La mañana del 7 de noviembre, la Gran Vía madrileña acogió la primera marcha estatal contra las violencias machistas, que pretendía evocar, en despliegue y convocatoria, a las grandes mareas que habían recorrido Madrid a lo largo de la legislatura. Al menos decenas de miles de personas desbordaron la capital, hasta la que viajaron autobuses de toda España. El Ayuntamiento respaldó la marcha con el voto en contra del Partido Popular. Aunque Ciudadanos apoyó la convocatoria, junto a Ahora Madrid y PSOE, uno de los fundadores de la formación naranja, Arcadi Espada, clamó pocos días después contra la manifestación, celebrada siete semanas antes de las elecciones generales.

Violencias machistas, en plural, es la forma en la que las asociaciones hablan hoy de lo que, según tomaba forma la primera ley de Zapatero, se denominó violencia de género. Esta nueva voz, que recogen formaciones como Podemos, reconoce que los ataques que las mujeres padecen en casa son solo una fracción de los que ocurren a diario, como la explotación, las agresiones sexuales o las ablaciones en la población migrante, y reconoce como víctimas a los hijos de las mujeres agredidas. Esta renovada sensibilidad estuvo presente en el Convenio de Estambul, que el Consejo de Europa firmó en mayo de 2011, y permanece como la referencia de los cinco principales partidos para estas elecciones.

En su programa electoral, el Partido Popular se refiere a la violencia de género como “una lacra” y denuncia la ley de 2004 por su “ineficacia”. El grupo solo anuncia, como medida concreta, que se incluirá a los menores en la norma que amalgama los derechos de las víctimas, algo que recogen todos los partidos políticos. Más allá de esto, habla de “mejorar” las leyes e “impulsar” nuevos planes, también para la trata.

El grupo no menciona las partidas presupuestarias, las cuales repuntaron en 2015, por primera vez, desde 2010: entonces, el presupuesto alcanzó los 34.3 millones de euros. Bajaría hasta los 21.8 en 2014. El mordisco más duro llegó cuando los populares alcanzaron el poder: ocho millones de euros menos, de un ejercicio para otro. En 2016, en consonancia con el repunte del año pasado, serán 25.2 millones de euros. La sexta parte de lo que obtendrá la Iglesia católica.

Los fondos contra la violencia de género vivieron su peor mordisco cuando el PP llegó al poder: ocho millones de euros menos

La “ineficacia” mencionada es relativa: en 2014 murieron, en los supuestos que recoge la ley, 54 mujeres, 17 menos que en 2003, cuando empezaron a recogerse datos. Es una tendencia que, salvo algún repunte puntual, siempre ha tendido a bajar. También las denuncias han disminuido en toda España: fueron 135.539 en 2009 y 126.742 en 2014, así como decrecen los supuestos en los que las mujeres reciben vigilancia y seguimiento. Sí han crecido los casos en los que se prescribe protección policial: en 2013 eran 4699 y en 2015, 4944. Hay comunidades, como Baleares y Valencia, en las que esta medida ha repuntado este 2015, en el que sus gobiernos han pasado de manos populares a las de los partidos de izquierdas.

En Madrid, este tipo de protección disminuye cada año. Asimismo, Esperanza Aguirre e Ignacio González redujeron los fondos al respecto: de los 44.8 millones de euros que se destinaban en 2008 a los 21.51 que llegaron a tener en 2015. Ya bajo el mando de Cristina Cifuentes y con Ciudadanos y Podemos en la Asamblea de Madrid, los presupuestos subirán por primera vez en 2016: hasta los 22,05 millones de euros, aún por debajo de la mitad de lo que estos ocupaban en 2008.

A vueltas con la custodia compartida impuesta

Los socialistas pidieron, este otoño, que los fondos estatales contra la violencia de género alcanzaran los 100 millones de euros, aunque no concretan esta cifra en su programa y, durante los gobiernos de Zapatero, apenas destinaron algo más de la tercera parte de esta cantidad. Con todo, el PSOE se compromete a aumentar las partidas y a ampliar las medidas de protección: el acompañamiento judicial a las víctimas, la publicación de las listas de maltratadores con sentencia firme, el seguimiento de las mujeres que han retirado las denuncias y una mayor formación en igualdad, tanto para los jóvenes como para los profesionales que puedan tratar con víctimas.

El Partido Socialista derogará la custodia compartida impuesta aprobada, este año, por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero desde la ambigüedad: “especialmente en los casos de violencia de género”. Sí aclara que ningún hombre con condena firme podrá visitar a sus hijos, pero no qué ocurre con quienes esperan sentencia —supuestos en los que Izquierda Unida sí es partidaria de retirar los derechos—.

