“Estamos dentro de autobuses, pero no sabemos adónde vamos”, contaba a través de WhatsApp el portavoz del movimiento de protesta por los derechos de los refugiados sudaneses el miércoles 16 de diciembre. Eran las 4 de la mañana cuando 800 sudaneses --hombres, mujeres y niños-- fueron desalojados sin previo aviso del campamento que habían mantenido durante 30 días ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Amán. Tres días después, serían deportados, contra toda expectativa, de vuelta a Jartum, capital de Sudán.  

El movimiento de protesta había empezado con el objetivo de encontrar solución a lo que consideraban una situación de discriminación: “Acnur ignora nuestras demandas sobre los derechos básicos de los cuáles deberíamos disponer como refugiados”, aseguraban dos jóvenes a las afueras del campamento solo tres días antes. Lamentaban también la falta de soporte de otras ONG ante sus reclamaciones. A pesar de estar reconocidos como refugiados por el organismo de la ONU con un documento que les protege de ser deportados, la decisión del Gobierno jordano ya ha sido llevada a cabo. El portavoz gubernamental alegó que estos sudaneses fueron acogidos en el país solamente para recibir tratamiento médico, negando así su estatus de refugiados. Jordania acogía a 3.514 sudaneses, la mayoría de ellos procedentes de la conflictiva región de Darfur.

De vuelta a la capital de Sudán, algunos de los deportados se encuentran detenidos por el Gobierno “en un sitio desconocido” y otros han sido liberados. “Quiero irme a otro país, tengo que encontrar la manera de salir u organizaciones que me ayuden”, cuenta por WhatsApp desde Jartum el que fue portavoz del campamento de protesta. Este joven de 20 años asegura que una vez subidos en el avión de vuelta les retiraron los documentos de Acnur que los acreditaban como refugiados. Él guarda, sin embargo, las fotocopias de distintos compañeros en su teléfono móvil.

De vuelta a la capital de Sudán, algunos de los deportados se encuentran detenidos por el Gobierno “en un sitio desconocido” y otros han sido liberados

Un mes de protestas

Acampados en 258 tiendas de campaña, advertían desde el 15 de noviembre a Acnur de una situación que parecía haber tocado fondo: “No recibimos suficiente atención. Sentimos que somos el último eslabón de protección en Jordania. Hemos pasado tres o cuatro años aquí, esperando, pero vemos que si no hacemos algo pasarán siete u ocho años más y estaremos igual. Aun así, en el campamento vivimos sin hacer mucho ruido porque Naciones Unidas espera una simple razón para sacarnos de aquí”, explicaban algunos de los manifestantes dos días antes de ser deportados por sorpresa.

Pedían a Acnur recibir más servicios básicos, como soporte económico y sanitario, así como cumplir los plazos de reunión para negociar su reubicación en otros países, ya que eran pocos los manifestantes que querían quedarse en Jordania, sobre todo debido a la discriminación racial que aseguraban sufrir a diario. “Tenemos que oír muchas cosas que otros no aceptarían. Por la calle nos llaman esclavos, chocolate, nos dicen que tenemos que volver a nuestro país, y a veces por la noche nos paran y nos dicen: ‘No vayas por aquí, coge otro camino’… Hasta en casa, donde se supone que tendríamos que ser libres, los vecinos nos piden a veces que no abramos las ventanas. Sufrimos la misma discriminación aquí que en Sudán”.

La mayoría de ellos proceden de Darfur, en el oeste de Sudán, donde el Gobierno del país persigue a sus tribus. “Destrozan pueblos, violan mujeres y matan a niños”, resumía uno de los manifestantes. Ante la amenaza de desalojo, también Amnistía Internacional alertaba sobre el “riesgo real de sufrir persecución, represión brutal y otras violaciones de derechos humanos a manos del Gobierno sudanés de la región”. Naciones Unidas estima que cerca de 300.000 personas han sido asesinadas desde 2003, cuando se inició la guerra civil que aún sigue activa. Otras fuentes aseguran que la cifra podría ser mucho mayor.

Naciones Unidas estima que cerca de 300.000 personas han sido asesinadas desde 2003 [en Darfur], cuando se inició la guerra civil que aún sigue activa 

Acnur aconsejaba al Gobierno jordano no deportar a los refugiados. “Hemos apelado y seguiremos apelando al Gobierno para que detenga las deportaciones de nacionales sudaneses que están registrados con Acnur como refugiados y solicitantes de asilo”, explicaba la portavoz de este organismo desde Ginebra a The New York Times. Durante el mes de protestas, la organización mantuvo su postura de tratar los problemas de estos refugiados uno por uno, negando asimismo estar discriminando de ningún modo a la comunidad sudanesa. “Dicen que nuestra situación no es tan urgente como la de los refugiados sirios e iraquíes”, lamentaba uno de los manifestantes. En Jordania estaban registrados por Acnur hasta el pasado mes de noviembre 630.157 sirios y 51.499 iraquíes.

Inesperadamente, todo cambió el miércoles 16 de diciembre. “A las cuatro de la madrugada, unos 400 policías y soldados llegaron con 20 autobuses, rodearon el campamento y empezaron a gritar que nos levantáramos y nos pusiéramos en línea. No nos dejaron coger nada de abrigo, solo el pasaporte”, cuenta un sudanés que consiguió burlar a la policía y escapar a la deportación. “Nos dijeron que nos llevaban a un campo de refugiados, pero luego descubrimos que aquella carretera conducía al aeropuerto. ¿Cómo pueden enviarnos a un país donde nos quieren matar?”.

Al llegar al Queen Alia International Airport y ver al embajador de Sudán, ya no quedó ninguna duda. “Fue una gran sorpresa. Empezamos a llamar a los compañeros que venían en los otros autobuses para advertirles: ‘El embajador sudanés está aquí. Nos vamos a Sudán’”. A lo largo del proceso de deportación, que duró cerca de tres días, la policía utilizó gas lacrimógeno y golpeó a aquellos que ofrecían alguna resistencia, según testigos y fotografías que lo prueban.  “La gente gritaba: ¿dónde están los derechos humanos? Nuestra vida está en peligro, vamos a morir”, recuerda el refugiado que consiguió escapar.        

“Nos sentimos unos sin techo aquí. Somos gente con dignidad y humanidad, no animales. Sentimos que en Jordania tenemos prohibido soñar”, decía uno de los refugiados frente a la oficina de Acnur en Amán dos días antes de ser deportado.