que sería cubierto por el estado. Esta medida tiene sin duda un importante componente de lucha contra la pobreza, en un país donde más del 10% de los ocupados están por debajo de la línea de pobreza según el INE, y dinamizaría el segmento más precario y menos productivo de nuestro mercado laboral. Al plantearse sólo para las personas que están trabajando, se supone que incentivaría la búsqueda de trabajo –eliminando así el supuesto “riesgo moral” de las rentas mínimas de inserción- y ayudaría a cubrir y generar empleo que por sus condiciones tendría que tener salarios por debajo del SMI (trabajos por horas, jornadas parciales, etc…). Esta subvención a los puestos más precarios aliviaría sin duda las condiciones sociales de algunos de los trabajadores más pobres y podría servir incluso para aflorar parte de la economía sumergida, aunque el programa no explica en detalle cómo evitaría que se convirtiera en un incentivo para la generación de trabajos mal pagados.

El segundo gran apartado en el que Ciudadanos se define es en la política fiscal. Su propuesta es bajar impuestos directos e indirectos, al tiempo que se lucha contra el fraude fiscal. En un contexto de consolidación fiscal como el que vive España, pendiente todavía de alcanzar los objetivos de déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dado que Ciudadanos se compromete con dichos objetivos, una bajada de impuestos sólo puede tener dos vías de consecuencias: una bajada del gasto público equivalente –lo cual dejaría al sector público español como uno de los más pequeños de la eurozona- o fiar el equilibrio fiscal al efecto del crecimiento económico. Ciudadanos recurre a la lucha contra el fraude fiscal y a la eliminación de duplicidades, ineficiencias y gastos superfluos. Es francamente optimista pensar que una combinación de crecimiento, lucha contra el fraude y de eficiencia en el sector público pueda generar el espacio fiscal suficiente para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y bajar los impuestos al mismo tiempo. El resultado previsible de esta medida sería una reducción del peso del estado en la economía, algo muy preciado por los economistas que acompañan a Albert Rivera. Como se puede observar en el gráfico, la generación del déficit público en 2008 y 2009 tuvo un importante componente del lado del descenso de los ingresos, de la misma manera que su papel ha sido más limitado desde entonces, y las previsiones existentes sitúan toda la consolidación de 2015 en adelante en la contribución desde el lado del gasto, con un efecto neutral de los ingresos. Poner en práctica una bajada de impuestos llevaría a tener que forzar más la reducción del gasto público.

Es francamente optimista pensar que una combinación de crecimiento, lucha contra el fraude y de eficiencia en el sector público pueda generar el espacio fiscal suficiente para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y bajar los impuestos al mismo tiempo

En conclusión, y asumiendo como propios del “consenso económico mayoritario” los aspectos relacionados con la independencia de las instituciones, el fomento de la I+D, el apoyo al crecimiento de las empresas, o la apuesta por acabar con el “capitalismo de amiguetes” (aspectos todos que estarán, de alguna manera, recogidos en prácticamente todos los programas económicos), los elementos auténticamente diferenciales del modelo económico de Ciudadanos se basan en la flexibilización del mercado laboral y en la reducción del peso del Estado en la economía española. Una situación que nos dejaría con uno de los mercados laborales más flexibilizados de la eurozona y con uno de los sectores públicos más pequeños. Un camino que según ciudadanos, nos debe poner en la senda del crecimiento y la prosperidad a medio plazo, pero que difícilmente puede entenderse como un programa de centro izquierda. La confianza de Garicano en las fuerzas del mercado y su admiración por el modelo anglosajón nos sitúa en una senda de reformas que recuerda más a la política económica de los conservadores británicos que a la de los liberal-demócratas europeos. Todo un elogio para quien se declara admirador del legado de Margaret Thatcher. Queda la duda de saber si este programa económico es aplicable en una economía y una sociedad como la española sin generar un importante coste social. Pronto lo sabremos.