El PSOE propone el acompañamiento judicial a las víctimas, la publicación de listas de maltratadores y el seguimiento de las mujeres que retiran las denuncias

Aunque Ciudadanos menciona aumentar los recursos en la lucha contra “la violencia y el odio ante los diferentes colectivos”, así como incluir en los supuestos a los testigos del maltrato, una nota aparece al final del apartado que su programa dedica a la violencia de género y a la violencia “intrafamiliar”:

En cuanto a la actual ley contra la violencia de género, en Ciudadanos pensamos que debe ser modificada para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo y por la ineficacia de la propia ley.

El Convenio de Estambul afirma que la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica son diferentes. La primera puede alojar la segunda, se da también en las calles y fuera de las familias, y ocurre contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y en base a prejuicios y estereotipos. En cuanto a la violencia doméstica, la declaración habla de cónyuges y no realiza distinciones por sexo. Con todo, la carta de 2011 jamás equipara los derechos de las mujeres maltratadas a los de otras víctimas, y recuerda que esta realidad merece un tratamiento diferenciado. A pesar de haber creado otra categoría para los supuestos minoritarios, Ciudadanos gira también el vocabulario establecido de antemano: “la violencia de género afecta tanto a hombres como mujeres”.

Feminismos divergentes

Durante la campaña de las pasadas elecciones municipales, feministas cercanas al PSOE criticaron en las redes sociales una carta de 2006 que contenía, entre otras, la firma de Manuela Carmena, y que cuestionaba algunos discursos de la primera ley promovida por los socialistas. El texto lamentaba la “extrema vulnerabilidad” que se posaba sobre las mujeres, idea que permanece en los breves apuntes que Podemos dedica a la violencia de género en su programa: “Modificaremos la ley para que se conciba a las mujeres como sujetos activos y no como víctimas”.

El partido de Pablo Iglesias también propone planes de intervención psicosocial destinados a los condenados por violencia machista, siguiendo otro de los puntos de aquel documento, que clamaba contra la “filosofía del castigo”. La idea de que los géneros son creados socialmente, tan extendida en el pensamiento académico, no aparece en los programas electorales, aunque sí se intuye en aquella carta y figura en el Convenio de Estambul: “Por género se entenderán los papeles, comportamientos y actividades que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres”. 

Podemos cambiará la ley para crear discursos que hablen de las mujeres como como sujetos activos y no como víctimas

Podemos no concreta más medidas que estas, más allá de las que comparten otros grupos en torno al convenio: ampliar los supuestos y redefinir la idea de violencias machistas. Con todo, en Baleares, donde los morados gobiernan en coalición con otros partidos, el Institut de la Dona ha aumentado su presupuesto en 100.000 euros, así como la futura ley de igualdad balear considerará violencia de género el impago de las pensiones a las víctimas de maltrato.

Izquierda Unida, en su vídeo electoral, coloca el terrorismo machista en primera posición al enumerar las cosas que deberían cambiar en España. En su programa, propone restablecer el Ministerio de Igualdad de Género, o de la Mujer, que coordine políticas transversales. El grupo se suma al PSOE —no lo hace Podemos— en el rechazo a la custodia compartida impuesta, aunque también en los casos en los que los padres estén, simplemente, denunciados. Como otros partidos, la formación de Alberto Garzón propone ampliar los supuestos en los que hay violencia contra las mujeres. Al tiempo, enumera los lugares donde a esta se le dará un tratamiento específico con personal formado: sanidad y educación.

Las cinco del 7N

Aunque no aparece siempre en los programas, todos los partidos han mencionado, en algún momento, su voluntad de alcanzar un pacto de Estado sobre violencia machista. Esa es la primera de las reivindicaciones conocidas como Las cinco del 7N. La segunda es la ampliación de los supuestos conocidos como violencia de género, que todos los partidos extienden a los menores y Podemos, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida abren también a las discriminaciones recogidas en el Convenio de Estambul. La tercera pide mayores recursos para formación, y está presente en los programas de PSOE e Izquierda Unida, si bien Podemos y Ciudadanos también prometen campañas de sensibilización.

El rechazo frontal a la custodia compartida impuesta solo figura en los programas del PSOE e Izquierda Unida, y compone la cuarta reivindicación. Por último, estas protestas reclaman acabar con la publicidad sexista y las imágenes degradantes de las mujeres en los medios de comunicación: algo explicitado en el programa del PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida, que también propone prohibir los anuncios de prostitución. Ningún partido acoge, al menos sobre el papel, el término “feminicidio”, reivindicado por las asociaciones.

Hay más discursos. La noche del pasado 25 de noviembre, fecha en la que cada año se celebra la jornada contra la violencia de género, y con la multitudinaria manifestación del día 7 aún presente, los congregados por las calles de Madrid apenas fueron unos cientos. Acabada la concentración, uno de los grupos se separó y cruzó la corredera baja de San Pablo gritando: “Contra los machismos y su violencia, aquí y ahora, ¡autodefensa!”. Es una reivindicación que, de momento, parecen descartar los programas.