“Si nos hubiesen quitado las cláusulas abusivas habrían salido 12.000 euros a mi favor”, asegura Antonio Lombardo. Se enteró de que llevaba años pagando una poco después de que el juzgado le notificara, en vísperas de unas navidades, que sacaba a subasta su vivienda, un piso de 80 metros en el barrio zaragozano de Valdefierro por el que llegaban “a pagar 600 euros al mes sólo en intereses”. “A la gente le bajaba la hipoteca y a nosotros nos subía -explica- pero como íbamos saliendo, no lo mirábamos. Tampoco en el banco te informaban de nada”.

Lombardo supo que su hipoteca tenía una cláusula suelo cuando, tras comentar su situación con varios familiares, fue a otra entidad financiera para tratar de negociar una subrogación. “Me pidieron la escritura y en la sucursal, al verla, me dijeron que tenía cláusulas suelo, techo y no sé cuántas cosas más”, explica. Las anteriores consultas en su banco no habían resultado muy exitosas. “Yo preguntaba qué podíamos hacer y la directora nos decía que nada, que fuéramos trayendo dinero”, explica.

Ese banco era CAI/Caja3, una de las cajas de ahorro diluidas en el proceso de concentración del sector, que les aplicaba un suelo del 4,5% --el Euribor no pasó del 2,6%-- y unos intereses de demora del 19%. Y que, cuando decidió ejecutar la hipoteca por un descubierto de 5.294 euros, añadió a los 188.179 euros de la demanda que quedaban pendientes, otros 56.540 de costas. CAI, una caja de origen católico, llegó a embargarle la ayuda de 621 euros que, tras quedarse Lombardo sin empleo, pasó a ser el único ingreso de su familia de cinco miembros. “Ayudan a los bancos y a las empresas, pero no al particular”, lamenta.

Su abogada, Marian Tirado, que asumió el caso por el turno de oficio, logró paralizar la subasta. Sin embargo, ellos decidieron dejar la casa. “Nos fuimos antes de que nos desahuciaran. A mí no me echan”, explica Lombardo, quien asegura que el piso se encuentra en un limbo: “Ni se lo queda el banco ni nos lo devuelven. Estamos negociando la dación en pago, pero está todo parado, no dicen nada”. Mientras tanto, viven de alquiler en una casa cercana.

Dos millones de hipotecas con cláusulas abusivas

Lombardo es uno de los dos millones de españoles que, según las estimaciones de las asociaciones de consumidores, tienen contratadas hipotecas con cláusulas abusivas. La más habitual de esas condiciones ilegales suele ser la llamada “cláusula suelo”, con la que la entidad financiera impone un interés mínimo que el cliente debe pagar en sus cuotas mensuales con independencia del nivel en el que se encuentre el Euribor –hoy, en mínimos históricos, por debajo del 0,1%-. En ocasiones, el interés que soporta el ciudadano llega a superar el 4%, un gravamen muy superior al que la propia banca paga para obtener liquidez, que no suele alcanzar el 1%.

Con la cláusula suelo, la entidad financiera impone un interés mínimo que el cliente debe pagar en sus cuotas mensuales con independencia del nivel en el que se encuentre el Euribor --hoy, en mínimos históricos, por debajo del 0,1%.

El Tribunal Supremo abrió hace dos años y medio, en mayo de 2013, una vía para que recuperaran el dinero que habían pagado por esas cláusulas. Aunque puso limitaciones, como que el banco, aunque las hubiera aplicado, pudiera quedarse todo lo que había ingresado de manera indebida hasta la fecha de la sentencia.

Sin embargo, esa situación puede cambiar en unos meses. Dependerá de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso del granadino Francisco G. N., que reclamó en el juzgado que el banco le devolviera todo el dinero. Si el tribunal avala su tesis, habría pagado de más desde que comenzó a devolver el préstamo. El juez en cuya mesa recayó el asunto, el titular del Juzgado Mercantil número 1 de Granada, decidió posponer su fallo hasta que resolviera sus dudas la corte de Estrasburgo. Ante ese pronunciamiento, el sector bancario español contiene la respiración.

