“El NHS ofrece trabajo a más de 1,6 millones de personas. Se trata de una de las cinco fuerzas de trabajo más grandes del mundo junto al Ministerio de Defensa estadounidense, McDonalds, Walmart y el Ejército Popular de Liberación chino”, afirma orgullosamente la página web del sistema sanitario británico. Desde 1948, los ingleses cuentan con un sistema gratuito para enfrentarse a la enfermedad que actualmente se encuentra en la mayor crisis de su historia con un grave problema de financiación. Desde 2012, tras la aprobación de la Ley de Sanidad y Cuidado Social, no hay semana en la que el NHS no sea noticia. Desde entonces, miles de activistas no han dado descanso al Gobierno destapando las deficiencias. Estos últimos días, los médicos más jóvenes han sido los protagonistas.

La polémica comenzó con un artículo del prestigioso diario médico BMJ donde se afirmaba que el ratio de muertes aumentaba en los pacientes ingresados los fines de semana. A pesar de que desde la revista se afirmase en varias ocasiones que se desconocen los motivos reales de dichas muertes, el secretario de Estado de Salud británico, Jeremy Hunt, no tardó en aprovechar las cifras para imponer un nuevo contrato a los Junior Doctors. Bajo el pretexto de ofrecer un servicio sanitario 24 horas, entre otras medidas, este nuevo contrato reduce los complementos salariales por trabajar en “horario antisocial”. La respuesta no se hizo esperar y pronto Twitter quedó inundado por el hashtag #ImInWorkJeremy con cientos de selfies de médicos trabajando los fines de semana. El lunes 30 de noviembre el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás a la medida, ante la amenaza de una serie de huelgas convocadas para el mes de diciembre.

“Jeremy Hunt está manipulando a los votantes para intentar reducir gastos desesperadamente sin pensar en las consecuencias reales”, afirma Benjamin Edwards, un doctor recién titulado que describe su trabajo como “abrumador”. Actualmente se replantea su futuro laboral ante un NHS (National Health Service, el sistema sanitario público británico) “en crisis” que está “sobrecargando de trabajo a su personal”.

La radióloga y coautora de NHS for sale, Jacky Davis, asegura que sólo se busca reducir gastos de las plantillas, “una de las mayores cargas de gastos que arrastra el sistema sanitario”. No le extraña que el 99% de los Junior Doctors (médicos que todavía no se han especializado) aprobase las acciones sindicales; además, afirma que para futuras negociaciones tendrán el apoyo de todo el personal del NHS: “Ellos sólo serían los primeros, después vamos el resto”. Según la doctora, el Gobierno se enfrenta ante un déficit nunca visto y sus “medidas de privatización no están funcionando”.

Maquillar las cuentas

La situación ha llegado al extremo de que el Ejecutivo de Cameron se ha visto obligado a aumentar la partida presupuestaria para sanidad inyectando 3.800 millones de libras extra para el próximo año. Davis describe esta acción como “un truco de magia”, ya que “cada año el NHS devuelve el dinero no gastado, el año pasado fue de 3.200 millones de libras, dinero que debería haber sido reinvertido en el NHS como prometió el Tesoro. Durante los últimos tres años este dinero no se reinvirtió y este año el Gobierno se ha visto obligado a devolver 3.800 millones”.

La cuestión es dónde acaba ese dinero. Decenas de hospitales se encuentran básicamente en quiebra, y se ven obligados a reducir personal y servicios para enfrentarse a la deuda del PFI (Iniciativa de Financiación Privada, por sus siglas en inglés). Aunque la ley no obliga a los hospitales a utilizar estos contratos, están impuestos de facto y consisten en que cada vez que un hospital necesita una nueva infraestructura debe asociarse con una empresa privada, y después esta deuda con intereses será devuelta por el Estado en los próximos años. Este sistema de financiación fue importado por Esperanza Aguirre en Madrid, para la construcción de nuevos hospitales como el Puerta de Hierro de Majadahonda, en un modelo de privatización paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El hospital de Lewisham funciona perfectamente y es solvente, pero su cierre aumentaría los pacientes de dos centros vecinos y en bancarrota

Según datos ofrecidos por el sindicato Unison, dos tercios de los NHS trusts (organizaciones que ofrecen servicios sanitarios públicos) que se encuentran en déficit tienen una deuda de PFI. Lo que hace insostenible estos contratos son los intereses añadidos por parte de las empresas privadas; el Gobierno calcula que los más de 700 contratos de PFI que hay en el país para la construcción de colegios, hospitales y otros edificios públicos costaron 54.000 millones de libras; sin embargo, el Estado pagará más de 300.000 millones.

La activista y doctora Allyson Pollock ha realizado varios informes para el Parlamento describiendo la insostenibilidad de este sistema. Pollock explica cómo estos contratos fueron adoptados por el Gobierno laborista de Blair en 1992 y desde entonces “han creado problemas de financiación que han acabado en recortes”. La doctora afirma que estos contratos se siguen utilizando por “dos motivos: uno ilógico, la creencia de que el sector privado invierte mejor el dinero; y el otro, por los gastos, intentar mantener fuera de las cuentas grandes costes”.

Los contratos de PFI han llegado a casos extremos como el caso del hospital de Lewisham, situado al sur de Londres. Miles de activistas tuvieron que salir a las calles en el año 2013 para parar el cierre de los servicios de emergencia y maternidad de un hospital que funciona perfectamente y es solvente. ¿El motivo del cierre? Aumentaría los pacientes de dos hospitales vecinos —Queen Elizabeth y Princess Royal—, los cuales se encontraban en bancarrota con costes que superaban los ingresos en un millón semanal y tenían que responder a los inversores privados debido a los acuerdos de PFI contraídos. Finalmente, los activistas consiguieron parar el cierre tras meses de lucha en los juzgados.

Un futuro incierto

En uno de los informes de Pollock se recopilan los datos de los primeros 18 hospitales que adoptaron los contratos de PFI, los cuales redujeron de media un 30% las camas disponibles. Esto tiene una directa consecuencia en los pacientes: mayores listas de espera. Sin embargo, los contratos de PFI son sólo la punta del iceberg, se trata del caso más vistoso de la asociación público-privada que se lleva impulsando en los últimos 20 años en Reino Unido.

Desde el año 2012, con la aprobación de la Ley de Sanidad y Cuidado Social, se comenzó a incentivar la intervención privada en el NHS con la idea de reducir gastos innecesarios y ofrecer un mejor servicio introduciendo la competencia de “cualquier proveedor cualificado”. No obstante, varios escándalos han puesto en entredicho las intenciones de la nueva ley, por ejemplo, los costes en consultores de gestión se duplicaron entre los años 2010 y 2014, pasaron de 313 millones a 640 millones de libras. David Oliver, miembro del Ministerio de Sanidad y quien descubrió estas cifras, asegura que con ese dinero se puede dar trabajo a más de 2.000 enfermeras cada año.

Todo ello ha provocado que varios expertos y asociaciones alcen la voz ante un déficit económico que se calcula entre 20.000 o 30.000 millones de libras para el año 2020. Parece que la apuesta del Ejecutivo es clara: abrir el camino a la empresa privada confiando en su fiabilidad para manejar las cuentas. Aunque como el mismo secretario de Estado de Salud británico, Jeremy Hunt, afirmó en su discurso sobre el futuro del NHS el pasado mes de julio, la sostenibilidad del sistema sanitario público está en duda y no descarta introducir medidas de copago.