Dos han sido las medidas más polémicas de los primeros nueve días en el Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri. La unificación del mercado de cambios, que implicó devaluar y salir del cepo que desde hacía casi cuatro años tenía maniatada la economía, y la designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión, esto es, en forma provisoria hasta tanto el Senado ratifique sus pliegos.

La salida del cepo cambiario --más reciente en el tiempo, en verdad, pues se concretó el jueves-- fue en cumplimiento de una promesa electoral e implicó un sinceramiento de la situación económica heredada de la gestión anterior.  Supuso un salto del dólar hacia arriba y una devaluación del 27%, según lo informado por el Banco Central (el dólar mayorista cerró a 13,38 pesos y el minorista a 13,95; 15 era el valor que rondaba en el mercado paralelo hasta el día previo).

El verano en esta parte del mundo pinta complejo y más caliente que de costumbre. La capacidad del equipo económico, conducido por Alfonso Prat-Gay, se probará ahora en la habilidad para minimizar y paliar con protección para los sectores más desfavorecidos las consecuencias dolorosas de toda devaluación. La CGT y la CTA, que agrupan a la mayoría de los sindicatos, ya solicitaron en forma conjunta un plus salarial frente al previsible aumento de precios, que encabezan los ya anunciados aumentos en las tarifas de gas y de luz.

El nombramiento de los prestigiosos juristas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte, en cambio, inauguró la semana como un inesperado baldazo de agua helada. La medida era impensable y fue inconsulta incluso, en relación con algunos de los aliados electorales del macrismo. Es el primer error institucional y político grosero de la Administración Macri y consiguió aglutinar en la vereda de la crítica a muchos partidarios propios y a todos los ajenos a la flamante Administración.

¿Cómo se explica una decisión tan gravosa para la imagen de una gestión que lejos de las mayorías parlamentarias debe construir gobernabilidad? En la calle la pregunta que se escucha es: "¿Cómo no se le ocurrió esto a Cristina?", pues el gesto de apelar al decretazo recuerda la siempre creativa sed kirchnerista de controlar la justicia. Desde el oficialismo se argumentó que a partir del 11 de diciembre, tras la renuncia del ministro Carlos Fayt, la Corte había quedado reducida a tres de sus cinco miembros dificultando su funcionamiento; que un artículo constitucional (el 99 inc. 19) reconoce al presidente esta facultad cuando el Senado está en receso y que el nombramiento no exime del posterior acuerdo legislativo para confirmar a estos jueces en sus cargos.

Sotto voce se especula también que fue un gesto de poder del nuevo presidente frente al fallo que le asestó la Corte pocos días antes de asumir, obligándolo a reconocer a varias provincias un mayor porcentaje de coparticipación. Decisión justa, pero teñida de política, pues a todas luces correspondía haberla tomado durante la presidencia de Cristina Kirchner.    

Si la urgencia por completar los cinco miembros de la Corte era tal (discutible a diez días del comienzo de la feria judicial), bastaba con convocar sesiones extraordinarias del Poder Legislativo y someter a discusión los pliegos de los candidatos. "No teníamos los 2/3 de los votos necesarios para aprobarlos", se sinceran en el macrismo. "Y tampoco vocación para negociarlos", retrucan voces de la oposición.    

El precedente es funesto. Y aunque los candidatos son idóneos y reconocidos por su valía, como bien argumentaba el constitucionalista Roberto Gargarella, "el oficialismo le ofrece a un futuro gobierno autoritario una excusa perfecta: invocar el antecedente de esta reforma para comisionar jueces de espanto (temblaremos de miedo ante cada nuevo receso)". Esa sola posibilidad convierte en extremadamente gravosa y antirrepublicana la decisión.

Andando la semana, las críticas se hicieron oír con tanta vehemencia y desde tantos ángulos, que obligaron al gobierno a dilatar la puesta en funciones de los jueces, "emparchando" de ese modo la decisión: en lugar de hacerlos jurar inmediatamente, se esperará a febrero, habilitando el tratamiento legislativo antes de ponerlos en funciones. Eso también hay que reconocerle a Cambiemos: escucha y modifica; no se aferra a una decisión tomada con la excusa de que rectificar puede dañar su autoridad.

Macri venía produciendo gestos de apertura y de construcción política interesantes. Sus decisiones iniciales como presidente parecían orientarse a cumplir con una de las ideas fuerza de su primer discurso ante la Asamblea Legislativa: "Tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena. Los invito a aprender el arte del acuerdo".

Ese llamado al diálogo, racional en cualquier sistema democrático, supone una novedad para la cultura política local, que durante doce años construyó poder a la usanza kirchnerista, convirtiendo en enemigo a cualquiera que pensara distinto y capitalizando el enfrentamiento como usina de fervor y militancia. En los últimos diez días, se concretaron más reuniones políticas, convocatorias a opositores y conferencias de prensa de las que realizó Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos presidencias.

Macri se reunió con los restantes excandidatos presidenciales (sólo Nicolás Del Caño, trotskista del FIT, desaprovechó la posibilidad de hacer oír sus inquietudes y fue criticado por otros representantes de la izquierda) y 24 horas después convocó a todos los mandatarios provinciales a una comida en la residencia presidencial, logrando una foto de concordia impactante (incluso Alicia Kirchner, hermana de Néstor y cuñada de Cristina, hoy gobernadora de Santa Cruz, participó del encuentro). "Buscamos ser un equipo para construir soluciones para Argentina", declaró el presidente tras ese almuerzo, al ofrecer una rueda de prensa acompañado de cuatro gobernadores de signos políticos diversos.

Estos gestos y otras decisiones (ofrecerle a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología kirchnerista, seguir en el cargo, por ejemplo) marcan un giro interesante en el estilo de conducción política que debe ahondarse: construir sobre lo que funciona, más allá de quién lo haya hecho, valorando aciertos y corrigiendo errores, y no llegar con la intención de echar por tierra todo para refundar el país a imagen y capricho de la nueva Administración.   

Nombrar a dos miembros de la Corte Suprema por decreto --incluso apelando a la coartada de la legalidad-- va en dirección contraria de estas valiosas iniciativas. "Tropezón no es caída", dice el refrán, pero no estaría mal cuidar que las agujetas estén bien atadas.