Las asociaciones de consumidores cifran entre 15.000 y 20.000 millones las cuantías indebidamente cobradas en los más de dos millones de créditos que incluyen ese tipo de condiciones en España. Esas cifras equivalen a las ganancias de un año o dos, ya que las seis principales entidades del sector sumaron 7.989 millones de euros de beneficios en el primer semestre de este año.

Europa, favorable a la devolución

“No es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen”, sostiene el dictamen que los abogados de la Comisión Europea han presentado en ese pleito. Los servicios jurídicos del ejecutivo comunitario han pedido al Tribunal de Justicia de la UE que obligue a los bancos españoles a devolver a sus clientes todo el dinero que les han cobrado de manera indebida mediante la aplicación de cláusulas abusivas en sus hipotecas. Hasta ahora, y en virtud de una sentencia del Supremo de mayo de 2013, la devolución queda limitada a la fecha de dicha resolución.

Las entidades financieras restan importancia al dictamen. “Expresa solo la opinión de los servicios jurídicos de la CE”, señalan fuentes de AEB (Asociación Española de la Banca, patronal del sector), que destacan que “se trata, por tanto, de la opinión de una de las partes personadas en el procedimiento”, en el que los gobiernos de España y del Reino Unido han presentado alegaciones “favorables al criterio establecido por el Tribunal Supremo”.

Las entidades financieras restan importancia al dictamen. “Expresa solo la opinión de los servicios jurídicos de la CE”, señalan fuentes de AEB (Asociación Española de la Banca, patronal del sector)

La posición de la Comisión Europea sobre las cláusulas suelo contradice el criterio que la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció en mayo de 2013, según el cual las entidades financieras solo estaban obligadas a devolver el dinero cobrado de más a partir de esa fecha y siempre que una sentencia no hubiera establecido otras condiciones. El resto podía quedarse en las cuentas de la banca.

Las conclusiones de los letrados comunitarios no establecen una norma, aunque sí reflejan la opinión de la Comisión Europea sobre este asunto. Su dictamen fue emitido dentro del proceso abierto a instancias del Juzgado Mercantil número 1 de Granada, que elevó una consulta a Estrasburgo sobre cómo debe interpretar el artículo 6.1 de la directiva 13/93, que regula el tratamiento de las cláusulas abusivas en los contratos entre consumidores.

Los réditos de las cláusulas abusivas

Los abogados de la UE consideran que la limitación que estableció el Supremo “implicaría que solo si los consumidores denunciaran una determinada cláusula ante el juez nacional y solo si éste llegara a declararla abusiva, dejaría de surtir efectos”.

Eso, explican, “generaría un aliciente perverso para los comerciantes [los bancos], quienes no tendrían nada que perder al incluir sistemáticamente cláusulas abusivas en sus contratos con los consumidores, ya que solo a partir de una hipotética declaración de abusividad de la cláusula, ésta dejaría de surtir sus efectos. Los comerciantes, en cambio, retendrían todos los réditos obtenidos hasta dicho momento por la aplicación de la cláusula abusiva”.

“Dicha interpretación sería totalmente opuesta al contenido de la directiva y la vaciaría de contenido”, añade el dictamen. Consideran que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a quien lo ha pagado de más.

La patronal bancaria sostiene lo contrario. El Supremo ha reiterado su criterio “en sentencias posteriores, con lo que constituye jurisprudencia”, señalan fuentes de AEB, que matizan que tanto la sentencia de mayo de 2013 como el procedimiento que tramita el Tribunal Europeo de Justicia “tratan sobre la adecuada comercialización de determinadas cláusulas suelo -en concreto, sobre si cumplían los requisitos de transparencia exigidos- y no sobre la legalidad de las cláusulas suelo en sí mismas”.

Cinco Audiencias suspenden los procesos hasta que hable Estrasburgo

La AEB considera que la normativa que rige el mercado hipotecario en España “se compara positivamente con los más exigentes de otros países de la Unión Europea”, entre otros aspectos, porque la comercialización de préstamos “cuenta con la garantía para el prestatario de la participación de fedatario público y de su anotación en el Registro de la Propiedad, entre otras”. “Más allá de los problemas de vivienda derivados de la crisis económica, el sistema hipotecario español  ha demostrado su eficacia al facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda a una gran parte de la población”, añaden las mismas fuentes.

Mientras tanto, cinco audiencias provinciales --las de Álava, Alicante, Girona, Guipúzcoa y Valencia-- han suspendido la tramitación de procesos relativos a cláusulas abusivas a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Estrasburgo, según informó Luis Pineda, presidente de Ausbanc, la asociación de consumidores que ha llevado el asunto a Estrasburgo.

Cinco audiencias provinciales –-las de Álava, Alicante, Girona, Guipúzcoa y Valencia-- han suspendido la tramitación de procesos relativos a cláusulas abusivas a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Estrasburgo

Pineda se mostró “avergonzado de que nuestros jueces tengan que pedir permiso a Europa cada vez que se suscita un procedimiento de estas características contra la banca, como ya sucedió con el redondeo al alza” de los intereses de las hipotecas. En aquella ocasión, la justicia comunitaria respaldó las tesis de Ausbanc, que espera que la corte se pronuncie antes del próximo verano.

Pineda rechaza que una eventual devolución de esas cantidades pueda provocar un quebranto en el sector bancario. “La devolución se hará por orden, caso por caso --pronostica--; y además, el dinero no desaparece del circuito bancario, solo se traslada desde la caja del banco a los bolsillos de los clientes”. Por el contrario, prevé que tenga efectos balsámicos en el plano social y en el económico: la reducción de la morosidad y el descenso de los desahucios.

El presidente de Ausbanc anima a los consumidores que soportan cláusulas suelo a demandar a los bancos para intentar recuperar el dinero pagado de más. Otra cosa es que eso sea sencillo.

Adicae denuncia un decálogo de artimañas

Mientras tanto, la banca ha comenzado a maniobrar para evitar que una eventual sentencia que acogiera la tesis de la Comisión Europea provocara una mella en sus cuentas de resultados: Adicae, que cifra en 6.000 millones de euros al año el perjuicio que soportan los hipotecados como consecuencia de las cláusulas suelo, ha detectado diez artimañas con las que diferentes entidades bancarias tratan de evitar esas devoluciones. Se trata, básicamente, de persuadir a los clientes para que firmen nuevos acuerdos, explican desde la asociación, que atenúen los efectos de las cláusulas abusivas y que, paralelamente, generen una situación jurídica ajena a los efectos de la demanda que tramita el tribunal de Estrasburgo.

Esas ofertas coinciden en dos aspectos, destacan desde Adicae: “ninguna propuesta incluye la obligación de devolver las cantidades cobradas ilegalmente por la cláusula suelo, además de exigir al usuario que renuncie a acciones legales ya iniciadas o que pudiera emprender en el futuro”.

El catálogo de artimañas incluye la propuesta de reducir la cláusula suelo a cambio de una declaración en la que el cliente dice conocer las consecuencias y riesgos que entraña, eliminarla por periodos de dos a veinte años, suprimirla a cambio de aumentar el diferencial, convertir temporalmente en fijo el interés variable de la hipoteca e, incluso, poner sobre la mesa la posibilidad de “mantener el préstamo hipotecario en la situación actual”, posibilidad, esta última, que faculta a la entidad financiera para seguir cobrando el gravamen ilegal.

Un acuerdo nuevo para blindar el viejo

El objetivo de este tipo de maniobras consiste en lograr que el cliente firme un documento en el que asegure que es consciente de las condiciones del crédito y que las asume libremente y sin engaños. En ese caso, los tribunales no tienen por dónde hincarle el diente al contrato.

Otra treta se basa en imponer al consumidor la obligación de contratar “productos como seguros de vida o seguros de protección de pagos”, y una más consiste en “reducir o eliminar la cláusula suelo sin avisar al usuario ni notificarlo por escrito, con el fin de que el banco vuelva a aplicarla cuando lo estime oportuno y sin avisar”.

Los tres ardides que completan el manual de trapazas que denuncia Adicae se centran en el procedimiento: exigir confidencialidad, prohibir que el documento con la oferta salga de la sucursal e impedir que el contrato pase por sus manos antes del momento de la firma.